Llamado
a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a la salud.
Los cambios adoptados por el Gobierno de España en 2012, reducen el acceso al
sistema de salud pública, no cumplen con las obligaciones de derechos humanos
del país. Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a
causa de las presiones fiscales. El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó
en enero de 2014 que la decisión tomada por España de restringir el acceso a
la atención médica gratuita para los inmigrantes indocumentados infringe la
legislación europea de derechos humanos. Ha llegado la hora de que el Gobierno
de España cambie de rumbo España tiene obligaciones positivas en materia de
acceso a la atención sanitaria, incluidas obligaciones para con los migrantes,
independientemente de su situación jurídica. Los incidentes de los que me han
informado, que resultan en la falta de tratamiento para migrantes pobres e
indocumentados u otras personas obligadas a pagar incluso si residen legalmente
en el país son inaceptables.
GINEBRA
(29 de abril de 2014) – “Ha llegado la hora de que el Gobierno de España
cambie de rumbo”, declaró hoy la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre
la extrema pobreza y los derechos humanos, Magdalena Sepúlveda, al reiterar su
llamado a las autoridades españolas para que garanticen el acceso universal a
la salud. Magdalena Sepúlveda fue nombrada Relatora Especial sobre la extrema
pobreza y los derechos humanos en mayo de 2008 por el Consejo de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. Como Relatora Especial, la Sra. Sepúlveda es
independiente de cualquier gobierno u organización.
“España
tiene obligaciones positivas en materia de acceso a la atención sanitaria,
incluidas obligaciones para con los migrantes, independientemente de su situación
jurídica”, recalcó la Sra. Sepúlveda.
La
experta expresó sus preocupaciones en una carta enviada a las autoridades españolas
en noviembre de 2013 con otros expertos en derechos humanos de la ONU, en la
cual advirtieron que “los cambios adoptados por el Gobierno de España en
2012, que reducen el acceso al sistema de salud pública, no cumplen con las
obligaciones de derechos humanos del país”.
El
Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en enero de 2014 que la decisión
tomada por España de restringir el acceso a la atención médica gratuita para
los inmigrantes indocumentados infringe la legislación europea de derechos
humanos. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU formuló
recomendaciones parecidas en 2012.
“El
Gobierno de España debe demostrar un auténtico compromiso con la protección
del derecho a la salud para todos”, dijo la Sra. Sepúlveda al señalar que
“el parecer de los órganos de expertos internacionales ha sido unánime y el
Gobierno español no debe ignorarlo”.
La
Relatora Especial de la ONU agradeció al Gobierno su exhaustiva respuesta a la
carta, pero indicó que no estaba de acuerdo con sus argumentos y conclusiones.
“Los principios básicos de derechos humanos no pueden ser ignorados a causa
de las presiones fiscales”, destacó la experta.
La
experta agradeció el compromiso de las autoridades españolas de continuar la
cobertura sanitaria para mujeres embarazadas y menores. Sin embargo, refutó el
argumento del Gobierno de que la atención sanitaria sigue siendo universal, pública
y gratuita.
“La
falta de acceso de los migrantes a la atención primaria no es sólo
cuestionable desde una perspectiva de derechos humanos, sino también poco
efectiva para reducir costes a largo plazo”, recalcó.
“Sin
acceso a la atención primaria, se sobrecargan los servicios de emergencia -que
son más costosos- y se pone la salud pública en riesgo”, la Relatora señaló.
“Lo que es aún más importante, amenazar el derecho a la salud y a la
integridad física tiene un enorme coste humano. Estas medidas son contrarias a
las normas de derechos humanos”.
La
experta de derechos humanos de la ONU se vio alentada por la información
recibida que indica que las autoridades locales y los profesionales de la salud
siguen suministrando atención sanitaria en muchos casos. Sin embargo, advirtió
al Gobierno que eso no cumple con sus obligaciones internacionales de derechos
humanos.
“Los
incidentes de los que me han informado, que resultan en la falta de tratamiento
para migrantes pobres e indocumentados -u otras personas obligadas a pagar
incluso si residen legalmente en el país- son inaceptables”, enfatizó la
experta.
“No
sólo son vulnerados los derechos humanos de los individuos afectados, sino que
además, aunque no se haya detectado aún un impacto más amplio sobre la salud
colectiva, el riesgo sigue aumentando”, dijo.
La
experta recordó que el Tribunal Constitucional español trató recientemente la
legislación promulgada en Navarra. El Tribunal señaló que el derecho a la
salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas, así como
la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad,
poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse
desvirtuada por “la sola consideración de un eventual ahorro económico que
no ha podido ser concretado”.
Informa:
Andrés González.
12/05/2014
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14545&LangID=S