MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS

MISCELANEA DE HISTORIA DE CANARIAS (XVII) -VIII

NOTAS AL DIARIO DE LAS HERMANAS CASALON (XIV)

12, ALZAMIENTOS, MOTINES Y REPRESIÓNES EN CANARIAS (y IV)

Eduardo Pedro García Rodríguez

Viene de la entrega anterior.

El pliego de descargo de los vecinos es presentado por el procurador Benítez Xuarez, quien como es natural solicita la libre absolución de los procesados. Benítez argumenta que los vecinos no acudieron a la “asonada” que se dice, sino como unos del Pueblo y que están exonerados de dicho delito, ya que fueron convocados en nombre del rey, no siendo extraño este tipo de convocatoria en una localidad como Agüimes donde constantemente hay moros en la costa, después se mantuvieron reunidos en son de defensa natural, y prontitud en acudir en defensa de su rey y su monarquía.

El procurador Benítez Xuarez continua argumentando la defensa para concluir de la siguiente manera: “Es poco honorable la actitud de D. Francisco Amoreto Manrique, quien va contra el espíritu y la letra de una Real Cedula otorgada por los reyes D. Fernando, Doña Juana y D. Felipe para Canarias, prohibiendo vender ingenios y heredamientos a personas poderosas, Real Cedula conservada en el Libro Rojo de la ciudad”. Termina el defensor con el siguiente resumen: la algarada fue una reunión en defensa de la tierra, ya que los de Agüimes carecían de fuerzas como demuestran los hechos, de una parte, y de otra presenta como un peligro social el excesivo poder que iba adquiriendo Amoreto, con el progresivo ensanchamiento de sus propiedades. Peligro social, sí, pero también peligro para la tranquilidad de la isla. González de Barcia como juez especial del caso eleva a la Sala la causa sustanciada.

Don Francisco Amoreto Manrique había mediante procurador elevado un escrito en el que se expresaba más como fiscal que como parte. El mismo solicita que los inculpados sean estrictamente castigados con el fin de dejar grabado en la memoria popular las consecuencias de ir contra los poderosos, aplicando un castigo extremo. Después de teorizar sobre la actitud de los reos y tratar de desvanecer la defensa de los mismos termina pidiendo la pena de horca para algunos de los encausados, y la condena a galeras y azotes en público para otros.

La Sala de la Audiencia se reúne en el palacio episcopal residencia en la ciudad del Capitán General y presidente nato de la misma, el 5 de enero de 1719, bajo la forma de real acuerdo. Forman la misma además del regente Lucas Martínez de la Fuente, recién llegado a las islas; el oidor decano, Diego Tolosa, corresponsable en parte de los hechos y afecto al sargento mayor, y Alejandro González de Barcia.

El fiscal expuso sus conclusiones calificando el delito de motín, solicitando en consecuencia las penas que para este delito se aplicaba en Castilla: la horca, galeras y azote en público. Dureza en las penas indudablemente fomentadas por Tolosa, quien desde un principio había tomado partido en contra de los campesinos y no desaprovechaba ocasión para seguir las indicaciones de su mentor Amoreto.

Don José Antonio de Chaves Ossorio, en esta sesión mostró un alto grado de inteligencia frente al contumaz pueblo, demostrando una mayor sensibilidad que el resto de los jueces, valorando con clarividencia lo que, aquel pueblo era capaz de acometer.

En su intervención el general expuso que él por su profesión, esta habituado a imponer castigos ejemplares. Pero ante la extensión del conflicto, era aconsejable no imponer penas de tal calibre, inéditas para los isleños, y que podría implicar el rebrote del conflicto con más violencia, lo que acarrearía ímprobos inconvenientes. Esto le obligaba a ser benevolente. Continuó el general esgrimiendo razones en apoyo de sus planteamientos. Los insulares no estaban habituados a contemplar ejecuciones públicas, y la proximidad de los sucesos últimos no habían permitido sosegar los ánimos. Además, por otro lado los de Agüimes cuentan con el apoyo y la simpatía de otros pueblos comarcanos, y la ciudad de Las Palmas estaba llena de parientes de los presos. Por otra parte, las autoridades no contaban con fuerzas armadas suficientes, pues los milicianos son pocos y escasamente instruidos, abundando entre ellos simpatizantes de los alzados.

Sabiendo que su sucesor está en Cádiz, esperando poder embarcar hacía las islas, Chavez, quiere incluir en su currículum la pacificación de la isla por ello no duda en desmarcarse tímidamente de determinadas influencias y expone que: “aunque el rigor viene recomendado por algunos importantes personajes -en clara alusión a Amoreto -, encuentra preferible aplicar al caso un capítulo de sus intrusiones secretas, instrucciones que recibió de la Corte, en vísperas de emprender el viaje. Se le ordena por el mismo y en forma taxativa que “siempre que pudiera peligrar el cumplimiento de la justicia, aunque fuera interesada la Real Hacienda, que se sobreseyera en ello asta mejor ocasión”. Otros factores que pesan en la decisión del general son “lo remirado, pobreza y clamor de los campesinos que se sentían despojados” “ y no haviendo armas para el resguardo de la execución”. Sobre base de lo expuesto Chaves pasó a recomendar una serie de penas más benignas, pero dejando una puerta abierta para que más adelante pudieran aplicarse castigos mayores, y dejando a Amoreto en posesión de las Tierras, quedando al tiempo abierta la vía de reclamación a Cámara de Castilla.

Sobre las tres de la tarde se procedió a la votación de los diferentes dictámenes, y las penas quedaron graduadas de la siguiente manera: Condenados al presidio de Ceuta, Juan Lozano, 10 años, Juan Álvarez Ortiz, 8 años, Mateo Suárez, 8 años, Medina Quevedo, 8 años, Lorenzo Rodríguez, 4 años. Condenados a destierro: Juan Perera, 10 años, Diego Romero, 8 años, Francisco Melían, 8 años, Bartolomé Díaz, 8 años, Francisco Quintana, 8 años, Melchor Álvarez, 4 años, Juan Ortega, 4 años, Juan Ávila, 2 años. Quedaron a disposición del Consejo: Francisco Pérez Miraval, Luis Romero, Jorge Rodríguez, Francisco Vizcaíno, Salvador Artiles, Luis Alvarado, Andrés Romero, José Alonso y Torres Travieso. Fueron absueltos: Salvador Fernández, Manuel de Mesa, Juan Mauricio, Juan Quintana Miraval y Baltasar Gutiérrez.

Las sentencias se redactaron y formalizaron en la mañana del día de reyes, publicándose ese mismo día, los cargos se rebajaron de motín a tumulto. Los oidores aceptaron la aplicación de estas penas “benignas” a condición de que el general Chaves Ossorio explicara su motivación al rey y al consejo de Castilla. Además fueron condenados mancomunadamente incluso los absueltos al pago de las costas del proceso, indemnizar a la real hacienda por los gastos ocasionados por el viaje del general y su séquito, gastos de cárcel, querellas de Amoreto y del alcalde real etc. Además a los absueltos se les prohibía regresar a sus pueblos sin licencia de la Audiencia. Los condenados quedarían bajo la custodia del capitán general en Tenerife, en espera de que el rey confirmara o modificara las penas. El capitán general incumplió la promesa hecha a los Agüimenses de que serían exonerados de las costas del proceso, a pesar del reconocimiento por parte del propio general de extrema pobreza de los vecinos.

En la tarde del día seis un escribano público lee en la cárcel las sentencias a los reos, acto seguido y cumpliendo ordenes del Capitán General el sargento mayor de la plaza D. Salvador Cayetano Manrique, recibe a los presos y los conduce a la playa de la Caleta, bajo una fuerte escolta, el traslado de la cuerda de presos se efectuó sin el menor problema siendo embarcados y asegurados en el navío que había traído al general Chaves desde Tenerife. El bajel quedo arranchado y presto para hizar velas, operación que habría de llevarse a cabo a la mañana siguiente debido a unas molestias experimentadas por el general Chaves, quien pernoctó en el Palacio Episcopal.

En cuanto llegó a Agüimes la noticia de las penas impuestas y del embarque de los presos, comenzaron las escenas de dolor y rabia por parte de las mujeres y parientes de los condenados, la indignación del vecindario fue en aumento. La gente se fue concentrando hasta alcanzar un determinado número de personas, y se pusieron en camino hacia Las Palmas. A primeras horas de la mañana en la portadilla de los Reyes estaban congregadas unas sesenta personas, mujeres y hombres. Desde aquí se dirigieron a la Plaza Mayor para solicitar del Capitán General la puesta en libertad de los presos, de lo contrario, pedían ser también encarcelados como copartícipes de los hechos por los que habían sido condenados los presos. Los manifestantes entraron en el patio del palacio episcopal gritando y pidiendo al Capitán General la puesta en libertad de los embarcados. Chaves Osorio que estaba reponiéndose de una gripe y preparando su regreso a Tenerife, al oír el vocerío se puso la casaca sobre los hombros y bajo a enfrentarse con los vecinos, pues pensó que lo más práctico era atajarlos a toda prisa.

Una vez frente a los manifestantes les encrespó duramente tratando de imponer su autoridad, al no impresionar con esta actitud, ni conseguir apaciguar las súplicas de los allí reunidos -muchos de los cuales imploraban rodilla en tierra por sus parientes-, Chaves Ossorio desenvainó su espadín y con la bizarría, y arrojo y valor propios de un general de los Reales Ejércitos, arremetió contra las mujeres y hombres desarmados haciéndoles retroceder por la plaza hasta el atrio de la Catedral.

Atraídos por el tumulto, hicieron acto de presencia en la Plaza, el resto de las autoridades: Regente, el oidor González de Barcia, el inquisidor D. Juan Eusebio Campomanes acompañado de ministros e insignias, el Cabildo insular con su corregidor, D. Damián Jacinto Guerrero, y varios funcionarios eclesiásticos, todos ellos como un solo hombre, arroparon al valiente general.

Conforme trascurría el tiempo el número de los congregados iba en aumento, por todas las calles se aproximaban gentes que engrosaban el grupo inicial, ya no sólo eran los campesinos los interesados en el asunto, sino que otros sectores de la población, incluso la urbana participaba en el mismo extendiéndose la protesta por toda la isla, según relación del Ayuntamiento “se extendió al estar lleno de resentimiento popular las demás vecindades, haciendo común la causa de lo que sucedía era por un particular, que siendo poderoso aspiraba a opulento, en contrapeso del daño de tantos pobres y de utilidad Pública, que en su concepto se consideraba interesada toda la Isla en la Participación de los granos, carnes y pastos para sus ganados que de dicha tierras se producen y alimentan a menos precio que anexenarse Dichas tierras”.

El general se retira al palacio del Obispo, informado de que gentes procedentes de diferentes puntos de la isla se están concentrando en la ciudad, se prepara para hacer uso de las fuerzas armadas para tratar de reducir el motín, dispone que las fuerzas del presidio ocupen las bocacalles que dan acceso a la plaza y manda sacar cinco piezas de artillería que estaban depositadas en el Cabildo, emplazándolas en lugares estratégicos. Los sublevados en número superior a los ochocientos, y que iba en aumento, tenían rodeado todo el perímetro de la plaza y sus alrededores haciendo constar que no dejarían embarcar al general sin que antes soltase a los presos.

En la Plaza de Santa Ana, estuvo a punto de ocurrir un choque sangriento que nadie deseaba, ante la postura inflexible de ambos contendientes, el general Chaves Ossorio amenazó con hacer fuego si los alzados no se disolvían inmediatamente, la tensión alcanzó tal grado que para evitar una masacre, el cabildo eclesiástico se interpuso a toda prisa con hábitos de coro, las comunidades de Dominicos, Franciscanos, Agustinos y los jesuitas del colegio, todos en procesión, así como el ayuntamiento y otras autoridades, quienes trataban de convencer a los sublevados para que abandonaran la ciudad.

Ante la posibilidad de un derramamiento de sangre innecesario, los amotinados optan por evacuar la plaza por salidas opuestas ocupando de inmediato todos los pasos que van al puerto sin permitir pasar a nadie y reconociendo a las mujeres “tapadas”, ante la posibilidad de que el general intentara huir disfrazado. La ciudad es tomada por los sublevados quienes empiezan a mostrar sus arcabuces y picas, mientras afirmaban que todos eran Agüimes, el alzamiento estaba en marcha.

Desalojada la plaza por los manifestantes, los frailes y otros pacificadores se entrevistan con el Capitán General para exponerle a su excelencia cual era su punto de vista sobre la situación, asegurarle su adhesión y recomendarle que desista del uso de las armas, ya que los milicianos que pudieran ser reunidos no eran de confianza, por tanto a la vista de la situación la única salida que quedaba era la de soltar a los presos.

El general rechaza de plano la propuesta, pues liberar a los presos supone reconocer la rendición. En cambio propuso a los frailes que actuasen una vez más, como mediadores, asegurándoles que los presos iban de su mano y confiasen en que serían tratado benéficamente, ya que él “no había venido a Canarias para dejar la autoridad real por los suelos” pues “la mayor ruina de la Ciudad y las Islas sería liberar a los presos, entregándoles bajo violencia”. Chaves encargó a los frailes un último intento de pacificación de los amotinados, la misión de los clérigos fue un fracaso, los alzados continuaban aumentando, temiéndose que causaran daños y robos.

Ante la tormenta que se avecinaba, su excelencia convoca consejo. Fueron citados, D. Francisco Matos, Coronel del Regimiento de Las Palmas; D. Fernando del Castillo Olivares, del de Telde y Agüimes, y D. Diego Lezcano del de La Laguna, que formaba parte de su séquito, La junta tuvo lugar en presencia de la Audiencia e inquisidor.

El planteamiento que el general hace a los jefes militares es duro y directo, en el caso de no atacar con sus fuerzas a los sublevados, serán considerados cómplices de los mismos.

Los coroneles de Gran Canaria, se mostraron decididos a cumplir estrictamente con las órdenes recibidas, pero hacen ver al general que eluden las responsabilidades derivadas, pues están seguros de que sus hombres desobedecerán, colocándose al lado de los alzados, siendo entonces las consecuencias imprevisibles. Sólo cabía una salida liberar a los presos “por constarles que cada instante era mayor el número de los tumultuados, por habérseles agregados todos los de las Villas inmediatas, y seguiría toda la isla” Chaves aceptó lo expuesto a condición de que lo hicieran por escrito, echo así el general se guardó el escrito.

Al fin el general escribió la orden de puesta en libertad de los prisioneros, sabida la noticia, los sublevados se fueron acercando a la marina, ayudando a botar las lanchas para el desembarco de los detenidos, ayudando en ello hasta las mujeres, desembarcados éstos se les ofreció un refresco en la misma playa y posteriormente se trasladaron a la Villa.

Conseguida esta primera victoria, los Agüimense consideraron que debían recuperar su dignidad mancillada por los poderosos y por la justicia, aún les quedaban dos reivindicaciones por plantear, la primera recuperar las insignias y cajas depositadas en casa del corregidor y la segunda conseguir una mayor seguridad para los ex reos, haciendo quemar en la plaza pública los autos obrados por los jueces especiales y el proceso que se conservaba en la Audiencia.

El domingo 8 de enero al amanecer ante la portadilla del camino de conduce a Telde y la placilla de los Reyes hicieron presencia los hombres del regimiento de Telde que venían en formación, según decían cumpliendo ordenes de su coronel, les acompañaban un numeroso grupo de vecinos que habían hecho noche por fuera de la portada.

La presencia del Regimiento de las milicias de Telde en la ciudad de Las Palmas, creó un clima de confusión pues ni aun los mismos actores llegaron a ponerse de acuerdo, siendo confusas las explicaciones: según el corregidor venían llamados por su Coronel para mantener el orden, e incluso venían con su coronel al frente según el general Chaves, y para el cabildo fueron llamados por el propio Capitán General para someter por la fuerza de las armas a los amotinados, pero éstos manifestaron públicamente -según los testigos-, que no harían tal cosa, que si fuese contra Moros o enemigos del Rey estaban pronto, pero nunca tomarían las armas contra vecinos.

Aunque el Coronel hizo los mayores esfuerzos, siendo unos y otros del mismo Regimiento y siendo además el coronel suegro de Amoreto. Milicianos y vecinos acordaron entrar en la ciudad y como primera medida optaron por ir a reclamar las banderas armas y cajas al corregidor, aunque fuese por la vía de las fuerzas, momento en que el Coronel D. Fernando Castillo Olivares dejó la formación. Abandonaron la plaza de Santa Ana y en tropel se dirigieron a la casa del corregidor, y exigieron de éste la inmediata entrega de las banderas, cajas y armas, quien las entregó sin resistencia temiendo por su vida, porque así lo tenía prevenido llegado el caso.

Ya en posesión de las insignias recuperadas se dirigieron a la Plaza Mayor. Habían aumentado en el intervalo los efectivos del grupo inicial. Mientras tanto, el Capitán General estaba más confuso que el día anterior. Sin embargo trató de imponer su maltrecha autoridad publicando un bando en el que declaraba incurso en delito de alta traición a toda persona que se manifestase como amotinado, a la vez distribuía las escasas tropas procedentes del presidio, y convocaba a los milicianos para que acudieran con sus armas a la Plaza de Santa Ana, para ponerse a las ordenes de la suprema autoridad, es decir a sus ordenes.

Una vez más, el Capitán General recoge los frutos de su política de engaños y desprecio hacía el pueblo, se ve obligado a reconocer que se encuentra desasistido y más que desasistido abandonado. Los coroneles le reiteraron una vez más que los hombres de los Regimientos se pasarían a los sublevados. El llamamiento del bando tampoco tuvo el resultado deseado, presentándose con las armas solamente los ministros de los Tribunales y algunos notables, entre todos no pasaban de la treintena, los cuales acudieron sin exceso de entusiasmo según reconoció el propio general.

Es evidente que la desasistencia en que se vio el Capitán General, no tiene otra explicación, que no sea la sociológica. La casi totalidad de la población, sin matizaciones de clases, estaban a favor de los vecinos de Agüimes. Esta reacción por parte de la sociedad fue motivada por la extrema opresión a que estaba sometido el pueblo canario por parte de la corona y sus representantes en las islas, apoyados por una clase local minoritaria pero dominante y privilegiada que se esforzaba en mantener la situación de absoluta dependencia, asegurando así, sus intereses de casta, y tratando de conseguir el dominio absoluto de la tierra, y por consiguiente de los medios de producción. El poder de esta minoría estaba cimentado sobre la base de una población semi-esclava y de siervos que era explotada sin ningún tipo de concesiones, ello explica claramente el porqué aquellos campesinos que disfrutaban de un trozo de tierra, por pobre que fuese, estuviesen dispuesto a juzgarse la vida con tal de conservarlo, ya que en la mayoría de los casos constituían el único medio de subsistencia de sus familias.

Con la concentración de los alzados en la Plaza de Santa Ana, estuvo a punto por segunda vez, el producirse un enfrentamiento armado, consientes de ello el clero, se apresuró a sacar en procesión al Santísimo y a la Virgen del Rosario, acompañando a las mismas todas la ordenes religiosas establecidas en la ciudad. La iglesia se aprovechaba una vez más de la profunda religiosidad de los isleños, para salir en defensa de los intereses de los poderosos, que en el fondo eran los suyos.

Ante la presencia de las procesiones, milicias y vecinos optan por retirarse de la plaza e inician su camino hacía Telde. La retirada fue calculada, pensada y recelosa, pues se temía una reacción violenta por parte de la autoridad vejada y vencida en toda regla. El general Chaves decidió permanecer unos días más en Las Palmas, para dar la imagen de normalidad, aunque no las tenía todas consigo, e incluso en algún momento llegó a temer un brote independentista como el mismo deja entrever en algunas de sus manifestaciones “El no determinarse por ahora salir de ella (Gran Canaria) es porque en semejante demostración no se despeche la isla y piense en algún Dueño, que no debemos creer, del sumo amor y fidelidad que tienen a V.M.;

Pero si prudentemente recelar; como afirmar no poder en la constitución presente administrar justicia”.

Ante los insistentes rumores de que el Capitán General Chaves Osorio, había jurado pasar a cuchillo a todos los sublevados, y creyendo éstos que efectivamente, trataría de llevar a cabo su amenaza, desistieron de continuar camino a Telde y Agüimes, acampando en un despoblado a medio camino entre Las Palmas y Telde, en las proximidades de Jinámar, juramentándose todos en morir en defensas de sus vidas.

Se mantuvieron el improvisado campamento durante dos días, hasta que tuvieron conocimiento del embarque del capitán general rumbo a Tenerife, en la mañana del 11 de enero, no sin antes haber dejado sosegada a la Audiencia, donde algunos de sus miembros, entre ellos Diego de Tolosa y el fiscal Francisco Román Meléndez, principales instigadores del proceso, pretendían llevar a cabo una huida hacía adelante tratando de trasladar a Tenerife la sede de la Audiencia, propósito que no consiguieron debido a la firme oposición del regente Martínez de la Fuente.

Después de algunos avatares y manteniéndose los vecinos en una tensa calma, en Castilla se continúan moviendo las piezas de la partida, por parte de Amoreto y sus adeptos, sin que los vecinos se queden a la saga. En carta reservada, despachada por el propio Felipe V dirigida al regente de la Audiencia Martínez de la Fuente, y despachada en Madrid el 26 de Septiembre de 1719, el monarca ordena textualmente al regente que “olvide procesos y sentencias anteriores y que mantenga a los tumultuados en pacífica posesión de las tierras en litigio, a fin de no producir nuevas alteraciones del orden público. Al tiempo que para poder decidir en justicia, se le mande a averigüe de manera secreta la cantidad, calidad y precio justo de las tierras rematadas; revise la licitación por si hubiera existido fraude, colisión o simple equivocación; si Amoreto a la sombra del remate, se hubiera introducido en otras tierras realengas; que clase de agravios pudo haber inferido a los vecinos de Agüimes; así como si los pastos que quedan para los ganados de los pueblos próximos son suficientes para su crianza. Y, finalmente, que estudie si la oferta realizada por los vecinos para realizar una nueva licitación encierra una seguridad plena”.

Por fin el consejo de Castilla, con fecha 3 de noviembre de 1725 pronuncia sentencia ejecutiva. Las tierras de Sardina y Llano del Polvo eran adjudicadas al vecindario de Agüímes, con las mismas condiciones y facultades contenidas en la real Cédula que le fue extendida a Amoreto. A este le fue reintegrado el importe de su remate.

Los vecinos tuvieron que sortear diversas situaciones para mantener el disfrute de sus tierras, pero eso es un tema que trataremos más adelante.

OTROS ALZAMIENTOS Y MOTINES

Año 1655. Como consecuencia de las epidemias sufridas, las muertes habían sido considerables, por lo que los campos de cultivo estaban prácticamente abandonados. En esta tesitura se encontraban las islas cuando el rey de España, ordena una leva en la colonia de Canarias para incrementar sus tercios. Ante la desolada situación de las islas, el Cabildo de Tenerife interpone súplica ante el capitán general Alonso Dávila de Guzmán, (uno de los capitanes generales más corruptos que han gobernado en Canarias) rogando la suspensión de la misma, pidiendo que se realice con carácter voluntario, a lo que se niega el general. Este ordena a los capitanes que apresen cada uno a 8 hombres. Al punto los hombres jóvenes imitando a sus antepasados se alzan a los montes, escondiéndose en cuevas del interior. A pesar del alzamiento las tropas de ocupación consiguen apresar y encarcelar a 1.200 hombres, ayudadas por la burguesía local, la cual estaba exenta de la leva forzosa amparada por sus privilegios, mediante los cuales sus hijos quedaban libres de esta imposición, mostrando así a la corona española, la fidelidad debida a cambio del mantenimiento de sus prerrogativas. Enterado Felipe IV de la deplorable situación porque atravesaban las islas ordena suspender la leva, aún así, son enviados por el capitán general de manera forzada 700 de los desgraciados que habían sido apresados y encarcelados.

Año 1655: Chasna-Tenerife. El Mayorazgo de la casa Soler, intenta apoderarse del pueblo de Vilaflor, arguyendo que dicha villa se encontraba dentro de las tierras del Mayorazgo. La actitud de la casa Soler provocó que los vecinos del pueblo y de la comarca se alzaran contra los detentadores del Mayorazgo.

Año 1666: Garachico-Tenerife. El intento por parte de un grupo de comerciantes ingleses de crear un monopolio para la comercialización de los vinos de Tenerife, originó un revuelo en la oligarquía isleña, en el que se vieron involucrados los intereses de los terratenientes y los del clero secular y regular, detentadores de la mayor parte de las tierras dedicadas al cultivo de la vid, quienes veían peligrar su mayor fuentes de ingresos si tenían que comerciar únicamente con los ingleses, quienes además marcarían los precios de los caldos. Los ánimos populares se fueron caldeando soliviantados desde los púlpitos de las iglesias y desde los conventos además de las maniobras de los políticos locales y desde el propio Cabildo de la isla. El conflicto del vino mantuvo en tensión durante bastante tiempo a la sociedad tinerfeña, desembocando en uno de los momentos de tensión en la algarada denominada “el derrame del vino”. Este tuvo lugar en el puerto de Garachico, en la madrugada del 3 de julio. Un grupo compuesto de unas cuatrocientas personas integrado por frailes y seglares irrumpen por la fuerza en tres bodegas de la localidad y derraman 54 pipas de vino de Malvasía, posteriormente, llevan a cabo igual acción en la Caleta de Interián, donde derraman 41 pipas pertenecientes todas a comerciantes ingleses que se le suponen vinculados con la Compañía inglesa, y que estaban preparadas para ser embarcadas en navíos ingleses con destino a Londres.

Año 1668: La Laguna, Tenerife. Como hemos dicho en otra parte, los empleados de la Metrópoli, aprovechaban su destino en Canarias para extraer de ellas el máximo de beneficio propio posible, siendo los funcionarios de más alto rango los primeros en emplear estas prácticas de enriquecimiento ilícito. Uno de estos funcionarios fue el capitán general Varona, quien deja entre los canarios una excelente escuela de despotismo, corrupción y cohecho. Amparándose en su condición de máxima autoridad, no dudó en conceder privilegios especiales a comerciantes ingleses a cambio de sustanciosas sumas de dinero. Así acaeció que estando la isla extremadamente escasa de granos y en plena hambruna, el general autoriza a los mercaderes ingleses para que exporten cereales. El malestar entre las clases populares es notorio, y aunque el Cabildo recurre ante la corona las decisiones del general no obtiene repuestas satisfactorias. Así unas ves más, el pueblo se ve obligado a luchar por su supervivencia ante el despiadado despojo de que es victima por parte de los poderosos y tiránicos funcionarios españoles. Así el 24 de mayo de 1688, una multitud de desconocidos prenden fuego a la casa del general Varona. Las investigaciones de las autoridades locales tendentes a averiguar quienes fueron los autores del asalto, fueron (supuestamente) infructuosas, no pudiendo en esta ocasión la justicia reprimir a los responsables.

Año 1696: Chasna. Vilaflor, Tenerife. Oposición a las pretensiones de la casa Soler, que intenta apoderarse de las tierras baldías incorporándolas al Mayorazgo.

Año 1699: En enero, los gomeros retoman el gran reto histórico que aún tienen pendiente y, se sublevan unas vez más contra la tiranía de los señores de la isla.

Año 1711: La Laguna-Tenerife. La isla sufre una de las frecuentes hambrunas que a azotan a las clases populares. En estas situaciones los mercaderes sin escrúpulos, que solían serlo casi todos, no renunciaban a obtener beneficios aunque fuese a costa del sufrimiento el pueblo. Al parecer unos comerciantes franceses trataban de embarcar con destino a su país unos barriles de harina simulando que contenían vino, enterado el pueblo se amotinó deteniendo la caravana a su paso por La Laguna. El capitán general don Felipe Chacón que como casi todos los capitanes generales eran protectores de los mercaderes -principal fuente de los ingresos extras- acudió en ayuda del convoy; pero como la necesidad extrema convierte en héroes a los más pusilánimes, el general se encontró con una multitud dispuesta a hacerle frente. Ante la firme actitud de los sublevados, el general se retiró a su residencia, presentado poco tiempo después su renuncia al empleo. Es digno de destacar que éste fue uno de los pocos motines que no fue reprimido sangrientamente por las fuerzas de ocupación.

Año 1714: Lanzarote. Se encontraba por estas islas el visitador y oidor de la Audiencia de Sevilla, don Saturnino Daoix, cuando por orden del capitán general don Ventura de Landaeta, inicia una visita de inspección a la isla de Lanzarote, para ver el estado de las armas acompañado por el coronel don Francisco Jacinto de León. Éste jefe tuvo enfrentamientos con el síndico personero don Domingo Hernández Fajardo, como consecuencia de los mismos el coronel mandó a encarcelar en el castillo al personero. Apenas enterados del suceso la isla se levantó en armas contra el coronel y el oidor. Desde los más remotos pueblos acudieron gentes armadas con sus respectivos capitanes al frente. Ante las amenazas de los sublevados de quemar los expedientes y tomar otras medidas más drásticas, visitador y coronel optaron por soltar al preso, siendo expulsados de la isla los promotores del encarcelamiento, sin que jamás se tomara represalia directa sobre los amotinados.

Año 1715: Icod, Tenerife. El Alcalde real en un manifiesto abuso de poder, en una de sus rondas nocturnas decide registrar las casas de varios vecinos, la repuesta de éstos fue la de apalear al alcalde quien resultó herido de consideración. Como consecuencia de las arbitrariedades del alcalde alzáronse más de ochocientas personas, el tumulto alcanzó tales proporciones que a pesar de la intervención del corregidor éste no consiguió apaciguar los ánimos, por lo cual fue precisa la intervención del capitán general don Ventura Landaeta, acompañado del fiscal de la Audiencia. La intervención de estos personajes tampoco sirvió para que los amotinados abandonasen su actitud de resistencia, hasta que por fin llegaron a un acuerdo, expulsando al tiránico Alcalde del pueblo y de la comarca, sin que los sublevados sufrieran represión, gracias a la firme resolución que tenían de resistir a cualquier tipo de imposición por parte de las autoridades.

Año 1718: Tenerife. La alta rentabilidad que siempre ha proporcionado esta finca propiedad del estado español, situada al Noroeste del Continente y llamada islas Canarias, ha inducido a algunos altos funcionarios a comprar la administración de las mismas al estado. Uno de los compradores fue el capitán general D. Fernando Chacón Medina y Salazar. Este funcionario compró la gobernación de las islas por 4.000 ducados, en forma de donativo, expidiéndosele en consecuencia real título por cédula del 20 de enero de 1709. Siendo sustituido en el mando por D. Ventura de Landaeta, quien llegó al puerto de La Luz a principios de marzo de 1713, dejando una lamentable memoria de su gobierno en las islas.

Pero como una desgracia nunca se presenta sola, en agosto de 1717, la Metrópoli en su afán por obtener el máximo de rentabilidad de su finca atlántica, decide monopolizar el tabaco, para ello obsequia a las islas con el envío de un funcionario encargado de poner en marcha la operación. Así llega a Tenerife el factor D. Diego Navarro, provisto de su título y seguido de una tribu de parientes que pronto caerían sobre la isla como una plaga de hambrientas langostas. Las severas medidas fiscalizadoras tendentes a conseguir el máximo beneficio se dictaron con gran lujo de arbitrario despotismo. De inmediato la oligarquía y el clero formaron frente común contra las desmedidas atribuciones del factor, medidas que también alcanzaban al pueblo llano que cultivaba algunas plantas de tabaco. El pueblo instigado por el clero tanto seglar como secular, y por la oligarquía, perseguía Navarro con piedras y petardos que lanzaban contra su casa y con carteles que aparecía en las esquinas de Santa Cruz, lugar donde había fijado su residencia. Con el miedo incrustado en su cuerpo, el factor decide trasladarse a La Laguna, tratando de ponerse allí al abrigo de toda persecución bajo el amparo del Ayuntamiento y del Capitán general.

En al noche del 18 de enero de 1718, en cuyas primeras horas circulo la noticia de que se acercaba a La Laguna gran cantidad de gentes en son de algarada dando gritos de libertad y blandiendo picas, azadas y garrotes. El general Landaeta y el corregidor D. Jaime Jerónimo de Villanueva, que con sospecha de lo que iba a ocurrir rondaban por las calles, no encontrándose según decían con fuerzas para resistir al motín, se llevaron a Navarro a la casa del general y a su atribulada familia a la del marqués de Villanueva del Prado, dejando que la amotinada columna invadiera libremente la ciudad, allanando las oficinas del funcionario quemando los papeles, apoderándose de las campanas de los templos y tocando a rebato, consiguiendo de este modo que Landaeta ofreciese a los sublevados el trasladar al factor Navarro a Santa Cruz con la promesa de embarcarlo en una nave francesa que se hallaba en el puerto. Esta transacción que indudablemente debió estar pactada con anterioridad por las autoridades y los dirigentes de los sublevados, se llevó a cabo en la forma acordada pasando así Navarro a engrosar la lista de los funcionarios expulsados de la isla por sus propios correligionarios, quedando los alzados sin el castigo que las autoridades tenían previsto para estas acciones, ya que motín estuvo promovido por las mismas.

Febrero de 2012

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