La fundación canaria de San Antonio de Los Altos (Venezuela)

1801 septiembre 7.

San Antonio (antiguo San Antonio de Medinacelli) es el núcleo vertebrador de la comunidad isleña en las tierras altas. Parte de sus integrantes se difundirán por pueblos circunvecinos e incitarán a parientes y paisanos a emigrar. Nace con la inmigración de 24 familias de 120 almas en 1683, trasladadas a Caracas desde Garachico (Tenerife) en el buque de Juan Ramos.

 Tan sólo 8 eran de cuenta del Rey y las restantes voluntarias. El gobernador Melo Maldonado se atribuye el mérito de su fundación por solicitar los vecinos acomodados mucho más de lo que Vuestra Majestad pide se conceda en tales casos. No obstante, se erige en tierras de Juan de Mixares Solórzano, futuro I Marqués de Mixares.

 Este oligarca mantuano, interesado en la concesión por el monarca de este título de Castilla, que obtendrá en 1691, les cede tales terrenos entonces considerados marginales y les socorre con 30 fanegas de maíz y 10 vacas para su manutención para así granjeárselo gracias a tales servicios. Una concesión que no les da la propiedad individual sino que, como reza la sentencia de la Audiencia de 1772, les pertenecen en dominio a éstas en común y que por estar indivisas hasta ahora, ninguno de sus individuos tiene derecho de propiedad particular. Ese grupo se vio aumentado por otras 16 familias que el cabildo ubicó en el lugar en 1701, que constituyen el núcleo originario definitivo de 40, creando un litigio sobre la tierra entre ambos. Un nuevo pleito en 1699 con el realejero Antonio González sobre Quebrada Grande será su data definitiva¹.

 Esta propiedad comunal dará cohesión e identidad diferenciada a su comunidad a través del tiempo en un proceso que llegará hasta bien entrada la segunda mitad del XIX. Los beneficiarios de su usufructo no podrán ser sino los descendientes de las familias fundadoras, procedentes prácticamente en su totalidad del Norte de Tenerife, y especialmente de la Isla Baja y La Laguna. Sus tierras serán destinadas a la agricultura de subsistencia, la explotación forestal y la ganadería. Pero el proceso no será lineal ni exento de tensiones entre sus pobladores por los intereses contrapuestos existentes y por la existencia de lotes cada vez más reducidos por el crecimiento de las familias. Los intereses de los más acomodados en privatizarlos y la expulsión por perentoria necesidad de otros es un hecho que se puede apreciar desde los vástagos de los fundadores. En 1762, el IV Marqués de Mijares, interesado en hacerse con una función de tutoría sobre las tierras y sus habitadores, señalaría que querían algunos descendientes usurparlas, por lo que no sólo impiden a los demás el cultivo que con igualdad les concedió mi antecesor, sino que destruyéndoles sus sementeras se han visto precisados unos abandonar aquellas tierras y otros estar sujetos en calidad de jornaleros a los expresados que se han intentado apropiar las tierras, hasta arrendar a otros extraños las que no pueden cultivar, cuyos hechos han causado la ruina de aquel pueblo que en el día apenas tendrá la mitad de la gente que lo entró a fundar, sin embargo de haber corrido más de un siglo. Aunque sus propósitos tutelares le fueron denegados en 1772, era una realidad evidente la aguda conflictividad entre los pobladores y la pobreza y disputas entre los más desfavorecidos y los que trataban de parcelar y privatizar los terrenos². Para repartir los lotes, velar por las tierras comunales y recaudar las rentas entre los comuneros y arrendatarios se crea la Junta de bienes de la comunidad que pleitea por sus derechos y que en 1736 ve certificados sus derechos colectivos a las tierras. Unas preeminencias que sancionarán los tribunales, como la sentencia contra José González Fajardo en 1766. Ésta establece que ninguno de sus individuos tiene derecho de propiedad particular para ocupar parte de ellas bajo de ciertos firmes, demostración o marca, sino para el uso, ocupación y aprovechamiento de ellas según sus respectivas comodidades³.

 A pesar de la migración hacia el Carrizal, El Corosal o San Diego de varios de sus descendientes, la endogamia interna sigue siendo su nota característica⁴. Precisamente fue en el primero donde se establecieron más tarde los canarios Manuel Pérez y Catalina Seijas, hijos de dos familias fundadoras. Su hija Micaela Rosa, casada con un paisano, José Domingo González, tuvo 10 hijos de los que 5 fallecieron bajo la patria potestad. Fueron dueños de un hato en San Pedro de Carángano en Los Llanos y una posesión en Guaira de Paracotos⁵.

 El buenavistero Sebastián Gil de la Cruz, hijo natural, fue uno de los fundadores de San Antonio. Había casado en su patria con la viuda María Hernández, que había tenido una hija que sería luego mujer de Lázaro Seijas, trasladada con él y un hijo adulto a Venezuela. Viudo, volvió a hacerlo en Buenavista con Ángela Hernández, sin descendencia. Inicialmente trabajó como mayordomo en la hacienda de Francisco Lugo. Era dueño de 6 esclavos y de un poco de ganado. Cultivaba una cementera de maíz en San Antonio en terrenos señalados como a los demás vecinos que se le señalaron allí tierras en virtud de lo mandado por su Majestad, en que tengo hecho casa de paja y bajareque y otros conucos y rastrojales⁶.

 José González de Abreu, realejero, casado en 1707 con Ana María Báez, hija de Antonio Báez de Simancas, ejemplifica tal endogamia en la segunda generación.

Continúan residiendo en San Antonio y tienen 6 hijos. Algunos de ellos, como Matías Florencio, se mantuvieron allí. José contaba con 70 reses en el hato de Antonio Ascanio y 2 negras y 4 negritos⁷.

 Los sanantoñeros dependían civilmente de El Valle y eclesiásticamente de San Diego. Ansiaban erigir una parroquia en una ermita que habían edificado. El punto de partida fue una capellanía de los buenavisteros Blas Martín Orta e Isabel Méndez, padres de los Martín Orta ya referidos, que habían pleiteado con Antonio Báez de Simancas. Habían ofrecido en 1721 400 pesos para completarla, sobre que los vecinos y fundadores hoy se trata con vivo celo de tener capellán para siempre que todos los días festivos celebre el santo sacrificio de la misa para el consuelo de todos, con la condición de que se privilegie a sus descendientes⁸.

En 1742 su hijo Blas Martín, Manuel Pérez, Tomás Seijas, Juan Domingo González y Nicolás Pérez en nombre de 50 vecinos, apoyados por los del Carrizal, solicitan un capellán, a lo que se opone el de San Diego. Tuvieron que esperar 30 años hasta que en 1772 se les autorizase a oír misa en su iglesia con licencia del párroco de San Diego. Sólo en 1783 se constituyó como parroquia. El padrón de 1783 es un testimonio de su estructura social y étnica en vísperas del auge cafetalero. Lo habitaban 426 personas, de las que 23 (el 5´39%) eran esclavos⁹.

Fue una de las áreas más expansivas del café venezolano. En sus inmediaciones, en pagos como el propio San Antonio o los Budares, se cultivaba el más apreciado. El célebre cura Sojo tenía aquí una hacienda arrendada para hacer frente al culto religioso. Se le considera que fue antes de 1783 el iniciador de su cultivo en la zona. El propio Andrés Bello reseñó su impacto, que desmontó y cubrió todas las montañas y colinas que conservaban hasta entonces los primitivos caracteres de la creación (...); se vieron de repente con un terreno inmenso que cultivar con ventajas, redoblándose los esfuerzos de los labradores hacia tan preciso y rápido arbitrio de fortuna¹⁰.

 La transición hacia el café no fue tan lírica, ni consolidó una clase de medianos propietarios entre sus comuneros. Sus expectativas atrajeron la codicia de los Marqueses de Mixares para hacerse con sus terrenos. La sentencia de la Audiencia de 7 de septiembre de 1801, si bien reconoce la propiedad comunal, sanciona su preferencia en caso de venta o arrendamiento¹¹.

 El café exigía capitales para su roturación y puesta en explotación. Muchos vecinos no los poseían y recurrían al arrendamiento de sus parcelas o a compañías con capitalistas externos. Ello ocasionó disputas entre ellos. Los dedicados a la tala de sus montes se quejan de que la excesiva roturación les priva de ese recurso. El Síndico Personero de Caracas les respalda por el excesivo coste de la madera. Juan Nepomuceno Rivas la avala y solicita que de ningún modo se den en arrendamiento aquellas montañas con el objeto de derribarlas para plantar haciendas de café, conuco y otros labores no sólo para los extraños del territorio de San Antonio sino que tampoco lo puedan hacer los mismos vecinos de él. Sin embargo sus diputados Luis Hernández y Nicolás Pérez consideran que esos ocho vecinos fueron seducidos por un tratante de maderas. Entienden que los cortos terrenos ocupados con cafetales en los Budares no son terrenos para ello. Protestan de la excesiva libertad con que se tala, sin tener montes reservados. Ese excesivo corte y saca es el origen radical de su miseria y de la pobreza en que viven envueltos, y por último del abatimiento en que yace la población. La falta de labranzas es la causa de su profundo letargo sin planta ni forma. La concesión de tierras en arrendamiento a foráneos es ventajosa porque con sus rentas se puede sustentar su cura, concluir su nueva iglesia y establecer una escuela de niños y niñas. Son conscientes de la imposibilidad de que los vecinos puedan concurrir a ellos en poco o en mucho, porque les embarga su misma pobreza. El vecindario les había facultado para ello en 1800. En 1805 el Capitán General Guevara Vasconcelos, pese al informe del corregidor del Valle, lo prohíbe a personas exteriores y ordena al Juez territorial que obligue a sus vecinos al cultivo de sus campos. El Corregidor entendía que sus vecinos estaban viciados en el único ejercicio de arrastrar maderas para esta capital y otros parajes, mirando el precioso ramo de la agricultura en el último abandono. En esta decisión influyeron las presiones de los Solórzano, que deseaban en su integridad unos terrenos en su mayor parte litigiosos por el pleito pendiente en esta Capitanía General entre el Señor Marqués de Mijares y los vecinos. Sin embargo, un informe de 1807 señala su arrendamiento desde 1801 a la elite caraqueña¹².

 La mayor de ellas la poseía el acaudalado mercader icodense Matías Sopranis. Casado con Margarita Sanoja, viuda de Francisco Salías, repartió en dote a los numerosos hijos de ésta buena parte de ella. Al fallecer sin descendencia en la cárcel de La Guaira por sus ideas republicanas, los dejó como herederos. Una de ellos, Soledad, se casó con el isleño José Rodríguez. Este, con su dote y la compra de la de Manuel Salías, creó en 1807 en unión del Coronel palmero Manuel Fierro una compañía de café a medias por espacio de 9 años¹³.

 Estos conflictos demuestran hasta qué punto la expansión cafetalera hizo bullir una caldera de intereses confrontados. Con todo, el arrendamiento será su fórmula hegemónica. La propiedad no se privatizó hasta fines del XIX. Sólo pocos vecinos pudieron acceder a su explotación directa. Los demás se contentaron con ser sus cultivadores. Aportaban la tierra, mientras que los mercaderes eran sus capitalistas. Ese fue el caso del tinerfeño Domingo Alejandro Pérez, con una hacienda de 8.000 árboles en Las Minas, fundada en compañía de José Manuel Riverol en tierras de éste y de otros vecinos del pueblo, cuya sociedad se deshizo y concluyó en 1815¹⁴. Se asientan allí por sus nupcias, como el natural de La Vega (Gran Canaria) José Antonio Vega, esposo de María Matilde Carpio. En 1800 seguía estando marcado por el predominio abrumador de los cultivadores blancos, con un crecimiento bien precario. De sus 505 habitantes, 407 eran blancos, 10 indios, 16 pardos, 2 negros y 70 esclavos¹⁵.

(Manuel Hernández González. Publicado en el número 448 BienMeSabe)

 Notas

1. Sobre el tema véase, CASTILLO LARA, L.G. “San Antonio de Medinaceli, una estampa feliz y acurrucada”. Crónicas de San Antonio de los Altos, nº 1. Caracas, 1993, pp. 58-87; TRUJILLO CRUZ, A. “San Antonio de los Altos Gulima”. Ibídem nº 3. pp. 51-89; y MANZO PÁEZ, T. “San Antonio de Medinaceli (Eclesiástico) 1740-1812". Ibídem nº 3, pp. 35-50.

2. CASTILLO LARA, L.G.  “San Antonio...”, pp. 67-68.

3. Reprod. en TRUJILLO CRUZ, A. Op. Cit., p. 63.

4. Véase, por ejemplo, Archivo Parroquial de San Diego de los Altos. Casamiento en 1713 entre Sebastián Méndez, natural de Icod, como sus padres Manuel Méndez y María Barroso, con la buenavistera Catalina Rodríguez, hija de Juan Rodríguez y Gregorio Álvarez.

5. A .A.H. Civiles, 1786. Testamento de Micaela en El Valle, 5 de abril de 1786.

6. R.P.C.E. Testamento en Nicolás Bartolomé Cedillo, 17 de octubre de 1712.

7. A .A.H. Civiles, 1742. Testamento, 12 de julio de 1740.

8. R.P.C.E. Nicolás Bartolomé Cedillo, 18 de enero de 1721.

9. MANZO PÁEZ, T. Op. Cit., p. 38.

10. BELLO, A. Op. Cit., pp. 51-52.

11. A .A.H. Civiles, 1808.

12. Esteban José Tovar, Rosa Arestiquieta, Isidoro López Méndez, Bartolomé Blandín, Gerardo Gorástegui o José Elías. Entre ellos mercaderes canarios como Pedro Bello, Antonio Díaz Flores, Baltasar Velázquez, Nicolás Quevedo, José Rodríguez o Antonio Díaz Flores. A.A.H. Civiles, 1808. Pleito de los vecinos de San Antonio.

13. Testamento de Margarita Sanoja en LEAL, I. “Nuevos documentos biográficos de Vicente Salias (1776-1814)”. Crónicas de San Antonio de los Altos, nº 1, pp. 104-108. Compañía en A.A.H. Civiles, 1807.

14. R.P.C.E. Julián García Saume, 7 de enero de 1819.

15. CHACÓN VARGAS, R.V. Op. Cit., p. 65.

Vídeo San Antonio del Monte

Fuente: Benchomo/efemeridescanarias