REFORMA ELECTORAL Y LA SOBERANÍA

 

 

Chema Hernández *

 

 

El debate que se pretende en la Sociedad Canaria acerca de la Reforma del Sistema Electoral Canario elude algunas cuestiones esenciales sin las que no es posible un análisis certero y sincero. Es por ello que debemos señalar lo siguiente:

 

 1. Los precedentes históricos coloniales, inequívocos hasta la llamada transición española de los setenta, se mantienen hasta la fecha dado que ninguna institución ha promovido proceso democrático alguno que haya cambiado tal status con la expresa y auténtica voluntad de la sociedad canaria.

 

2. La Constitución española del 78 no ha convalidado las prerrogativas derivadas del vínculo del Archipiélago con la corona española, y esto es así, porque los derechos fundamentales imprescindibles para cualquier pronunciamiento con garantías democráticas fue contrapartida para impedir la libre voluntad de la población canaria, sobre tal vínculo con España, que, en todo caso, debe fundamentarse en el derecho internacional clásico y actual y el derecho comparado, y no en el derecho interno español.

 

3. El Estatuto de Canarias, vía artículo 151 de la Constitución española que mantiene cautivas las plenas funciones del Gobierno y Parlamento Canario, fue un Estatuto impuesto, jamás refrendado por la Sociedad Canaria, con decisiones amañadas al margen de la voluntad popular, con el solo voto del partido español UCD, y fruto de la sumisión de algunas fracciones del poder económico y político canario que cooperaron con España para eludir la resolución de la situación colonial del Archipiélago ¡Sin la soberanía del Pueblo canario no hay auténtica democracia!

 

4. El Estatuto de Canarias y el sistema electoral, como parte de su desarrollo, es fiel reflejo de la realidad colonial, de tal manera que la metrópoli consiente en la cesión de una serie de ámbitos para su administración por el Gobierno de Canarias, reservándose todos aquellos aspectos que realmente representan el ejercicio de la soberanía.

 

Dicho lo anterior, muchos de los argumentos que se esgrimen para la Reforma Electoral, algunos podrían ser plausibles o, al menos, considerados si no obviasen la cuestión nuclear o contradicción principal: Canarias es una colonia. Admitiendo esta realidad cualquier propuesta debe estar incardinada a la consecución de todos los derechos de nuestro Pueblo y en los que debería incorporarse dicha reforma.

 

Desde nuestra perspectiva la Reforma Electoral debe enmarcarse en la modificación del status de Canarias. La revisión de porcentajes y representación insular no puede ni debe esconder el débil y escaso marco competencial del Gobierno de Canarias. Incapacitado, también, para impedir los efectos de la Ley D`Hont y el tratamiento de la abstención que se produce en las Islas, más perniciosos que el propio sistema electoral.

 

Un Gobierno que solo ejerce como administrador de los intereses en las islas de la metrópoli, o bien no posee competencia alguna en lo que son ámbitos estratégicos para el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra sociedad, de tal manera que España se reserva la toma de decisiones y el poder para determinar nuestro futuro, no dejará de ser lo que es, si se limita la reivindicación al ámbito electoral.

 

Dadas las circunstancias anteriores, centrar el debate y la reivindicación solo en porcentaje y representación, siendo importante, no conlleva un cambio de status de Canarias. Si de debatir se trata, resulta más insoportable que en pleno siglo XXI se mantenga impuesta la condición de "Isla" y no la de "Archipiélago". Una situación más injusta, por vieja y porque tiene mayores efectos democráticos y de derechos, que el propio Sistema Electoral Canario.

 

Entendemos necesario un amplio acuerdo de Transición para la Soberanía Plena que formule el marco provisional de competencias imprescindibles y necesarias para estableciendo un calendario se produzca la descolonización e independencia de Canarias. Dentro de ese acuerdo debe enmarcarse la reforma electoral.

 

Hacemos un llamamiento a abandonar el oportunismo y el tacticismo para formular un proyecto estratégico con el objetivo de lograr abrir un proceso para la consecución de la auténtica soberanía y la desvinculación total de Estado Español.

 

Estaríamos de acuerdo en una reforma electoral siempre que conllevara un cambio estructural en la actual relación político-administrativa del Archipiélago canario con el Estado español.

 

Junio de 2015


* Comisionado del CDTN



Fuente: latamazghainsular.blogspot.com

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