M O CI Ó N

 

CONDENA A LA AGRESIÓN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL A GREENPEACE

 

Exposición de motivos

   La presente moción hace referencia al lamentable suceso del que teníamos noticia el pasado 15 de noviembre en aguas cercanas a Canarias, donde embarcaciones pertenecientes a la patrullera militar “Relámpago” de la Armada del Estado Español embistieron violentamente contra las lanchas neumáticas procedentes del barco Arctic Sunrise, de la ONG Greenpeace. Estas últimas se habían aproximado al buque de perforación Rowan Renaissance para protestar de forma pacífica contra las prospecciones petrolíferas en aguas profundas. Como resultado se produjo la caída al mar de una de las activistas, que sufrió heridas de consideración con cortes y una fractura con las hélices de los botes de la Armada, además de otros activistas heridos y las embarcaciones de la organización ecologista dañadas. En la propia filosofía de Greenpeace se establece que sus acciones se realizan de forma pacífica, y su único objetivo es proteger la biodiversidad en todas sus formas; prevenir la contaminación y el abuso de los océanos, las tierras, el aire y el agua dulce; terminar con todas las amenazas nucleares y promover la paz, el desarme mundial y la no violencia.

   En horas posteriores al suceso el Ministro de Defensa, Don Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, realizó declaraciones defendiendo la actuación de la Armada, calificándola de proporcionada, señalando que los militares “cumplieron con su deber” al atacar a Greenpeace para evitar que “cometiera un delito de piratería”. A estas declaraciones siguieron las del Ministro de Industria, Energía y Turismo y Presidente del Partido Popular PP en Canarias, Don José Manuel Soria López, afirmando que la activista italiana de Greenpeace fue herida por otra embarcación tipo “Zodiac” de Greenpeace con la hélice, defendiendo que la actuación de la Armada hacia Greenpeace preserva la libertad de navegación y que seguirá preservando la libertad de la actividad de los buques contratados por la multinacional petrolera Repsol en la zona de las prospecciones. Estas declaraciones se vieron acompañadas por la actuación de la Ministra de Fomento, Doña Ana Pastor Julián, reteniendo e inmovilizando el barco Arctic Sunrise y solicitando un depósito de 50 mil euros, iniciando un procedimiento sancionador por una “supuesta infracción contra la ordenación del tráfico marítimo” o por la vía penal, “por un delito de piratería” por los hechos acaecidos el día 15 de noviembre, tras informe emitido por el Ministerio de Defensa.

 

   Probablemente las personas que hicieron estas declaraciones no contaban con que horas más tarde del suceso saldrían a la luz imágenes de lo que realmente pasó. Imágenes que aclaran el acontecimiento y que han dado la vuelta al mundo, en las que se ve a las lanchas de la Armada del Estado Español embistiendo con violencia a las zodiacs de Greenpeace. Estas últimas trataban de acercarse al barco perforador de Repsol para llevar a cabo una acción de protesta pacífica y queda reflejado en las imágenes, poniendo en seria duda el tratamiento de “un posible abordaje”, nada menos que a un barco de casi 40 metros de alto y más de 230 metros de eslora.[1]

   Nos tememos que la criminalización de las protestas pacíficas pase a normalizarse en manos de una ley apodada “mordaza” por los distintos colectivos sociales y la propia ciudadanía, y es que la propia palabra con la que se describe en la calle hace referencia a la prioridad con que nace por evitar la movilización y actos de protesta de la sociedad civil por el descontento social.

 

   En Junio de este mismo año, el grupo político Coalición Fortaleza de manera conjunta con el Grupo de Nueva Canarias, presentó a este Pleno una moción “En contra de las autorizaciones del Gobierno del Estado a la Multinacional Repsol”, resultando aprobada con los votos en contra únicamente del Grupo Popular. El posicionamiento del Grupo de Nueva Canarias está fundamentado en los riesgos y consecuencias directas hacia numerosos sectores de la sociedad canaria en el caso de que se realizaran dichas prospecciones y la hipotética extracción de crudo, en los que no hace falta ahondar pues son sobradamente conocidos; Desde un modelo económico basado principalmente en el turismo y las repercusiones económicas que ello supondría, hasta los daños irreparables al medioambiente.

 

   Uno de los acuerdo propuestos por aquella moción antes nombrada hacía referencia a “denunciar la opacidad y falta de transparencia del Gobierno del Estado en la tramitación de todo el expediente” sobre las autorizaciones a la multinacional Repsol. La ausencia de transparencia se ve especialmente reflejada en lo referido al impacto de las prospecciones en el medioambiente. En Julio, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) pedía al Gobierno del Estado que frenara las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias y que promoviera la creación de un santuario de ballenas y de delfines, ya que en esa zona se encuentran una tercera parte de las especies de cetáceos de todo el mundo. Esta misma organización recordaba que el propio Ministerio de Medio Ambiente sabía ya en 2011 la importancia de estas aguas para los cetáceos, y de hecho encargó un estudio científico para delimitar una posible Área Marina Protegida para las ballenas y los delfines. Paradójicamente, esta es la misma zona donde se aprobaron los sondeos exploratorios para la búsqueda de petróleo en 2014.

 

   La presente moción pretende insistir en que el foco principal no es la agresión citada en sí misma, sino el hecho de que el Gobierno del Estado autoriza a una empresa multinacional petrolera, Repsol, a perforar una zona de alto valor ecológico. Los papeles en esta disputa son los siguientes: Una organización no gubernamental relacionada con la defensa del medioambiente, Greenpeace, que protesta contra dicho proyecto. Una multinacional movida únicamente por intereses económicos, Repsol, que pretende realizar unas prospecciones en busca de petróleo a una profundidad nunca antes realizadas. Por último, el Gobierno del Estado español que, lejos de querer escuchar siquiera la voz de los y las canarios y canarias, autoriza dicho proyecto y defiende sus intereses privados utilizando medios públicos.

 

   En base a lo citado anteriormente, se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

 

1º. Manifestar su apoyo y reconocimiento a la actuación pacífica de la organización Greenpeace, y su solidaridad con todos los activistas del barco Arctic Sunrise y en especial con Matilda Brunetti, Francesco Diplomático y Francisco del Toro, a los que deseamos pronta recuperación de sus heridas ocasionadas por la agresión sufrida.

 

2º. Manifestar el rechazo y condena de la actuación del Gobierno de España y de la Armada Española contra la organización Greenpeace para defender los intereses de la multinacional Repsol.

 

3º. Solicitar al Gobierno del Estado español que actúe en consecuencia por unas acciones que pusieron en peligro la vida de varias personas tras una actuación absolutamente desproporcionada ante esta manifestación pacífica a cargo de los activistas de Greenpeace, así como por las declaraciones basadas en informaciones falsas del Ministro de Defensa, Don Pedro Morenés y Álvarez de Eulate, y del Ministro de Industria, Energía y Turismo y Presidente del Partido Popular PP en Canarias, Don José Manuel Soria López, y la actuación de la Ministra de Fomento, Doña Ana Pastor Julián.

 

4º. Instar al Gobierno de Canarias para que inicie cuantas medidas legales fueran oportunas en defensa del derecho a la manifestación pacífica, que denuncie al Gobierno del Estado Español por su campaña desmesurada utilizando medios públicos para blindar los intereses de una empresa multinacional petrolera, y en general promueva medidas que sirvan para que el Gobierno del Estado Español no vuelva a utilizar las fuerzas del Estado para agredir a pacíficos manifestantes ya que, entre otras cuestiones, Canarias es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo y no se puede permitir estos hechos denigrantes conocidos ya en todo el planeta.

 

5º.- Hacer una llamada a la ciudadanía del municipio en particular y a la sociedad canaria en general a que recabe la información completa sobre las posibilidades de aprovechamiento de las energías renovables frente a la dependencia única de las energías fósiles, y a no permitir atropellos ni criminalización contra el derecho de protesta pacífica. Porque tenemos el derecho constitucional de disfrutar de un medio ambiente sano y el deber de defenderlo, porque estamos legitimados para seguir defendiendo al planeta de proyectos peligrosos para la continuidad de la vida, se reitera la llamada a la ciudadanía para utilizar los medios legales de manifestación pacífica en defensa de los intereses de nuestra comunidad.

 

[1] Vídeo del ataque de la Armada española a los activistas de Greenpeace