12 d'abril de
2012 |
Interior considerará
la resistencia pasiva un atentado a la autoridad.
El 15-M denuncia que
el Gobierno recurra a la "estrategia del miedo".
HENRIQUE MARIÑO / LUIS GIMÉNEZ SAN
MIGUEL
Intelectuales,
abogados y activistas afines al movimiento creen que Rajoy pretende "amedrentar"
a los ciudadanos con el anuncio de la reforma del Código Penal
HENRIQUE
MARIÑO, Publico
11/04/2012
Estadio
de miedo, ejercicio de amedrentamiento, escalada de tensión, alarma social...
Es la conclusión a la que llegan intelectuales, abogados y ciudadanos
vinculados al 15-M respecto a la intención del Gobierno de reformar el Código
Penal.
Los
ministerios de Interior y Justicia pretenden castigar con al menos dos años de
cárcel a quien convoque a través de internet una
protesta que altere gravemente el orden público o en la que se ataquen a las
fuerzas de seguridad del Estado.
Incluso
sería considerado como un delito de atentado a la autoridad la resistencia
pasiva, como dejó ayer claro el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, lo que ha
provocado una enérgica respuesta por parte de los movimientos sociales.
"Se
legisla a golpe de titular", protesta el abogado Servando Rocha, que ha llevado el
caso de dos detenidos tras la manifestación que desembocó en el nacimiento del
15-M. "La reforma, desde un punto de vista jurídico, es una locura, ya
que hay una delgada línea roja entre la desobediencia, la resistencia y el
delito de atentado a la autoridad", explica el también responsable de
la editorial La Felguera.
"Es
muy sencillo que te imputen el delito de atentado. No puede ser que por
revolverte ante unos agentes te expongas a penas de cárcel", afirma
Rocha, consciente en todo caso de la dificultad de plasmar sobre el papel el
endurecimiento de la ley. "Es una medida represiva. Además, se legisla
antes de que se produzca el delito, porque no existe una alarma social. Se
trata de usar reformas legislativas profundas realizadas a la ligera para
transmitir miedo y controlar a los colectivos sociales", añade el
abogado, sorprendido ante la intención del Gobierno de considerar como delito
la resistencia pasiva. "Hablamos del típico cuerpo muerto en una
sentada pacífica. Ahí no hay ánimo por parte del manifestante de evitar una
detención o de agredir a los policías".
Pero,
en el caso de que se produjesen incidentes en una manifestación, ¿cuál sería la
responsabilidad del convocante? "La Delegación de Gobierno te pide
servicios de orden, pero ahí acaba tu responsabilidad. Tú no puedes hacer el
trabajo de la Policía", aclara Rocha, quien advierte del peligro de
que se llegue a "un estadio de miedo en el que nadie va a querer
convocar nada". Según él, ya ha habido casos de protestas que no han
prosperado "por temor a una sanción administrativa", pero en
este caso "hablaríamos de un delito penal grave, lo cual es una locura".
El
endurecimiento del Código Penal y el 15-M
¿Está
íntimamente relacionada la hipotética reforma con el surgimiento del 15-M? Carlos Taibo, profesor de Ciencia
Política en la Universidad Autónoma de Madrid, cree que los gobernantes temen
el movimiento. "Su peso es notablemente mayor que cualquier otro
ocurrido en el pasado y eso, con certeza, les preocupa", apunta.
"Andan desesperados por la concepción no violenta del 15-M y tienen que
recurrir a este tipo de decisiones, que producen estupor y escapan a todo tipo
de fundamento racional".
Taibo
cree, como otros intelectuales consultados, que el Gobierno tendrá problemas
para aplicar las medidas anunciadas, aunque según ellos la intención que
subyace sería otra. "Podría ser una estrategia de globo sonda dirigida
a preocupar a la ciudadanía –aunque luego no pueda llevarse a cabo– con un efecto indirecto: que la gente, por ejemplo,
no vaya a las asambleas del 15-M", añade el autor del libro Nada
será como antes (Catarata). "Un ejercicio de amedrentamiento contra
la gente común, no sólo contra los activistas".
Raimundo
Viejo coincide en el
análisis. "Legalmente, la reforma no se va a sostener, por lo que no
hay que caer en el alarmismo de que [los gobernantes] están yendo tan lejos. Lo
grave no está tanto en la ley como en que pueda favorecer la escisión de la
gente que se moviliza hacia grupos violentos. O bien la desafección y el socavamiento
de las bases democráticas, que podría traducirse en la aparición de movimientos
de extrema derecha", cree el profesor de Teoría Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
"La
gente tiene cada vez mas poder y al Estado sólo le queda la escalada de
tensión: recurriendo a las políticas de emergencia y difuminando los contornos
del estado de derecho, para que así la interpretación y la gestión del control
social recaiga sobre la Policía", insiste Viejo. "No interesa
negociar con el movimiento, interesa destruirlo".
Si bien
considera que "gran parte de la ciudadanía se va a seguir movilizando,
porque la gestión de la crisis económica es tan nefasta que va a haber mil
motivos para manifestarse", algunas asambleas del 15-M tachan el
endurecimiento del Código Penal de "atentado contra nuestros derechos".
Cristina Marchán,
miembro del movimiento en Santiago de Compostela, cree que si sale adelante
estarán "prácticamente indefensos" y no podrán "reivindicar
absolutamente nada".
"La
reforma es propia de países tan evolucionados en materia de derechos sociales
como China. Supone un retroceso tremendo que nos deja en los tiempos del
franquismo. No podemos dejar que esto se haga realidad", se queja Marchán, quien observa una "relación bastante
directa" entre la "resistencia pacifica y pasiva del 15-M"
y la inclusión de ésta como delito de atentado a la autoridad en el Código
Penal.
Criminalización
de los movimientos sociales
La
reforma también consideraría delito de pertenencia a organización criminal la
convocatoria a través de cualquier medio de actos que alteren el orden público,
incluida la red, algo "malévolo y premeditado" a juicio de la
activista gallega. "Con la criminalización de convocatorias por internet te ponen a la altura de un terrorista",
sentencia Marchán.
Jon
Aguirre Such, que participó activamente en el 15-M, opina que la medida anunciada
por Interior implica la "represión de todo tipo de actividades de lucha"
y niega a los ciudadanos la posibilidad de manifestarse pacíficamente. "Es
un síntoma muy claro de que el actual Gobierno puede acometer todo tipo de
acciones para tratar de mantener un status quo que, cada vez más, está en tela
de juicio".
De ahí
que, según él, el Estado recurra a la "legitimación de la violencia
policial en aras de los intereses del mercado y de los agentes políticos y
económicos", a los que responsabiliza de la crisis económica. "Es
un ataque directo contra los ciudadanos que vienen trabajando por los derechos
sociales que tanto tiempo, sudor, esfuerzo y lagrimas han costado",
asevera Aguirre Such, que se pregunta: "Si
los ciudadanos no podemos manifestarnos pacíficamente por nuestros derechos,
¿qué nos queda?".
Interior
considerará la resistencia pasiva un atentado a la autoridad
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz,
anuncia que se incluirá como "delito de integración en organización
criminal" convocar concentraciones violentas por Internet.
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL, Público 11/04/2012
El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de que
los recortes sociales y la reforma laboral van a seguir provocando que las
calles se consoliden como un foco de protesta. Lo han visto ya en las
movilizaciones de los indignados del 15-M, los estudiantes de la ’Primavera
Valenciana’ y la huelga general del 29 de marzo. Ante esta escalada de la
tensión social, el Ejecutivo ha decido reformar "en profundidad"
el Código Penal la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la ley orgánica de
protección de la seguridad ciudadana.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz,
ha justificado hoy en el sesión de control del Congreso este endurecimiento
alegando que es necesario luchar contra lo que denomina una "espiral de
violencia" practicada por lo que ha definido de "colectivos
antisistema" que practican "técnicas de guerrilla urbana",
según recoge Europa Press. Pero la legislación va más
allá de los violentos y plantea una nueva batería de restricciones de derechos.
Todas las medidas que se han anunciado en los
últimos días junto con las que ha adelantado hoy el ministro de Interior, van
dirigidas a mantener un mayor control del orden público. Entre ellas el
endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera, equiparándolo con
la legislación antiterrorista diseñada para tratar los casos de kale borroka en
el País Vasco, directamente relacionado con los enfrentamientos que se vivieron
en Barcelona durante la jornada de huelga del 29-M. Se trata de que "la
gente tenga más miedo al sistema", como dijo la semana pasada el
conceller de Interior de Catalunya, Felip Puig.
Sin embargo, los violentos no son el único objetivo
de las reformas que proponen los conservadores. Otra de sus propuestas es
incluir como delito de "atentado a la autoridad la resistencia pasiva o
activa grande". En clara referencia a las movilizaciones estudiantiles
de Valencia y el movimiento 15-M, con esta legislación podrían ser condenados
por atentado todas las personas que acudan a las movilizaciones de los
indignados, que suelen llevarse a cabo sin previa notificación a la Delegación de
Gobierno.
La participación en estas protestas no será el
único acto castigado. La reforma propuesta prevé que sea considerado "delito
de integración en organización criminal" difundir a través de Internet
y las redes sociales las convocatorias "violentas" y que
"alteren gravemente el orden público", que podrían ser todas
aquéllas que no hayan sido notificadas y que se nieguen a abandonar el lugar
pese al aviso de la Policía. Exactamente lo que pasó el 15 de mayo y los días
posteriores en la Puerta del Sol de Madrid.
España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa
Occidental y de los índices de criminalidad más bajos Además, se va a
introducir entre "las modalidades de acometimiento" (ataque
violento dirigido contra un policía) las amenazas y comportamientos
intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Otra medida, que recoge Europa Press,
es que se considerará como agravante cuando las conductas violentas se
produzcan en manifestaciones o concentraciones y se incluirá como delito de
desorden público los supuestos en los que se penetre en establecimientos
públicos o se obstaculice el acceso a los mismos. En este sentido, se ampliará
la cuantía de los daños no sólo a los que se produzcan en establecimientos,
sino también a los que se deriven por la interrupción de cualquier servicio
público.
Pese a que el titular de Interior ha dicho que
"no se trata sólo de responder desde el Código Penal a iniciativas de
guerrilla urbana que cada vez proliferan más en nuestras calles, pero tampoco
instalarnos en el buenismo jurídico", España
ya cuenta con Código Penal duro si se compara con el resto de Europa.
De hecho, en la actulidad
España tiene la mayor tasa de presos de toda Europa Occidental. Por contra, los
índices de criminalidad están, por el momento, entre los más bajos.
+ Info:
La
reforma penal de Rajoy convertirá actos del 15M y la ´primavera
valenciana´ en graves delitos
Criminalizar
la protesta civil atenta contra los Derechos Humanos
Actuable.es
M.I. Ministro del Interior don Jorge Fernandez Diaz:
La reforma del Código Penal prevé una pena mínima y
prisión provisional para quienes convoquen manifestaciones que sean
consideradas como "violentas" por Internet.
También se criminaliza a protesta civil calificando
la resistencia pasiva como "delito de integración en organización
criminal" que podrá ser penado hasta con 4 años y prisión provisional.Ante esta reforma es importante recordar el
Artículo 21 de la Constitución Española:
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin
armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo
podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público,
con peligro para personas o bienes.
El Estado español debe garantizar que las personas
pueden protestar de forma pacífica, difundir información y criticar a los
propios gobiernos respecto a la protección o promoción de los derechos humanos.
Estas reformas atemorizan a la población, y les
impulsa a no protestar y aceptar la pérdida de Derechos Fundamentales que se
impulsa desde los mercados financieros, con la complicidad de instituciones
europeas, españolas e internacionales.
Aprobar leyes que fueron derogadas hace 50 años no
significará mayor seguridad para los españoles, ni siquiera para los que no
protestan. Significará aumentar la crispación, la protesta y objeción de
conciencia ante los abusos que maltratan a las personas más débiles de nuestra sociedad.
Sr. MInistro, no apague
el fuego con gasolina. Las Instituciones están para defender a los ciudadanos
ante los poderosos, no para ayudar a los poderosos a quebrar la dignidad de las
personas.
Si no acepta argumentos lógicos y razonables, al
menos, lea los siguientes tratados internacionales, que son vulnerados por su
reforma, y en cuyo fundamento será denunciado el Reino de España por Violación
de los Derechos Humanos.
Artículos
6, 8 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
Artículo 19 y 20 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo
6, 8, 12, 19 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo
10 y 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
Artículos
1, 5 de la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos
Fuente: Publicado
en anticapitalistes.net
http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article2993