LA VOLADURA DE LA CASA DEL PUEBLO DE LA ISLETA

Con la finalidad de minar cualquier brote levantisco, sobre las cinco horas de la tarde del lunes 20 de julio de 1936 se hizo dinamitar la casa obrera porteña

Cuando al día siguiente no le vimos,

sepultamos su nombre

que tampoco sabíamos.

Palabras a un héroe anónimo. Agustín Millares Sall. 1974.

Cada 18 de julio la prensa se hace eco de la efeméride del alzamiento militar de 1936 que promovió un golpe estado contra la II República Española y la consiguiente guerra civil (1936-1939). Se abunda en los sucesos protagonizados por el bando rebelde, y poco se dice del bando que opuso resistencia al denominado Movimiento Nacional.

El conocimiento de la resistencia popular contra el fascismo que siguió al 18 de julio sigue constituyendo, aún hoy, después de 75 años, un vacío de nuestra historiografía. Estos episodios de resistencia, por insignificantes que parezcan y aunque no fueron algo de vastas proporciones, merecen al menos una cita en los libros de historia, donde Canarias sólo figura como mero trampolín del general Franco hacia África y La Península. Es injusto olvidar la gesta heroica de unos hombres y mujeres que pagaron con su vida o de otras formas también crueles la fidelidad a una causa y unos principios, tratados como bandoleros y criminales por el bando rebelde.

A pesar del rápido control militar de los centros neurálgicos, el ejército encuentra cierta resistencia. En el asalto al Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife el sábado 18 por la tarde mueren el falangista-soldado voluntario Santiago Cuadrado Rodríguez (por el bando rebelde) y el cabo de la Guardia de Asalto Antonio Serrano (por el bando constitucional).

En Gran Canaria se producen pequeños núcleos de resistencia al golpe de estado. El viernes 17 por la noche se reunían las federaciones obreras en sus locales de Las Palmas de Gran Canaria, al tener conocimiento fidedigno del alzamiento de las plazas africanas. En la madrugada del sábado 18 se constituye en la Casa del Pueblo un comité de lucha para convocar una huelga general y coordinar las acciones para frenar el golpe. En horas de la mañana, en la redacción del periódico socialista Avance se confecciona un manifiesto que se distribuye por la ciudad. La Federación Obrera declara la huelga general y solicita armamento para luchar, pero el Gobernador Civil no lo autoriza; tampoco hubo la decisión suficiente para tomar las armas u obligar a las timoratas autoridades republicanas a distribuirlas entre aquellos que estaban dispuestos a empuñarlas. Cientos de personas se manifiestan frente a la Comandancia Militar, siendo dispersados a tiros. Era ya demasiado tarde para parar el golpe.

En Telde se produce un tiroteo en el que muere el derechista José Suárez. En la zona norte se forman partidas para resistir y Suárez y Egea son detenidos en La Aldea el 24 de julio. El día anterior son detenidos muchos cuadros y activistas de la Federación Obrera en una reunión clandestina en el Risco de San Nicolás. Y el 10 de agosto queda desarticulado totalmente el comité de lucha de La Isleta con su detención en una casa de Pico Viento (Tafira), cayendo la mayor parte de la dirigencia del Frente Popular (luego transportada a La Península y asesinados en la macabra expedición del Dómine).

Por la Casa del Pueblo de La Isleta aparecen esa mañana del sábado vehículos con falangistas en actitud provocadora y se producen tiroteos. Un desafortunado incidente se produjo el lunes día 20 en La Isleta. Al mediodía suben tres militares por la calle Faro. El cabo de infantería Manuel Cabrera Araya (residente en la calle Inés Chemida) y los soldados de infantería Francisco Andrade Gómez (malagueño) y Juan Jiménez Mariano (moganero). La patrulla prestaba servicio en la oficina de Telégrafos sita en la calle Albareda. El cabo tenía a su madre enferma y decide ir a verla.

En la esquina con la calle Bentayga son interceptados por un grupo de 8 o 10 personas que le requieren sus armas. Se produce un forcejeo y un tiroteo, y los asaltantes se apoderan de las armas. Luis Cabrera Hernández es herido en la pierna. Los asaltantes huyen y son detenidos al día siguiente, siendo conducidos al Castillo de San Francisco. Los soldados caen muertos en la calle Tufia y el cabo malherido llega hasta la calle Juan Rejón y es evacuado al Hospital Militar. El martes siguiente son enterrados los ‘primeros gloriosos caídos’, según consideración de los alzados.

Como represalia se despliega un fuerte contingente de tropa y falangistas en la zona. En los alrededores de la Casa del Pueblo son tiroteados desde las azoteas. Los militares dan orden de evacuación al vecindario de las inmediaciones, que se refugian en otras casas del barrio. Con la finalidad de minar cualquier brote levantisco, sobre las cinco horas de la tarde se hizo dinamitar la casa obrera. Por ironía del destino, el oficial militar que dirigió la maniobra era, según algunas versiones, un simpatizante comunista. Se elimina así un símbolo de un barrio obrero y popular.

Se instruye la causa 01/1936 por el delito de rebelión militar contra los siguientes vecinos (la mayoría de La Isleta):

El Consejo de Guerra se celebra en el Cuartel de San Francisco el 2 de septiembre de 1936 y declara penas de muerte para cinco de los encausados y cadenas perpetuas para cuatro. En rebeldía es encausado el conejero Pedro Nolasco Perdomo Pérez. Permaneció 33 años (hasta el año 1969) encerrado en distintas casas de sus familiares en el barrio, siendo uno de los topos que permaneció más tiempo oculto.

Los fusilamientos se producirán al amanecer del lunes 7 de septiembre en el campo de tiro del Cuartel de Artillería de La Isleta, siendo el segundo que se produce: el primero tiene lugar el 6 de agosto, siendo fusilados el comunista y diputado Eduardo Suárez Morales y el socialista y delegado gubernativo de la zona norte Fernando Egea Ramírez.

Los tres condenados a cadena perpetua son conducidos en enero de 1937 al penal del Puerto de Santa Maria en Cádiz y regresan (con prisión atenuada) en julio de 1941. El cabo Manuel Cabrera, al que se le descubrió un tatuaje en el pecho con la hoz y el martillo en el Hospital Militar, fue enviado al Castillo de San Francisco por el delito de abandono del servicio de armas y condenado a la pena de 20 años, siendo liberado en el verano de 1940.

Desde mediados de agosto cesa cualquier intento de resistencia organizada en Gran Canaria, produciéndose hechos aislados de retaguardia como el fracasado intento de asalto del Cuartel del Regimiento de Infantería de La Isleta (Cuartel de Los Barracones) en diciembre de 1936.

Consolidado el golpe y sofocado los focos de resistencia se desarrolla un rápido y sistemático ataque a las estructuras organizativas del Frente Popular, iniciándose una dura persecución y cruenta represión para lograr su descabezamiento y aniquilación. Se suceden las masivas detenciones y empieza funcionar la máquina represiva.

Una desmedida e injustificada represión, sufrida por la práctica totalidad de los afiliados y los simpatizantes a partidos, sindicatos y sociedades obreras y republicanas de centro-izquierda, y toda la representación institucional (mayormente republicana-masónica). Y también los colectivos profesionales de funcionarios, maestros, médicos, abogados y periodistas, entre otros. Muchos conocieron la muerte con o sin juicio previo. Otros ni siquiera tuvieron esa posibilidad y desaparecieron en el anonimato, asesinados por bandas amparadas por el nuevo régimen. Muchos de esos defensores de la legalidad republicana serán detenidos, encarcelados, desaparecidos y fusilados en los meses siguientes.

En la primera semana del golpe las cárceles, comisarías, cuartelillos y centros de detención quedan repletos. El campo de concentración de La Isleta (ubicado al norte del Cuartel de Artillería) se abre el viernes 31 de julio con un primer ingreso de 315 presos. El campo cierra (al ser trasladado al de Gando) el lunes 15 de febrero de 1937 con 1.145 detenidos.

Se contabilizaron (hasta 1948) 71 personas fusiladas en la provincia de Las Palmas. En el primer semestre fueron desaparecidas-asesinadas alrededor de 1.200 personas en toda Canarias. Se calcula que en el periodo de 1936 a 1950 pasaron por las prisiones canarias 20.000 personas, entre las diversas categorías de presos (detenidos, encausados, gubernativos, preventivos, retenidos, rehenes, etc), incluyendo a los presos peninsulares trasladados a las Islas. Y miles los maltratados, vejados, torturados, encarcelados, deportados y exiliados. Los que pudieron se escondieron o huyeron al exilio. Otros, posiblemente para escapar de la escabechina, se pasaron al bando insurgente.

El régimen de terror se intensificó con la extensión de las represalias hacia las familias, amistades y entornos cercanos, abarcando al conjunto de la población en un control generalizado. La pérdida de puestos de trabajo, la incautación de bienes propiedades, las multas y la imposición de impuestos, cuotas y contribuciones. La marginación social abocó a la indigencia y la pobreza a miles de familias.

La represión desencadenada en Canarias es el resultado de una decisión política planificada, metódica y necesaria, de una política tendente a desarticular a la oposición al golpe de estado y a pacificar la retaguardia de un frente de guerra que muy pronto se manifiesta como duradero. La venganza y el exceso individual existieron, pero como factores anecdóticos y, siempre, favorecidos por el propio golpe militar. La dura represión tenía un claro sentido: amedrentar a la población y a los posibles resistentes, arrasar al movimiento obrero. Sobre su base se asentó un sistema dictatorial que favoreció a la minoría de la clase oligárquica.

Los promotores del golpe militar lo justificaron en las movilizaciones y los alborotos producidos dándoles un carácter de insurrección social, cuando en realidad nunca tuvieron la dimensión de violencia planificada hacia la toma del poder. En su conjunto la situación creada suponía la alteración de la paz social que tradicionalmente reinaba en las Islas y que tanto añoraban los patronos acostumbrados a beneficios fáciles, ahora recortados por la crisis económica y la mayor capacidad reivindicativa de la clase trabajadora. La protesta obrera buscaba la modificación del reparto de la renta y la consecución de mejores condiciones de vida (vivienda, salubridad pública, educación, etc).

Se impuso el imperio del terror y de la arbitrariedad, un clima de violencia inédito hasta entonces en Canarias, no para restituir el orden social alterado, sino para frenar las conquistas del movimiento obrero. No había motivo próximo ni remoto que justificase la brutalidad desatada por los militares y sus afectos. Aquí no sucedieron los radicalismos producidos en otos lugares. En el periodo republicano en Canarias la única muerte “política” fue la del joven socialista Juan (o José) Morales Ojeda, herido frente a la Casa Woermann por la Guardia de Asalto cuando participaba en la algarabía con que en La Isleta se saludó el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936 y que murió el 1 de marzo.

La reacción isleña rindió pronto homenaje a León y Castillo en Telde, al tiempo que Franchy y Roca perdía su calle en la capital. Las preferencias estaban claras. Se instauró el silencio, la desmemoria. Las víctimas callaron para proteger a los suyos.

En el solar resultante de la voladura de la Casa del Pueblo, dos años después de su destrucción, el 18 de marzo de 1938 se inaugura la Plaza de España, interviniendo en el acto militares, falangistas, autoridades y el cura de la iglesia de La Luz Matías Artiles Rodríguez. Se sepultaba cualquier recuerdo del anterior centro obrero. Así tuvo origen el único espacio público verde que merece denominarse plaza o parque en La Isleta. Cuarenta años después, al inicio de la democracia, en 1978 y por iniciativa de la primera Asociación Vecinal isletera, la plaza pasó a denominarse Plaza del Pueblo, en homenaje a aquella casa. Allí tuvo su sede el inicial movimiento vecinal del barrio, en el local construido a partir de la primera remodelación de la plaza.

Hoy, 75 años después, desaparecidos aquellos frondosos laureles y esbeltas palmeras de la vieja Plaza de España para dar cabida al actual aparcamiento de coches (cuya construcción se inició en septiembre de 2001), lo que supuso la remodelación de la plaza (para peor), y traslada la Sala de Lectura Municipal en noviembre de 2010 a la Plaza de La Luz, ha quedado allí un pequeño local de propiedad municipal en desuso. Algunos vecinos y vecinas proponen que se utilice como Casa Ciudadana de La Isleta para uso colectivo vecinal, dedicada a actividades recreativas, culturales y sociales.

La memoria histórica es un saber que no necesita justificación utilitaria. Forma parte de nuestra cultura, pues conocer nos enriquece. Constituye parte de los cimientos de la sociedad, ya que no se puede vivir el presente y encarar el futuro sin asumir el pasado.

Ahora que la gente nueva del 15M toma la plaza, ojalá que las nuevas generaciones sepan valorar este pasado para proyectarlo en su acción por un futuro posible mejor, impulsando un movimiento profundamente ‘respublicano’, es decir, ciudadanista, por la causa pública y el provecho común, que vuelva a recuperar y defender los viejos valores de Libertad, Igualdad y Fraternidad, tejiendo una nueva red social en base a las históricas prácticas de hermanos, amigos, vecinos, compañeros y camaradas.

Juan Peña García.

La Isleta. 18 de julio de 2011.