La batalla por el tributo que seis autonomías cobran a las
grandes superficies comerciales acaba de empezar. Bruselas no está dispuesta a
que siga en vigor un impuesto que considera discriminatorio.
La batalla por el tributo que seis autonomías cobran a las
grandes superficies comerciales acaba de empezar. Bruselas no está dispuesta a
que siga en vigor un impuesto que considera discriminatorio.
Así
se lo hizo saber a los representantes de esas autonomías una delegación de la
Comisión Europea, encabezada por Karl Soukup, con la que mantuvieron una reunión
el pasado martes en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los técnicos de la
Comisión les trasladaron sus preocupaciones por un impuesto que consideran
discriminatorio y no ajustado al derecho comunitario.
“Consideramos
que exonerar a ciertos comercios o ciertos comerciantes de un impuesto sobre la
superficie es equivalente a una concesión de ayuda estatal a quienes están
exentos del impuesto”, rechazó la carta remitida por Bruselas, fechada el 26
de febrero y a la que ha tenido acceso CincoDías, en la que
también se consideraba que dichas exenciones “no han sido justificadas dentro
de los objetivos medioambientales o de desarrollo urbano en los que encuentra su
justificación el impuesto sobre la superficie”.
En
la actualidad, hay seis autonomías (Cataluña, Navarra, Aragón, Canarias,
Asturias y La Rioja) que cobran ese tributo y por el que habrían ingresado 250
millones en 2014, según cálculos empresariales. El equipo liderado por Soukup,
según fuentes presentes en la reunión, dio un plazo de tres semanas (hasta el
31 de marzo) para que las autonomías ofrezcan una solución “compatible”
con el marco de la ayuda estatal. En caso contrario, amenazó con la apertura de
una investigación formal. “Lo más probable es que el resultado de nuestra
investigación sea negativo, con la consecuente orden de recuperación para la
ayuda concedida en el pasado”, subrayó la misiva. Dicho de otro modo,
Bruselas plantea dos alternativas: o gravar a todas las superficies para evitar
que el impuesto discrimine a unas frente a otras en función de su superficie o
devolver el dinero a las grandes con carácter retroactivo.
“No
ha existido ultimátum”
Un
planteamiento que rechazan las autonomías afectadas, que rebajan el tono de la
amenaza transmitida desde Bruselas y que señalan que lo único que se les pidió
fue más información “para tratar de armonizar el impuesto” y conocer más
en detalle las exenciones que se aplican. Fuentes del Ejecutivo catalán
precisan que el tributo tiene un carácter estrictamente medioambiental y que lo
único que se les ha solicitado es “información adicional” sobre las
exenciones y las bonificaciones que se aplican. “Es el caso de los
concesionarios de venta de vehículos, que ocupan una gran superficie, pero que
contaminan mucho menos al ser mucho menos frecuentados que una gran
superficie”, subrayan.
Desde
el Gobierno asturiano también reniegan la palabra ultimátum y aclaran que se
ha pedido información adicional sobre la estructura del tributo. “En nuestro
caso no solo gravamos a las grandes superficies. El tributo se aplica a
establecimientos colectivos de más de
¿Quién, cómo y a quién le cobra?
P¿Desde
cuándo se aplica y qué comunidades se benefician del impuesto?
R. La primera comunidad que lo aplicó fue Cataluña, cuyo
Parlamento lo aprobó en 2000. El tributo fue recurrido por el Gobierno central
y finalmente el Constitucional lo fijó como legal a mitad de 2013. En la
actualidad, hay otras cinco autonomías que lo incluyen en sus presupuestos:
Canarias (desde 2012), La Rioja (2012), Navarra (2013), Aragón
(2007) y Asturias (2002).
P¿Cuánto
dinero recaudan esas seis autonomías?
R. Cálculos empresariales estiman que la recaudación habría
sido de 250 millones. Sin embargo, los ingresos son sensiblemente inferiores,
puesto que la comunidad que más ganaría (Canarias, con 107,7 millones) no lo
ha aplicado todavía pese a haberlo aprobado desde 2012.
P¿Qué
grava el impuesto a las grandes superficies?
R. Establece un gravamen en función de los metros cuadrados
que tengan, aunque con matices. Aragón y Cataluña gravan la suma de la
superficie de venta, la destinada a otros usos y la de aparcamiento; Navarra la
superficie de venta y el aparcamiento; Asturias tan solo el aparcamiento y
Canarias y La Rioja la superficie de venta.
P¿Qué
argumentan desde las grandes empresas que pagan este impuesto?
R. La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(Anged), que agrupa a 18 grandes empresas como Leroy Merlín, Ikea o El Corte
Inglés, es la que ha liderado la batalla ante Bruselas. Cree que es
discriminatorio, que ya pagan otros tributos por contaminar y que el impuesto se
lleva el 35% del beneficio.
Fuente:
cincodias.com//2015/03/05