FEMÉRIDES DE LA NACIÓN CANARIA

 

UNA HISTORIA RESUMIDA DE CANARIAS

PERÍODO COLONIAL, DÉCADA 1591-1600

CAPÍTULO XX (XIII)

   

Guayre Adarguma  *  

 

 

 

 1600 octubre 17. En Tenerife, el problema de las fortificaciones de la isla fue menos que en Gran Canaria por haber salido indemne de invasiones. No obstante, las autoridades locales supieron moverse a tiempo, hasta ver al Consejo de guerra la necesidad en que la isla se hallaba de reparos y reformas. Ello explica el que al acordarse por cédula de octubre de 1600 el plan general de fortificación de Canarias, no olvidada la isla de Tenerife, ya que se mandaba por esta disposición completo acuerdo con el "Discorso...", de Leonardo Torriani,; e introdujesen las modificaciones por él señaladas en el castillo de San Cristóbal y que se edificasen dos nuevos, emplazándolos en Paso y Puerto Caballos. Asimismo disponía que en el puerto de La Oró­tava se construyese una torre y otra en San Pedro de Daute, siguiendo e de la letra aquellos informes. Sólo había un inconveniente para Tenerife que este plan quedaba supeditado a la ejecución del mismo en lo afectaba a Gran Canaria, pues la cédula, atendiendo a su lastimoso estado, daba prelación a las obras a realizar en Las Palmas. Sin embargo, Tenerife se quejó con razones de peso, no de la justa preterición, sino de la imposibilidad de esperar plazo tan largo y alegato-para iniciar las obras. Su memorial al Rey, de 22 de julio de 1603, como resultado la Real cédula de 6 de diciembre del mismo año, por la que el Rey pedía informes al gobernador de Gran Canaria y al ingeniero Próspero Casóla del estado de realización del plan en proyecto, y una vez obtenido éste, con carácter negativo, no quedó ya más reme­dio que reunirse por segunda vez el Consejo de guerra para acordar so­bre la seguridad de Tenerife. Este organismo resolvió, tras amplia deli­beración, que se librase el dinero necesario para las obras con cargo a los 60.000 ducados que la isla debía, "resto de los arrendamientos pasa­dos del Almojarifazgo que tuvieron Alonso de la Guerra y Nicolás de Bute", ayudando los naturales con el resto "por ser Tenerife la isla más rica de todas". Estos dos torreones proyectados debían ser dirigidos por el gobernador de Tenerife y La Palma, don Francisco de Benavides, a quien se darían instrucciones sobre la manera de realizar las obras. Este acuerdo del Consejo fue elevado como consulta al Rey el 28 de marzo de 1604 y aprobado seguidamente por el monarca; mas lo único cierto fue que hasta pasado 1625 no se dio un solo paso en la isla de Tenerife en materia de construcciones militares. La presencia de los argelinos en Lanzarote en 1618 fue un motivo de honda preocupación para los tinerfeños, que acordaron que debía forti­ficarse la caleta de Negros, y pidieron al Rey la construcción urgente de castillos y torres; pero el resultado de esta gestión fue análogo al de las anteriores.  

No contentos con estas medidas del Cabildo, los vecinos de la isla se dirigieron a Felipe III con una representación firmada por Andrés de Azoca y Vargas, Francisco Sarmiento, Salvador Fernández de Villarreal y otros cincuenta vecinos más, quejándose del abandono de la isla, que estaba sin fortificar, y pidiendo al Rey por merced el retorno del capitán Juan de Espinosa "como fortificador" de la isla de Tenerife, cuyo go­bierno había desempeñado con anterioridad (1609-1615).

 

Parece ser que estas demandas y quejas dieron por fruto dos Reales cédulas del año 1621, ordenando diversos reparos en el castillo de San Cristóbal. Para ello se reunió el Cabildo, designó diputados de fortificáplanes; mas a decir verdad, no se progresó en materia de fortificación ni en este año ni en los inmediatos.

 

Desde esta fecha última hasta 1640 reina casi absoluta oscuridad, siendo probable sin embargo que. de tal período de quince años date la construcción del castillo del Santo Cristo de Paso Alto, que ya se hallaba edificado en 1655, que tuvo una actuación brillantísima dos años más tar­de con ocasión del ataque da Robert Blaka y que se hallaba muy necesi­tado de reparación en 1666, según informes originales del ingeniero militar don Lope de Mendoza. Nos basamos para hacer la afirmación anterior en qus son muchos los indicios para creer que precedió en su construcción al de San Juan, cuyas obras se iniciaron en 1643.

 

La oscuridad nace de que su construcción se hizo a expensas de la Corona, no quedando, como es natural, rastro de las obras en los Libros de Acuerdos del Cabildo de Tenerife. El edificio resultante fue una construcción poderosa, la segunda en importancia del puerto, que enlazaba con las estribaciones rocosas del cerro de la Altura, cerrando el paso a todo posible enemigo que hubiese desembarcado al norte de la plaza. Su primitiva planta era de forma bastante irregular, penetrándose en el edi­ficio por una rampa que conducía a la puerta de comunicación con la pla­taforma o plaza de armas. Esta se hallaba limpia de edificaciones anejas en la parte que miraba hacia el mar, sólo utilizada para el juego de la artillería, siendo maciza y terraplenada y toda ella con pavimento de piedra. La espalda de la fortificación era de dos plantas: una superior, a la plaza de armas, y otra inferior, repartiéndose entre ambas las distin­tas dependencias del castillo. En la planta inferior, a la que se descendía por medio de dos escalerillas, estaban la capilla, los alojamientos para la tropa, el calabozo, el almacén de la pólvora y pertrechos, las caballerizas, el pajar, el pozo, etc., y en la planta superior el alojamiento del castellano y los oficiales, la cocina y despensa, unos tinglados y, flanqueando la puerta, el cuarto del sargento, el cuerpo de guardia y el almacén de pertrechos de artillería.

 

La fachada exterior era de sillares en la base y de mampostería en el resto, -Estando coronada por un amplio pretil de piedra, en el que se abrían algunas almenas y con algunas garitas voladas. El alcaide de este castillo fue siempre de nombramiento real, con intervención de los capitanes generales, y la fortaleza fue utilizada como prisión militar du­rante dos siglos sucesivos.

 

Después de la construcción del castillo de Paso Alto, la tercera forta­leza con que contó el puerto de Santa Cruz de Tenerife fue la de San Juan Bautista, en la caleta de Negros, cuya construcción fue definitivamente acordada en 1641, con motivo de la guerra con Portugal, mandando en el Archipiélago el capitán general don Luís Fernández de Córdoba y Arce.

 

Para ello encontró el capitán general un diligente colaborador en el capitán a guerra y corregidor de la isla, don Juan de Urbina y Eguiluz, caballero de la Orden de Santiago, de cuya actuación el Cabildo de Tenerife quedó tan satisfecho que el 12 de junio de 1643 escribió al Rey una carta pidiéndole la prorrogación en el mando de la isla. De esta carta deducimos que no fue cierto que en 1643 ya estuviese finalizado el torreón, los regidores afirman en ella que Urbina "estaba haciendo una fortaleza en la caleta de Negros, muy necesaria; sitio por donde se conquistó la isla, y aunque ha muchos años que se deseaba, hasta el presente no e había puesto en ejecución". Parece ser que Urbina tuvo a su vez otro entusiasta colaborador en la persona del sargento mayor de Tenerife, don Juan Fernández Franco, veedor de las obras de la fortaleza, según consta de una "Relación de méritos" que se conserva en el Archivo e la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Tenerife.

Si las obras no se terminaron en 1643 no debieron tardar mucho tiem­po más en darse por rematadas, ya que a partir de esta fecha fueron de­signados por el Cabildo para el castillo de San Juan sus alcaides fijos, siendo el primero elegido, para el año 1644, el regidor y capitán don Lope Ponte del Hoyo.

 

También en este mismo año de 1643 el Cabildo hizo conocer al rey don Felipe IV, por boca de su mensajero don Fernando de Castilla, cómo ha­bía construido "dos fuertes"—San Juan y el castillo de San Felipe, en el Puerto de la Cruz—proveyéndolos a ambos de artillería, por lo que le suplicaba que los 22 soldados de guarnición fija que los mismos necesi­taban, fuesen pagados del sobrante de los arbitrios establecidos para el pago de los 60.000 ducados del donativo de 1641 (pagaderos en doce anua­lidades, a razón de 5.000 ducados).

 

Con motivo de esta demanda, el Rey pidió informe al capitán general Fernández de Córdoba, por Real cédula de 19 de octubre de 1643, sobre el plan de construcciones realizado, el dinero invertido en ellas y cuantía de los arbitrios cuyo excedente se solicitaba; mas ignoramos en cambio la resolución que pudiera recaer sobre esta petición tan justa de la isla de Tenerife.

 

En cuanto a la fisonomía de la torre de San Juan Bautista (distinta de la actual, ya que fue rehecha en 1766), ésta era en su origen una torre casi circular, sobre planta mixtilínea, muy semejante a la de Santa Ana, de Las Palmas. Era toda ella de cantería y estaba totalmente terraple­nada hacia el mar, mientras las dependencias se alineaban en el frente terrestre.

 

Eran las más importantes el alojamiento del castellano, el al­macén de la pólvora y repuestos de guerra y la vivienda de los soldados. El acceso a la torre se hacía por una recia escalera de piedra, separada de sus muros por un puente levadizo de madera. De las dependencias an­tes citadas partía, a su vez, la escalera de acceso a la plataforma, toda ella enlosada de piedra y con parapetos, almenas y troneras.

 

Ninguna otra fortificación de importancia se emprendió en Santa Cruz de Tenerife en la etapa que estudiamos, que tiene su límite cronológico en 1655.

 

En el resto de la isla, los progresos tampoco fueron muy sensibles. Bien es verdad que por la Real cédula de 17 de octubre de 1600 —confor­me hemos dicho—se ordenó construir una torre en San Pedro de Daute, y otra en el puerto de La Orotava, de acuerdo con los informes de To-rriani; pero no es menos cierto que la orden no se cumplió en nin­guno de sus extremos.

 

No obstante esto, el Puerto de la Cruz contó con algunas rudimenta­rias fortificaciones, a manera de baluartes y parapetos, para emplaza­miento de algunas piezas de artillería y protección de las milicias. Cons­ta positivamente que el regidor Antonio Franchy Luzardo, así como su hijo Juan Francisco, se preocuparon por la defensa del lugar y constru­yeron las obras antedichas, como asimismo consta también qua el regi­dor don Francisco Suárez de Lugo y Ponte fabricó a su costa murallas y trincheras en el Puerto de la Cruz y reparó las piezas de artillería em­plazadas en el mismo. Sólo que, como estas obras eran provisionales y endebles, tenían una utilidad momentánea y desaparecían sin dejar ras­tro en breve plazo de años.

 

Cuando el capitán general Andía Larrazábal recorrió la isla, señaló como puntos más necesitados de fortificación el "Puerto Viejo", en La Orotava, y la caleta de Interián, en Garachico; mas las cosas continua­ron por algunos años en su misma y deplorable situación.

 

Parece ser que al visitar la isla en 1634 el capitán general don Iñigo de Brizuela, acompañado del ingeniero Próspero Casóla, fue escogido por ambos el lugar definitivo para emplazamiento de la futura torre de San Felipe. Las obras no se iniciaron, sin embargo, hasta 1641, siendo capitán general don Luís Fernández de Córdoba y corregidor y capitán a guerra don Juan Urbina y Eguiluz. Estas se llevaron a cabo con más lentitud que las del castillo de San Juan Bautista, en Santa Cruz de Tenerife, ya que si bien Urbina levantó buena parte de sus muros, la construcción no fue rematada hasta el año 1655, en cuyo mes de diciem­bre se dieron por finalizadas las obras por el capitán general don Alonso Dávila y Guzmán.

 

En lo que respecta a el lugar escogido para el emplazamiento no hubo ninguna novedad, pues ya en la visita de don Alonso Pacheco se señaló el junto indicado u otro muy próximo, por cuanto se acordó "que se hiciese un cúbelo en una montaña larga que está junto a dicho puerto y caleta, la qual es entre la caleta que dicen del "Burgao" y la caleta del Puerto por ser lugar que se toma, una caleta e otra".

 

El castillo se emplazó definitivamente en la margen derecha del barranco de San Felipe, de donde le vino el nombre, en una punta que cierra por el sur al Puerto Viejo, siendo una modesta construcción de mampostería de planta casi cuadrada, análoga a la del castillo de San Miguel le Garachico. Más tarde se le añadieron algunas otras dependencias y garitones, que no alteraron sensiblemente su fisonomía.

 

En cuanto a las otras dos fortalezas restantes: la de San Miguel, de Garachico, y la casa-fuerte, de Adeje, no sufrieron cambios en su estructura, sin que jamás se levantase el fuerte ordenado construir por la Real Cédula de 17 de octubre de 1600 en San Pedro de Daute. Sólo tenemos notia de una "plataforma", ordenada edificar en Garachico, en 1643, por el corregidor Juan de Urbina y Eguiluz, sobre cuya situación y particularidades carecemos de la necesaria información.

 

Todos estos castillos reseñados contaban a mediados del siglo XVII con la siguiente artillería. En Santa Cruz de Tenerife: el castillo de San Cristóbal, estaba defendido por quince piezas de artillería de bronce (las de más potencia disparaban balas de 10 libras ); el de San Juan, por siete cañones (el que más, de 7 libras de bala), careciéndose de datos con respecto al castillo del Santo Cristo de Paso Alto.

 

En cuanto a los castillos de Garachico, Adeje y Puerto de la Cruz, el primero contaba con tres piezas de artillería de bronce, diecisiete de hierro (la que más de 8 libras de bala) y cuatro pedreros; el segundo, die­cisiete piezas de artillería de hierro, y el tercero, estaba todavía sin pro­veer por estarse rematando las obras.

 

En cuanto a las alcaidías de los castillos, después de las turbulencias y coacciones que caracterizaron el mando del capitán general don Luís de la Cueva y Benavidss, todo volvió otra vez a su cauce normal. El lec­tor recordará cómo el largo pleito entre el capitán general y el Cabildo fue fallado en 1592, por una Real cédula de 20 de septiembre, a favor del último, pues el Rey confirmó a este organismo en el uso y disfrute de todos sus anteriores privilegios, sin otra obligación que dar cuenta al capitán general del resultado de las elecciones.

 

Las primeras elecciones libres fueron las de 1593; y en 1594, fecha del nuevo cambio político, obtuvo la alcaidía del castillo de San Cristóbal Francisco de Alzóla Vergara.

 

Los siguientes caballeros hijosdalgos: Hernando del Hoyo (1595), Alonso de Llerena Carrasco de Ayala (1596 y 1597), Lope de Azoca Recalde (1598 1599), Juan Carrasco de Ayala (1600), Hernando del Hoyo (1601), Pe­ro Fernández de Ocampo (1602), Juan Manuel Gudiel (1603), Francisco Pérez de Cabrejas (1604 y 1605), Luís de San Martín Cabrera (1606 y 607), Gaspar de Ocampo (1608), Juan de Mesa (1609), Luís de San Mar­tín Cabrera (1610), Juan Pedraja del Castillo (1611 y 1612), Juan Ca­rera Real (1613), Simón de Azoca (1614 y 1615), Luís de San Martín Cabrera (1616 y 1617), Francisco Fusco (1618 y 1619), Antón Fonte Spínola (1620), Pedro Fernández de Ocampo (1621), Juan de la Haya 1622), Juan de Ocampo Sarmiento (1623 y 1624), Diego de Mesa y Aya-la (1625), Francisco de Molina Quesada (1626), Agustín de Mesa (1627), Martín de Ascanio (1628), Alonso de Llerena Carrasco (1629), Hernando Esteban de la Guerra (1630), Lope Fonte (1631), Francisco Sarmiento 1632), Miguel Jerónimo Interián (1633), Juan Pérez de Hemerando (1634), Juan de Mesa (1635), Lope Fonte (1636 y 1637), Miguel Guerra de Quiño-es (1638), Lope Fonte (1639 y 1640), Pedro Carrasco Ayala (1641), Lope Fonte (1642), Bartolomé de Cabrejas (1643), Alonso de Llerena Cabrera 1644), Lope Fonte (1645), Pedro Fernández de Ocampo (1646), Felicia Gallegos (1647), Agustín de Mesa (1648), Francisco de Cabrera San Martín (1649), Jerónimo Boza de Lima (1650), Lope Fonte (1651 y 1652), Domingo  García  Valdés  (1653)   y Pedro  de Vergara Alzóla  (1654  y 655).

 

En esta etapa conviene destacar, por lo que respecta a las elecciones de alcaides, la Real cédula de 17 de septiembre de 1640, que recordaba 1a puntual observancia de lo anteriormente dispuesto, sobre que no se ludiesen conferir a forasteros las plazas de castellanos de la fortaleza de Santa Cruz.

 

En cuanto al nuevo castillo de la marina de Santa Cruz, el llamado de San Juan Bautista, ya dijimos cómo desde 1643 el Cabildo se arrogó la facultad de nombrarlos, cosa para la que no fue autorizado por Car­los II hasta 1684 por Real cédula de 17 de enero. Desempeñaron este cargo en la etapa que reseñamos los capitanes siguientes: Lope Fonte (1644), Pedro Carrasco (1645), Simón de Valdés y Castilla (1646), Juan Tomás Baulen (1647), Jerónimo Boza de Lima (1648), Francisco de la Coba (1649), Bernardino del Hoyo (1650), Matías Machado Spínola (1651), Alonso de Llerena Calderón (1653), Tomás Pereira de Castro (1654) y Pedro Romero Fresneda (1655).

 

Más complicadas fueron las designaciones para la alcaidía del castillo de San Miguel, de Garachico. Ya dijimos cómo el Cabildo, después de las incidencias que hemos conocido, posteriores al fallecimiento de Fabián Viña Negrón, su alcaide vitalicio, decidió pedir a Felipe II la gracia de poder usar de la misma facultad de que disfrutaba para elegir alcaide en el castillo de San Cristóbal, de Santa Cruz de Tenerife, y que esta de­manda provocó la Real cédula de 20 de mayo de 1592, por la que se pedía informe sobre el particular al capitán general don Luis de la Cueva y Benavides. Ignoramos si éste fue evacuado o no y en qué términos en el primer caso; mas lo cierto fue que no hubo resolución por parte de la Corona y que las cosas continuaron en el mismo ser y estado anterior, siguiendo el Cabildo en el uso de una facultad para la que no estaba pre­viamente autorizado.

 

Al verificarse las elecciones libres en 1592, fue designado alcaide de Garachico, sin salario, Antón Fonte (1593), a quien reemplazaron, suce­sivamente, Pedro de Vergara (1594), Alonso del Camino (1595) y Pedro de Vergara (1596).

 

En este último año, y en la sesión de 17 de junio de 1596, el Cabildo de Tenerife decidió introducir importantes cambios en la designación, ido que durante el plazo de seis años fuese alcaide del castillo de Garachico Juan Mateo Viña, el hijo natural del fundador. El Capitan Dara que no fuese olvidada esta facultad propia suya, hizo constar en acta, el 31 de noviembre de 1598, que expirados los seis años del  acuerdo, volvería a designar alcaide libremente. Sin embargo antes del plazo señalado—quizá por muerte de Juan Mateo Viña—, el acabildo volvió a recuperar su facultad designando alcaide, a mediados de 1600, a Gaspar Soler Arguijo, quien desempeñó el cargo también 1601 y 1602. Sus inmediatos sucesores fueron Julián Lorenzo Clavijo, Juan Lobato (1604 y 1605), Francisco Zurita del Castillo (1606), Luís Lorenzo (1608), Pedro Chacón (1609) y Pedro González de ds (1610).

 

Pedro González de Gallegos, como recordará el lector, este  sobrino político del fundador, Fabián Viña Negrón (por estar casado con doña Catalina de Gallegos, hija del hermano de este Nicolás), y había aspirado 1584 a la alcaidía que dejara vacante con su muerte Fabián Viña, de manera vio venir espontáneamente a sus manos la alcaidía y as-, detentarla para sí y sus herederos, procurando con el mayor sigilo obtener la oportuna Real cédula confirmatoria. Para ello presentó un memorial en la corte, en el que hacía constar cómo la Justicia y liento le habían elegido alcaide "sin ningún sueldo" por haber muerto Fabián Viña, que fue "quien labró" la torre, y del cual era él único y legítimo heredero. El resultado no se hizo esperar, pues el septiembre de 1611 expedía Felipe III en El Escorial una Real cédula confirmatoria a Pedro González de Gallegos con la alcaidía del castillo de San Miguel, de Garachico, sin otra limitación que usar del cargo "en cuanto que yo mandare otra cosa".

 

Pedro González de Gallegos, que había ganado antes a su causa al go­bernador y capitán a guerra Juan de Espinosa, reclamó la inmediata po­sesión del fuerte, que la fue dada por aquella autoridad el 26 de marzo de 1612, "y el dicho capitán Pedro González de Gallegos—reza el acta que de ella se tomó—, en señal del dicho entrega y posesión, cerró y abrió la puerta por donde se entra en el dicho fuerte y quedó en sus manos la llave della y se nombró alcayde del y lo pidió por testimonio".

 

El Cabildo de Tenerife recibió, como era de esperar, con mal disimu­lado enojo el paso dado por González de Gallegos, abusando de su con­fianza y con no menos "siniestra intención" de la que había hecho  uso su primo Bartolomé de Cabrera Perdomo en 1584, así es que apoyándose en el texto de la Real cédula de 20 de mayo de 1592, pretendió remover al nuevo alcaide impuesto, eligiendo otro en 1613; pero el gobernador Juan Espinosa supo poner su fuerza en amparo del desposeído alcaide "legítimo", conminando a que no se le inquietara en la posesión del cas­tillo de Garachico bajo pena de 50 ducados.

 

Las graves desavenencias existentes entre el gobernador Juan Espi­nosa y el Cabildo no hacían sino atizar leña al fuego de la discordia, aumentada ahora con la anterior providencia. Este acordó reunirse para tratar del que se juzgaba grave asunto, en Cabildo general, el 30 de no­viembre de 1613, y oído el dictamen del letrado Francisco García, los re­gidores decidieron apelar de la resolución gubernativa ante el teniente, licenciado Rada, fundándose en que en el "memorial" de González de Ga­llegos al Rey no había resplandecido la verdad al hacer la relación de los hechos. Entonces, a instancia del alcaide de Garachico, el gobernador tra­tó de obstaculizar los propósitos del Cabildo, reclamando los autos para sí y decidiendo, después de ratificar la anterior decisión, remitir el expe­diente de diligencias a la corte para la resolución definitiva.

 

Para más complicar la situación, los herederos de Juan Mateo Viña terciaron en la discordia, reclamando la castellanía su yerno, el capitán Francisco Molina Quesada; pero tropezaron con la propia oposición del alcaide González de Gallegos, que hizo recordar a sus parientes la ilegi­timidad de Juan Mateo Viña.

 

El Cabildo tampoco se dio por vencido, y aprovechando el cese de Espi-nosa como gobernador, nombró, en 1616, alcaide a Salvador Afonso de Gallegos, a quien quiso darle posesión del fuerte el teniente licenciado Juan de Salinas Medinilla en medio de la tenaz resistencia del titular "legitimo".

 

Cuando esto ocurría, ya el rey Felipe III había fallado el litigio, pues por Real cédula de 18 de septiembre de 1616, dirigida al gobernador don Melchor Ruiz de Pereda, el monarca español, atendiendo a las razones puestas por Pedro González de Gallegos y a los informes del gobernador Juan de Espinosa sobre la actuación de Fabián Viña y sobre la condición de mejor y único heredero del alcaide González de Gallegos, contaba la anterior Real cédula de 1611, ordenando de manera terminante le nadie le contradijese en la tenencia.

 

Pedro González de Gallegos debió tropezar, no obstante, con alguna resistencia por parte del Cabildo, ya que la anterior Real cédula fue reiterada nuevamente el 22 de noviembre ds 1617, cesando entonces el alcaide del Cabildo para ese año, Juan Francisco Jiménez, y dándole definitiva posesión de la alcaidía a Gallegos el teniente licenciado Juan Salinas Medinilla.

 

De esta manera, Pedro González de Gallegos estuvo en la pacífica posesión de su cargo hasta el año de 1623, en que falleciendo sin dejar sucesión masculina, volvió a usar el Cabildo de su antigua y oscura facultad, porque no se apoyaba como en Santa Cruz de Tenerife en una exp cita y auténtica disposición regia.

 

No obstante, la elección recayó en su yerno don Alonso del Hoyo Cal derón, que ejerció dicho cargo desde 1624 hasta 1634. Después de e: fecha, y por causa de su muerte, fue designado alcaide don Cristóbal Ponte y Hoyo, quien regentó la plaza entre los años 1636-1639.

 

Más adelante el Cabildo optó por las elecciones anuales, con reelección en determinados casos, ocupando el cargo los caballeros hijosdalgos guientes: Alonso de Ponte Ximénez (1640), Niculoso de Ponte y Cueva (1641), Francisco de Mesa (1642), Melchor López Prieto Deza (164 Gaspar de Alzóla (1644 y 1645) , Niculoso de Ponte y Azoca (1646) , Gaspar de Ponte Ximénez (1647), Cristóbal de Hoyo Calderón (1648), Pedro Interián (1649), Jerónimo Fonte Pagés (1650), Juan de Castro Vim (1651), Cristóbal de Ponte Xuárez Gallinato (1652 y 1653),  Sebas: Prieto (1654) y García del Hoyo Alzóla (1655) , descendiente directo último de Nicolás Viña Negrón, el hermano del fundador del castil! heredero de sus derechos.

 

La alcaidía de la Casa-fuerte de Adeje seguía vinculada a la familia de Ponte, que ejercieron durante esta etapa don Pedro de Ponte y gara (nieto del fundador) , don Bartolomé de Ponte y don Juan Bautista de Ponte, caballero de Santiago, primer señor y marqués de la villa Adeje.

 

En cuanto a la nueva torre de San Felipe, en el Puerto de la Cruz el cargo de castellano se convirtió en anejo del de alcalde pedáneo de dicho puerto, cuya elección se hacía todos los años el 6 de enero, de a do con la Real cédula de 28 de noviembre de 1648, que elevó a La Orotava a la condición de villa exenta, con jurisdicción propia, independiente de la ciudad de La Laguna. El texto de esta disposición lo decía a las claras: "Siendo mas conveniente que el Puerto de la Orotava, de la isla, sea conservado y defendido por sus mismos ilustres fundadores, que no por aquellos portugueses, ingleses, franceses y catalanes solo se avecindaron alli en calidad de comerciantes, nombrará la Orotava anualmente un alcalde pedáneo caballero hijodalgo notorio y vecino al mismo tiempo tenga a su cargo el cuidado de lasmuniciones y pertrechos con que los vecinos de la villa tenían defendida a esta." La elección la llevarían a cabo, en presencia del corregidor o de  su teniente en La Orotava, dos regidores, dos caballeros hijodalgos no-torios y dos vecinos insaculados entre el común, y había de verificarse precisamente "el día de los Santos Reyes", expidiéndole el título para el ejercicio del cargo el corregidor de la isla.

 

Con anterioridad a esta disposición parece ser que el Cabildo nombró en 1644, al regidor don Juan Antonio de Franquis, encargado de las fortificaciones del Puerto de La Orotava, pero sólo a partir del año 1651, el que el capitán general don Alonso Dávila y Guzmán dio en el mes de abril posesión a La Orotava del título de villa exenta y entregó al licenciado don Luís González Román, nombrado por el Rey, la vara de justicia como teniente (después de haber obtenido La Orotava, en litigio con La Laguna, sobre carta de privilegio por Real cédula de 4 de diciembre de 1650), empezaron las elecciones y nombramientos a tener el carácter de regularidad ordenada.

 

De esta manera desempeñaron la alcaidía del castillo de San Felipe del Puerto de la Cruz: Lorenzo Perera de Ponte y Lugo (1651 y 1652), Diego Benítez de Lugo (1653), Benito Viña (1654) y Alonso Calderón 655). (A. Rumeu de Armas, t.3. 1991:91 y ss.)

 

 

Agosto de 2011.

 

 

* Guayre Adarguma Anez Ram n Yghasen.

 

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Bibliografía

     

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