¿Qué
plataforma continental?
Ramón
Moreno Castilla
[…Pretensión española
que, por otra parte, se cae por su propio peso dada su manifiesta ilegalidad, ya
que estamos hablando no de la plataforma continental española propiamente
dicha, tan exigua, sino de la plataforma continental africana que no corresponde
a España, obviamente, sino al Estado costero, Marruecos; o, en su caso, a un
futuro Estado Archipelágico canario, libre soberano y, por consiguiente sujeto
de Derecho Internacional… España sigue pensando que todavía conserva su
Imperio, dónde no se ponía el Sol, y cree que aún estamos en 1493 cuando se
repartía la “mar océana” con Portugal, más allá del estrecho de
Gibraltar…]
Para
un canario comprometido con el futuro de su tierra y de su pueblo, como es mi
caso; que conoce perfectamente la historia de Canarias, y que ha estudiado a
fondo (nunca mejor dicho) el vigente Derecho Marítimo Internacional, emanado de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, firmada
en Montego Bay (Jamaica, lugar de establecimiento de la Autoridad Marítima
Internacional) el 10 de diciembre de 1982; noticias como la aparecida esta
semana en el diario monárquico español, ABC, te dejan estupefacto e indignado
ante tamañas falacias.
Dice el citado rotativo, que “España extiende su soberanía
a las profundidades del Atlántico”, y que amplía ‘su plataforma
continental’ al Oeste de Canarias donde la nueva zona abarca 296.000 Km2 al Oeste del Archipiélago canario con sus recursos submarinos”.
Añade el citado periódico que “en ese subsuelo marino hay recursos minerales
y biológicos e incluso barcos hundidos”, y que España ha obtenido un
“prederecho” y ya “ejerce soberanía” sobre esos espacios marítimos.
Por lo que se ve, España sigue pensando que todavía conserva su Imperio, dónde
no se ponía el Sol, y cree que aún estamos en 1493 cuando se repartía la
“mar océana” con Portugal, más allá del estrecho de Gibraltar. Esta
pretensión española es absolutamente surrealista, y no se ajusta en absoluto a
lo establecido taxativamente en la Convención de Jamaica de 1982, plenamente
vigente.
Pretensión
española que, por otra parte, se cae por su propio peso dada su manifiesta
ilegalidad, ya que estamos hablando no de la plataforma continental española
propiamente dicha, tan exigua, sino de la plataforma continental africana que no
corresponde a España, obviamente, sino al Estado costero, Marruecos; o, en su
caso, a un futuro Estado Archipelágico canario, libre soberano y, por
consiguiente sujeto de Derecho Internacional, único interlocutor válido para
negociar con este país el establecimiento y el trazado de la correspondiente
mediana en las aguas adyacentes entre ambos Estados. ¡¡Y ese, es
el nudo gordiano de la cuestión!!
La plataforma continental debe ser valorada en función de
dos vertientes diferentes: como concepto geológico que entraña su contemplación
desde el punto de vista científico, y como figura jurídica dentro del Derecho
Internacional del Mar. En el primer caso por plataforma continental debe
entenderse el área submarina adyacente a la costa de un Estado Ribereño, así
como el lecho y el subsuelo respectivos, la cual penetra en el mar en una
pendiente suave y cuyo límite exterior, antes de precipitarse a los abismos oceánicos,
convencionalmente se estimó que llegaba a unos
200 metros
de profundidad. Es decir, se trata de la prolongación del macizo continental
que penetra en el área oceánica adyacente. De aquí que, en opinión de Gidel,
se trata de "la prolongación sumergida del territorio del Estado". La
plataforma continental fue la primera porción del lecho marino estudiada por el
hombre, principalmente por los beneficios que esos conocimientos reportaban a la
navegación y a la pesca. Pero en cierto modo las plataformas continentales son
deficitarias en el espacio marítimo ya que solo cubren el 7,5 por ciento del área
total de los océanos y dicho porcentaje equivale al 18 por ciento de la
superficie de nuestro planeta. Además, podría decirse que, a tenor de las
diferentes longitudes, la estructura geomorfológica de las plataformas está
"mal repartida"; en América, por ejemplo, los países con costas en
el océano Pacífico carecen virtualmente de plataforma continental submarina
(lo que dio motivo a la formulación de políticas marítimas sobre las
200 millas
por parte de Chile, Ecuador y Perú), mientras que los países que bordean el
Océano Atlántico poseen amplias plataformas continentales, como es el caso de
Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y, en particular, Argentina, cuya
plataforma se extiende
800 kilómetros
de la costa.
Desde
el punto de vista jurídico, la primera definición internacional de plataforma
continental es la reconocida en el Convenio de Ginebra de 1958, que la describe
como el área submarina adyacente a la costa de un Estado Ribereño, incluido su
lecho y su subsuelo, situada fuera del mar territorial, hasta una profundidad de
200 metros
o más allá de este límite hasta donde la profundidad de las aguas
suprayacentes permitan la explotación de los recursos de dichas zonas. Esta
noción jurídica tiene sus antecedentes en los llamados principios de México y
en los trabajos de la Conferencia Internacional de 1956, derivada a su vez de la
famosa proclamación del presidente Truman, el 28 de abril de 1945, con la
extensión de la plataforma continental hasta la isótaba o veril de los
200 metros
de profundidad. Pero la referida definición del Convenio de Ginebra, por no
haber fijado con precisión el límite exterior de dicho espacio marino, provocó
encendidas controversias, creando además una grave situación, ya que ciertos
países -en especial algunas potencias marítimas- pretendieron extender su límite
exterior submarino de forma exagerada, sin ninguna relación con el contenido
geormofológico del concepto, sino basados de forma exclusiva en su capacidad
tecnológica.
Como
respuesta a esta tendencia la Convención de Jamaica de 1982 (que consta de 320
Artículos divididos en 17 Partes Principales y 9 Anexos Técnicos), adoptó en
su artículo 76 una definición de plataforma continental, que combina el
criterio geomorfológico del espacio submarino y el criterio de la distancia,
prescindiendo así del concepto de la profundidad, y dedica además en su Parte
VI diez artículos al tema. De ellos, los artículos 77 y 78 inciden de algún
modo en la problemática pesquera de nuestros días. Por el primero de los
citados, el Estado Ribereño ejerce derechos de soberanía sobre la plataforma
continental a efectos de exploración y explotación de los recursos naturales,
mientras que en el segundo se establece que los derechos del Estado Ribereño
sobre dicho espacio submarino no afectarán a la condición jurídica de las
aguas suprayacentes o del espacio aéreo encima de tales aguas. Contribución de
nuevo cuño recogida también en dicha Convención, plenamente vigente, insisto,
que señala que el Estado Ribereño deberá efectuar "pagos o
contribuciones en especie respecto a la explotación de los recursos vivos de la
plataforma continental más allá de las
200 millas
náuticas, contadas a partir de las líneas de base rectas desde donde se mide
la anchura del mar territorial" (artículo 82).
Se
trata, en consecuencia, de un concepto revolucionario que impone una obligación
al Estado Ribereño cuando explota los recursos minerales de la plataforma
continental geológica que inciden en la zona internacional, ya que ésta última
área y los recursos que ella contiene forman parte del patrimonio común de la
humanidad. No sucede, sin embargo, así con respecto a la pesca, ya que en
cualquier caso la plataforma continental gravitará sobre el mar territorial y
la zona económica exclusiva, espacios en los que el Estado Ribereño tiene
otorgados derechos exclusivos sobre las especies. En la Convención de Jamaica,
el tratamiento de la plataforma continental abarca toda la Parte VI, como hemos
dicho, desde los artículos 76 al 85, ambos inclusive; que en esencia siguen el
espíritu de los Convenios de Ginebra de 1958 y 1960. En cuanto a la cuestión
de la definición de los límites exteriores los países participantes en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar se mostraron
de acuerdo en que dichos límites se fijaban al menos a
200 millas
de la costa a fin de que correspondiesen con el límite de la zona económica
exclusiva. Es importante resaltar que la plataforma continental española
propiamente dicha, es muy corta: en la zona de Levante varía entre 30 y
50 millas
marinas, con la plataforma insular de Baleares de quince millas; y en los
litorales del Norte y del Sur entre cuatro y quince millas; fluctuando entre
quince y treinta millas en el llamado saco gaditano. Con estas medidas de la
plataforma continental española, la pregunta es obligada ya que aquí parece
que todo el mundo ha olvidado la geografía, y pretende ignorar, o querer
ignorar, dónde está situada Canarias exactamente, cuya extraterritorialidad
respecto de la metrópoli es evidente. ¿En cuál plataforma continental está
realizando Repsol las perforaciones, si éstas sobrepasan las
12 millas
de mar territorial alrededor de cada Isla de "soberanía política"
española, en tanto que Canarias posesión de ultramar?
Por
tanto, la pretensión española de ampliar su reducida plataforma continental
350 millas
marinas al Oeste de Canarias es un acto unilateral de España, que no se
sostiene jurídicamente con el Derecho Internacional Marítimo en la mano. En
efecto: España, que suscribió la Convención de Jamaica de 1982, que el
Plenipotenciario español firmara en Nueva York el 4 de diciembre de 1984, y que
como Estado Parte firmara el 29 de julio de 1994, depositando el Instrumento de
Ratificación el 15 de enero de 1996, e incorporándola al Ordenamiento Jurídico
español mediante el BOE Nº 19 de 14 de febrero de 1997; no se ha percatado que
una vez incorporada dicha Convención a su Cuerpo Legal, toda la anterior
Legislación Marítima española sobre la materia quedaba tácitamente derogada.
¿De qué estamos hablando? Ver a este respecto: “Canarias y las
prospecciones petrolíferas” y “¿Cuáles aguas canarias?”, Atalayar 30 de
octubre y 5 de diciembre de 2014, respectivamente. Y ya por último, y para que
el amable lector tenga una información veraz y objetiva sobre este
controvertido asunto, me permito sugerirle la atenta lectura de mi libro de
reciente publicación, “Canarias lo tiene crudo”, a propósito,
precisamente, de las prospecciones petrolíferas en unas pretendidas “aguas
canarias”.
(ver
información sobre el particular, en
www.bileniopublicaciones.com).
Fuente:
atalayar.com/
Ilustraciones:
ABC y La Verdad de Canarias