El mito de nuestra dependencia económica de España (y II)
Mateo López Rivero
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¿Y qué nos trajo la
Dictadura, además de una feroz represión contra nuestros republicanos y la
pérdida de las libertades políticas? En Identidad Canaria lo tenemos claro: obligarnos
a pagar un mayor coste por nuestra españolidad. Durante el período de excepción
bélica, prolongado hasta 1945 por el conflicto mundial, el nuevo régimen
establece un férreo control estatal sobre el comercio, "para garantizar
las tareas del abastecimiento y la reconstrucción nacional", política
intervencionista que se mantiene en la postguerra pese a cesar las causas
excepcionales que supuestamente la justificaron.
Comienza así el
desmantelamiento de nuestras franquicias, con la imposición de los Regímenes de
Comercio de Estado -RCE- (1936), el monopolio de la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes -CAT- (1939), el Mando Económico de Canarias (de
Batería -valga el
término militarista- de disposiciones claramente ilegales por transgredir la no
derogada Ley de Puertos Francos de 1900, que queda reducida en la práctica a
meras exenciones arancelarias y algunas excepciones en la aplicación de los
RCE, como a los productos petrolíferos y el tabaco en rama. Tanto el Supremo
como algunas Salas de lo Contencioso sentenciaron en varias ocasiones contra
dichas vulneraciones, aunque siguieron aplicándose sin problemas. Sabido es que
Montesquieu y su separación de poderes, no suscitaba mucho entusiasmo en las
filas del régimen.
Los sucesivos decretos
y leyes dictatoriales nos obligaban a consumir "por narices" bienes y
servicios estatales o monopolizados, de peor calidad y más caros que en el
mercado internacional. Valgan como ejemplos el trigo y las harinas, que se
importan por la CAT, así como los azúcares, que mantienen en las Islas el
precio estatal para proteger su producción remolachera; se prohíben las
licencias de importación de aceites alimenticios y alcoholes, también para
proteger la producción española, y se ratifica la reserva para las navieras
españolas del tráfico marítimo con el Estado e interinsular, que había impuesto
Primo de Rivera en 1925, ampliándola después al tráfico aéreo, con Iberia-Aviaco.
Citada ya la nada
benéfica desnaturalización de nuestras franquicias por la Dictadura, en
Identidad Canaria queremos exponer nuestro particular "Cuéntame cómo
pasó" sobre el supuesto papel benefactor -en obras estatales y conquistas
sociales- que se atribuye al franquismo en Canarias, durante la autarquía
española, que se extendió hasta 1959.
Postguerra y
autarquía
Cabe recordar
previamente que en las Islas no hubo contienda militar, por lo que el modelo ya
descrito, surgido del " arriendo británico", siguió vigente después
de 1936, aunque el brusco tránsito desde la "cuasi" ausencia del
Estado hasta una sobredosis del mismo produjo retrocesos en la agroexportación o el comercio y las empresas extranjeras
fueron cambiando de manos a capital canario y español.
Dicho quedó que de
Estas inversiones se
financiaron con los impuestos generados por nuestra actividad económica, la
participación de los Cabildos, el capital privado y las suscripciones
populares, con trabajo voluntario y trabajos forzados de presos políticos
incluidos, pues muy poco cabía esperar de las escuálidas arcas estatales de la
postguerra. Si se nos permite el juego de palabras, "el Mando mandó, sin
que nadie se lo mandara, con los recursos que nos mandó mandarle".
Tras la Segunda Guerra
Mundial, al disolverse el Mando, España continuaba siendo un Estado mendigo y
acorralado, que solo podía ofrecer compartir sus miserias, teniendo los
Cabildos y la iniciativa privada que asumir la terminación de muchas obras
iniciadas, sobre todo, embalses, canales de riego y carreteras.
No obstante, la
necesidad del régimen de lavar su imagen para suavizar los efectos del bloqueo
internacional, evitando incluso una eventual intervención de los Aliados en
España para restaurar la democracia, dio algunos frutos en determinadas
políticas sociales. En julio de 1945, cuando ya se vislumbraba la derrota
fascista, Franco promulgó el Fuero de los Españoles, que conlleva la
implantación de la Seguridad Social, la Mutualidad Agraria, el Montepío y el
Régimen de Autónomos, legislación social que en lo normativo poco tenía que
envidiar a sus homólogas europeas, aunque sí mucho en prestaciones y dotación
económica.
Además, eran tiempos
en que el capitalismo desarrollado necesitaba modernizarse, de una parte,
porque históricamente "ya tocaba" y, de otra, por el ascenso del
comunismo, con el que competía abiertamente en el seno de los sectores
populares. En 1944 la OIT asume como su Carta la Declaración de Filadelfia,
gran avance para los derechos laborales; a finales de 1945 se funda la ONU,
quedando excluida España, y en 1948 se firma la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Un contexto mundial, en suma, al que el franquismo
-capitalista al fin- ni podía ni le convenía sustraerse. Aunque no llegara a
aceptar el derecho de huelga y la libertad sindical.
Pese a todo, no se
debe a aquel "lifting" populista, que las democracias nunca se
tragaron, el deshielo de las relaciones internacionales españolas, sino a la
aparición del fenómeno de la guerra fría en 1947, verdadera campaña
providencial para un régimen al borde del K.O. Tiempo
le faltó entonces a Franco para proponerle a EEUU acuerdos bilaterales, con
bases militares incluidas "en la Península, Baleares y las Canarias"
-cariñito que el Caudillo nos tenía- "en defensa de nuestra civilización y
contra el comunismo ateo".
En principio,
Washington los rechaza, pero al estallar la guerra de Corea, en 1950, se
decanta a su favor seducido por la ubicación estratégica de España y despliega
su apoyo diplomático para incluirla en el entramado político-militar occidental.
En ese mismo año la ONU autoriza abrir embajadas en Madrid y llegan los
primeros créditos USA, firmándose en 1953 los Convenios Bilaterales, en los que
los americanos no aceptan incluir bases en Canarias, como tampoco la
utilización de las de Rota y Morón durante la Guerra de Ifni en 1967, hechos
ambos dignos de una reflexión más profunda. Finalmente, es aceptada España en
la ONU en 1955 tras una década de marginación.
En 1959, con una
Hacienda en bancarrota, agotadas las reservas de divisas e internacionalmente
en suspensión de pagos, colapsa la autarquía, aceptando Franco -a
regañadientes- un cambio en la política económica, hacia una mayor integración
en el comercio internacional y comenzando así realmente la recuperación
económica española.
No se está negando una
cierta modernización durante el período autárquico, aunque la
industrialización, como principal consecuencia de la sustitución de
importaciones, apenas tuvo efectos en las Islas. Sí lo tuvieron otras
actuaciones como centros sanitarios, residencias sociales, "casas
baratas" o centros de enseñanza media y superior. Inversiones, igual que
citamos con referencia al Mando, para cuya financiación el Estado extraía
suficiente recaudación en Canarias.
Pero si ampliamos el
"zoom" al resto de Europa occidental, se comprueba que la
modernización española resultó muy modesta en comparación con la de sus
vecinos. La primera década de postguerra mundial significó para Europa el mayor
período de crecimiento económico de su historia, superando rápidamente sus
niveles anteriores a 1940, sobre todo gracias a la ayuda americana de 13.000
millones de dólares, entre 1947 y 1951, conocida como Plan Marshall, del que
España quedó excluida.
Y contrariamente a lo
que suele suponerse, los 465 millones de dólares de los Convenios Bilaterales
con EEUU -de
En consecuencia y
respecto a las tesis, motivo de este trabajo, no creemos discutible que
Canarias poco pudiera depender económicamente de la
España famélica, arruinada y aislada que nos tocó soportar de
El turismo de masas
Y en eso apareció el
"petróleo" del turismo de masas, dicho sea con evidente
intencionalidad, al significar una importante fuente de recursos que debemos
-de nuevo- a nuestra principal riqueza, la "renta de situación", por
combinarse la relativa cercanía de los países emisores de nuevos consumidores
de ocio europeos con nuestro clima privilegiado. Pero dicho también por su
posible compatibilidad o no con el otro petróleo de verdad, que parece
descubrirse cerca de nuestras costas.
Para Identidad
Canaria, el cambio iniciado con la década de los 60 hacia el actual modelo de
desarrollo, basado en la nueva -decimos bien- "industria exportadora"
turística, aún con sus fugas de valor y daños colaterales, convierte a las
Islas en un país próspero, patentizándose aún más su inexistente dependencia
económica del Estado, que -por contra- aprovecha para incrementar aquí su
expolio fiscal y financiero y convertirnos en nueva colonia de mercado para sus
exportaciones.
Prueba irrefutable del
relevante crecimiento económico propiciado por el cambio de modelo, y sin entrar
a valorar la equidad del reparto de beneficios, fue la captación masiva de
capitales foráneos y, sobre todo, la inversión del saldo migratorio, por la que
Canarias deja de ser emisora de emigrantes -por primera vez en casi cinco
siglos de ocupación española- y se convierte en tierra de promisión para
centenares de miles de inmigrantes. Fenómenos relacionados con los factores
capital y trabajo, que solo pueden darse donde se genera riqueza y crecimiento
económico, y no en las economías supuestamente subvencionadas.
El mito de nuestra
dependencia económica de España no resiste un análisis serio y objetivo de
nuestro desarrollo histórico, desde la invasión castellana del siglo XIV hasta
la actualidad. Hoy, cuando la metrópoli vuelve a protagonizar un nuevo ciclo de
depresión económica, tan recurrentes a lo largo de su triste historia de
frustrada potencia colonial, consecuencia de su propia incapacidad,
incompetencia y falta de liderazgo intelectual y moral, Canarias continúa
padeciendo el expolio de sus recursos por parte de ese Estado económicamente
fallido.
La Agencia Tributaria
a través de la imposición directa -visible e invisible- e indirecta, la
Seguridad Social, las empresas públicas de naturaleza inversora -AENA, Puertos
del Estado, ONLAE, etc.- y las rentas laborales, empresariales y fiscales
generadas en España por nuestras importaciones, tras convertirnos en su mercado
cautivo, recaudan anualmente miles de millones de euros de beneficios netos
para el Estado en Canarias, en torno al 10% de nuestro PIB, según estudios
recientes.
Un Estado arruinado
que igual que antaño nos utilizará en su expansión ultramarina para consolidar
sus posesiones coloniales, como plataforma logística y semillero humano, trata
ahora de ganar protagonismo internacional a costa nuestra, intentando extender
el expolio de nuestros recursos a los hidrocarburos de nuestros fondos marinos
y mercadear con nuestra posición geoestratégica para implicarnos en conflictos
africanos. Buscan así obtener compensaciones que alivien su desesperada
situación económica y rehabilitar de paso su desprestigiada marca España en el
mundo, todo a costa de Canarias.
Lejos de depender de
España, Canarias contribuye de forma neta a la reducción del déficit y deuda
pública estatales, mientras nos bloquean la implementación de un modelo de
desarrollo más próspero, basado en nuestras históricas franquicias aduaneras,
administrativas y fiscales sobre el consumo, y la ausencia de monopolios y
oligopolios. Que valorice nuestra envidiable renta de situación para impulsar
economías de plataforma, al servicio de la cooperación y el desarrollo en
nuestra área natural de influencia tricontinental.
Que nos permita desarrollar políticas propias agrarias, pesqueras,
industriales, comerciales y del resto de los servicios, incluidos los
financieros, con instrumentos de política monetaria propios.
Ya adentrados en pleno
siglo XXI, el pueblo canario no debe albergar ningún complejo de dependencia
económica respecto de España. Aun con las limitaciones impuestas por el régimen
neocolonial que padecemos, Canarias es un país
próspero con una renta por habitante del nivel medio europeo y alto mundial.
Niveles que podrían equipararse al de los países más avanzados si pudiéramos
desarrollar nuestras verdaderas potencialidades económicas, muy superiores en
términos de PIB/habitante -no nos quepa duda- a los del mismísimo Estado
español, hoy en quiebra absoluta, suplicando clemencia arrodillado ante sus
socios europeos.
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