Los taxistas reclaman que se revoque la licencia

a quienes causen baja como autónomos

 

El sector exige una acción contra el fraude igual de contundente que la de Santa Cruz

Los responsables de las asociaciones del sector del taxi reclamaron ayer, 05-08-2013, al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria una actuación contundente para acabar con el fraude en la gestión de licencias. Los presidentes de los colectivos de asalariados, autónomos y titulares de licencias ponen como ejemplo a Santa Cruz de Tenerife, cuyo departamento de Transporte ha revocado en este año 39 permisos por incumplir la ordenanza municipal que regula la actividad.

Las sanciones se acordaron por incumplimientos graves y flagrantes, entre los cuales destacan cuatro casos de titulares de licencias que llevaban años dados de baja como autónomos en la Seguridad Social. "Es también se pueden hacer aquí, pero el Ayuntamiento de la capital grancanaria no hace las inspecciones anuales para detectar esos casos", se lamenta Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias Auto-Taxi de Canarias (Atlatc).

Suárez asegura que la Ley del Transporte de 2007 establece la obligación de realizar una inspección anual en la que se debe presentar un certificado con la fe de vida laboral. Ese documento recoge la fecha de alta en la Seguridad Social. "Hemos llegado a la situación de los floteros porque el Ayuntamiento ha utilizado a viudas y jubilados como escudos para no hacer nada", añade el responsable de Atlatc, cuya asociación destapó el fraude que en la actualidad investiga el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria. En esa causa penal, tras la denuncia de la Fiscalía y los registros efectuados por la Agencia Tributaria, la juez ha citado como imputados a siete taxistas para tomarles declaración por fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsedad en documentos oficiales y delitos contra los trabajadores, todo relacionado con la supuesta acumulación y explotación ilegal de las licencias.

Algo parecido piensa el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), José Luzardo. "Claro que se pueden hacer aquí esas inspecciones", responde Luzardo. "Otro gallo cantaría si se hubieran hecho esos controles, porque el problema se remonta a 25 o 30 años atrás y la prueba de que persisten los casos de fraude está en la denuncia presentada por la Fiscalía", añade.

En la Asociación de Asalariados de Las Palmas, que preside María Eugenia García, se sienten "agraviados" por la inactividad del Ayuntamiento. En concreto echan en falta sanciones como las impuestas en la capital tinerfeña, pues en ambas ciudades el sector está regulado por la misma ley y el mismo reglamento.

Los responsables municipales de Las Palmas de Gran Canaria respondieron ayer que no pueden valorar los casos en los que sus colegas de Santa Cruz han revocado las licencias, entre otros motivos porque desconocen los detalles de cada situación y los preceptos invocados para retirar las licencias, pero sí rechazan que causar baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos sea motivo suficiente para la revocación.

En ese sentido, el Ayuntamiento sostiene que el Ministerio de Trabajo, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, ya respondió en febrero 2009 que es compatible ser titular de una licencia y no estar dado de alta como autónomo. Ese informe se dictó tras un escrito presentado por Atat para denunciar el supuesto fraude. "Desconocemos si existe alguna otra circunstancia que fundamente los expedientes resueltos por el Ayuntamiento de Santa Cruz", subrayan sus homónimos en la capital grancanaria.

Y agregan que en 2012 se incoaron 288 expedientes sancionadores, frente a los 148 de 2011 o los 89 de 2010. Esto representa un incremento de casi el doble de denuncias, aunque no por las inspecciones anuales de control que reclaman las asociaciones del sector, sino por la actuación fiscalizadora de la Policía Local. También alegan que esperan por los resultados de la investigación penal para revocar las licencias si se demuestra que se ha producido una cesión ilegal para la explotación de terceros.

Fuente: laprovincia.es/laspalmas