Operativo contra veinte floteros
del taxi por un presunto delito de fraude fiscal
La Policía mantiene detenidos a cuatro 'floteros' que explotan unas 150 licencias para que no
destruyan pruebas. La redada en diez locales de
los taxistas moviliza a cinco juzgados. La inspección se efectuó de manera
simultánea.
[Fue
la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva Ríos, la que inició la
investigación tras recibir en 2012 una denuncia por parte de Expedito Suárez,
presidente de la Asociación de Titulares de Licencias de Autotaxis de Canarias
(Atlatc)… María Eugenia García, presidente de la
Asociación de Asalariados del Taxi, acusó al alcalde Juan José Cardona, de
"amparar" las irregularidades en el sector por no perseguir la
explotación irregular de las licencias por parte de terceros.]
El operativo desplegado el pasado martes contra veinte floteros del taxi por un presunto delito de fraude fiscal
movilizó a los secretarios de cinco juzgados del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias. La titular del juzgado de Instrucción número 8 solicitó el auxilio
de los cinco secretarios judiciales porque la inspección se efectuó de manera
simultánea en diez casas, gestorías y cooperativas, para evitar la destrucción
u ocultación de documentos y pruebas.
De hecho, cuatro de los siete floteros
detenidos el pasado martes continuaban arrestados en las dependencias de la
Jefatura Superior de Policía, para evitar que destruyan u oculten documentos,
mientras la Agencia Tributaria continúa con la investigación de la
documentación incautada en los registros, según informaron fuentes cercanas al
caso.
Los cuatro floteros que
continúan detenidos gestionaban, de manera irregular, más de 150 licencias.
Sólo uno de ellos tiene arrendadas más de 60 licencias, una práctica que la
ordenanza municipal prohíbe expresamente. Si se añaden los 16 floteros a los que se acusa de presuntas infracciones
fiscales, cada uno de los cuales explotaba una media de cuatro taxis, el número
de licencias implicadas supera las 250, aunque la investigación se está
centrando en los cuatro patronos con mayor número de vehículos. Los detenidos
habrían defraudado al Fisco un mínimo de 120.000 euros al año, cantidad mínima
para ser considerado delito de fraude fiscal.
Fue la fiscal delegada de Delitos Económicos, Eva
Ríos, la que inició la investigación tras recibir en 2012 una denuncia por
parte de Expedito Suárez, presidente de la Asociación de Titulares de Licencias
de Autotaxis de Canarias (Atlatc).
Inspección
La Fiscalía realizó una inspección previa que se prolongó
durante casi un año, para lo que pidió la colaboración de la Agencia
Tributaria. Posteriormente pidió la apertura de la investigación al juzgado de
Instrucción número 8, cuya titular es la magistrada Victoria Rosell, que el
pasado martes se saldó con diez inspecciones simultáneas y siete detenciones.
Más de medio centenar de agentes de la Policía Nacional y
de Vigilancia Aduanera buscaron de manera concienzuda en los inmuebles
registrados -entre ellos las cooperativas de taxistas Las Palmas y de San
Cristóbal- dinero negro y documentos que acrediten el supuesto delito de fraude
fiscal. La investigación que está realizando la Agencia Tributaria se centrará
en los cuatro ejercicios posteriores a 2008, ya que este delito prescribe a los
cuatro años. Fuentes de la Agencia Tributaria informaron ayer de que el
organismo ya ha presentado la correspondiente denuncia ante la juez por
presunto delito fiscal contra cuatro de los veinte floteros
investigados, mientras que los 16 restantes están siendo investigados por
presunta infracciones contra la hacienda pública, ya que la cantidad que habría
defraudado es inferior a 120.000 euros anuales. El operativo judicial no
afecta, por tanto, a los 16 floteros intervenidos, a
los que se les realizará una inspección paralela.
La Agencia se encuentra ahora investigando toda la
documentación informática incautada, que incluye contabilidades de los patronos
investigados. Las fuentes señalaron que "las operaciones aún no se han
cerrado", porque es posible que del estudio de los documentos encontrados
puedan derivarse próximas inspecciones.
En los registros, que iban buscando dinero negro,
fundamentalmente, y pruebas que acrediten que se ha defraudado al fisco, se
encontraron cantidades de dinero en metálico. La mayor cantidad, aseguraron
fuentes cercanas a la investigación, se encontró en un domicilio particular,
donde los agentes se incautaron de un sobre con 140.000 euros en metálico.
Otros sobre con billetes fueron encontrados en varios de los registros
efectuados, pero con cantidades menores, cuya cuantía oscilaba entre 20.000
euros y 400 euros.
Así por ejemplo, en uno de los registros fueron hallados
nueve sobres que contenían cada uno de ellos cantidades que oscilaban entre los
400 y los 500 euros.
Esta fase de la investigación depende ahora del peinado de
los datos incautados por parte de los inspectores de la Agencia Tributaria,
tarea que les llevará, como mínimo, varias semanas. Las inspecciones en las
cooperativas de taxistas de Las Palmas y San Cristóbal se prolongaron hasta un
poco más tarde de las 15.00 horas del pasado martes. Vicente Muñoz, presidente
de la Cooperativa de San Cristóbal, volvió a mostrar su disposición a colaborar
con Hacienda, reconoció que varios de los detenidos pertenecen a la cooperativa
y defendió la "legalidad" del trabajo de los floteros,
porque "se limitan a administrar taxis".
Roberto Rodríguez, presidente de la cooperativa de Las
Palmas aclaró que las instalaciones no fueron precintadas en "ningún
momento" e informó de que los agentes se llevaron documentación que
obtuvieron en la planta alta de la sede. "Me parece perfecto que Hacienda
haga su trabajo", sostuvo Rodríguez, quien dijo que ningún detenido
pertenece a su cooperativa. El del martes es el segundo operativo que impulsa
la Fiscal de Delitos Económicos contra los floteros.
El primero se efectuó en 2009 y registró las sedes sociales de tres floteros que explotaban unas 70 licencias, tras lo que se
desarrolló una investigación a cuatro bandas en la que participaron el
Ayuntamiento, Hacienda, la Inspección de Trabajo, además de la Fiscalía, que
acabó con la imputación de uno de los patronos. La Agencia Tributaria comprobó
que éste defraudó al Fisco más de 600.000 euros durante tres años. El juzgado
de Instrucción número 3 sobreseyó la causa en 2011, tras anular las pruebas, La
Fiscalía ha apelado el archivo, al entender que el registro fue correcto.
Los asalariados apuntan a
Cardona
María Eugenia García, presidente de la Asociación de
Asalariados del Taxi, acusó al alcalde Juan José Cardona, de
"amparar" las irregularidades en el sector por no perseguir la
explotación irregular de las licencias por parte de terceros. Según García, más
de 700 licencias están en manos de 'floteros' desde
hace años y "el Ayuntamiento es el máximo responsable de que esto ocurra
por no tomar medidas. El Ayuntamiento tiene que cumplir la ley de una vez e
impedir que jubilados y viudas puedan gestionar licencias, haciendo cumplir la
ordenanza del taxi. Para que un patrón sea titular de la licencia del taxi
tiene que estar en activo como autónomo. Se está llevando a cabo un fraude muy
importante contra la Hacienda pública y la Seguridad Social y además se está
incumpliendo la ordenanza del taxi. Hay una manifiesta dejación de funciones
por parte del Ayuntamiento en torno al cumplimiento de la ley", sostuvo.
Las primeras investigaciones sobre las irregularidades del taxi han sido
impulsadas por García, que lleva denunciando el asunto desde 2007. T. G.