QUE NO NOS ROBEN LAS PENSIONES
El 7 de junio pasado, el Gobierno creó una llamada Comisión de
Expertos, supuestamente de carácter independiente, pero que la mayor parte de
ellos cobran de bancos y aseguradoras, para que elaboraran la fórmula del
“factor de sostenibilidad” de las pensiones, prevista en el acuerdo del
Gobierno del PSOE de 2011.
Basándose en el carácter supuestamente “científico” del informe,
se pretende desvincular la revalorización anual de las pensiones del incremento
del coste de la vida y “establecer el equilibrio entre ingresos y gastos”,
dando por supuesto que habrá de ahora en adelante más jubilados y menos
empleados, porque, según ellos, aumentará la esperanza de vida y se reducirá la
población laboral. Con este criterio, los pensionistas de hoy, aunque
conservasen la misma pensión nominal, verían mermado su poder adquisitivo, y
los futuros pensionistas tendrían una pensión más baja que los actuales.
Toda esta argumentación es la justificación de una decisión tomada
de antemano por la Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional–, gobierno de hecho de la
Unión Europea, no elegido por voto ciudadano, que es el gestor de los intereses
de las grandes entidades financieras. Su objetivo es aumentar los beneficios
empresariales, rebajar salarios y pensiones, y pagar las deudas de bancos y
empresas convertidas en Deuda Pública.
El Gobierno del PP se escuda en el informe de la Comisión de
Expertos para esta reducción sustancial de las pensiones. Quiere rebajar la
aportación patronal a la Seguridad Social, retrasar la edad de jubilación,
aumentar los años de cotización, congelar y disminuir la capacidad adquisitiva
de las actuales pensiones, y llevar a subsidios de miseria a los futuros
pensionistas. Todo esto en beneficio de empresarios, aseguradoras y bancos.
MIENTEN
Porque la reducción de ingresos a la Seguridad Social se debe al
aumento del paro y a las bonificaciones de la cuota patronal, no al número de
pensionistas.
Porque el supuesto aumento de la esperanza de vida no afectará a
todos por igual, pues son las personas de renta más alta, trabajos con menos
enfermedades profesionales y estabilidad en el empleo, las que tienen mayor
esperanza de vida, al contrario que la mayoría de la población asalariada. Por
otra parte, la prolongación de la vida laboral disminuirá la esperanza de vida
de las personas con menor cualificación.
Porque no hay ninguna previsión contrastada, a largo plazo, del
porcentaje de jubilados en relación al número de personas en edad laboral.
Hasta ahora han fallado todas las previsiones que se han hecho desde el Pacto
de Toledo de 1995, incumpliéndose todos los pronósticos catastrofistas. El
número de cotizantes depende de los porcentajes empleo y paro, del crecimiento
natural de la población y de la diferencia entre inmigración y emigración.
Porque sus cálculos se hacen sin tomar en consideración el aumento
de la productividad y, por consiguiente, de la renta disponible. Hoy, uno de
los países de las U. E. con mayor aumento de la productividad es el Estado
español. El aumento de la renta puede permitir sostener a más pensionistas con
una proporción más alta de jubilados sobre la población total.
OTRAS FUENTES DE INGRESOS
Hay otras fuentes de ingresos, además de las cotizaciones, para
destinarlos a las pensiones: La restauración del Impuesto de Patrimonio; la
eliminación de la Reserva de Inversiones de Canarias, una figura fiscal propia
del Archipiélago que exime a las empresas radicadas aquí del pago de la mayor
parte del Impuesto de Sociedades; el aumento de impuestos sobre la renta y el
patrimonio de las grandes fortunas, y la persecución del fraude fiscal de
bancos y grandes empresas. Todas estas medidas generarían recursos que podrían
dedicarse a la Seguridad Social.
HAY QUE RESPONDER
El mantenimiento del sistema es posible, sólo es cuestión de
voluntad política, pero van a utilizar la crisis que han provocado para
robarnos el salario, la sanidad, la educación y ahora, las pensiones. No
debemos permitirlo.
Esta Plataforma se compromete a hacer lo posible por explicar a la
sociedad la falsedad de los argumentos del Gobierno y a luchar, coordinados con
otros colectivos de Canarias y del resto del Estado, para impedir esta nueva
agresión que sería un golpe demoledor para la inmensa mayoría social.
Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas
12 julio 2013