Los taxistas reclaman
que se revoque la licencia
a quienes causen baja como autónomos
El
sector exige una acción contra el fraude igual de contundente que la de Santa
Cruz
Los responsables de las
asociaciones del sector del taxi reclamaron ayer, 05-08-2013, al Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria una actuación contundente para acabar con el
fraude en la gestión de licencias. Los presidentes de los colectivos de
asalariados, autónomos y titulares de licencias ponen como ejemplo a Santa Cruz
de Tenerife, cuyo departamento de Transporte ha revocado en este año 39
permisos por incumplir la ordenanza municipal que regula la actividad.
Las sanciones se acordaron por incumplimientos graves y
flagrantes, entre los cuales destacan cuatro casos de titulares de licencias
que llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. "Es
también se pueden hacer aquí, pero el Ayuntamiento de la capital grancanaria no
hace las inspecciones anuales para detectar esos casos", se lamenta
Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias
Auto-Taxi de Canarias (Atlatc).
Suárez asegura que la Ley del Transporte de 2007
establece la obligación de realizar una inspección anual en la que se debe
presentar un certificado con la fe de vida laboral. Ese documento recoge la
fecha de alta en la Seguridad Social. "Hemos llegado a la situación de los
floteros porque el Ayuntamiento ha utilizado a viudas
y jubilados como escudos para no hacer nada", añade el responsable de Atlatc, cuya asociación destapó el fraude que en la
actualidad investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran
Canaria. En esa causa penal, tras la denuncia de la Fiscalía y los registros
efectuados por la Agencia Tributaria, la juez ha citado como imputados a siete
taxistas para tomarles declaración por fraude fiscal, blanqueo de capitales,
falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores, todo
relacionado con la supuesta acumulación y explotación ilegal de las licencias.
Algo parecido piensa el presidente de la Asociación de
Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), José Luzardo. "Claro que se pueden hacer aquí esas
inspecciones", responde Luzardo. "Otro
gallo cantaría si se hubieran hecho esos controles, porque el problema se
remonta a 25 o 30 años atrás y la prueba de que persisten los casos de fraude
está en la denuncia presentada por la Fiscalía", añade.
En la Asociación de Asalariados de Las Palmas, que
preside María Eugenia García, se sienten "agraviados" por la
inactividad del Ayuntamiento. En concreto echan en falta sanciones como las
impuestas en la capital tinerfeña, pues en ambas ciudades el sector está
regulado por la misma ley y el mismo reglamento.
Los responsables municipales de Las Palmas de Gran
Canaria respondieron ayer que no pueden valorar los casos en los que sus
colegas de Santa Cruz han revocado las licencias, entre otros motivos porque
desconocen los detalles de cada situación y los preceptos invocados para retirar
las licencias, pero sí rechazan que causar baja en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos sea motivo suficiente para la revocación.
En ese sentido, el Ayuntamiento sostiene que el
Ministerio de Trabajo, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social,
ya respondió en febrero 2009 que es compatible ser titular de una licencia y no
estar dado de alta como autónomo. Ese informe se dictó tras un escrito
presentado por Atat para denunciar el supuesto
fraude. "Desconocemos si existe alguna otra circunstancia que fundamente
los expedientes resueltos por el Ayuntamiento de Santa Cruz", subrayan sus
homónimos en la capital grancanaria.
Y agregan que en 2012 se incoaron 288 expedientes
sancionadores, frente a los 148 de 2011 o los 89 de 2010. Esto representa un
incremento de casi el doble de denuncias, aunque no por las inspecciones
anuales de control que reclaman las asociaciones del sector, sino por la
actuación fiscalizadora de la Policía Local. También alegan que esperan por los
resultados de la investigación penal para revocar las licencias si se demuestra
que se ha producido una cesión ilegal para la explotación de terceros.