La Alta Comisionada para los
Derechos Humanos recuerda que España debería revocar la ley de amnistía de 1977
Un día después de que el Tribunal Supremo inhabilitara
a Baltasar Garzón por prevaricación al autorizar las escuchas del caso Gürtel, la ONU ha arremetido contra
el alto tribunal por mantener procesado al ya exmagistrado
por investigar los crímenes del franquismo. La Alta Comisionada de la ONU para
los Derechos Humanos, Navanethem Pillay,
ha asegurado hoy por boca de su portavoz que “los jueces no deberían ser
enjuiciados por hacer su trabajo”, en referencia a Garzón, y ha recordado que
las leyes internacionales establecen “que la amnistía no debería ser concedida
a responsables de crímenes contra la humanidad”.
En este sentido, la oficina de la Alta Comisionada
recuerda que según las recomendaciones emitidas en 2009 por el Comité de
Derechos Humanos, España debería revocar la ley de amnistía de 1977, ya que
esta no se compadece con las leyes internacionales de derechos humanos.
Por tanto, siempre según la ONU, “España está obligada
ante las leyes internacionales a investigar las violaciones a los derechos
humanos ocurridas en el pasado, incluidos los cometidos durante el régimen de
Francisco Franco”.
El organismo relaciona esta obligación directamente
con la causa abierta en el Supremo contra Garzón “por investigar más de 100.000
casos de desapariciones forzadas presuntamente ocurridas durante la guerra
civil española y el franquismo”. El portavoz de la Alta Comisionada, Rupert Colville, ha asegurado en
una rueda de prensa que España “está obligado a enjuiciar a los responsables de
esos actos y a reparar a las víctimas”.
Publicado en el periódico El País, 10-02-2012