MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS
(XVII) -VIII
NOTAS
AL DIARIO DE LAS HERMANAS CASALON (XIV)
12, ALZAMIENTOS,
MOTINES Y REPRESIÓNES EN
CANARIAS (II)
Eduardo Pedro García Rodríguez
EL MOTÍN DE LAOROTAVA
La conflictividad social en las islas Canarias, ha sido una constante
durante más de cinco siglos de opresión de un sector minoritario y pudiente de
la población, sobre el resto de la misma. El sector más desprotegido, se vio
siempre sometido, primero con la esclavitud, después por una situación de
vasallaje, y posteriormente, obligados a sobrevivir bajo las férreas
estructuras caciquiles, las cuales no escatimaban -ni escatiman- medios para
dominar todas las etapas productivas del país, sumiendo al pueblo en el más
abyecto estado de miseria y embrutecimiento hasta bien entrado los años sesenta
del pasado siglo XX.
Todo ello motivó que en diversas épocas el pueblo se amotinase a pesar
del pesado yugo que les tenían -y tienen- puesto en el cuello las estructuras
dominantes coloniales.
Por ser sobradamente conocidos los alzamientos y motines que como
consecuencia de las situaciones reseñadas, nos limitaremos a dar unas breves
notas cronológicas de los mismos hasta 1847.
Año 1649: Una de las primeras medidas tomadas por los ediles del recién
estrenado Ayuntamiento de La Orotava (villa exenta de La Laguna, desde noviembre
de 1648) fue decretar la roturación de las tierras de las dehesas en Las
Caletas del puerto, naturalmente en beneficio de los propio regidores. Esta
usurpación de los derechos del pueblo provocó una reacción popular en contra
de tan injusta medida, pues con ella se privaba de los medios de subsistencia de
una parte importante de la población. La justa sublevación popular se saldó
con varios muertos y decenas de heridos provocados por las fuerzas de represión
empleadas por la oligarquía contra los desposeídos. En enero de 1649 el pueblo
se subleva y un contingente de 600 hombres arrasa las tierras de la dehesa que
ya habían sido sembradas, la situación se prolongó derivando en un sin fin de
pleitos, arrestos y torturas, hasta que Felipe IV confirma el expolio de las
tierras a los pobres campesinos en abril de1651.
EL
ALZAMIENTO DE TENERIFE EN 1653
Año 1653: Las clases criollas dominantes en Canarias, mantuvieron
siempre una política de fraude fiscal respecto de la corana española, así
como un continuo comercio de contrabando, basando en esta actividad fraudulenta
el entramado económico con que se sustentaba. La corona intentaba frenar en lo
posible estas actividades irregulares que mermaban considerablemente los
ingresos de las arcas reales, enviando a las islas continuas tandas de empleados
de las más diversas instituciones, pero éstos generalmente eran corruptos, y
cuando no era así, tanto la oligarquía local como el sistema corporativo de
los propios empleados gubernamentales, se encargaban de corromperlos, pues al
fin y al cabo, el fin último de estos funcionarios que solicitaban o eran
enviados a las islas, era el de amasar una rápida y fácil fortuna para
regresar a la metrópoli enriquecidos, cuando sus aspiraciones no eran más
elevadas, como fue el caso del fiscal de la casa de contratación, de Indias de
Sevilla, don Pedro Gómez del Ribero, a quien se revistió de la calidad de juez
superintendente de todas las Jurisdicciones para que «conoçiese de los exçesos
que en las dichas islas se an cometido y cometen en las arribadas maliciosas
[...] y en todo lo demás que allí se ofreçe tocante al comerçio y paga de
derechos», y quien unas ves finalizada su comisión, regresando a España
sería premiado con el empleo de juez de la Audiencia de grados de Sevilla.
El primero de agosto, arriba
al puerto de Santa Cruz don Pedro Gómez del Ribero sus cuatro auxiliares y séquito
correspondiente, siendo recibidos por dos regidores comisionados a este fin por
el Cabildo de la isla. Instalados en la ciudad, y después del intercambio de
cortesías protocolarias, Ribero comienza sus actuaciones. Los habituales
intentos de soborno en esta ocasión son ineficaces, por ello pronto comienza a
cundir el pánico entre las autoridades quienes temen que pruebe lo que era
evidente, produciéndose así una mayor represión a la ilegalidad. En sesiones
del 25 y 26 de ese mismo mes se trata sobre las diligencias de Ribero, que según
los capitulares pretendían impedir las arribadas de Indias a Tenerife. Ésta
consigna fue hábilmente utilizada por quienes temían que sus fraudes o
negligencias quedaran al descubierto, comienza así uno de los pocos motines
protagonizados abiertamente por la oligarquía tinerfeña contra las
instituciones españolas, personificadas en el fiscal Ribero. Mientras éste
llevaba a cabo sus pesquisas, el Cabildo trata de involucrar en el tema a otros
organismos, Cabildo de La Palma, Audiencia, Cabildo de Gran Canaria, La
Inquisición e incluso al capitán general, además se envía mensajero a la
Corte, con una descarada propuesta de soborno enmascarada bajo la forma de
donativo, -práctica a la que tan habituada estaba la monarquía española- de
30.000 ducados.
En el debate posterior sobre las contrapartidas a recibir a cambio del
donativo, no hay unanimidad, planteándose dos posturas defendidas,
respectivamente por don Luís Interián y don Cristóbal de Salazar y Frías: se
ofrecían el donativo de 30.000 ducados, concediendo arbitrios el rey en 6 años
a 5.000 ducados/año. A cambio se
habría de obtener que el rey quitase los jueces de contrabando de Tenerife, que
Ribero acabase ya su comisión, y que éste informase sobre la pobreza, pues
cuando estuvo en la isla, coincidiendo con la cosecha de vino, no hallaban los
labradores de viña quien les comprase una bota de mosto, base de la economía,
( una ves más la oligarquía saca a colación en beneficio propio la ancestral
pobreza del pueblo de la cual es causante, que si bien es cierta para las clases
populares, no lo es para la nobleza y terratenientes que viven en gran lujo y
boato); 2) el donativo debía ascender a 42.000
ducados en 6 años, en plata, y en cuanto a pedir mercedes había coincidencia
con la propuesta anterior, menos en lo relativo a Ribero, añadiendo que los navíos
que viniesen cargados con mantenimientos y pertrechos
de guerra se debían recibir con
que llevasen su retorno en frutos de la tierra. La mayoría apoya a Interián,
en cuanto su proposición era más ajustada a un acuerdo anterior de 26 de
agosto.
Las negociaciones con la Corte no obtienen los resultados apetecidos por
la oligarquía insular, a pesar de la intervención en la contienda del Santo
Oficio apoyando los argumentos de los Cabildos de las islas, y de la velada
amenaza de la independencia al exponer los regidores a la Corte el riesgo de
“la perdida” de éstas, con el consiguiente trastorno para el comercio de la
metrópoli con las otras colonias de América.
Así las cosas, los contrabandistas decidieron arremeter contra quien
personificaba la pérdida de lo que hasta ese momento había sido base de
excelentes negocios fraudulentos. En la noche del 28 julio, un grupo de cien
personas encapuchadas y armadas de estoques, rodelas y pistolas; después de
echar la puerta abajo penetran en la casa del fiscal, hiriendo en la acción a
un criado, y aunque el fiscal pidió auxilio desde una ventana –
curiosamente– nadie oyó sus suplicas. El objetivo inmediato de los amotinados
era destruir las pruebas inculpatorias que el concienzudo Ribero había
acumulado durante casi dos años de investigaciones, arrebatándoles los
documentos y quemándolos, como así lo hicieron. Como era habitual en estos
casos, el Ayuntamiento se dolió de la desgracia sufrida por el fiscal y le
expreso el mucho sentimiento de la isla al tiempo que le ofrecía su
ayuda.
Pero como la oligarquía local, nunca se distinguió por sus dotes de
organización y previsión, una vez pasada la algarada cayeron en la cuenta de
que se habían olvidado de destruir unos documentos tan importantes como los
libros de Aduana de 1653, por lo que tuvieron que repetir el asalto a la casa
del fiscal y tras amenazarlo de nuevo lograron hacerse con los mismos.
La situación de Rivero era muy incomoda y la actitud de las autoridades
tolerante y sorprendente, especialmente la del capitán general, quien en
situación similar si la algarada hubiese sido protagonizada por el pueblo, no
hubiese duda en sacar las tropas a la calle -y según las prácticas de la época-
colgar en la plaza de San Francisco a unos cuantos de los sublevados.
¿DICEN
QUE MATARON AL MARQUÉS? ¡ESO DICEN!
La ostentación del fuero militar español por parte de la nobleza local,
les permitía hacer un uso extremadamente abusivo del poder de que gozaban –ya
de por sí casi absoluto, sobre las clases inferiores– quedando inmune ante la
jurisdicción civil, de los abusos y tropelías que frecuentemente cometían.
Por otra parte los capitanes generales conseguían con la venta de empleos
en las milicias beneficios económicos muy sustanciosos al tiempo que
ganaba voluntades y adhesiones para la causa de sus intereses, y además conseguían
mermar el poder de los estamentos civiles. Queda registrado en la historiografía
local el caso de algunos capitanes generales que hacían entregar las cédulas
por sus esposas y así obtener generosas dádivas de parte de los agraciados.
El trasfondo de estos continuos enfrentamientos entre los empleados del
estado en las islas y la oligarquía local tenían un denominador común, la
extracción del máximo beneficio económico a favor de la corona en unos casos
y más frecuentemente en el propio, llegándose a ejercer
tanto por parte de estos funcionarios como por los terratenientes, actos
de auténtica rapiña que en
diversas ocasiones minaron la resistencia popular dando lugar a verdaderos
alzamientos en el transcurso de nuestra historia.
De
las múltiples ocasiones en que el pueblo oprimido y expoliado se vio en la
necesidad de defender sus exiguos derechos de la voracidad de los poderosos,
exponemos unos cuantos casos como ejemplo. Es notorio las multitudinarias
protestas promovidas por los vecinos y habitantes de la comarca de Chasna
(Vilaflor, Abona y Ganadilla) contra el VI marqués de La Fuente de Las
Palmas don Domingo José Chirino y Soler de Castilla (1766–1825), caballero
profeso de la Orden de Santiago, Prior del Real Consulado Marítimo y Terrestre
de Canarias, y detentador del Mayorazgo de la casa Soler en Chasna.
Estas estaban motivadas por la apropiación por parte del marqués de
terrenos comunales los cuales cercaba
y amojonaba a su antojo. Dehesas y campos incultos, montes e incluso caminos
reales, que servían zonas de pastoreo para los ganados, eran apropiados por el
Marqués haciendo caso omiso de los derechos ancestrales de vecinos y moradores,
amparándose en su condición de coronel de las milicias de Abona, y por tanto
sujeto al fuero militar, con esta estratagema venía burlando la acción de la
justicia civil llegando incluso a enfrentarse al cabildo de La Laguna
por la posesión de los terrenos usurpados.
«Como ejemplo de lo que hemos expuesto anteriormente, veamos uno de los
tantos pleitos protagonizados por don Domingo José Chirino, recogido en un
excelente trabajo elaborado por doña Carmen Rosa Pérez Barrios, titulado “El
Mayorazgo de los Soler en Chasna”: «El 15 de Marzo de 1783 Claudio Yusti,
vecino de Granadilla obtuvo Real Provisión a consecuencia de recurso que había
presentado ante la justicia, por los perjuicios que los ganados de los vecinos
estaban ocasionándole en sus
propiedades de Chasna. Esto sucedía desde
que Alonso Chirino aprovechando la
influencia que le proporcionaba su título y la autoridad derivada de ser
teniente coronel en el regimiento del lugar, había procedido a cercar la dehesa
pública que confinaba con el lugar de Vilaflor, reduciendo a cultivo dicho baldío.
Los terrenos servían de desahogo al pueblo, utilizándose para suelta de
animales.
Unos años más tarde, en 1789, de nuevo este poseedor provocó la alarma
en los pueblos de Vilaflor y Granadilla, al proceder al levantamiento de unas
paredes en parajes públicos. Los muros fueron derribados por algunos vecinos de
Vilaflor y Granadilla de forma tumultuosa. La Real Audiencia donde se vio la
causa criminal suscitada contra aquellos vecinos, sancionó al Marqués, condenándole
en costas y multándole con 500 ducados, reconviniendo a los vecinos, para que
en los sucesivo «no se tomasen la justicia por su mano...» La
sanción que se le impuso al litigante fue debido a haber entablado la acción
criminal, como pública y famosa, reputando el hecho como una
sedición popular en la Comandancia General de la Provincia, dando motivo
con ello a prisión y padecimiento de los
tratados como reos. El auto dictado el 29 Agosto absolvía de criminalidad
de asonada al alférez Nicolás Viera, Antonio Márquez, Tomás Linares, al
ayudante Claudio Yusty, Francisco García, Felipe Hernández, Salvador Sierra y
al subteniente y sargento Bartolomé y José Sarabia y otros.
Es probable que algunos de los vecinos citados, gozasen de fuero militar
como se desprende de los oficios reseñados, los que, al estar socialmente por
encima del común y amparados por el mismo fuero militar les permitía tratar de
hacer frente a los continuos excesos y arbitrariedades del Marqués.
Debemos tener en cuenta que en la terminología de la época, vecinos
eran aquellos moradores que, por sus posibilidades económicas eran
contribuyentes del erario real, y por consiguiente gozaban de determinados
derechos civiles, los pertenecientes a las clases menos pudientes, eran
considerados “almas”, por consiguiente, en un pueblo
que contase con una población de mil habitantes de los cuales sólo
sesenta eran contribuyentes, en los padrones
correspondientes figuraba
como localidad de sesenta vecinos y novecientas cuarenta “almas”.
Es indudable que la prepotencia y abuso de poder de que hacían gala los
poseedores del mayorazgo de la casa Soler en Chasna, culminaron con la
muerte violenta del VII Marqués de La Fuente de las Palmas don Alonso Fernando
Chirino.
El
10 de Abril de 1840, el Superior Tribunal de Canarias libraba autos
confirmatorios de otro que se había fallado el 20 de Julio de 1833,
sobre la posesión de 12 fincas a favor de don Alonso Chirino.
Aparentemente el asunto quedaba concluido, a pesar de los esfuerzos de los
contradictores al intentar recurso de nulidad e injusticia notoria.
El 17 de Agosto de1840 el Marqués desoyendo las advertencias de algunas
personas de Granadilla, entre ellas las del párroco del lugar D. Alonso,
montó en su caballo e inició el viaje a hacia su casa palacio de Vilaflor,
al llegar a la altura del lugar conocido como “La Cruz de Juan
Bello”, doce bocas de fuego tronaron en la noche, cegando la vida del Marqués.
La causa criminal fue instruida por el juez de La Orotava, quien se trasladó al
lugar de los hechos, sin que sus indagaciones aportasen luz sobre los posibles
asesinos, extendiéndose por toda la comarca una especie de pacto de silencio.
Pasado los años, D. Germán Fumero señalará que la voz popular atribuyó
el hecho a 12 carabineros del Resguardo que por aquella época vigilaban los
puertos y ensenadas de Abona, para evitar el contrabando de tabaco que hacía
frecuentemente un barco velero denominado “El Místico”. Es de suponer que
la muerte del déspota Marqués, no despertó en exceso las condolencias entre
los vecinos y moradores de las bandas de Chasna, éstos echaron tierra al asunto
con una frase muy propia de la socarronería de los habitantes de aquellos
lugares, y que aún en nuestros días suele oírse: ¿Dicen que mataron al Marqués?,
¡Eso dicen!
Creemos interesante para un mejor conocimiento de las circunstancias que
rodearon los hechos relatados, transcribir los nombres de algunos de los
apelantes en el proceso de 1840: Francisco Díaz González, vecino de Adeje como
apoderado de Antonio Siriaco Belbis de Moncada, Marqués de Belgida, grande de
España de primera clase, residente en Madrid. José Martínez de Ocampo, vecino
de Garachico como apoderado de María Francisca de Paula Carrasco, Condesa de
Villa Leal, Viuda de Luis Roca de Togores, Conde de Pino-Hermoso, residente en
Alicante, el Comisionado Principal de arbitrios de Amortización de la Provincia
en representación de los suprimidos monasterios de Santa Clara de La Orotava,
de Garachico, Recoletas Agustinas de Los Realejos de
Abajo y el convento de San Agustín de Vilaflor, Esteban Pérez de
Medina, vecino de La Orotava, Francisco Guzmán y Cáceres, cura de San Miguel
por sí y como mayordomo de fábrica de la parroquia, el Ayuntamiento de San
Miguel, Pedro Machado Tejera, cura de Granadilla, y un largo etc.
EL
ALZAMIENTO DE AGÜIMES
En Canarias, la conflictividad social ha estado siempre marcada
por la extrema pobreza de sus habitantes, y la ancestral explotación a
que son sometidos por los poderosos. La población es obligada a vivir en
estatus de continua dependencia, debiendo hacer frente a innumerables impuestos,
y además los hombres deben servir gratuitamente en las milicias, teniendo en
muchos casos que abandonar sus ocupaciones habituales, y dejando a sus familias
sin el sostén necesario.
Estos obligados milicianos eran requeridos para prestar servicios de vigías
en momentos de alerta o de peligros de epidemias, o simplemente a cuando a los
coroneles de turno, se les ocurría hacer algunas maniobras,
o organizar desfiles en determinadas fiestas, donde estos jefes y sus séquitos
de oficiales podían lucir sus bonitos uniformes. En estas situaciones no se tenían
en cuenta los perjuicios que pudiesen ocasionar en la ya bastante maltrecha
economía del pueblo. Por el contrario, la oligarquía local manifestaba un
desprecio absoluto hacía las clases populares, para las que los epítetos más
gentiles eran los de Canalla, Chusma, Populacho, etc.
La situación de continua opresión a que era sometido el campesinado,
sumadas a las frecuentes hambrunas y crisis económicas por las que, cíclicamente,
atravesaban las islas, en determinadas circunstancias hacía aflorar la rabia
contenida durante siglos en el pecho de los canarios, surgiendo el espíritu
combativo de sus ancestros para tratar de hacer frente a las frecuentes
injusticias de que eran objeto.
Uno de los siglos más conflictivos lo fue precisamente el XVIII, siendo
las islas de Tenerife y Gran Canaria donde se produjeron el mayor número de
alzamientos y motines. Uno de los alzamientos más sonados, con el de Chasna,
fue sin duda el de Agüímes, motivado por causas similares. Veamos algunos
pormenores de la situación que condujeron a los sucesos de Agüímes, para ello
seguimos un excelente trabajo del historiador D. Antonio de Béthencourt
Massieu.
La reconversión del cañaveral en viñedos a causa de la caída del azúcar,
produjo un movimiento interno de emigración que, favorece la instalación de
poblaciones en zonas hasta entonces menos favorecidas. Migraciones en demanda de
nuevas tierras productoras de cereales, y más específicamente el nuevo cereal
introducido desde América, el millo, hace necesario poner en cultivo grandes
extensiones de terrenos para poder alimentar a una población creciente.
La Villa de Agüímes era cabeza del señorío perteneciente a la Cámara
episcopal de Canarias desde 1486. Abarcaba el espacio comprendido entre los
barrancos de Charpollo al Norte y el de Balos al Sur, el mar y las cumbres.
Entre Telde y Tirajana. Contaba con algunos reducidos grupos de vecindad, como
Carrizal de Ingenio y Aguatona, donde se instaló un ingenio azucarero, que dio
el topónimo al lugar. La jurisdicción del Obispo se reducía a cobrar los
diezmos enteros, facultades para conceder solares con una imposición de una o
media gallina al año y la designación de uno de los alcaldes, el que se
ocupaba de las causas civiles, pues las penales correspondían al real que
designaba la audiencia.
Durante los siglos XVII y XVIII, los vecinos se habían visto obligados a
roturar tierras realengas en Sardina y Llano del Polvo, roturando más tarde las
de Aldea Blanca y otros términos de Tirajana, labor no entorpecida por la lejanía
de la capital, donde radicaba la audiencia y el cabildo, lo que evitaba un
estricto control de estos organismos sobre las roturaciones y obras de regadío
hechas para aprovechar el agua del barranco de Tirajana. Hubieron tres momentos
en que los vecinos trataron de legalizar o regular su precaria situación, en
1635-1619 y 1702-1717.
La audiencia sentencia en 1703 y 1704 y reitera las sanciones impuestas
en pleitos anteriores: medio ducado por fanega roturada a los usurpadores, lo
cual en la practica equivalía a reconocer el uso de las tierras, continuando
los detentadores abonando perpetuamente un real por fanega y año para los
fondos del cabildo.
Este acuerdo se consiguió por la intervención de mediadores,
siendo obligación el que llevaran dentro de año y medio título de venta o
merced de las tierras de lo contrario, serían expulsados de las mismas. Extremo
que no se cumplió, continuando laborando las tierras 63 usufructuarios en
Sardina y Pozo Izquierdo, y 30 en Aldea Blanca.
La desidia por parte de algunos vecinos que se comportaron de
manera remisa en el pago de las sanciones quienes en 1717 aún adeudaban
7.457 reales de los 20.016 en que habían pactado la composición o multa y a
fines de 1719, 6.733 reales. Además del censo de un real por fanega que debían
abonar al cabildo, la deuda era más crecida, de los 13.627 reales y dos cuartos
a repartir entre los 63 usufructuarios de las tierras de Sardina y Pozo
Izquierdo y los 30 de Aldea Blanca, solamente se habían sastifecho 11.302
reales y un cuarto.
Esta situación anómala es aprovechada por el sargento mayor D.
Francisco Amoreto Manrique, quien ve en ella una oportunidad única para
continuar expandiendo sus latifundios en el Sur de la isla de Gran Canaria.
Aprovechándose de la desidia de los vecinos de la Villa, Amoreto acude
al consejo y solicita de S.M. que las tierras de Sardina, con una superficie 609
fanegadas y cuatro celemines, como realengas que son, sean sacadas a subasta pública.
El oidor decano de la audiencia de Canarias es comisionado por R.C. de fecha 24
de Diciembre de 1716, para que, como juez privativo, las remate.
Amoreto sujeto de poca prudencia atropello y codicioso, sugiere al
juez privativo Diego de Tolosa Ceballos, la inclusión de las tierras adyacentes
de “Llano del Polvo”, a lo que accede el juez privativo. Tolosa pública los
pregones correspondientes, llevándose a cabo las mediciones y valoración de
las tierras por peritos, supervisando las operaciones los alcaldes de Agüímes
y Tirajana. Valorándose las tierras en 2.838 escudos y medio y medio real de
plata, unos 28.385 reales. El juez privativo Tolosa las concede en dicha
cantidad a don Francisco Amoreto Manrique, único postor, en 8 de febrero
de 1718. Aunque la R.C. de 1716 sólo autoriza a Tolosa el remate de 609
fanegadas, y cuatro celemines de tierras rozadas en Sardina, Tolosa concedió
451, 5 fanegadas, 50 brazas de tierras rozadas en el Llano del Polvo, más 707
fanegadas, 4`5 celemines de tierras montuosas, más Pozo Izquierdo y cuatro
cuevas.
No se hace esperar la reacción de los vecinos y 32 de los cultivadores
extienden en Noviembre de 1717, un amplio poder al teniente coronel D. Cristóbal
de la Rocha Betancourt, dueño de las salinas del Romeral y que además poseía
108 fanegas de las tierras en litigio. La acción de don Cristóbal de la Rocha
sería pronto interferida por doce vecinos pertenecientes al sanedrín de
Amoreto, lo que conformó dos bloques monolíticos entre poderosos, de los que,
directa e indirectamente, iban a ser peones
los vecinos.
Tolosa Cevallos, remite el expediente del remate a la cámara de
Castilla, y argumentando que desea recibir instrucciones sobre la manera de
enviar el importe al Consejo de Hacienda, pues el giro de las letras cuesta el
ocho por ciento: advierte a favor de su protegido Amoreto que, «pagará en
moneda corriente de la Península y no en la provincial que es muy mala y en
ocasiones cuesta, dos y cuatro y seis por ciento», propuesta que no cumplió,
pues al final Amoreto pagó en moneda de las islas y por tanto 26.385 reales en
vez de los 28.000 que suponía en moneda de España.
El rey a propuesta de la cámara aprueba la enajenación el 2 de Agosto,
y cursa instrucciones al juez privativo para que el importe del remate sea
puesto a disposición del intendente D. Juan Antonio Cevallos. Amoreto se dio
prisa en depositar dicho importe el cual fue inmediatamente transferida al
tesorero de la intendencia.
El nuevo propietario se da prisa en tomar posesión de sus recién
adquiridas propiedades y designa al alcalde de
Agüímes don Joaquín González como su apoderado, quien acompañado del
licenciado D. Juan Melían, prébistero, y del escribano D.
Sebastián Fuentes Diepa, toman posesión de las tierras en nombre de
Amoreto el 3 de noviembre de 1718. Cuando los tres comisionados regresaban del
Llano del Polvo, le salieron al paso en el camino de la madera una treintena de
hombres quienes exigieron al alcalde – caso de haber sido concedida la posesión
– al sargento mayor, para presentar impedimento y contradicción ante la
audiencia, el escribano se excuso de hacerlo en el acto por encontrarse en campo
abierto, prometiendo hacerlo en su posada. El documento fue extendido por el
escribano a las diez de la noche. El mismo día 3 por la noche el alcalde envío
un mensaje a Amoreto, y al día siguiente los representantes de los vecinos
Baltasar Díaz y Melchor Álvarez, recorrían el vecindario de casa en casa y de
barrio en barrio. La mecha estaba prendida.
En su afán por el posicionamiento en las tierras y ante la proximidad
del tiempo adecuado para realizar las sementeras en el sur, Amoreto presiona
sobre el juez Tolosa y obtiene autorización para emprender las labores en los
campos. Ordena que el domingo 30 después de misa, se procediera en los Llanos
de Sardina y el Polvo a labrar machos para refrescar las tierras, desplazando
para este fin a sus medianeros de Aldea Blanca con sus yuntas de bueyes, y
ordena al alcalde de aguas del heredamiento de aldea Blanca que mantenga
expeditas las canales y almitraches y
así poder realizar la mojada. Amoreto previendo algún incidente similar
al de la toma de posesión, pone al frente de las operaciones al alcalde real
Joaquín González Lorenzo.
Mientras los medianeros del sargento mayor se aplicaban diligentemente en
sus tareas, en el Lomo Fernando el Mozo, cerca de la propiedad de álvaro Gopar,
que estaba sembrando en lo suyo, un grupo numeroso de vecinos de la Villa se
iban concentrando. Ante los activos medianeros de Amoreto se presenta Luis
Romero. Lamenta y protesta que estuvieran arando sus tierras. Le recomendaron
que fuera a Telde a entrevistarse con Amoreto en la seguridad de que llegarían
a un acuerdo, pues éste estaba buscando medianeros para sus nuevas tierras del
Sur.
Un grupo de vecinos que estaban reunidos frente de la casa de Salvador
González, inició el descenso al encuentro de los hombres de Amoreto. Para
evitar males mayores el alcalde real les salió al encuentro en caballo. Quitándose
el sombrero a modo de saludo les dijo «¡Caballeros, aquietésen ustedes!»
Respondieron que «tenían contradicho el acto de posesión y que se había
dado sin título». Iniciada la discusión, preguntaron los campesinos «si
traían comisión y cómo venían». Respondió que «como compadre y
amigo de Francisco Amoreto». Los ánimos se alteraron y en lo más álgido
de la discusión Joaquín González Lorenzo se encontró rodeado. De pronto,
Juan Álvarez Ortiz le asestó un garrotazo en la cabeza, seguido de otro sendo
que le largó Lorenzo Rodríguez, éste último garrotazo derribó al alcalde
sin sentido, de la yegua. El Majorero Mateo Suárez
“el ovejero” le tiró una “dardada” y Melchor Quevedo le
disparó, propinándole algún palo más Juan Lorenzo. Dándole por muerto lo
abandonaron, no sin antes pasar por encima de su cuerpo, en señal compromiso y
solidaridad.
El alcalde mayor fue socorrido por Bartolomé Rodríguez y Baltasar Gutiérrez,
los cuales se acercaron al lugar de los hechos por curiosidad quienes le
encontraron recostado en una roca y con la cabeza cubierta por un pañuelo, de
la que manaba abundante sangre.
Después de la agresión al alcalde mayor, se dividieron en dos grupos.
Unos persiguieron al prebístero y apoderado de Amoreto que escapó a “uñas
de caballo”, y el otro fue al
encuentro de los medianeros del Sargento mayor y sus yuntas, que huyeron
despavoridos. Al alcalde de aguas Sebastián León, le alcanzaron y les tiraron
unos palos que pudo esquivar, saliendo librado con un bofetón que le fue
propinado cuando de rodillas imploraba piedad. A continuación procedieron a
romper los almitraches, las acequias en varios tramos, dejando
imposibilitado el riego durante una temporada.
A lo largo de la noche el número de amotinados fue en aumento convocados
por el sonido de los bucios. Fueron llegando a la Villa gentes de los
pueblos y caseríos comarcanos. Algunos trataron de prender fuego arrimando
ahulagas a las casas de Amoreto donde estaban refugiados los medianeros, y las
del prebístero apoderado, D. Juan Melían, y a
las del salinero Baltasar Alemán, además de las de otros parciales del
sargento mayor. La intervención del capitán de milicias Roxas, les disuadió
del intento.
Siendo consientes los vecinos de Agüímes de que el despojo de las
tierras que avían venido cultivado era irreversible, pasan de la intranquilidad
a la rebeldía. Pasada la media noche se apoderaron de la caja de guerra,
de la que era depositario el alférez de milicias D. Leonardo Alemán, al toque
de la misma convocaron al resto de los hombres rezagados y al grito tópico de
“¡Viva el Rey! ¡Muera el mal Gobierno!”.Al amanecer el pueblo de la Villa
de Agüímes estaba alzado en armas contra la tiranía. Los alzados establecen
puestos de guardia a las entradas y salidas de la Villa.
Mientras el alcalde daba cuenta de la situación a la Audiencia, los
alzados extendía poder e instrucciones al procurador Simón Espino. Son unos
400 los hombres desesperados que esperan una respuesta como salida a la grave
situación a que se han visto avocados.
En esta etapa del conflicto algunos oficiales de milicias se unen a los
sublevados, entre ellos, los alféreces D. Leonardo Almedia y D. Sebastián
Diepa. La situación era indomable para la audiencia al no contar con fuerzas
suficientes para hacer frente a los alzados, y previendo que las milicias de los
pueblos estarían más predispuestas a unirse
a los vecinos de la Villa, que acatar sus ordenes, los oidores optaron
por emplear una política de dialogo, y así ganar tiempo en espera del arribo a
la isla, del capitán General de Canarias D. José Antonio de Chaves. Para
dialogar con los amotinados nombran juez especial al fiscal D. Francisco Román
Meléndez, con las máximas atribuciones, quien se traslada a Ingenio para
cumplir con sus funciones acompañado del escribano D. José Cabrera Betancourt.
Instalado el fiscal en el pueblo de Ingenio, comarcano de la Villa de Agüímes,
hospedándose en casa de D. Agustín Suárez, donde monta su cuartel general.
Informado por D. Bartolomé Guedes de que los vecinos de Agüímes continuaban
sobre las armas, reclamó la presencia en Ingenio del alcalde Fernández, del
prebístero Sebastián Sánchez y del capitán de milicias D. Antonio de Roxas.
Éstos se presentaron acompañados del escribano Diepa. Más tarde fueron
despachados con la consigna de que usaran de su prestigio entre los alzados para
serenar los ánimos, y asegurarles que Román como juez especial los oiría en
justicia y «se les atendería en consideración a su pobreza». Los
embajadores se retiran de Ingenio acompañados de los 40 hombres armados que les
habían escoltado.
Cuando las conversaciones de los mediadores con los alzados iban tomando
buen derrotero, la entrada en la Villa de un destacamento de hombres armados
procedentes de Ingenio, torció las intenciones tan laboriosamente logradas.
Vino a aumentar la crispación la presencia del Coronel del Regimiento de Telde,
suegro de Amoreto, denunciada por Francisco Herrera quien animó a los hombres
de la Villa con estas palabras: «Camaradas: aquí estamos todos a favorecer
a Uds. Y dice nuestro Capitán Gregorio Pérez que no viene porque tiene de huésped
al Coronel, y que con las resultas
que tuviere, le mandaran aviso». A las tres de la madrugada el fiscal
recibe una carta en la que se le comunica que ante la presencia del coronel del
Regimiento de Telde, y suegro de Amoreto, y consientes de la reacción que cabía
esperarse de éste, los amotinados habían decidido
continuar en su actitud de defensa armada.
A las seis de la mañana se presentan en Ingenio, el alcalde, capitán,
escribano y cinco oficiales de milicias, imponen a Román de que la presencia
del coronel en la Villa. Provocaría una reacción en los alzados de
consecuencias imprevisibles. Regresaron el alcalde, y el capitán a la Villa con
la misión de continuar tratando de apaciguar a los alzados, y Román consigue
que el coronel regrese a Telde.
En escrito a la audiencia el
fiscal expone que la situación en la Villa no se distiende, y que va en aumento
por echar en falta a sus oficiales, «y
siendo la detención de éstos demasiada -escribe el fiscal-, y no siendo
las novedades a favor de la dilación, me resolví a todo trance a pasar (a la
Villa de Agüímes) con algunos religiosos». El fiscal decide dar un giro a
la manera tratar los acontecimientos y se dirige a la Villa
acompañado de los oficiales de milicias, en el camino les salió al
encuentro frai Juan de las Vegas y frai José Zambrana, prior
y regente del convento Dominico. En el barranco se les sumó el capitán
Gregorio Pérez el alférez Alemán y el alcalde Fernández, el grupo formado
por lo más representativo de la sociedad -justicia, clero regular, milicias y
administración local-. Al llegar a la acequia vieron a un gran número de
hombres armados del cuerpo de guardia, un buen número de mujeres y muchachos,
quienes escoltaron a la comitiva.
Continúa
en la entrega siguiente…
Enero
de 2012.
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