El
Ayuntamiento de la capital grancanaria ha abierto expedientes sancionadores a un
total de 192 taxistas por cesión ilegal de sus licencias a floteros para que éstos
las exploten. Con la apertura de estos expedientes que acaban de ser notificados
por carta a los taxistas cuyas licencias están siendo investigadas por un
presunto delito de fraude fiscal, el concejal de Movilidad Ciudadana, Ángel
Sabroso, ha iniciado el proceso para revocar los permisos a los patronos, en su
mayoría viudas y jubilados, que han arrendados sus taxis a floteros.
Las asociaciones de asalariados y patronos, cuyas denuncias han
propiciado el proceso judicial que se ha saldado por el momento con la imputación
de siete floteros, advirtieron ayer de que el Ayuntamiento ha incoado
expedientes también a autónomos que no han cometido ninguna irregularidad.
Tanto Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias
de Autotaxis de Canarias (Atlatc), como la presidenta de la Asociación de
Asalariados, María Eugenia Suárez, denunciaron que el Ayuntamiento está
"metiendo en el mismo saco" de los jubilados y viudas a autónomos que
explotan sus taxis de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento
municipal.
Fuentes municipales indicaron ayer que los datos de los titulares
de licencias que, presuntamente, han sido cedidas ilegalmente a floteros, fueron
remitidos al consistorio por el Juzgado de Instrucción número ocho, que
preside Victoria Rossell, la magistrada que está investigando los presuntos
delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y contra los derechos
de los trabajadores cometidos por los siete floteros imputados. Las fuentes añadieron
que fue el Ayuntamiento el que solicitó al juzgado la remisión de los datos y
aclararon que los titulares de licencias expedientados pueden recurrir la sanción,
que contempla una multa cuya cuantía oscila entre 4.601 y 6.000 euros, por
haber cometido una infracción muy grave, que también lleva aparejada la
retirada de la licencia.
Traspaso
El Ayuntamiento considera que los taxistas expedientados han
incumplido el artículo 104.4 de la Ley de Ordenación del Transporte de
Carreteras de Canarias (Lotcc), que impide ceder las licencias a terceros.
La resolución municipal establece también la suspensión de la
transmisión de licencias hasta que culmine el procedimiento. Sabroso anunció
el pasado mes de julio que bloquearía el traspaso de licencias hasta que
concluyera la investigación judicial. El concejal condicionó también en aquel
momento la retirada de las licencias a la culminación del proceso, pese a lo
cual el Gobierno municipal ha decidido ahora iniciar los expedientes de revocación.
Según se puede leer en uno de los expedientes sancionadores, a los
que ha tenido acceso este periódico, el juzgado envió al concejal Sabroso la
lista de licencias que está investigando la Unidad Operativa de Vigilancia
Aduanera, que son los datos en los que se ha basado el Ayuntamiento para incoar
las sanciones, pese a que la información de Vigilancia Aduanera está pendiente
aún, para confirmar la existencia de los presuntos delitos, de que la Agencia
Tributaria concluya el informe sobre la documentación obtenida en las redadas
realizadas el pasado 2 de julio en varios locales y domicilios de floteros.
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