FEMÉRIDES DE LA NACIÓN CANARIA

 UNA HISTORIA RESUMIDA DE CANARIAS

PERÍODO COLONIAL, DÉCADA 1601-1610

CAPÍTULO XXI (XII)

   

Guayre Adarguma  *

 

 

 

Primer proyecto para la construcción del muelle de Santa Cruz de Tenerife. (Servicio Histórico Militar en: Rumeu de Armas, 1991).

 

1604 Febrero 6. R.C. expedida á petición del Cabildo de Tenerife por medio de su Regidor y Mensaje de Francisco de Mesa, haciendo relación de concurrir á los puerto de la citada isla muchos enemigos con armas procedentes de Inglaterra é islas rebeladas, por lo cual los vecinos estaban todo el año con las armas en la mano acudiendo á la defensa de ella; y que también se hacían estos alardes contra armadas de moros que atacaban á las islas, y como la de Tenerife era frontera y se hallaba dotada de numerosos puerto de mar; se hacía mas necesario acudir á su defensa que á las otras; pero que la Justicia mandaba tocar la campana de queda y se quitaban las armas á los vecinos vendiéndolas á los navíos que iban á las Indias, por lo que los mismos se quedaban desarmados, y que como eran pobres por lo general, carecían de medios para volverse á armar y así la isla quedaba entregada á los enemigos que la invadieran, por todo lo que solicitaba dicho mensajero que se dejaran las armas como las tenían aquellos vecinos que eran gente humildes y pacíficas, etc. En vista de lo expuesto, se manda por S.M. A la Audiencia y Cabildo de Tenerife enviasen relación jurada en el plazo de sesenta días; en Valladolid á 6 de Febrero de 1604, folio 106. (En: José María Pinto de la Rosa, 1996)

 

1604 febrero 9. Al tratar de Santa Cruz de Tenerife en los siglos XVII y XVIII no puede ser pasado por alto el problema acaso más fundamental para el futuro desarrollo y prosperidad de esta verdadera ciudad, que no tenía entonces otros títulos oficiales que los de puerto y plaza. Nos referimos al muelle, de Santa Cruz, acuciante problema cuya solución absorbió la atención de muchas generaciones y que sigue y seguirá siendo eje de toda su vida y norte de todas sus preocupaciones.

 

Habíamos dicho al referirnos al primitivo muelle de Santa Cruz, si­tuado en la playa de las Carnicerías, que éste se había por completo arrui­nado en el año 1600, o como dicen con frase gráfica los regidores del Cabildo de Tenerife, el muelle—seguramente con los despojos de su pro­pia ruina—"se había tupido!'. Cuatro años pasaron sin que las auto­ridades buscasen una solución adecuada a este acuciante problema hasta que las quejas y demandas incesantes de factores y mercaderes, junto con la disminución del comercio y tráfico forzó al Cabildo a reunirse, transcurrido este plazo, para deliberar sobre tan importante extremo.

 

El acuerdo tomado el 9 de febrero de 1604 es digno de ser reproduci­do textualmente:

 

"Que es notorio que los daños e inconvenientes que han sucedido en el puerto de Santa Cruz, por no haber en él un buen desembarcadero, puesto que el que en tiempos pasados había se ha tupido, y que aunque este Ca­bildo ha procurado remediarlo, no ha sido posible, y se ve que se ahogan muchas personas y no vienen a cargar los navios, y de once días a esta parte se han ahogado dos mercaderes honrados y estuvo a canto de aho­garse muchos más, y si quedase sin remedio, las reales rentas se dismi­nuirían, los vinos no se cargaran y totalmente se arruinara esta isla; para remedio de lo cual este Cabildo fue al puerto de Santa Cruz, y llamó a personas  peritas, así forasteros como naturales del puerto, y vistos por los ojos las caletas, de común acuerdo todos vinieron, que para tiempo de tormenta y remediar estos daños, detrás de la fortaleza vieja [de San Cristóbal], en, una punta que nace de ella, que allí se haga, un muelle con una punta que entre todo lo que pudiere en la peña hacia el mar, y corra un lienzo para el noroeste y otro hacia el oeste, con escalones de una y otra parte, para que cruzando el viento de una parte se abrigue de la otra; y del dicho muelle hasta la plaza [de la Pila ] un terrapleno, para que se entre a dicho muelle, en conformidad de la planta que ha hecho el señor gobernador, el cual edificio se verifique de los cantos y piedras que tiene el mvxette viejo, y se compre cal y todo lo demás, para lo cual nombran por diputados a Cristóbal Trujillo de la Coba e Pedro Soler, regidores..., e nombraron por obrero mayor a Domingo Gonzáles".

 

Este proyecto, concebido, como puede verse, con gran holgura, como una obra sólida y definitiva, no se realizó jamás. Dificultades económicas o técnicas impidieron su construcción. Apenas si, con los materiales del muelle viejo, unas veces, y excavando en la roca, otras, se improvisaron los escalones del desembarcadero, que con los pies de amarre y pequeñas obras adicionales permitieron la reanudación del comercio con menores riesgos y peligros, pues facilitaba de extraordinaria manera el trasiego de mercancías que hacían las barcazas desde los navíos al lugar y vice­versa.

 

Este desembarcadero en la lajá de San Cristóbal, provisional y ende­ble, apenas resistió por unos años los embates del mar, hasta el punto de que hubo de ser abandonado y nadie se volvió a acordar más de él. Consta sin lugar a dudas que durante más de un siglo todo el tráfico comercial se hizo por la caleta de Blas Díaz, más tarde conocida por caleta de la Aduana o simplemente la Cailet ®, sin que en ella existiese ninguna obra sólida que mereciese el nombre de muelle o desmbarcadero, sino sólo al­gunos pescantes y escaleras de tabla para facilitar el tráfico cuando éste no se podía verificar por la playa inmediata. El único plano de Santa Cruz de Tenerife que del siglo xvn se conserva nos revela la costa com­pletamente limpia de toda obra artificial y sin más refugios que las pe­queñas caletas o playas naturales.

 

Esta situación duró hasta casi mediados del siglo XVNI, y justo es consignar el nombre de aquel a quien se debió el impulso inicial y la crea­ción de una atmósfera favorable al proyecto. Al comandante general don Andrés Bonito y Pignatelli cabe este honor y Santa Cruz de Tenerife está en deuda de gratitud por este motivo hacia él.

 

Sin embargo, la idea le debió ser sugerida a don Andrés Bonito por el ingeniero militar; en comisión de servicios en Canarias, don Antonio La Riviére, que residía en Tenerife desde 1740, a donde había venido llamado por el comandante general don Francisco José de Emparan, antecesor de Bonito, para estudiar la fortificación del Archipiélago. En el plano de Santa Cruz de Tenerife de 1740, que hay que suponer que fuese dibujado por este inteligente ingeniero, aparece el puerto con el espigón de su mue­lle, lo que nos hace suponer que La Riviére sugirió a la corte la construc­ción de tan importante obra, base de la futura prosperidad económica de Santa Cruz.

 

Cuando don Andrés Bonito tomó posesión de su cargo en Tenerife el 17 de enero de 1741, acogió con el mayor entusiasmo el pensamiento del ingeniero y le encargó del estudio y proyecto de las obras del futuro mue­lle. Mientras tanto, se consultó con Madrid la idea para conocer la acti­tud de la corte y las disponibilidades económicas del proyecto, según el apoyo que ésta diera, y se recibió con la mayor brevedad una Real orden, de 14 de febrero de 1741, comunicada al comandante general por el du­que de Montemar, aprobando la idea y resolviendo que puesto que el mue­lle beneficiaría antes que a nadie al comercio, éste arbitrase los fondos precisos para la ejecución de la obra.

 

Esta disposición real ordenaba además a Bonito limpiar el fondo de la rada de las anclas hundidas a través de tantos años en naufragios y combates, pues está probado que cortaban las amarras a los navíos, de manera inadvertida, con peligro para la seguridad de éstos. Consta, en efecto, que en este mismo año don Andrés Bonito limpió el puerto de San­ta Cruz de las anclas sumergidas, y que ello dio pie, por otra parte, a una enojosa disputa con el comisario de la Santa Cruzada , que aspiraba a in­cautarse de ellas.

 

Mientras tanto, el ingeniero La Riviére hacía los sondeos y estudios adecuados hasta que en el invierno de 1742 pudo entregar a don Andrés Bonito el proyecto completo para la nueva construcción. Este puso el asun­to en manos del ministro don José Campillo, a quien escribió, el 29 de marzo de 1742, recomendándoselo, al mismo tiempo que le hacía ver lo conveniente que sería que el rey Felipe V autorizase la aplicación de los derechos del Almirantazgo, hasta entonces sin destino, a la construcción-del muelle.

 

El rey Felipe V, por una Real cédula expedida en Aranjuez en mayo de 1742—no consta el día—, aprobó el proyecto en todas sus partes y autorizó el comienzo de las obras, aunque siempre con la salvedad de que se ejecutasen a costa del comercio de la plaza.

 

Más tanta prisa se dio don Andrés Bonito en activar el muelle de San­ta Cruz cuando se proyectaba sólo en el papel, como fue tardo y lento en disponer su realización. Dos años más estuvo en el gobierno de las Cana­rias con posterioridad a la resolución mencionada; pero por desidia o por dificultades que nos son ignoradas la obra quedó en suspenso.

 

Consta igualmente que a sus dos inmediatos sucesores, don José Ma­sones de Lima y don Luís Mayony Salazar, preocupó en igual medida el proyecto; pero que tampoco se sintieron con ánimos, fuerzas y energías para poderlo acometer.

 

Este honor estaba reservado a don Juan de Urbina, comandante ge­neral de Canarias, designado para el desempeño de este cargo en 1747, poco después del cambio de reinado. Para ello convocó a una junta en su domicilio a los más destacados comerciantes de Santa Cruz de Tenerife, que, en efecto, discutieron el 27 de febrero de 1749 las bases económicas para impulsar la construcción. Propuso Urbina, recogiendo una sugerencia de don Amaro José González de Mesa, el establecimiento de suaves contri­buciones sobre los barcos que arribasen procedentes de América, sobre el tráfico entre las islas, sobre las "lanchas de caleta" (sic), sobre las pi­pas de vino exportadas y sobre los comercios o tiendas, contribuciones que fueron aprobadas patrióticamente (pese afectar a todos los reunidos), a resultas de la aprobación definitiva de la corte. Luego el comandante ge­neral Urbina puso sobre la mesa un donativo de su peculio particular e invitó a los comerciantes de Santa Cruz a imitarle, como en efecto, éstos hicieron suscribiendo cada uno, en la medida de sus posibilidades eco­nómicas o de su celo y desprendimiento, la cantidad que tuvieron por convenientes. Los nombres de estos patriotas que pusieron, con su óbolo, la primera piedra en el colosal edificio del futuro muelle de Santa Cruz, del que el viejo espigón del siglo XVII es como su espina dorsal, merecen ser recordados para ejemplo de la posteridad. He aquí la lista:

 

Nicolás Bignony, 400 pesos; Matías Bernardo Rodríguez Carta, 200 pesos; Amaro José González de Mesa, 200 pesos; Roberto de La Hanty , 100 pesos; Juan Campo Blanco, 50 pesos; Francisco Montañéz Machado, 50 pesos; Juan Bonhome, 50 pesos; el comerciante Arpe, 50 pesos; Blas del Campo Riveros, 40 pesos; José Moreno Camacho, 30 pesos; Marcos de Torres, 30 pesos; Francisco Javier Castellanos, 30 pesos; José de Cue­zala, 20 pesos; José Cubas Betancurt, 20 pesos, y José María Bignony, 10 pesos. Estuvieron presentes también en la junta los pilotos o maestres de la carrera de Indias Nicolás Antonio Morera, Antonio José Eduardo, Patricio Madan y Pedro Domingo Eduardo, quienes ofrecieron engrosar la suscripción, más adelante, al regreso de los viajes que preparaban para La Guayra.

 

En esta junta fueron designados diputados para la dirección de las obras don Matías Bernardo Rodríguez Carta y don Amaro José González de Mesa, y recaudador de contribuciones, donativos y demás fondos don Gerardo Murphy. Este último renunció a desempeñar la comisión indi­cada, siendo entonces designado para la misma el castellano perpetuo del castillo de San Pedro de la Marina de Candelaria, Bartolomé Antonio Montañéz, quien tomó posesión de este cargo el 8 de marzo de 1749.

 

Residían en Santa Cruz de Tenerife por esta fecha dos hábiles y ex­pertos ingenieros militares, don Francisco La Fierre y don Manuel Her­nández, y de ambos recabó apoyo y colaboración el comandante general don Juan de Urbina. La Fierre , como superior jerárquico, fue encargado del estudio general del proyecto, aunque a fuer de sinceros hay que re­conocer que el plan para su realización fue obra personal de don Ma­nuel Hernández, a quien todos reconocen con absoluta unanimidad una pe­ricia verdaderamente excepcional.

 

Mientras los ingenieros trabajaban, Urbina no perdía un segundo y el 28 de febrero de 1749 se dirigía por carta al secretario de Estado, mar­qués de la Ensenada , exponiéndole la situación, la conveniencia de cons­truir el muelle, la buena acogida que el proyecto tenía entre los vecinos y cómo habían acordado establecer entre ellos diversas contribuciones para cubrir los gastos que las obras produjesen. A esta carta acompañaba una copia del acta de la junta celebrada el día anterior, 27 de fe­brero, y la propuesta de las contribuciones para que se sirviese aprobarla o modificarla el gobierno de Madrid. El rey Fernando VI se sirvió apro­bar la propuesta por Real orden de 9 de octubre de 1749, comunicada por el marqués de la Ensenada a don Juan de Urbina, y a partir de esa fecha ingresaron en cajas con minuciosa regularidad los ingresos cuantiosos que permitieron atender a los gastos de la construcción.

 

Los ingenieros acabaron el proyecto en septiembre de 1749 y los pla­nos fueron enviados a Madrid para su examen y aprobación. Estos pla­nos le fueron remitidos por el comandante general don Juan de Urbina al marqués de la Ensenada acompañados de una carta, que tiene fecha de 5 de septiembre, en la que hacía historia de los intentos de sus anteceso­res por acometer la misma empresa. No tardó mucho tiempo en llegar de Madrid la aprobación, y de esta manera se pudieron iniciar las obras a principios de 1750.

 

Habíase discutido mucho sobre el lugar más conveniente para cimen­tar este muelle, lo que explica que en la reunión antes indicada no se ma­nifestase un criterio unánime. Unos se inclinaron por la laja de San Cris­tóbal, delante del castillo de este nombre, para apoyo de la construcción, mientras otras defendían la conveniencia de que el espigón arrancase de otro arrecife o laja más pequeño que cerraba la caleta de Blas Díaz o de la Aduana por el sur. Después de una amplia discusión, la mayoría de los reunidos, entre ellos don Amaro José González de Mesa, optaron por el primer lugar, y se decidió por tanto que la laja de San Cristóbal sirvie­se de asiento y arranque al espigón del futuro muelle.

 

Por lo demás, el proyecto de los ingenieros se reducía a la construc­ción de un amplio y sólido malecón perpendicular a la costa y rematado con un martillo en forma de media luna para abrigo de las escaleras de acceso.

 

¿Quién fue el director técnico de esta obra? La dirección de esta obra corrió por completo a cargo del ingeniero militar, teniente coronel don Francisco La Fierre , ya que así lo declara Urbina en su carta al rey Fernando VI de 5 de noviembre de 1755, en la que proponía al ingeniero, como recompensa a sus sevicios, para el ascenso a coronel. Por esta carta sabemos que La Fierre había trabajado en las obras de los muelles de Málaga, Cartagena y Cádiz y que había "construido el muelle de Santa Cruz".

 

Esperaba mucho La Fierre (que por su edad y achaques se hallaba falto de colaboradores), y esperaban aún más los tinerfeños de la parti­cipación como técnico en la obra del ingeniero don Manuel Hernández, de cuya pericia todos se hacen lenguas; mas este ingeniero fue trasladado cuando se iniciaban los trabajos a la importante plaza americana de Car­tagena de Indias. Quiso parar el golpe, cuando empezaron a circular los rumores de traslado, el ingeniero jefe La Fierre ; se unieron más adelante a la petición los vecinos de Santa Cruz; mas todo fue en vano, pues Her­nández tuvo que abandonar la isla para ocupar su nuevo destino.

 

De esta manera, bajo la dirección de Francisco La Fierre , progre­só rápidamente la construcción del muelle, con el espigón ya casi construido y sólo pendiente- de cimen­tar el martillo de media luna. Dicho plano es, aproximadamente, de 1753.

 

En este momento cambió el pensamiento del comandante general con respecto a la obra, ya que se propuso construir una batería en la cabeza del muelle para aumentar las defensas de la plaza, batería que como es natural encargó que proyectase el ingeniero jefe, teniente coronel don Francisco La Fierre. Dos o cuatro años más tarde—1755 ó 1757—, pues esto no está claro, cuando el martillo se iba consolidando y la batería construyendo, sobrevino un fatal accidente que estuvo a punto de arrui­nar la construcción. "Estando aún fresca la obra que lo había de rematar —dice un documento algo posterior, refiriéndose al muelle—un furioso huracán que conmovió el mar, a su acostumbrada destemplanza, arrebató parte de la sillería de la cortina que le hacía frente y le dexo en el estado que manifiesta el plano que acompaña".

 

 Ruina ocasionada por un violento temporal en el muelle de Santa Cruz el año 1755, antes de su definitiva conclusión. (Archivo Histórico Nacional, en: Rumeu de Armas, 1991).

 

Este contratiempo no dejó de impresionar a todos, ya que en su ma­yoría estimaron que la obra era débil e inadecuada para resistir los duros embates del mar en aquellas costas, y que sólo cabía esperar que las olas fuesen lentamente arrancando, a trozos, la mutilada escollera, con peligro evidente para la caleta y playa contiguas. Esta opinión llegó a adueñarse de la voluntad del comandante general y dejó honda huella en su ánimo, siempre esforzado ante todos los obstáculos, hasta tal extremo que decidió paralizar las obras y suspender la cobranza de los arbitrios.

 

El retorno a la metrópoli de don Juan de Urbina, en 1761, supuso la total suspensión de las obras.

 

Sin embargo, ante la sorpresa general, el muelle dio muestras de ex­traordinaria solidez en su construcción y ni los años ni el mar arruinaron o arrastraron un solo sillar más por encima de los que devoró el huracán de 1755.

 

Durante el mando del inmediato sucesor de Urbina, don Pedro Rodrí­guez Moreno, no se dio un solo paso en tan importante materia; pero en cambio su sucesor, don Domingo Bemardi, intentó, por lo menos, asegu­rar lo salvado, en vista de las garantías de seguridad que ofrecía. Para ello obtuvo la oportuna Real orden de autorización y convocó seguidamen­te una junta de vecinos y comerciantes donde se discutieron las medidas económicas a tomar para las obras de reparo y seguridad.

 

Contando con la promesa de los vecinos y comerciantes, don Domingo Beinardi anticipó el dinero preciso, y de esta manera "dio principio [a la obra], levantando por la parte de la oreja del martillo un releje, en que el mar batía con la mayor violencia, haciéndolo igual hasta su extremo superior, con lo que quedando rassa esta cortina, y en forma curva, corre el mar sin hacer en ella tanta impresión".

 

Con la muerte del comandante general don Domingo Bernardi, sobre­venida en marzo de 1767, se suspendieron los trabajos en el muelle, que­dando lo gastado en descubierto, ya que la junta vecinal no arbitró los fondos necesarios para enjugar esta deuda.

 

Un momento interesante en la historia del muelle de Santa Cruz lo señala el mando del comandante general don Miguel López Fernández de Heredia, ya que si el muelle no progresó bajo su mando, la firme resolu­ción! tomada por este jefe; de rematar las obras del mismo produjo ver­daderas tempestades en el seno de la administración regional. Llegó a Tenerife don Miguel López el 1 de abril de 1768, y en cuanto se impuso del estado de las obras del muelle y de las medidas políticas tomadas a este respecto por sus antecesores, decidió, emulando a Urbina, convocar a todos los comerciantes de Santa Cruz para reunirse en junta, bajo su presidencia, el 20 de mayo del año expresado.

 

En esta asamblea, celebrada en el propio domicilio particular del co­mandante, expuso éste a los reunidos los daños que la pérdida del muelle traería al comercio de Santa Cruz y acabó invocando la generosidad de cada uno como el mejor arbitrio para acabarlo.

 

Don Miguel López Fernández de Heredia fue el primero en ofrecer su donativo, medida que imitaron los demás cabildantes, hasta, reunirse en esta sola sesión la cantidad de 1.509 pesos.

 

Sin embargo, cuando López planteó a la asamblea el restablecimiento de los antiguos arbitrios que habían permitido la construcción del mue­lle, encontró una oposición cerrada a ello por parte del vecino de La La ­guna, y personero general del Cabildo, don Amaro José González de Mesa, quien tachó de ilegales los acuerdos que sobre este extremo se tomasen. Según el comandante general, González de Mesa se expresó "de manera descompuesta e inmodesta... y con proposiciones picantes y poco decoro­sas". El personero abandonó después la junta, no sin dejar a todos per­plejos con su actitud.

 

El comandante general persistió, no obstante, en su propósito, y man­dó reunir juntas de vecinos en el interior de la isla con objeto de que en­grosase la suscripción iniciada en Santa Cruz. Consta que los vecinos de La, Qrotava, Garachico, Puerto de 1a. Cruz, San Juan de La Rambla , Los Realejos, Adeje, Chasna, Arico, Santa Úrsula, La Matanza , Tanque, Los Silos, etc., dieron importantes donativos, hasta el punto de que en pocos días la suscripción llegó a ascender a 4.315 pesos y había promesa de que entrarían en caja 5.503 más. Estas asambleas no dejaron de pro­vocar algunos incidentes, pues tanto el corregidor don Agustín del Cas­tillo como el teniente de La Orotava protestaron de que las juntas veci­nales hubiesen sido convocadas y presididas por el veedor de la gente de guerra don Pedro Catalán.

 

Contra viento y marea, don Miguel López Fernández de Heredia, que no se arredraba ante los mayores obstáculos, persistió en su propósito y encomendó al ingeniero militar, teniente coronel don Alejandro de los An­geles, el levantamiento del plano del muelle con el proyecto de las obras para su remate, incluyendo en ellas la batería para siete cañones que ha­bía de ser emplazada en el martillo del mismo. El proyecto de este inge­niero no añadía nada en sustancia a cuanto había planeado su antecesor Francisco La Fierre ; se limitaba a consolidar el martillo arruinado, cuya superficie total ocuparía la batería en proyecto, cerrada por una só­lida muralla semicircular en la que se abrían siete troneras para otros tantos cañones. Alejandro de los Angeles añadía a su espalda un amplio cuerpo de guardia, junto a las escaleras una casilla para los guar­das de Rentas reales, y proyectaba construir, por último, una suave rampa para el más cómodo acceso de la calle de la Marina al muelle. Sin embargo, no tuvo tiempo el comandante general de iniciar los tra­bajos, ya que el 1 de junio de 1768 se dirigió en queja al Rey, contra su gestión, el personero general don Amaro José González de Mesa, supli­cándole que fuese suspendido el proyecto como perjudicial y nocivo a los intereses de la isla. Desde la junta del 20 de mayo, González de Mesa no recató su opinión, en público y privado, contra el proyecto, hasta el ex­tremo de exasperar a don Miguel López, quien le amenazó con incoar con­tra él un proceso, por sedicioso, si proseguía en su campaña. No se ami­lanó González de Mesa con la amenaza, y en la fecha indicada remitió a la corte dos memoriales muy semejantes: uno, en su calidad de personero general de la isla, y otro, en uso de su simple condición "de comerciante y dueño de un navio". Para González de Mesa el muelle se había fabrica­do con "piedra suelta arrojada allí confusamente, sobre la cual se cimen­tó la oreja de martillo para el abrigo de sus escaleras y se corrió [una] cortina en media luna que formase el frente". "La insubsistencia—aña­día—es manifiesta y la ha acreditado la experiencia de verse ir desligan­do las piedras por faltarles cimiento en un fondo muy inclinado y preci­pitado hacia afuera, lo cual hace que movidas de la fuerza del mar o rue­dan afuera incomodando el surgidero o revuelven hacia tierra por un lado y otro, cegando la caleta y playa contiguas, únicos desembarcaderos." González de Mesa-, después de negar a la junta facultades para imponer contribuciones, y de abogar por la construcción de un nuevo muelle en la caleta de la Aduana , por donde, según su declaración, se seguía haciendo todo el comercio, acababa su memorial quejándose de la conducta del coMandante general, sediciosa, y perturbadora de la paz pública, según su parecer.

 

No quedó satisfecho González de Mesa con la dura oposición que re­flejan estos dos memoriales, y el 13 de julio dirigió un tercero y último a don Pedro Rodríguez Campomanes, gobernador del poderoso Consejo de Castilla.

 

Estas quejas reiteradas movilizaron al Supremo Consejo de Castilla, organismo que por resolución de 19 de diciembre de 1768 decidió pedir informes sobre el particular de las denuncias al comandante general de Canarias y la Real Audiencia , con la obligación por parte de esta última de oír antes a los Cabildos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma.

 

El informe de don Miguel López Fernández de Heredia era una expo­sición minuciosa y acabada de los antecedentes del proyecto, en el que hacía destacar este jefe cómo don Amaro José González de Mesa, tan acé­rrimo impugnador ahora del proyecto, había sido su más entusiasta defen­sor en otros tiempos; cómo había tenido una intervención directa en las obras desempeñando el cargo de diputado de fábrica, y cómo había ges­tionado y votado, por último, las contribuciones, que años más tarde le parecían ilegales y abusivas gabelas. López Fernández de Heredia pedía un severo castigo para este descomedido personero, que se había mani­festado ante él con "maneras descompuestas e inmodestas" y "con pro­posiciones picantes—añadía—y poco decorosas a mi carácter".

 

En cuanto a la Real Audiencia , como era natural, ésta antes de evacuar su informe solicitó el parecer de los Ayuntamientos mencionados. Para el de Tenerife, reunido en Cabildo general abierto «1 31 de mayo de 1769, el lugar mejor indicado para construir un muelle era la caleta de la Aduana —el influjo de González de Mesa vese bien patente—, cuyo coste evalua­bais en unos 10.000 pesos; opinaba el Cabildo que el espigón construido no ofrecía garantía alguna de firmeza y que en cambio ponía en peligro a la caleta próxima, que podía ser cegada en caso de ruina, produciendo un colapso en la vida comercial, pues todo el tráfico de la isla se verifi­caba por ella; por último, su dictamen era, teniendo presente el estado de pobreza de la isla, que el muelle debía construirse a costa exclusivamente de les comerciantes de Santa Cruz de Tenerife, como los más beneficiados con la obra.

 

El informe del Cabildo de Gran Canaria, en problema tan vital, era de una ramplonería y cortedad de miras verdaderamente censurable. Para los regidores de Las Palmas, los isleños se habían servido hasta enton­ces, con buen provecho, de sus playas y caletas naturales, y, por ende, consideraban el proyecto "inútil, gravoso y perjudicial".

 

El Cabildo de la isla de La Palma abundaba en las razones expuestas por las otras dos corporaciones hermanas.

 

Por su parte, los representantes de La, Orotava y el Puerto de la Cruz , en el Cabildo general abierto, don Francisco Bautista Benítez de Lugo y don Gaspar Franchy, unidos a los diputados del comercio don Guillermo Mahony y don Diego Fourlong, sugirieron, en un informe particular, a la Real Audiencia , que se escogiese como puerto principal para el tráfico de la isla de Tenerife el llamado Puerto de Martiánez, y que, por tanto, fue­sen en él donde se realizasen las obras de acondicionamiento y se cons­truyesen los muelles para facilitar las operaciones de carga y descarga. Para estos informantes, el Puerto de la Cruz reunía inmejorables condi­ciones para monopolizar el tráfico de Tenerife, ya que se "hallaba en la costa del Valle de Taoro, que es el más fértil y pingüe de las Canarias, pues sólo sus cosechas de vino ascienden anualmente a 8 ó 9.000 pi­pas.

 

Con todos estos informes a la vista la Real Audiencia evacuó el que se le pedía por el Consejo de Castilla, muy breve y ponderado. Este do­cumento está suscrito en Las Palmas el 2 de octubre de 1769. En opinión de los oidores de la Real Audiencia , Santa Cruz de Tenerife reunía inme­jorables, condiciones para seguir disfrutando de su preeminente situación en la isla de su nombre; el muelle construido en el mismo podía ser re­formado y rehecho; pero, eso sí, con la ineludible condición de que las obras fuesen costeadas por el vecindario y comercio de Santa Cruz.

 

El fiscal del Consejo de Castilla don José Moñino, futuro conde de Floridablanca, se conformó en su informe con el parecer de la Audiencia , y de esta manera la. Sala de Gobierno del Consejo de Castilla decretó el 20 de septiembre de 1770 que fuese reconstruido el muelle del puerto de Santa Cruz de Tenerife, con la sola salvedad de que las obras fuesen cos­teadas "por comerciantes y acaudalados". El Consejo también acordó que fuese reprendido el personero don Amaro José González de Mesa por su falta de respeto y actitud descortés para con el comandante general.

 

¿Llegó a tiempo esta resolución para que don Miguel López Fernán­dez de Heredia pudiese cumplimentarla? En efecto, llegó a tiempo, pues este comandante general permaneció en el mando de las Canarias has­ta. 1775; pero por causas que nos son ignoradas todo el entusiasmo de los primeros momentos se esfumó después de esta resolución y el muelle había de permanecer inacabado por espacio de algunos años.

 

Puestos a rastrear, pudieran descubrirse algunas causas, aunque par­ciales, y sólo a título de probable. En 1769 el ingeniero don Alejandro de los Ángeles tuvo un altercado violento con el intemperante López Fer­nández de Heredia, de resultas del cual estuvo arrestado en el castillo de Paso Alto, pasando más tarde a la Península a servir otro destino. Que­dó así el proyecto sin su ingeniero, y aunque a Alejandro de los Ángeles reemplazaron Alfonso Ochando, Luís Marqueli y José Ruiz Cermeño, quizá no tuviese confianza el comandante general en la pericia de estos técnicos para dirigir las obras del muelle. Por otra parte, como don Miguel López tuvo también serios altercados con el corregidor don Agustín del Castillo y con los proceres marqués de Villanueva del Prado y marqués de la Villa de San Andrés, y gozaba de pocas simpatías entre la población, quizá no se sintiese con fuerzas bastantes para convocar juntas vecinales y exi­girles contribuciones y dispendios.

 

El sucesor de Heredia, don Eugenio Fernández de Alvarado, marqués de Tabalosos, volvió de nuevo a impulsar el proyecto y solicitó del Rey por carta de 18 de marzo de 1776 "la urgente reparación del muelle que su antecesor, don Juan de Urbina, construyó". Consta asimismo que se remitió a la corte un nuevo proyecto para remate del muelle con una ba­tería en su martillo cuyo coste se evaluaba por entonces en la cantidad de 388.134 reales; pero sabemos por el mismo conducto que dicho proyec­to no llegó a ser aprobado.

 

De esta manera, el muelle de Santa Cruz, con el arreglo provisional que para conjurar su total ruina llevó a cabo en 1765 don Domingo Bernardi, se mantuvo sin más cambios ni alteraciones hasta el año 1784, en que el comandante general don Miguel de la Grúa Talamanca , marqués de Branciforte (cuyas maneras distinguidas y suaves contrastaban con las violencias e intemperancias de López Fernández de Heredia), sacó adelante el proyecto para rematar la construcción del muelle.

 

Pocos meses después de posesionarse del mando, el 23 de octubre de 1784, el marqués de Branciforte convocó en su domicilio una junta de vecinos y comerciantes de Santa Cruz para tratar de la reedificación del muelle, y, con más fortuna que su antecesor, obtuvo que se impusieran, "de propia voluntad, expontáneamente y con la mayor complacencia", di­versos impuestos sobre las entradas y salidas de navíos para América, so­bre los vinos, sobre las barcas, tiendas, bodegas, etc., contribuciones que más adelante aprobó el rey Carlos III por orden de 17 de septiembre de 1784. A la cabeza de los donantes merece figurar el propio comandante general, marqués de Branciforte, quien entregó para las obras, de su pro­pio peculio, 100 pesos; le imitaron en rumbo el marqués de la Fuente de las Palmas, y don José de Iriarte con 60 pesos cada uno, y se limitaron a anticipar crecidas cantidades, con un módico rédito del tres por ciento, los comerciantes don Patricio Power y Compañía, don Pedro Forstall y don José Rodríguez Carta y hermanos, quienes adelantaron, respectiva­mente, 500, 500 y 1.500 pesos. En breve entraron en caja, por donativos o impuestos, 9.105 pesos, con cuyo dinero pudieron dar comienzo, sin pérdida de momento, las obras.

 

Estas fueron encomendadas al ingeniero militar, teniente coronel don Andrés Amat de Tortosa, y en sustancia se redujeron a lo siguien­te: 1° Cimentación y construcción del martillo del muelle, ampliando la base del mismo. 2." Emplazamiento en su frente de una batería para siete cañones, protegida con un recio muro cerrado, en el que se abrían amplias troneras. 3.º Cambio en la disposición de las escaleras del muelle, que si en el primitivo proyecto aparecían separadas, ahora enlazan y se comunican unas con otras 4." Conducción subterránea de agua a través del muelle para que el abasto de los navíos pudiera hacerse en las mismas escaleras de acceso 5.° Construcción de una casilla para los oficiales del resguardo, y 6." Disposición en el pavimento del muelle de unos "cajones de pretiles, que se han hecho—dice Amat de Tortosa— para sobstener las tierras con facilidad".

 

Colaboró en las tareas para la construcción de] muelle el ingeniero militar don Francisco Jacot, a las inmediatas órdenes de Amat de Tortosa.

 

Las obras quedaron por completo terminadas el 31 de marzo de 1787, fecha en que se enviaron los planos del muelle de Santa Cruz a la corte para que ésta conociese "el estado en que ha quedado concluido el muelle de esta; plaza..., reparado en su maior parte desde los cimientos, sin costo alguno de la Real Hacienda , con los lícitos y suaves arbitrios que propuso el ardiente celo del Excmo. Señor Marqués de Branciforte...".

 

El coste de las obras para la terminación del muelle ascendió a 257.945 reales, cantidad que fue cubierta con los 221.875 reales que produjeron entre 1784-1787 los catorce gravámenes establecidos sobre el comercio y los donativos particulares. Así se acredita en una certificación de la Real Tesorería de Canarias suscrita el 20 de agosto de 1787 por don José Ro­dríguez Carta. (A. Rumeu de Armas, 1991, t. 3:407 y ss.).

 

Octubre de 2011.

 

* Guayre Adarguma Anez Ram n Yghasen.

 

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Bibliografía

     

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