EFEMERIDES
CANARIAS
UNA HISTORIA RESUMIDA DE CANARIAS
PERÍODO
COLONIAL, DÉCADA 1621-1630
CAPÍTULO
XXIV (XI)
Guayre
Adarguma *
1625. Historia
colonial del pago lagunero de Los Batanes, Tenerife. “Si algo caracteriza al siglo XVII insular, esto ha
sido la importancia que ha adquirido la
producción y comercialización del vino. Desde finales de la centuria anterior, el mismo se había configurado como el principal cultivo exportador, sustituyendo al
azúcar en los mercados internacionales. Para
satisfacer la demanda de caldos insulares, se produjo una sutil transformación del espacio agrícola insular, incrementándose las áreas plantadas de viñas,
no solo sobre aquellas que se habían dedicado al azúcar
anteriormente, sino en detrimento de otras
que estaban destinadas a la alimentación de la población. Para mantener abastecida la isla en unos momentos en que esta
incrementaba sus efectivos espectacularmente, se recurrió al aumento
de las importaciones, ya fueran estas del viejo continente o de
otras islas (en estos momentos, Lanzarote y Fuerteventura transforman su estructura productiva de ganadera en agrícola) y a la ampliación
de las zonas dedicadas al trigo hacia áreas marginales anteriormente
no explotadas, donde no se podían plantar viñas.
Dentro
de este modelo explicativo; ¿qué papel jugó nuestra área de estudio?. Toda la documentación que hemos recopilado nos ha
permitido comprobar como se desarrolló un uso casi exclusivamente
cerealista de los recursos del barranco, cediendo los grandes propietarios sus tierras en régimen de enfiteusis.
Intentaremos en las líneas que siguen desarrollar
alguna de estas cuestiones, conscientes de
las limitaciones impuestas por unas fuentes más escasas que para los siglos anterior y posterior.
Cronológicamente, nuestro siglo XVII
no constituye un espacio temporal cerrado, ya que, como iremos viendo a lo largo del texto, ocasionalmente desbordaremos las fechas extremas
del mismo.
Finalmente, debemos destacar como a lo largo de este
siglo se impondrá el topónimo Batán/es
a la hora de referirse a nuestra área de interés. El primer documento localizado en que se utiliza este topónimo está fechado en 1625, cuando Juan de Mesa
cede en enfiteusis "...un pedazo de
tierra en los Batanes onde dicen el Picacho...”. A partir de entonces, los antiguos topónimos
provenientes del siglo anterior han
desapareciendo rápidamente, de tal manera que desde finales de siglo se impondrá este como única denominación, situación
que perdura hasta la actualidad.
Al igual que hemos hecho en el capítulo anterior, el
presente se estructura sobre tres cuestiones básicas: la evolución de la
propiedad, el paisaje agrario y la forma
de tenencia de la tierra.
a. Evolución de la propiedad
Tal y como hemos indicado anteriormente, las tierras
vinculadas por Luís Velásquez en 1557, recaían a finales de siglo en su
hijo Juan. Instalado en La Orotava desde por lo menos
1600, su matrimonio con Doña Inés Luzardo de
Franquis, personaje perteneciente a una rama segundona de la importante familia
Franquis, refleja claramente el grado de integración
de dicho personaje dentro de la oligarquía residente en la villa. Fruto de dicho matrimonio, nacerá
Doña Juana de Bethencourt y Luzardo, quien se casará con su primo, el capitán Don Juan Antonio de Franquis Alfaro en
La suerte de Pedro Antón de Torres, que como ya
hemos indicado, permaneció fuera del vínculo fundado por Luís
Velásquez en 1557, fue cedida en enfiteusis
a lo largo de todo el siglo XVII. En 1691, el tributo es vendido por Don
Sebastián de Franquis Alfaro a Don Joseph de La
Santa y Ariza por dos mil reales de plata. Ya en pleno siglo XVIII,
este último lo vendería a Don Crisóstomo de la
Torre en 1721.
Ahora bien, a lo largo del siglo XVII,
no serán los Franquis los únicos grandes propietarios en el barranco. Desde finales del siglo anterior, se han introducido en la comarca varias
familias nobles laguneras, que actuando como
propietarios absentistas, llegarán a poseer
extensos predios en la zona.
Este
fenómeno ya ha sido detectado en otras áreas del macizo anaguense, como por ejemplo, en Taganana. Calvan Tudela ha documentado
la llegada de los Westerlin, que se hacen con el control de los
barrancos de Benijo, Almáciga y Guagay o los Fernández de Ocampo,
que intentarán controlar los barrancos de Las Palmas de Anaga y Las Breñas. A finales del siglo XVII
y gracias a diversas uniones
matrimoniales, los descendientes de las familias Pereira de Castro
y Cova Ocampo, controlan desde Taganana casco hasta ebarranco
de Ujana, además del valle de Afur, así como las mejores tierras de Taganana. La documentación consultada nos ha permitido
observar un fenómemo similar en el área del actual pago de El Batán,
cuyos principales actores pasamos a enumerar.
En 1606, Luís de Espinosa reconoce haber comprado a
Antonia Joven, un tributo de sesenta
doblas de principal, que Pedro de Córdoba e Isabel Negrín habían impuesto sobre "...sus batanes y
guertas que los susodichos tenían
donde disen las Aseñas...", que un documento posterior ubica
en el Batán de Abajo. Posteriormente, dicho Luís Espinosa
cedería, por una de las clausulas de su testamento, dicho tributo a la Cofradía del Rosario, en cuyas manos
permanecería hasta su venta al vecino
de Los Batanes, Juan González Collaso en 1733.
Juan
Antonio Barbosa, vecino de La Laguna oriundo de la villa de Cobra en Portugal, aparece dando la suerte del Picacho a tributo a
Melchor Pérez por doce doblas de oro en los primeros años del siglo XVII.
El matrimonio de su hija, Doña Lucrecia Barbosa de
Caldas con Don Juan de Mesa en 1615,
permitió incorporar dichas tierras al patrimonio
de este último, al ser parte de la dote ofrecida. Cedida a tributo a Pedro Díaz Martela en 1625, un año después la adquiere el
Maestre de Campo Mateo Diaz Maroto, comerciante riojano afincado en La
Laguna, por cuatrocientos reales de plata. Veinte años después, la viuda de
este, Doña Violante de Moya, vende dicho tributo
a Don Cristóbal de Frías Salazar, conde del Valle de Salazar, en cuya
familia seguirá hasta bien entrado el siglo XIX.
El Valle de Los Morales, sito dentro de los actuales
límites del pago, es arrendado en 1633 por Doña Isabel de Asoca, viuda de Don Lucas
de Betancurt Sanabria, a Benito Curbelo por doce fanegas de trigo.
Posteriormente, su hijo, el presbítero Don Tomás de Betancurt
y Asoca, donará a Don
Diego de Ponte "...todos las tierras que tiene
en el valle de los Batanes donde llaman los morales que están detras de las
guertas que llaman del Obispo...", en cuyas manos seguirá a finales
de siglo XVII.
El Heredamiento de Mateo Diaz Maroto es, sin duda
alguna, el mas importante que se forma en
la zona a lo largo del siglo XVII. En 1674, al
hacer el aprecio de sus propiedades, se incluyen en las mismas las tierras siguientes: La Laja, por debajo de
la Ermita de San Mateo, el Valle de
Acuijar, La Porcuna, Valle Seco, Valle de Aradoque, Valle de Bejía, Risco de Aramuigo, Valle de Chinamada, la
Fajana, junto al Roque de los Dos Hermanos y el Tanquillo, arriba de la Ermita de San Mateo, Roque Agudo, Paso del
Fraile, cumbre de Juan Perdomo, Paso Roquete,
Roque del Carnero, Lomo de Juan García,
tierras de Tañe, la cumbrecilla de las Escaleras, Roque de Tenejía y Tacorontillo, Mesa de Tesegre y Lajinas,
que bajan al barranco de Taborno. Estas
amplias inversiones en bienes inmuebles permitieron a Maroto plantearse la creación en 1636, de un señorío
en él
valle de Acuijar, aprovechando la recaudación del Real Donativo en
las islas. Muerto ese mismo año, al poco tiempo sus familiares debieron
vender sus propiedades para cubrir unas deudas de las que Maroto había salido por fiador. Según indica Anchieta:
"...el caso fue que abia ávido represaría y en
ella los bienes de Jaques Belduque
yngles se confiscaron por contravando y depositaron en el capitán Esteban de
Llarena y fue su fiador el Maestre de Campo Mateo Dias Maroto regidor y obligo sus bienes que eran la Punta del
Hidalgo (...) y por estafiansa remató el [Capitán] general todas estas tierras de la Punta del Hidalgo a dicho Mateo Días Maroto y vendió a dicho Jacinto
Amado [en 1640] por 53 mili reales...".
Si bien desconocemos la causa, sabemos que a finales
de siglo el heredamiento se encuentra en
manos del presbítero y abogado Don Juan Onofre de Castro y Ayala. Muerto este, su madre, Doña Elvira de Ocampo y Guerra se hace con el mismo en 1703,
gracias a una sentencia favorable a la misma
dictada por la Real Audiencia.
El escaso control que ejercían estos grandes
propietarios absentistas sobre sus tierras en el pago, permitió a
los arrendatarios y enfiteutas que las
trabajaban, hacerse con pequeñas heredades, cuyo probable origen se encuentre en rozas realizadas en las laderas del
barranco que rodeaban las grandes haciendas allí constituidas.
Así por ejemplo, Pedro Diaz Martela, al aceptar el
tributo de la suerte de Pedro Antón
de Torres en 1652, aparece hipotecando para su seguridad, "...un pedazo de tierra y una casa terrera de piedra
y barro que alli tiene... ". En 1621, la viuda de Melchor Pérez,
enfiteuta de la suerte del Picacho, vende "...un pedazo de
tierra con su cueva de morada que habernos e
tenemos en el termino de los Batanes bajo los linderos que espresan...".
b. La organización del espacio
Tal
y como indicamos en la introducción de este capítulo, hemos
detectado un profundo cambio en el modelo de explotación del barranco
respecto a la etapa anterior. Si bien la información disponible
es escasa, podemos afirmar que, a lo largo de la centuria, se produce
la desaparición de la mayor parte de los anteriores aprovechamientos
hídricos del barranco -molinos hidráulicos, algunos cultivos de
regadío e infraestructura de transporte y almacenamiento- y el asentamiento
de un nuevo modelo de explotación basado en el aprovechamiento
cerealístico de los recursos del mismo.
Anchieta nos proporciona el último dato sobre la
presencia de molinos hidráulicos en el cauce del barranco. Según dicho autor
en 1613 Diego Riquel y Catalina Díaz
redimían un tributo que pagaba por un molino en Los Batanes. Desgraciadamente, no podemos aportar mas datos, dado que no menciona ante que escribano
se formalizó dicho documento. El
Testamento de Doña Juana Betai Velásquez, fechado en 1663, no cita ningún tipo de molino u construcción que aproveche la fuerza de la
corriente, por lo podemos deducir su
desaparición a estas alturas de siglo.
Gracias a dicho documento, observamos como los
cultivos de huerta mantienen cierta importancia, por lo menos en estribaciones del cauce de agua,
ya que indica poseer "...las tu aguas e guertas del batan...".
El trigo parece
monopolizar el destino productivo de las grandes haciendas que se constituyen en el barranco a lo largo del siglo.
Así se deduce de los
diferentes contratos de enfiíeusis que he logrado recopilar. En 1625, Don Juan de Mesa
da a tributo a Pedro Díaz Martela la suerte del Picacho, por dos fanegas de trigo y gallina que valga cuatro
reales anuales; en 1633, es Doña Isabel A quien cede a censo perpetuo el Valle de los
Morales a Benito Cur por doce fanegas de trigo anuales. ¿A que obedece este radical cambio de orientación en la
explotación de los recursos del barrar Como meras hipótesis apuntamos dos posibles
causas. Por el
hundimiento de la producción triguera en la comarca lagunera lo largo del siglo XVII, en
unos momentos de fuerte crecimiento demográfico, redujo a la mitad la disponibilidad de alimentos a la primera mitad de la
centuria anterior. El déficit crónico de trigo que se produjo, haría interesante el cultivo
de un producto de primera necesidad cuyo
valor se incrementó con el tiempo. Tan
no
deberíamos descartar que la producción sirviera para pagar a los jornaleros
que trabajaban sus haciendas vitivinícolas situadas en otras
áreas de la isla.
c. Formas de
explotación
En esta etapa histórica, aparece en el barranco el régimen
de tenencia a censo y tributo perpetuo, igualmente
conocido como en-fiteusis. A través del
mismo, el dueño de la tierra cede el dominio útil sobre la tierra, es
decir, la explotación de la misma, a un cultivador o enfiteuta, a cambio de una renta anual y perpetua, pagada en especies
o en dinero, reservándose el dominio directo. La elección de este upo
de contrato agrario no es ninguna casualidad. Según han señalado
varios autores, en Canarias se haya asociado especialmente a las tierras
destinadas al trigo y a otros cultivos de autoabastecimiento.
Un aspecto del máximo interés en esta clase de
contratos, es la posibilidad que tiene el enfiteuta de vender la tierra, siempre
y cuando el poseedor del dominio
directo estuviera de acuerdo en ello. Este, sí se lleva a cabo la venta, tiene derecho al laudemio o décima; es decir, al 10% del valor total de la propiedad
vendida, sin descontar el capital del
tributo que siempre queda impuesto.
Otra posibilidad, igualmente documentada, consistía
en la venta del propio tributo, es decir, se producía un cambio de titularidad
en el perceptor de la renta. Así ocurre, por ejemplo, en 1691, cuando
Don Sebastián de Franquis vende a Don Joseph de la Santa un
tributo de 50 reales de plata, pagados anualmente por Pedro Díaz Martela,
impuesto sobre unas tierras en Los Batanes. La venta se hacía
efectiva una vez que este había abonado la cantidad correspondiente
al capital del tributo, en este caso 1000 reales, para lo cual dicho Don
Joseph hipotecaba un tributo que poseía en El Rosario.
La estructura de los contratos censales se centra básicamente
en todo lo relativo a la percepción
de la renta. El tributo impuesto sobre una tierras en el Picacho, otorgado por Don Juan de Mesa a Pedro Díaz Martela en 1625, es un claro ejemplo de ello.
Según la letra de dicho documento, este debe, en
primer lugar, " ...tener dicha tierra labrada y bien reparada y limpia de matorral de manera
que ande cultivad."'. El pago de la renta
se efectúa mediante la entrega de dos fanegas de trigo y una gallina que valga cuatro reales, obligándose a ponerlos "...en
esta ciudad en las casas de mi morada el dicho trigo bueno linpio enjuto y la
dicha gallina buena por cada mes de agosto de cada un año...". Si el
propietario no recibe dicha renta durante dos años seguidos, la tierra
vuelve a él, sin tener que indemnizar al enfiteuta. Para asegurarse
el cobro, el propietario prohibe a Pedro Diaz Martela, enajenar o
subarrendar la tierra, si no es a "...persona lega llana y abonada que
pueda pagar dicho tributo...". Por último, el enfiteuta se ve obligado
a hipotecar "...quince
colmenas con sus corchos que yo he y tengo en el dicho valle de los Vatanes...", como medio de asegurar el pago de la misma.
Es destacable el absoluto desinterés que muestra el
propietario por la explotación de sus
tierras. Ello se debe a que en este tipo de contratos, la mayor prioridad del propietario de la tierra se centra
en" obtener una renta segura, ya
sea monetaria o frumentaria, sin necesidad de realizar ninguna inversión ni de controlar de manera directa las diversas fases de la producción, todo lo cual
quedaba en manos del enfiteuta. Don Juan de Mesa
es bastante elocuente en este aspecto, señalando que él "...se aparta de la tenengia de la
tierra señorío y posesión y lo traspaso a dicho
Pedro Diaz Martela para que sea suya y disponga a su voluntad...".
El absentismo de los grandes propietarios del
barranco, permitió a algunas familias campesinas controlar buena parte de las
tierras del mismo a través de estos
contratos de enfiteusis. Un claro ejemplo de ello lo constituye el ya mencionado
Pedro Díaz Martela. En 1625, Juan de Mesa le cede a tributo la suerte del
Picacho, por 2 fanegas de trigo y una gallina anuales. Veinticinco años mas tarde, se hace con la suerte de Pedro Antón de Torres, mediante un
tributo perpetuo de 50 reales anuales pagados por octubre de
cada año, a Don Juan Antonio de Franquis.
A ello uniría una serie de bienes propios citados en los diferentes contratos de enfiteusis; en 1625 hipoteca "...quince
colmenas con sus corchos que yo
he y tengo en el dicho valle de los Vatanes...".
En 1633, se le cita en los
linderos de la propiedad de Don Lucas
de Betancurt. En 1652 posee "...un pedazo de tierra en el Batan con
una casa terrera de piedra y barro...".
Melchor Pérez es otro claro ejemplo de lo que
venimos diciendo. Obtiene de Don Juan de Mesa
la suerte del Picacho. Además de citársele en
diferentes linderos de la zona, sabemos que su viuda vendía en 1621 "...un pedazo de tierra con su cueva de morada
que habernos e tenemos en el término
de los Batanes bajo los linderos que expresan...”.
Este proceso de acaparamiento de tierras alcanzará
su punto culminante con la familia Matrero,
tal y como veremos más adelante.” (Ángel
Ignacio Eff-Darwwich Peña, 2005: 51 y ss.).
1625.
Las Milicias canarias (I)
Al llegar este año,
debido a que estos Cuerpos presentaban irregularidades en su organización,
disciplina y armamento, fue necesario, por parte del Capitán General, proceder
a un reajuste organizativo que consistió en “un arreglo de su personal, formar Tercios y reformar varios empleos
militares”
GENERALIDADES
Los conflictos derivados de la expansión de la
monarquía hispánica durante
La fragmentación territorial propia del Archipiélago
y la lejanía de
Fueron por tanto las Milicias Canarias,
conformadas por vecinos de cada una de las islas, las que estuvieron en vela
permanente durante más de tres siglos defendiendo las costas insulares frente a
la amenaza exterior. Inicialmente lo hicieron casi de manera autónoma y un
tanto espontánea para luego pasar a tener una estructura orgánica que se
fue renovando en función de las necesidades.
Varios son los aspectos que en torno a las Milicias
aparecen en investigaciones históricas realizadas en el Archipiélago. Así,
destacando las singulares características de este Ejército regional frente a
las de otras Milicias provinciales de la Península, la labor de las Milicias
Canarias durante los siglos XVI, XVII y XVIII queda patentizada en el trabajo
del profesor Antonio Rumeu de Armas titulado Piratería
y ataques navales contra las Islas Canarias.
Igualmente, la Sumaria historia orgánica
de las Milicias de Canarias,
de Dacio V. Darias Padrón (Nota 1), y el trabajo de José Hernández Morán (2)
titulado Reales Despachos de oficiales de Milicias en Canarias, constituyen referencias de obligada consulta para
conocer mejor la evolución de las mismas. Importantes y valiosas son también
las alusiones que, con referencia a las Milicias, aparecen en los Apuntes
para la Historia de las Islas Canarias: 1776-1868, de Francisco María de León (3),
y en los Anales de la Diputación Provincial de Canarias, de Carlos Pizarroso y Belmonte (4).
Dado que los trabajos citados tratan de forma
general la evolución de las Milicias, unas veces en función de las distintas
disposiciones gubernamentales que las regulaban y otras analizándolas a partir
de actuaciones concretas, el objeto de nuestro trabajo es el estudio de este
Cuerpo a partir del año 1844, en que por Real Decreto se reorganizaron en el
Distrito Militar de Canarias las Unidades de la Milicia.
APROXIMACIÓN
HISTÓRICA
Los orígenes históricos de las Milicias Canarias
los encontramos en los primeros años del siglo XV, cuando Juan de
Bethencourt, una vez sometida la isla de Lanzarote, organizó en 1404 el
que algunos consideran el primer Tercio de Milicias, que se denominó Arqueros
Lanzaroteños y que demostró denuedo y bravura. Algunos años
más tarde, en la medida que avanzaba el proceso de ‘incorporación’ de las
Islas a la Corona de Castilla, se formaron en Gran Canaria y Lanzarote dos Compañías
de moriscos convertidos. Se denominaron Naturales Berberiscos y
por su lealtad habían sido exceptuados de la expulsión que para los mismos se
había ordenado durante el reinado de Felipe III. En el año 1482 se organizó
en La Gomera la segunda Unidad militar integrada por hijos del país,
facilitados por Diego García Herrera y compuesta por 190 soldados de infantería
y
Una vez incorporada a la Corona de Castilla, en
Gran Canaria se constituyó una tercera Unidad. La integraban naturales de dicha
isla y tomaría parte en la conquista de La Palma, que quedaría definitivamente
incorporada en 1493. Un año más tarde se organizó otra Unidad formada por
grancanarios, gomeros y lanzaroteños que participaron en la conquista de
Tenerife. Sería en esta isla, una vez sometida, donde el Adelantado, Alonso
Fernández de Lugo, organizaría una quinta Unidad que tuvo como base La Laguna.
Algunos autores fechan en 1561 la organización en
Gran Canaria de las primeras Unidades que, quizás, pudieran ya considerarse
verdaderas Milicias Canarias. Dos años después, a imagen y semejanza de
aquellas, se constituyeron en Tenerife y en 1564 en La Palma. A tenor de la
organización militar española del siglo XVI, pronto se denominarán Tercios,
con diferentes plantillas y existencias en función de las disponibilidades
humanas de la isla en que estuviesen radicados.
Al llegar el año 1625, debido a que estos Cuerpos
presentaban irregularidades en su organización, disciplina y armamento, fue
necesario, por parte del Capitán General, proceder a un reajuste organizativo
que consistió en “un arreglo de su
personal, formar Tercios y reformar varios empleos militares” (5).
El año
En 1770, el Coronel Dávalos, que había llegado al
Archipiélago en calidad de Inspector de Milicias, procedió a una mejor
distribución territorial de las mismas para adaptarlas, en lo que fuera posible
para Canarias, a las nuevas Ordenanzas que en 1766 se habían establecido para
las Milicias peninsulares. Para ello en Tenerife se suprimieron los Regimientos
de Icod y Tacoronte, además de uno de Caballería y otro llamado de Forasteros
en La Laguna. Subsistieron en cambio los de Infantería de La Laguna, La
Orotava, Güímar, Abona y Garachico (7).
En Gran Canaria permanecieron los de Las Palmas, Guía y Telde. Para el resto
del Archipiélago, uno por cada una de las islas de La Palma, Fuerteventura y
Lanzarote, mientras que para La Gomera y El Hierro se creaban las denominadas “compañías
sueltas”.
El primer tercio del siglo XIX en España aparece
marcado por una serie de peculiaridades que, a pesar de la lejanía del
territorio peninsular, condicionaron el devenir de nuestro Archipiélago y
obviamente el de sus Milicias. Así nos encontramos con un largo período bélico
inicial marcado por la Guerra de la Independencia frente a los franceses, las
Guerras de Emancipación libradas en América y la Guerra carlista. De estos
conflictos se derivaron considerables consecuencias para Canarias, pues, sin ser
escenario directo de los mismos, reflejó, de forma distorsionada por su
lejanía y particularidades específicas, los efectos de las tres contiendas.
Habría que esperar al año 1840, para que, con la finalización de la guerra
carlista, quedara concluida la crisis bélica que había marcado treinta años
de la vida española y se afianzara definitivamente el régimen liberal.
La superación de la expresada crisis, la
nueva situación y la necesidad de adaptarse a la nueva organización política
del Estado, exigían la puesta en práctica de medidas de reforma y de ajuste
institucional en las Milicias Canarias. Varios fueron los intentos de reformas y
de modificaciones, casi todas ellas escasamente operativas por problemas económicos,
que se intentaron llevar a cabo durante estos primeros cuarenta años del siglo
XIX. Según nos relata Francisco María de León, a finales de los años treinta
existían en Canarias once Regimientos (cada uno de ellos con un número
variable de Batallones en función de las disponibilidades de personal en las
zonas de ubicación), además de dos Secciones (en realidad Batallones
disminuidos) de seis y cuatro Compañías, respectivamente, en La Gomera y El
Hierro, y de 22 Compañías de Artillería. Además, el número de hombres con
que los pueblos contribuían era un gravamen insoportable debido especialmente
al excesivo tiempo de permanencia en el servicio (entre los 15 y los 60 años de
edad), lo que impedía a los milicianos la posibilidad de emigrar a América,
que en aquellos momentos era el bello ideal de los naturales (8). Y a ello había que sumar también la influencia negativa que en la
demografía canaria habían significado las numerosas levas de hombres
para las guerras de Flandes y América en los siglos XVII y XVIII.
La necesidad de realizar cambios profundos en las
Milicias debió ser más evidente durante la etapa de don Juan Manuel Pereyra,
Marqués de la Concordia (9),
como Comandante General y Gobernador Civil del Archipiélago, pues propuso al
Gobierno su reforma. Con esa finalidad puso en marcha una Junta (10)
que se encargó de elaborar la propuesta de nuevo Reglamento. El contenido de la
propuesta debió ser convincente y aunque con alguna supresión, y tras un largo
trámite, quedaría convertida en Real Decreto de 22 de abril de 1844, por
el que se aprobaba el Reglamento de las Milicias Provinciales de Canarias. El
contenido del mismo, su duración y efectos trascendentales proporcionaron
estabilidad a la institución y, tan sólo con pequeñas modificaciones
relativas a supresiones y readscripciones de Regimientos, Batallones y Compañías,
estaría vigente hasta el 10 de febrero de 1886, fecha en la que las
Milicias Canarias se transformarían en el Ejército Territorial de Canarias,
luego denominado Reserva Territorial de Canarias, y que en la Ley de Bases
del Ejército (1918) se declaró como “fuerza a extinguir”.
La necesidad de ajustarnos al marco cronológico
que marcan estas XIII Jornadas de
Historia Militar nos lleva a ceñirnos, tal como expresamos en el título, al estudio
de las Milicias Canarias durante el reinado de Isabel II. Dado que el Real
Decreto de 22 de abril de 1844, como ya hemos expresado, aprobó el
Reglamento de las Milicias Provinciales de Canarias, vigente con pequeñas
modificaciones durante más de 40 años, nuestro estudio se centrará,
partiendo de ese Real Decreto, en su organización, vestuario, equipo y
armamento, haberes, provisiones de empleo y ascensos, servicios y régimen
disciplinario, y obligaciones de sus mandos, así como su instrucción y
adiestramiento. Por el contrario, y por razones de espacio, no analizamos su
papel en la construcción institucional y administrativa en Canarias del nuevo
Estado liberal, ni las singulares características que diferenciaron a este Ejército
regional de otras Milicias Provinciales de la Península. Además, fue el
Reglamento de 1844 el que daba la opción a los oficiales de Milicias para
ingresar en el Ejército, con lo que se abría la posibilidad para que los jóvenes
de las islas pudieran hacer carrera militar.
ORGANIZACIÓN
Las Milicias Provinciales de las Islas Canarias
durante el reinado de Isabel II, en líneas generales, quedaron compuestas por
ocho Batallones ligeros, integrados cada uno de ellos por ocho compañías, y
dos Secciones de cinco y dos Compañías respectivamente. La isla de Tenerife,
contó inicialmente con tres Batallones (el denominado de
Canarias, el de La Orotava y
el de Garachico)
encuadrados en el llamado “Provincial de La Laguna”.
La isla de Gran Canaria tendría dos (el de Las Palmas y el de Guía), formando el “Provincial de
Las Palmas”.
Para las islas de La Palma, Fuerteventura y Lanzarote, un Batallón en cada una
de ellas y con su mismo nombre. En La Gomera se estableció una Sección con
cinco Compañías sueltas que llevaría el nombre de la isla. En El Hierro, y
con su nombre, otra Sección de dos Compañías. Además de lo expuesto,
subsistirían las diecisiete Compañías de artilleros provinciales cuya fuerza
prevista era de mil cien plazas.
En cuanto a cuadros de mando, la Plana Mayor de cada
uno de los Batallones, que debía residir en las “capitales”
(11), constó de un comandante, un sargento, un ayudante
-los tres debían ser veteranos-, un abanderado, un capellán, un cirujano, un
sargento de brigada y un tambor mayor. Para el caso de La Gomera se constituyó
con un comandante, un capitán veterano, un ayudante mayor veterano graduado de
capitán, un capellán, un cirujano, un sargento de brigada y un tambor mayor.
Respecto a El Hierro tendría un capitán, un ayudante, ambos veteranos, un
capellán, un cirujano y un sargento de brigada. Como novedad se establecía que
los sargentos de brigada de estas Planas Mayores debían ser veteranos
procedentes del Ejército de la Península, y se permitía que tuvieran opción
a la plaza los sargentos primeros y segundos de las unidades de Infantería
peninsulares que voluntariamente quisieran prestar su servicio en las Islas. A
falta de estos se elegirían de entre los sargentos de brigada y primeros de
las Compañías de Milicias que quisieran servir en dichos puestos.
Por lo que se refiere a los efectivos de milicianos
en las Compañías que conformaban los distintos Batallones, variaban según las
Islas (12).
Aún así podemos señalar que el máximo de tropa miliciana previsto para toda
Canarias era de
(Continúa en la entrega
siguiente)
Noviembre de 2012.
