Recorte
al derecho a la protesta ciudadana
La reforma del Código
Penal en la que trabaja el Gobierno para endurecer el castigo a los actos de
vandalismo considerará delito de pertenencia a organización criminal la
convocatoria a través de cualquier medio, incluso internet,
de actos que alteren gravemente el orden público.
Pamplona
Asimismo, se
tipificará como delito de atentado contra la autoridad la resistencia pasiva
frente a las demandas policiales y se considerará como agravante si estas
conductas se desarrollan en el entorno de protestas o manifestaciones.
"Son fenómenos que se han visto en Barcelona y en otras ciudades
españolas, que se están generalizando y que según nuestro punto de vista no
tienen en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico",
aseguró el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en los pasillos del
Congreso de los Diputados.
Se trata, según el
titular de Interior, de "perseguir penalmente a aquellas personas que se
concierten previamente para provocar de forma coordinada incidentes callejeros
violentos o ataques contra las Fuerzas de Seguridad, otros ciudadanos o el
mobiliario urbano". La idea con la que trabajan conjuntamente los
ministerios del Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años
las quedadas para organizar altercados, de forma que el fiscal pueda
solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso,
decretarla.
Detalles
Previamente en la
sesión de control en el Congreso, Fernández Díaz justificó que el castigo para
los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el
terrorismo callejero ante "la espiral de violencia" protagonizada por
colectivos antisistema con técnicas de "guerrilla urbana".
El titular de Interior
detalló entonces que pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la
resistencia pasiva o activa e introducir entre las "modalidades de
acometimiento" -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y
comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos. Además
se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas
se produzcan en manifestaciones o concentraciones, y se incluirá como delito de
desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos
públicos o se obstaculice el acceso a los mismos.
En esta línea, la
reforma del Código Penal pretende ampliar la cuantía de los daños no solo a los
que se produzcan en estos establecimientos, sino también los que se deriven de
la interrupción de cualquier servicio público.
"Creemos que hay
que robustecer la autoridad legítima de quien legítimamente tiene la
exclusividad del uso de la fuerza", ha subrayado Fernández Díaz que ha
insistido en que "no es asumible" que la Policía pueda recibir
insultos e injurias por parte de manifestantes sin que ello conlleve ningún
castigo.
Ladillo
Ante este anuncio las
principales asociaciones de jueces reclamaron que la reforma legal anunciada
por Fernández Díaz sea "gradual" y se aplique únicamente a
"situaciones extremas". Así lo suscribe el portavoz de la Asociación
Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena,
quien destacó la necesidad de "graduar la respuesta penal" y defendió
que la integración en organización criminal sólo debería aplicarse a
"actuaciones límite".
Desde la asociación
judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, opinó que cualquier
cambio legislativo ha de ser tomado con "templanza, reposo y
reflexión" ya que, a su juicio, "legislar a golpe de actualidad puede
resultar contraproducente".
Los jueces cuestionan la reforma del
Código Penal que ultiman Interior y Justicia, y reclaman "templanza,
reposo y reflexión"
Jueves, 12 de Abril
de 2012
Fuente: Publicado en noticiasdenavarra.com