MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS

MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS (XVII) -VIII

NOTAS AL DIARIO DE LAS HERMANAS CASALON (XIV)

12, ALZAMIENTOS, MOTINES Y REPRESIÓNES EN CANARIAS (V)

Eduardo Pedro García Rodríguez

Viene de la entrega anterior.

Año 1718: Isla del Hierro. El 22 de febrero la corona española inducida por su ya mencionado afán recaudatorio implanta en el Hierro los derechos de aduana sobre los productos importados que entrasen en la isla, al margen de los derechos de quintos que percibía el señor de la isla. Los Bimbaches ven en esta coyuntura la posibilidad de sacudirse el tiránico yugo del señor feudal y se sublevan, a la ves que presentan a su alcalde Mayor D. José Magdaleno, un memorial pidiendo: «Que se acepte el nuevo impuesto de entrada, pero con la condición de que la isla quedase libre de los derechos de quintos que pagaba a sus señores». El alcalde aceptó las condiciones exigidas por los vecinos y decretó la abolición del derecho de quintos, y que no se llevase más derechos que el 6 por ciento de las aduanas reales.

El primer oponente a esta medida lo encontró el alcalde en la persona del beneficiado de aquella parroquia. D. Bartolomé García del Castillo, persona ilustrada y muy adicta al conde, quien, como es habitual en el clero, apoya siempre al poder dominante. Éste párroco se opuso abiertamente a la ejecución del decreto, razón por la que fue detenido y encarcelado. Ante esta situación el conde solicitó y obtuvo el apoyo del capitán general Landaeta, ordenó que se volviera a cobrar los derechos de quintos, esta resolución provocó nueva revuelta de los vecinos, la sublevación alcanzó tales proporciones que el conde se vio obligado a relegar cualquier cuestión sobre los derechos de quintos, y accedió a que solo se aforara el seis por cientos impuesto por la corona española.

Año 1718: La Orotava. Tenerife. En el amanecer del 25 de febrero apareció en el pueblo (en la esquina de Santa Clara) un cartel anónimo en el que se pedía la creación de una cárcel en la localidad, que no se permitiese extraer expedientes ni procesos de aquella jurisdicción, que se construyese una fuente y que se distribuyese el vino en las tabernas con más equidad, el pasquín fue mandado a retirar por el alcalde mayor, pero a la noche siguiente fue repuesto por un grupo de cincuenta encapuchados. Esta petición, aparentemente normal para la época, encerraba un trasfondo político mucho más complejo.

Los instigadores convocaron una asamblea general para el 5 de marzo en la ermita de San Roque, la asistencia de vecinos fue tan masiva que fue preciso trasladar el acto a la vecina iglesia de San Agustín. De inmediato no faltaron voces para amplificar aquella modesta petición cartelaria, una de las que se dejaron oír fue la del vicario foráneo don Juan Delgado Temudo, quien se dirigió a la asamblea y propuso añadir a la solicitud primaria las siguientes peticiones: Primero, que se reintegrase la alhóndiga, porque debiendo tener en su almacén dos mil fanegas de trigo, sólo tenía catorce. Segundo, que el Cabildo de La Laguna hiciese entrega a La Orotava de los propios pertenecientes a aquel distrito. Tercero, que se repartiese el vino en las tabernas sin intervención de la justicia. Cuarto, que se recogiese el agua sobrante en un depósito, Quinto, que de lo que de ella y de los propios se recaudase se destinara a la construcción de un puerto y fábrica de una cárcel, un hospital y una parroquia. Mientras los próceres deliberaban sobre estas peticiones y formaban comisiones para obtener su realización, el pueblo cuyos verdaderos intereses y necesidades sociales iban más allá de estas peticiones caciquiles. La noche del primero de abril, los sublevados escalan la torre de La Concepción y tocan las campanas a rebato, más de 1.500 vecinos acuden a la llamada y se forman en tropa; al frente de la cual se pone un ayudante de milicias cuyo nombre no recogen los historiadores; se dirigen a la casa del alcalde mayor don Alonso Pérez de León, y derriban las puertas, éste consigue huir, y aunque fue buscado en varios lugares no fue encontrado, la columna se dirige a la casa del alférez mayor y coronel, don Francisco Valcarcel, apuntándoles con varias armas de fuego le intimidan para que convoque al regimiento y marche con ellos en busca de Bolaños, del escribano Álvarez y de los papeles de la alhóndiga y de la junta de San Agustín. El coronel se niega a las pretensiones de los alzados, éstos le registran la casa no encontrando en ella al alcalde mayor, obligan al coronel a acompañarles hasta una de las calles en que había un cartel y se lo hacen leer por un pregonero, en él se pedía que saliese Bolaños de la villa por enfermo y poco letrado, así mismo se pedía la salida del escribano por ser demasiado hábil e inquieto.

Al amanecer, los sublevados se desplazan al puerto y celebran una asamblea en los llanos de San Sebastián, desde allí con tambor batiente se dirigen a Las Caletas del Puerto. Talan viñas, derriban casas, arrancan árboles y arrasan mojones, en un acto de recuperación de las tierras comunales, de las cuales habían sido desposeídos los vecinos por la primera corporación exenta de la villa. La sublevación se mantuvo durante unos días, hasta que el general Landaeta, hizo entrada en la villa el 5 de abril al frente de los regimientos de Güimar y el Realejo, restituyendo en la alcaldía al cobarde Bolaños, implantando el poder imperante, apresó y desterró a algunos de los amotinados, quedando rotas las esperanzas de justicia del pueblo.

Año 1718: Isla de Lanzarote. El Almojarife Lázaro Machín, es designado por el factor Diego Navarro para implantar en la isla la aduana española, la isla se alzó contra la imposición, viéndose Machín en situación de perder la vida, razón por la que renunció al empleo.

Año 1718: Agüimes, G. Canaria. Alzamiento de los vecinos y las milicias ante la pretensión del sargento mayor de la isla, Francisco Amoreto, de comprar con métodos no muy ortodoxos las tierras realengas de Sardina y Llano del polvo, además de “anexionarse” otras vecinales.

Año 1718: Teguise, Lanzarote. Resistencia de algunos regidores a la actuación del oidor de la Audiencia D. Fernando Morrondo.

Año 1719: Moya, G. Canaria. El vecindario desea expulsar al teniente de cura y al mayordomo, por estar descontento de las numerosas tropelías que estos cometían.

Año 1719: Tirajana, G. Canaria. El pueblo se alza contra el alcalde de aguas Fernando Quevedo, por los abusos que éste cometía con los vecinos.

Año 1720: Teguise, Lanzarote. Al intentar imponer la Aduana española el almojarife Manzaneda, el pueblo se rebela contra él por lo que se ve obligado a renunciar a su cometido y regresar a la isla de Tenerife. Después de algunos forcejeos, se impone las amenazas del general Mur, viéndose los vecinos obligados a aceptar la imposición de la aduana española más los quintos del señorío.

Año 1720: Betancuria, Fuerteventura. Como consecuencia de la terrible hambruna que padecen los vecinos, estos deciden secuestrar el arca de quintos, para con su contenido importar granos para el socorro del pueblo. Ante las amenazas de invasión y exterminio lanzadas por el general Mur, los vecinos, al igual que los de Lanzarote, se ven obligados a aceptar la aduna más los quintos del señorío.

Año 1720: Santa Cruz de Tenerife. Expulsado el factor Navarro, con la complicidad del capitán general Landaeta, la Metrópoli no ceja en su política de esquilmación de las islas, así pues crea la figura del intendente real en la colonia. Para implantar este nuevo empleo y poner un poco de orden entre los soliviantados empleados de la corona, desembarcan en una oculta caleta de Las Palmas, pues temían que las islas estuviesen envueltas en una sangrienta revolución, desengañados de su error, se dieron a conocer. El comisionado regio D. José de Chaves, nuevo capitán general en sustitución de Landaeta, impuso a D. Juan Antonio de Cevallos como flamante intendente general de Canarias. Retirado Chaves a su gobierno de Alicante en abril de 1719, le sustituye D. Juan de Mur y Aguirre, sujeto de nefasta memoria en las islas.

Como ya hemos expuesto en otro lugar, la principal fuente de ingresos extras de los altos funcionarios españoles en Canarias, procedían de los chanchullos y gangocheos que practicaban con el comercio, especialmente con mercaderes ingleses. El contrabando, la recepción de mercancías procedentes de navíos piratas o corsarios era práctica habitual. Esta situación, que siendo irregular era aceptada o tolerada por todo el estaf, especialmente cuando era práctica corriente en los capitanes generales, máximos representantes de la corona en la colonia. Estas actuaciones irregulares no tardarían en enfrentar al intendente Balmaceda con el general Mur, llegándose a mantener las hostilidades abiertamente bajo la excusa de un incidente protocolario, al negarse Balmaceda a dar al general el tratamiento de Excelencia que éste le exigía. Así pues la oligarquía local, y el clero, tanto regular como secular, dirigidos solapadamente por el capitán general, comienzan a tejer alrededor de Balmaceda una red de intrigas tendentes a conseguir el acoso y derribo del molesto intendente, dirigida desde los púlpitos de las iglesias y los corrillos santacruceros. Con esta labor da zapa, fueron predisponiendo los ánimos del pueblo en contra de Balmaceda, lo que, por otra parte, no precisaba de grandes esfuerzos, pues la actitud altanera, despótica y de desprecio hacía el pueblo de que siempre han hecho gala los funcionarios españoles, eran motivos suficientes para tenerle encontrado.

El intendente Balmaceda sabía perfectamente que el fracaso de su antecesor Navarro, se debió al hecho de haber encontrado un muro en la actitud del general Landaeta, situación que se reproducía en sus relaciones con el corrupto Mur. Así las cosas, remite un minucioso y extenso memorial a la corona española exponiendo los pormenores de su gestión y las posibles soluciones para poder llevar a efecto su comisión y, entre otras cuestiones exponía que: «Fue servido S.M. que hallándome sirviendo la superintendencia de rentas generales Cádiz (16 de marzo de 1718), mandarme pasar de intendente a estas islas, y a don José de Chaves por gobernador y capitán general de ellas, con motivo de la novedad que se ejecuto con don Diego Navarro,[...]Luego que llegué fui notando con la experiencia lo que me habían asegurado los informes [...] prosigue dando razón del modo y precio que se pago la compra del tabaco y afirma que no sólo no ayo quien le apoyase, sino que fomentaban contra él a los interesados; [...] porque en éstos fraudes se interesaban todos los que intervenían en la descarga; que estos descubrimientos motivaban a desear y solicitar la discordia con el capitán general e intendente, persuadiendo a aquél que debe incluirse, como tal capitán general en muchas cosas dependientes de la intendencia a fin de que sus instancias, ayudadas con otros cautelosos informes, puedan persuadir no conviene aya otro ministro; y con esta mira proponen a la ignorancia del pueblo diferentes imposturas, desfigurando lo decoroso de la intendencia con la voz de estanquero, suponiendo precisa la autoridad de la capitanía general para sus expedientes». Balmaceda continua su extenso memorando y concluye con los siguientes planteamientos: «que por estas experimentadas y continuas desazones que, cuando no embaracen eternamente hacer el servicio, dilatan la más breve ejecución y exponen a competencias impertinentes, me veo precisado a representar a V. M. Y repetir el medio que se me ha ofrecido más proporcionado para obviar estas instancias, el apartar de esta isla al capitán genera, por ser el que con su comercios ocasiona estas displicencias, nacidas de lo que llevo expresado, por sus abusos; y lo que dio motivo a vivir en ella a los capitanes generales fue el tener la superintendencia de todas las rentas, dejando con este pretexto de vivir en la isla de Canaria, donde está la Real Audiencia de que son presidentes, y siendo más proporcionada por este respecto a la habitación en aquella isla, donde reside también el tribunal de la inquisición y está la iglesia catedral. No será extraño se le mande pase a ella el actual capitán general, para que él y sus sucesores autoricen aquel tribunal y tengan con la custodia y resguardo que se necesita la isla y ciudad, por estar más expuesta a invasiones de enemigos que, en otras ocasiones, se han experimentado por lo acomodado sus playas en los desembarcos.»

La tensión ente ambos funcionarios había alcanzado el límite, y como en situaciones similares anteriores, tanto el clero como el capitán general, se valieron de la ingenuidad del pueblo para, mediante los elementos infiltrados, caldear los ánimos y acometer contra el intendente. La ocasión se les presentó en la mañana del 19 de junio de 1720. Sucedió que un esclavo guanche de Güímar, criado del intendente mantenía relaciones con una joven también guanche, y al parecer fueron sorprendidos por la esposa del intendente en situación amatoria, ésta, hizo que su marido apresara e encarcelara de manera arbitraria a la joven amenazándola además con ponerla en la picota. Esta mujer era extremadamente querida por el pueblo, por ello en cuanto se extendió la voz de que había sido encarcelada por el intendente, y que pretendía exponerla la vergüenza pública, explotó la espoleta retardada que el general y sus secuaces habían puesto en marcha. Se sublevo el pueblo y marchó sobre la casa de Cevallos para exigirle la puesta inmediata en libertad de la joven, el altivo intendente recriminó de manera airada y en tono despreciativo la actitud de los amotinados, éstos comenzaron a arrojar piedras contra las ventanas de la casa, una dio en la cabeza de Balmaceda hiriéndole, asustado corrió a su despacho y redacto una nota para el general quien –casualmente– se hallaba en La Laguna, y al parecer enterado del alzamiento se dirigía a Santa Cruz cuando fue alcanzado por el mensajero, quien entregó el escrito a Mur, donde el intendente le decía escuetamente Estoy herido y ya V.E. estará contento. Mientras tanto, los acontecimientos en la plaza se habían desbordado, instigados por los infiltrados del general, la muchedumbre había irrumpido en la casa del intendente y le había apuñalado cayendo muerto en el acto, a continuación movidos por la inmensa aversión que las despóticas actuaciones de Balmaceda habían despertado en la muchedumbre sacaron el cadáver y lo arrastraron por algunas calles de la población, sin que, significativamente, los oficiales y milicianos de presidio en el castillo de San Cristóbal, hiciesen nada por evitarlo.

Instalado el general Mur, en sus aposentos de Santa Cruz y “impuesto” de los sucesos acaecidos, en un intento de alejar de su persona toda sospecha de participación en los acontecimientos, (recordemos que a Landaeta le costó el puesto su participación en los secesos de Navarro) comienza una despiadada y criminal represión contra un pueblo indefenso; hace detener y encarcelar a cientos de personas sin antes averiguar si habían participado o no en la sublevación, instruye procesos sin dar descanso a los jueces; declara culpables a doce de los detenidos y sin darles oportunidad de defensa ni de apelación son condenados a muerte, y asesinados el 26 de junio, en que fueron colgados de las troneras del castillo de San Cristóbal, tardándose en la operación cuatro horas quedando los cadáveres expuestos a la vista de los habitantes de la consternada villa. No contento con este brutal crimen, la saña del general se cebó en los infelices presos condenando a más de treinta de ellos a presidio y a otros a galeras, alejando así de la isla a posibles molestos testigos de su participación en los hechos.

Debemos lamentar que algunos autores edulcorados, fieles aduladores de los poderosos, y vividores a costa del sistema imperante, se hayan permitido ofender la inteligencia de los canarios dando a personajes como el general Mur, el calificativo de “padre de los pobres”, es evidente que éstos ignoraban lo que significa ser padre, y mucho más, ser pobre en una sociedad colonizada como lo es la nuestra.

Año 1720: La Vega, G. Canaria. El alcalde real y regidor perpetuo don Blas Carvajal, extorsionaba y injuriaba continuamente a los vecinos, a quienes además acosaba con multas injustas, situación motivó el amotinamiento del pueblo.

Año 1721: Teror, G. Canaria. Los aguamangantes deciden usurpar el agua del heredamiento de Tenoya, lo que obliga a los ciudadanos a sublevarse en defensa de sus derechos.

Año 1722: La Aldea, G. Ganaria. La actuación arbitraria de los administradores del Marqués de Villanueva del Prado causa el amotinamiento de los vecinos.

Año 1723: Telde, G. Canaria. Las multas y extorsiones impuestas por el alcalde real, propicia el alzamiento de los teldenses.

Año 1724: Guía, G. Canaria. los moradores salen en defensa del alcalde, ante las diligencias practicadas contra este por el teniente corregidor don Juan Acedo.

Año 1724: La Vega, G. Canaria. El sobre guarda del Monte Lentiscal, trata de impedir el aprovechamiento comunal del monte, el que había venido usando los vecinos desde tiempos inmemoriales hasta la fecha.

Año 1734: Teror, G. Canaria. Los vecinos se ven obligados a defender sus derechos de riego con el agua de la acequia de los Llanos de Teror.

Añó 1736: Isla de Fuerteventura. Ante los continuos desfalcos que venía cometiendo el alcalde de la isla, los vecinos se amotinan para expulsarlo.

Año 1742: Los Silos, Tenerife. La ocupación por parte de los terratenientes de terrenos comunales dedicados a canteras y dehesas.

Año 1744: Isla de La Gomera. Los Gomeros se alzan una vez más contra el régimen señorial, asignatura que los gomeros tienen pendiente desde que permitieron el asentamiento europeo en sus tierras, hay que tener en cuenta que ésta isla es la única del archipiélago que no fue conquistada con las armas.

Año 1744: La Vega, G. Canaria. Los vecinos se alzan contra el alcalde y regidor perpetuo don Juan de Meneses.

Año 1750: Telde, G. Canaria. Ante el intento de saca (exportar) millo en época de extrema escasez.

Año 1750: Teror, G. Canaria. El pueblo se amotina ante el intento de los herederos de Tenoya de romper las acequias y abercones.

Año 1751: Guía, G. Canaria. Contra los alcaldes de agua que iban a registrar las acequias de los altos de Guía.

Año 1751: Guía, G. Canaria. Por las pretensiones del corregidor Núñez de Arce de cobrar derechos por su visita.

Año 1752: Tejeda, G. Canaria. Los vecinos se amotinan por los continuos abusos del alcalde don Sebastián Cabrera, al que estuvieron a punto de ejecutar.

Año 1762: S. Sebastián, Gomera. El pueblo sigue luchando contra el régimen señorial y contra la imposición de la aduana, la sublevación alcanzó tales cotas que los vecinos ante lo infructuoso de sus luchas por liberarse de la tiranía señorial, se decantan por la independencia de la isla, sufriendo la represión de las fuerzas de ocupación.

Año 1766: Telde, G. Canaria. Los vecinos se niegan a pagar la renta de almotacenazgo.

Año 1769: Teror, G. Canaria. Se crean graves conflictos sociales ante la entrega a los terratenientes de las tierras de la data de la Virgen, en la Montaña de Doramas.

Año 1769: Gáldar, G. Canaria. Los vecinos se niega a pagar los impuestos sobre los sitios realengos.

Año 1769: Haría, Fuerteventura. El pueblo se niega a recibir como párroco, a fray Ignacio Ruiz.

Año 1770: San Bartolomé, G. Canaria. Por la quema de un bardo, propiedad de don Francisco Guerra de Yagabo.

Año 1771: Guía, G. Canaria. Amotinamiento por la roturación de la Montaña de Guía y el encarcelamiento de algunos vecinos que protestaron.

Año 1772: La Esperanza, Tenerife. El poseedor del Mayorazgo de Coronado pretende apoderarse de las tierras de los Montes de La Esperanza.

Año 1772: La Aldea, G. Canaria Los terratenientes proceden a la roturación de tierras realengas.

Año 1775: Fasnia-Tenerife. Los vecinos exigen la puesta en libertad de los presos.

Año 1777: La Aldea, Tejeda, Artenara. La roturación de las tierras realengas por parte de los poderosos provoca el amotinamiento de los vecinos de estos pueblos.

Año 1780: Arucas, G. Canaria. Se ignora el motivo que dio lugar al amotinamiento. Posiblemente un asunto de tierras o aguas.

Año 1780: Gáldar, G. Canaria. Los campesinos se niegan a pagar los censos impuestos sobre el agua del barranco Hondo.

Año 1784: Maso. Isla de La Palma. Conflicto suscitado por el reparto de la dehesa de El Mocanal.

Año 1786: La Aldea, G. Canaria. Por negarse el Marqués de Villanueva del Prado a pagar la mitad de los frutos de los terrenos de su propiedad.

Año 1786: Vilaflor, Chasna, Tenerife. Los vecinos proceden al derribo de las cercas levantadas por Chirino, Marqués de la Fuente de Las Palmas, en su intento de apropiarse de las tierras baldías.

Año 1789: Gáldar, G.Canaria. En tiempo de suma escasez los vecinos intentan impedir el embarque de granos por el puerto de Gáldar.

Año 1789: Conil, Lanzarote. Los vecinos intenta evitar el relevo del gobernador de armas en la isla.

Año 1790: Arico, Tenerife. Los moradores se revelan ante la usurpación de los baldíos por parte de los poderosos.

Año 1797: Las Palmas, G. Canaria. La escasez de grano desemboca en un tumulto popular.

Año 1797: La Vega, G. Canaria. La retención de las aguas de la fuente de las higueras por parte de los vecinos de San Mateo y el Madroñal, provocó el conflicto.

Año 1797: Guía, G. Canaria. Conflictos motivados por la usurpación de las aguas del heredamiento de las aguas de la Vega Mayor de Gáldar.

Año 1799: Telde, G. Canaria. La escasez y precio desorbitado de los granos desembocaron en un alzamiento.

Año 1799: Guía, G. Canaria. La prohibición de la entrada de ganados a la Montaña de Doramas, fue causa de graves conflictos.

Año 1799: Tirajana, G. Canaria. Los vecinos se niegan a pagar las multas que le son impuestas por roturación de tierras.

Año 1800: Arucas, G. Canaria. Ante la escasez de granos en la zona, se intenta impedir la salida de partidas del mismo procedente del Mayorazgo de Arucas hacía Tenerife.

Año 1808: Agüïmes, G. Canaria. Las actuaciones del escribano Quintana, provoca las quejas de los vecinos.

Año 1808: La Aldea, G. Canaria. Conflictos suscitados por el reparto de las tierras del Marqués de Villanueva del Prado.

Año 1808: Teror, G. Canaria. Los vecinos protestan por la ruina de la Iglesia.

Año 1808: Moya, Guía.G. Canaria. El reparto de tierras en la Montaña Doramas, provoca enfrentamientos.

Año 1809: Gáldar, G. Canaria. Aunque se ignora el motivo, es posible que estuviese que ver con la tierra.

Año 1809: Arrecife-Lanzarote. Conflicto surgido por la enajenación de la isla de La Graciosa.

Año 1810: Guía, G. Canaria. Los vecinos se niegan a pagar las multas impuestas por roturar tierras en la Montaña de Doramas.

Año 1810: Puerto de La Cruz Tenerife. Alzamiento de los vecinos de la Orotava por la usurpación por parte de los partidos dirigidos por los caciques de las elecciones municipales.

Año 1810: Arrecife, Lanzarote. El pueblo se niega a que don Lorenzo Bartolomé Guerra, sea nombrado coronel de la isla. Vacante la plaza de Coronel jefe del Regimiento de Lanzarote por fallecimiento de su titular don Francisco Guerra Clavijo en 1808, se dispone que las banderas del Regimiento pasen a la casa de su hijo don Lorenzo Bartolomé Guerra, quien actuaba como Comandante de Armas interino, pero que a no dudar, daba por sentado que sería el nuevo jefe de las Milicias lanzaroteñas puesto que estos empleos, en la práctica, se consideraban hereditarios. No obstante, las luchas caciquiles por el poder político local crea un clima de tensiones alimentado por rencillas entre las familias dominantes, esta situación propició la intervención de la Real Audiencia originando el nombramiento del nuevo Gobernador de Armas de Lanzarote en la persona de don José Feo y Armas. El descontento de los lanzaroteño o mejor dicho, de las facciones que luchaban por el dominio político de la isla, alcanza su punto álgido una tarde del mes de junio.

Veamos como narra los acontecimientos un historiador de excepción, D. Agustín de la Hoz: «Los amotinados parciales del cabildo de Lanzarote, guiados por el procurador Andresito, enjuto y amarillo, con su levita parda y un hacha herrumbrienta en la mano diestra, bajaron en tropel desde distintas partes del interior de la isla, armados de pistolones y palos para atacar la fortaleza de San Gabriel. Fue una tarde de junio de 1810, muy soleada, sobre las cinco horas sería cuando ya estaban enfilados por el adarve del Puente de las Bolas, cuyo rastrillo permanecía sin elevarse y desde donde hicieron disparos a granel, sin ton ni son, sin orden ni concierto. Desde el castillo se les conminaba a la rendición, diciéndoles que se retirasen o de lo contrario dispararían. El Gobernador dispuso que no se hicieran tiros sino en caso de extrema necesidad y en esa hora llamó a uno de los patrones de pesca para que lo llevara en una balandra al castillo de San José, a una milla y media del de San Gabriel. Sin embargo, la muchedumbre seguía gritando y aproximándose cada vez más, por lo que el subteniente don Leandro Camacho, resolvió disparar el cañón del artillero Manuel Valentín, haciéndose un tiro alto con metralla que, pese a la precaución tomada, mató a uno e hirió a dos de los sitiadores». Este sistema de defensa de cañones contra palos y pistolones mal manejados, ha proporcionado a los ejércitos españoles sonadas victorias en diversas y gloriosas batallas.

La desproporcionada repuesta por parte del castillo, exacerbó más los ánimos de los partidarios del cabildo, y al día siguiente bajó de la Villa de Teguise parte del Regimiento, con material de artillería, pero fue rechazado por el fuego de los cañones del castillo de San José, ocupado por fuerzas de don Lorenzo Guerra. No obstante, el recién nombrado coronel al ver que las cosas no marchaban como él esperaba optó por embarcar para la isla de Tenerife.

Como es natural en estos casos, los sucesos reseñados trascendieron a la Corte española acompañado de los voluminosos legajos que suelen producir los juristas españoles cuando se trata de encausar posibles delitos de desobediencia al régimen imperante por parte los pueblos oprimidos. Debido a las especiales circunstancias políticas por las que atravesaba la monarquía española, las medidas adoptadas contra los lanzaroteño, fueron relativamente suaves: el Capitán General de Canarias, D. Pedro Rodríguez de la Buria (quien tuvo que hacer frente a varios alzamientos en diferentes pueblos de las islas, durante su mandato) trasladó al Ayuntamiento de la Villa de Teguise, el 6 de noviembre de 1816, un escrito del secretario del Estado español en el que se le comunicaba que «Su Majestad se ha dignado indultar a los naturales de la isla por los excesos cometidos». Se anula el nombramiento de Coronel del Regimiento a favor de don Lorenzo Bartolomé Guerra, pero conservando el grado sin mando. Al mismo tiempo, advierte que en lo sucesivo no serán nombrados jefes del Regimiento ningún natural del país, restituyéndose al ayudante Mayor D. José Feo en su empleo. Con esta medida se daba un paso más de dependencia de la metrópoli.

Año 1810: Güímar, Tenerife. La secular pugna entre la emergente burguesía terrateniente y los grandes propietarios del heredamiento de Güímar, se pone de manifiesto con motivo del intento de los primeros de extraer y aprovechar con carácter público las aguas del denominado barranco del agua. Estas aguas quedaron ocultas como consecuencia de la emisión de lava producida por las erupciones volcánicas acaecidas durante el 31 de diciembre de 1704 y el 2 de febrero de 1705. Un siglo después, un movimiento sísmico hizo aflorar parte de esta agua comenzando la lucha por la posesión de la misma. Se formaron dos bandos bien definidos; por una parte, los vecinos representantes de la burguesía agraria dominante en el valle, encabezados por don José Leandro García, don Cristóbal Rodríguez y don Domingo Elías; y por otra parte don Bernardo Torres Ledesma, y don Miguel Baulen, representante éste último de los propietarios del heredamiento de Gúímar y encuadrado socialmente dentro del grupo de los grandes propietarios, y que, tras largos pleitos sostenidos con su familia llegaría a ser uno de los mayores propietarios del heredamiento.

Los enfrentamientos sostenidos desde la extinción del Antiguo Régimen, por el poder político local entre las Comunidades rurales, las denominadas clases medias rurales, burguesía agraria o caciques, se pone de manifiesto en las pugnas sostenidas por el grupo caciquil para acaparar el mayor numero de empleos público posibles de los cuales se valían para acceder a la propiedad de las tierras y las aguas generalmente consejiles o realengas.

Una referencia de esta situación la tenemos en la disputa que sostiene el Capitán D. José Delgado Trinidad, uno de los miembros de la burguesía agraria local, descendiente directo del último Mencey de Adeje, y alcalde de Gúímar. Desde finales del siglo XVIII, la familia Delgado Trinidad se había apoderado de una considerable extensión de terrenos baldíos que se extienden desde el barranco de Erques hasta el de Pedro Díaz, esta apropiación estaba basada en una data concedida por el corregidor de la isla al padre del Capitán D. José Rodríguez Trinidad cuya extensión estimaba en unas 1000 fanegadas. A la ocupación de las tierras se oponen los vecinos de Güímar encabezados por el párroco de Fasnia pero natural de Granadilla don Juan de Castro Baute, (descendiente directo por vía materna de la familia real de Anaga, Ibaute.) D. José Delgado Trinidad con objetivo de alargar el pleito valiéndose de su condición de oficial de Milicias recurrió a la Comandancia General, para evitar de esta manera la intervención del alcalde Mayor.

Delgado Trinidad, aplicando la habitual política de hechos consumados y según el defensor de los vecinos, el presbítero Castro Baute: «se introdujo en los terrenos de la Data, asociado nada menos que de 150 hombres a rozarlos e incendiar muchos astilleros, de cuyas resultas se quemaron también muchos pinos, arando después la tierra y sembrándola. Ha estorbado al mismo tiempo la introducción de los ganados en ellas; con tanta arrogancia, que ha vociferado públicamente que no le entraran a las tales tierras en ningún tiempo del año y que podrá muros y cancelas, y a dado orden a sus medianeros para que maten los ganados que hallaren dentro de dichas tierras».

El mismo presbítero continua diciendo: «Don José Delgado Trinidad, posee tantos bienes vinculados y libres que no puede atender el cultivo de todos», para rematar con: «no ignora don José Delgado que actualmente se está tratando de sacar otras aguas de un Río que está en la cabezada de los terrenos de la disputa en el paraxe que nombran Juan Álvarez».

Al final de un largo litigio la Real Audiencia dicta una de las pocas sentencias favorable a los demandantes, en estos pleitos por la posesión de la tierra, ya que generalmente acostumbraba a fallar a favor de los poderosos, pero en esta ocasión lo hizo a favor Castro Baute y sus seguidores declarando de uso público la dehesa desmontada por Delgado Trinidad.

Por otra parte, la posición que defendían los propietarios del heredamiento, representados durante estas fechas, por Dña. Úrsula Lercaro y Baulén, éstos se oponían radicalmente a que los vecinos de Güímar llevaran a cabo la extracción de aguas, basándose en que ellos era los legítimos propietarios del heredamiento, cuya propiedad tenía su origen en la Data que en 1500 concedió el Adelantado Alonso Fernández de Lugo a los hermanos Blasino Pomblino Romano y Juan Felipe, origen que contestado por el alcalde de la localidad don José Bello Ledesma en los siguientes términos: «En nuestro asunto de aguas se debe contar la rivalidad de los que quieren hacer caciques, para oprimir a unos vasallos del monarca más benéfico del mundo (...). La Data de Blasino Romano no se poseyó jamás en toda la extensión del lugar; porque hay muchas tierras libres de distintos, que no representa al licenciado Vargas ni pagan censos, ni otra pensión al heradamiento que después fue de Pedro de Alarcón y los que hoy le suceden pagan tributos de algunos de sus terrenos y están divididos de otros que posee don Miguel Baulén, el convento de Candelaria, los Adrianes, la casa Núñez y otros distintos. Lo que da a conocer que el licenciado Vargas y Pedro de Alarcón en fuerza de los títulos, el uno de su Data y el otro de su compra; no debe haber en el valle Güímar debajo de los voluntarios supuestos y fijados linderos, porque estos son efectos de una prepotencia de gente rica y acaudalada, que se apropiaba de lo ajeno porque no tenían rivales vigorosos que le contrarrestaran sus intentos(...). Las aguas que se quieren sacar del barranco del agua del Río de Güímar que comprende la Data de Blasino Romano se secó con el volcán a principios de este éste siglo».

La opresión que las clases pudientes venía ejerciendo en las distintas localidades de la isla en un afán acaparador de las tierras consejiles y realengas, y que motivaron los alzamientos de la Orotava entre otros, centró la atención de los cronistas, pasando casi desapercibidos los acontecimientos de Güímar para la opinión pública. El día 10 de enero de 1810 el corregidor de La Laguna don José Valdivia y su escribano Vargas, salieron para el lugar de Güímar, les acompañaba el portero Lázaro Álvarez, para practicar diligencias sobre el resultado de las elecciones. Dichas diligencias culminaron con la destitución como alcalde de Güímar de don José Delgado Trinidad, miembro destacado del caciquismo local, cuya familia ostentaba un marcado protagonismo en la vida política y económica de la comarca, fruto de una acertada estrategia de enlaces matrimoniales, que les lleva a mediados del siglo XIX a enlazar con la aristocracia insular a través de la Casa de los Marqueses de La Florida.

Llegado el Corregidor y sus acompañantes, pasaron pernoctar en las casas de don Miguel Baulén, en ambiente del pueblo se notaba una tensión inusual, por lo que el sueño de los viajeros no era nada placido, efectivamente tenían razón al estar inquietos, sobre la media noche comenzaron a oírse el sonido de algunos bucios que hacía llamadas, y ruido de gentes por las calles y plaza, un grupo de personas se dirigieron a la casa de don Miguel Baulén dando fuertes golpes en la puerta principal al tiempo que lanzaban grandes gritos, lo que obligó al Corregidor y acompañantes a asomarse al balcón desde donde pudieron ver a un grupo de 100 personas reunidas y agolpadas delante de la casa, más otro grupo junto a la parroquia, más otro grupo que tenía rodeada la casa. El Corregidor inquirió de los presente el motivo de aquella algarabía, adelantándose tres de los amotinados le expusieron que deseaban que saliera pronto del pueblo, dejando como alcalde a D. José Delgado Trinidad, de lo contrario su señoría y séquito lo pasarían muy mal, el corregidor trató de hacerles comprender lo inapropiado de la hora para viajar por los malos caminos de la comarca, que si de día eran prácticamente intransitables de noche era del todo imposible, indicándoles que al amanecer saldrían hacía su destino. Que los papeles no estaban recogidos, y que sobre el tema del alcalde, el tribunal de La Real Audiencia determinaría. Los amotinados respondieron que no había remedio, debiendo salir del pueblo en aquel mismo instante acompañados de algunos hombres de la localidad para su seguridad, de lo contrario, no respondían de su vida, inmediatamente les presentaron las caballerías debidamente habilitadas, y conducidos por cincuenta hombres armados de palos fueron expulsados del pueblo.

Este episodio nos ilustra sobre el gran poder caciquil en los pueblos de las islas, capaz de enfrentarse a los gobernadores de la metrópolis, dirigiendo a los pueblos como auténticos virreyes, la represión del motín no fue inmediata como se acostumbraba, quizás debido al temor que el Corregidor sentía hacia la Milicia de Güímar, formada en su mayor parte por jornaleros y agricultores de la localidad. Por otra parte. No deja de ser significativo el que la mayor parte de los dirigentes y participantes en el alzamiento era de claro origen guanche, entre ellos los siguientes: Juan Aday, Pedro Pablo Adrián, Lucas Alberto (los Alberto, son descendientes directos del Mencey Añaterve), Martín Aguiar, Antonio Alberto, Juan Cartaya, Domingo Bello, Juan Manuel de Campos, José Delgado Trinidad, Pascual Díaz, Domingo Elías, Bernardo Flores, Juan García Adrián, Juan Agustín Gómez Guanche, José Izquierdo, José Leandro García, Francisco Leandro García, Luis Marrero Delgado, Francisco Marrero, Juan Pérez, Martín Pérez, Juan Antonio Plácido, Agustín Ramos, José Felipe Ramos, Cristóbal Rodríguez Mesa, Plácido Rodríguez, José Domingo Romano, Domingo Siverio, Juan Tejera y José Tomaso.

El alzamiento de Güímar, tuvo cierto grado de preparación, una de las reuniones preparatorias tuvo lugar en Igueste de Candelaria, en la casa de Juan Delgado (descendiente de la familia real de Güímar), a ella concurrieron los capataces Plácido Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, Juan Manuel de Campos, Juan Leandro, Francisco Leandro, Cristóbal Rodríguez Canario, Martín de Aguiar, y dos enmascarados que se suponen eran José Delgado Trinidad y Domingo Elías.

Los encausados por el motín, fueron indultados por la amnistía proclamada por las Cortes Generales y extraordinarias de 1812, con motivo de la publicación de la Constitución política de la Monarquía española.

Año 1812: Tacoronte, Tenerife. El derribo de unas paredes para la ampliación de la plaza de la iglesia crea enfrentamiento con los vecinos.

Año 1812: Agulo, La Gomera. Protesta vecinal por la extracción de granos.

Año 1812: Guía, G. Canaria. No hay constancia del motivo.

Año 1813: Arucas, G. Canaria. Los vecinos se oponen a los mandatos judiciales del alcalde.

Año 1814: Teror, G. Canaria. Se crean conflictos por los repartimientos de tierras en la Montaña de Doramas, llevados a cabo por los Ayuntamientos de Guía y Moya.

Año 1814: Guía-Moya. G. Canaria. Protestas contra la data de don Cristóbal V. Mújica. De la Vega Mayor de Telde.

Año 1817: Tejeda y Artenara, G. Canaria. Por la usurpación de las aguas que bajan a la Aldea.

Año 1818: Santa Lucía, G. Canaria. Usurpación del agua de la acequia real del Ingenio.

Año 1820: Guía, G. Canaria. Las pretensiones de don Juan G. Jaque, comandante accidental del Regimiento de Guía, de que la 2ª compañía de éste Regimiento pasase revista en Gáldar fue la causa del amotinamiento.

Año 1820: Ingenio, G. Canaria. Los vecinos se oponen al decreto de 8 de junio de 1813 que, entre otras cosas, manda a acotar y cercar los predios particulares.

Año 1822: Santa Lucía, G. Canaria. Se promueven disturbios al impedirse enterramientos en el cementerio parroquial.

Año 1822: Teror, Arucas y Firgas. G. Canaria. Motín suscitado por el reparto que el Ayuntamiento de Moya trataba de hacer la Montaña de Doramas.

Año 1822: Teror, Arucas y Firgas, G. Canaria. Contra la data de don Juan Laguna y las roturaciones que se estaban haciendo la Montaña de Doramas.

Año 1823: Agüimes, Ingenio, G. Canaria. La imposición de un juez de Letras, del partido de Telde, cuyo sueldo deben pagar los vecinos mediante contribuciones, dio lugar al alzamiento.

Año 1823: Pájara-Betancuria, Fuerteventura. Los vecinos se niegan a pagar las contribuciones de exportación en la playa del jurado

Año 1826: Moya, G. Canaria. Se niegan los vecinos al traslado de la imagen de San José a la parroquia.

Año 1832: Las Palmas, G. Canaria. Los ciudadanos se manifiestan a favor de la constitución.

Año 1834: Las Palmas, G. Canaria. A favor de la constitución.

Año 1836: Las Palmas, G. Canaria. Los vecinos se movilizan contra los destrozos ocasionados en los pinares de la isla.

Año 1847: Tejeda, G. Canaria. Movimiento vecinal contra la usurpación de las aguas que bajan a la Aldea.

Ilustraciones:

1) Las injusticias sociales y las ansias de rapiña de los caciques sumieron los campos isleños en la más brutal de las pobrezas, viéndose los campesinos jóvenes obligados a emigrar. Fotografía: Archivo del Autor.

2) Casa natal del Capitán Delgado Trinidad, en Lomo Chojillo, El Escobonal, Tenerife. Foto: Román González.

Canarias, febrero de 2012.

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