El mito de
nuestra dependencia económica de España (I)
«.» Mateo López Rivero *
Uno
de los principales mitos que han sustentado históricamente las relaciones entre
Canarias y España consiste en creer que los canarios hemos sobrevivido siempre
gracias a las ayudas y subvenciones del Estado español y, más recientemente,
también de la Unión Europea. Pero a muchos les asombraría descubrir que, por
el contrario, es el Reino de España el que siempre ha hecho un gran negocio con
Canarias, que aportó siempre más de lo que de él recibía tal como trataremos
de explicar en este trabajo elaborado por Identidad Canaria.
Nadie
cuestiona que toda empresa colonial tenga esencialmente un carácter mercantil,
y así se hacía constar explícitamente en las Capitulaciones que especificaban
cómo iba a repartirse el botín de conquista entre la Corona y los
conquistadores a su servicio. Por tanto, mientras los gobiernos españoles de
turno consideraron oficialmente a las Islas una colonia o posesión de ultramar,
que ocurrió hasta finales del siglo XIX, no cabe discutir que su destino era
proporcionar beneficios a la metrópoli, ya sea mediante rentas, tributos o su
aprovechamiento logístico para otras empresas coloniales de África o América.
Solo
que en nuestro caso explotaron otro plus aún más productivo, como fue la
utilización de nuestra población como semillero humano para consolidar
territorialmente sus nuevas posesiones ultramarinas. Papel incluso asignado por
ley, sin miramientos de ninguna clase, cuando en 1676 se obliga a embarcar a
cinco familias canarias de cinco miembros por cada cien toneladas de mercancías
a exportar, "tributo en sangre" que
estuvo vigente por más de un siglo.
Lo
que algunos historiadores han denominado la "esclavitud blanca", al
sustituir a los esclavos negros por nuestra mano de obra barata. Paradigmáticos
fueron los emplazamientos de nuestra gente como barreras humanas en zonas en
litigio con otras potencias, como frente a Francia en la línea fronteriza
occidental de la actual República Dominicana, o frente a Portugal, en la banda
oriental del río de La Plata, hoy República Oriental del Uruguay, donde los
campesinos llevan el gentilicio de canarios.
Por
tanto, las crisis cíclicas causadas por el derrumbe de los monocultivos, con
sus secuelas de hambrunas y calamidades, que jalonaron los cuatro primeros
siglos de colonización española, no se mitigaban con recursos de la Corona
para remediar los padecimientos de la población, sino simple y llanamente
expulsando de su tierra a quienes no pudieran subsistir por sí mismos. Miel
sobre hojuelas para aquellas pretensiones imperialistas que siempre contaron con
legiones de isleños, agricultores pobres y trabajadores, esperando barco en las
costas canarias. Barcos que al retornar cargados con el saqueo de Indias seguían
de largo para la metrópoli.
Las
políticas de Estado favorables a las Islas no consistieron en aportes
presupuestarios superiores a lo recaudado aquí por la Hacienda Real, sino en la
concesión de instrumentos de política económica, en favor de las libertades
comerciales -que no tenemos que agradecer a nadie al poderse establecer también
por un Gobierno canario soberano-, tales como los fueros históricos del Antiguo
Régimen: exenciones fiscales, reducciones arancelarias, no imposición de
monopolios estatales, exportación directa a América al margen de la Casa de
Contratación de Indias o el comercio con Inglaterra durante el siglo XIX, pese
a estar en guerra con España.
Las
franquicias
Tras
el fin del Antiguo Régimen vinieron otros instrumentos económicos como los
Puertos Francos, reivindicados por toda la sociedad canaria, bajo el liderazgo
intelectual del ilustre tinerfeño José Murphy, como rechazo a los Nuevos
Aranceles de Aduanas de 1820 y cuya concesión tuvo que esperar a que en la
Villa y Corte se conmovieran con la pavorosa epidemia de cólera morbo que en
1851 mató al diez por ciento de la población de Gran Canaria en solo seis
meses. Influyendo asimismo la declaración previa de Puertos Francos en Madeira
y Goree (Senegal).
Franquicias
que también beneficiaban de forma importante al Erario, tal como recogía la
Declaración de Principios del Real Decreto de 1852: "Es un sacrificio que
no se hace sin compensación y sin una esperanza más que probable de recibir
con grandes creces un ulterior resarcimiento". Y tanto que sí, porque el
"sacrificio" de renunciar a las rentas aduaneras y estancadas, como el
tabaco, se hacía a cambio de un concierto compensatorio que obligaba al pago de
un cupo anual, para el que se crearon determinados arbitrios y se incrementaron
la contribución territorial y el subsidio de comercio.
Los
déficits de recaudación debían cubrirse por la Diputación Provincial y
Juntas de Comercio, pero los superavits eran
para el Estado. Un "concierto fonil" más recaudatorio que
compensatorio, pues pese a que desde
A
las compensaciones mediante el cupo y sus superávits hay que añadir, gracias
al crecimiento económico propiciado por las franquicias, el aumento exponencial
de recaudación de imposición directa por una Hacienda ya bastante modernizada
tras la reforma fiscal de 1845, que introdujo las Contribuciones de Inmuebles,
Consumo, Industria y Comercial. Así que para el Estado, "ulterior
resarcimiento" haberlo húbolo y,
efectivamente, "con grandes creces".
Terminando
ya el siglo XIX, solo cabe destacar como inversiones públicas las nuevas obras
portuarias y el cable telegráfico, rentabilizadas también "con grandes
creces" por el espectacular desarrollo de la navegación a vapor y el
comercio marítimo: los dos puertos mayores incrementaron su arribada de vapores
desde cien en 1863, hasta cuatro mil en 1900, convirtiéndose en auténticas
"minas" facturando para Madrid.
Llegados
a este punto, hagamos una reflexión sobre el gran negocio estatal de invertir
en infraestructuras de transporte exterior en Canarias, que debería
considerarse otra de nuestras famosas "especificidades", pues como
citaremos más adelante los fabulosos beneficios generados por nuestros puertos
y aeropuertos, siempre en manos del Estado, bueno fuera, constituyen desde
aquellos tiempos una persistente constante histórica.
Pero
si hasta ahora no hemos visto nuestra supuesta dependencia de España por
ninguna parte, durante el siglo XX la veremos menos aún. Y desde los años 60,
con la aparición del "petróleo" turístico, hasta la actualidad solo
cabe hablar de pingües beneficios estatales, extraídos cada año de las Islas.
El
arriendo británico
Por
aquellas fechas de finales del siglo XIX, la Corona comienza a
"transferir", sin LOTRACA que valga, su responsabilidad inversora al
capital privado, principalmente británico, que asume los costes de modernización
de nuestras estructuras productivas vinculadas al comercio, la actividad
portuaria, la agricultura de exportación y el turismo, incluyendo
infraestructuras y servicios básicos para la población como la energía eléctrica,
el agua, el transporte insular e interinsular y el suministro de combustible.
Su
colonia de Canarias era así arrendada por España al omnipresente comercio
internacional británico, bajo la fórmula de "Invierte tú, que recaudo
yo", y los canarios nos veíamos obligados a inventarnos el "espanglish"
para entendernos con nuestros nuevos patrones arrendatarios: Elder, Miller,
Hamilton, Fyffes, Yeoward, Wolfson, Dempster,
etc. Muchos se preguntaron entonces si valieron la pena los cañonazos
disparados por el "Tigre" poco más de un siglo atrás en Tenerife. La
Ley de Puertos Francos de 1900, ley especial aún no derogada pero mil veces
vulnerada, ratifica nuestras franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo,
manteniendo el que hemos denominado "concierto fonil", pero añadiendo
nuevas figuras impositivas para satisfacer el cupo y cediendo la gestión de su
recaudación, en principio, a asociaciones interinsulares de gremios
empresariales, hasta que Hacienda rescinde unilateralmente en 1907 el concierto
vigente durante cincuenta y cinco años y asume directamente la recaudación,
tras comprobar cómo había crecido exponencialmente ante la febril actividad
comercial sobrevenida. Lo que naciera como instrumento meramente compensatorio,
devino en feroz máquina de recaudación estatal para materializar el
"ulterior resarcimiento" ya anunciado por Bravo y Murillo en 1852.
Para
mayor tranquilidad del Tesoro -muy ocupado en financiar las aventuras
expansionistas en el que sin rubor llamaban "Protectorado" de
Marruecos-, en 1912 se crean los Cabildos Insulares, dotándose de fondos
propios a través de los nuevos Arbitrios, que, compartidos con los
Ayuntamientos, sirvieron para asumir obras públicas como caminos, carreteras,
embalses, centros de enseñanza, sanitarios y de beneficencia, entre otras
infraestructuras básicas para la población que complementaron las citadas
inversiones extranjeras.
La
modernización del transporte marítimo en esta etapa, que podríamos denominar
del "arriendo británico", comienza a poner en valor -de verdad-
nuestra renta de situación, principal riqueza que atesoramos, gracias al
capital privado -no estatal- extranjero, español y canario, que propicia, en el
marco de la libertad de comercio, un desarrollo económico importante;
agricultura de exportación en contra temporada europea, industria tabaquera al
margen del monopolio, industria pesquera dependiente del cercano banco
sahariano, pujante comercio triangular internacional, plataforma de servicios
logísticos -bancos, aseguradoras, telecomunicaciones- y nuevas instalaciones
hoteleras para el turismo de cruceros o de invierno, sin desdeñar una
agricultura e industria agroalimentaria de autoabastecimiento de cierta
relevancia.
Este
modelo de desarrollo, autónomo respecto del modelo español, apenas se vio
afectado por las convulsiones de la época como la Primera Guerra Mundial o la
crisis financiera del 29, y como exponente de las sinergias generadas al
combinarse nuestra privilegiada ubicación con las franquicias y exención de
monopolios, en 1930 la compañía privada Cepsa construye aquí la refinería de
petróleos más antigua del Estado y principal suministradora de buques, con
cuyos beneficios se crea en 1969 la de Algeciras y adquieren más tarde la de Estoril,
en Huelva. ¿Cuántos puestos de trabajo, rentas empresariales y fiscales para
el Estado se crearon en Andalucía gracias al esfuerzo canario?
No
obstante, era un modelo con limitaciones, pues nuestro alto índice de
natalidad, los períodos de sequía y el atraso de las zonas rurales y de las
Islas poblacionalmente menores,
siguieron propiciando la sangría migratoria hacia el Caribe y Sudamérica.
Para
valorar la decisiva intervención del capital extranjero en nuestro desarrollo,
citaremos un sector estratégico como la generación de energía eléctrica: Unelco (Union Electric Company)
es creada en 1930 por una compañía de Chicago, por fusión de la CICER (Compañía
Insular Colonial de Electricidad y Riego), de 1928, y capital alemán, y la
Sociedad de Electricidad, de 1899, y capital belga. ¿Dependencia de España? En
el "lenguaje" de nuestros abuelos cabe decir que "papá"
Estado continuó "misin" en Canarias
durante el primer tercio del siglo XX, mientras sus delegaciones de Hacienda y
demás órganos recaudadores trabajaban a "fultáin".
La II República española, en apenas un lustro de inestabilidad política, con continuos cambios de gobierno, poco afecto nos pudo demostrar, hasta que el galleguito revoltoso que nos colocaron en Capitanía armara la marimorena.
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De Identidad Canaria
Continuará----»