¿Presupuestos solidarios?
Wladimiro Rodríguez Brito *
[Ahora,
tal y como ha ocurrido en la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria, tenemos que
endeudar a la comunidad canaria con partidas presupuestarias de los cabildos y
recursos que no tenemos. Incluso en la desalación de aguas, elemento básico,
no se cumplen los compromisos adquiridos.]
Revisando
las inversiones recogidas en los presupuestos generales del estado una vez más
la partida relacionada con Canarias nos sitúa entre los peor tratados. Es así
tanto en la cuantía total destinada a las islas como en cantidad por habitante,
o si tenemos en cuenta los índices de paro, la lejanía y toda una serie de
carencias propias de nuestra geografía[1].
La
población canaria que significa algo más del 5% de los habitantes del Estado,
en inversiones del estado para el 2015 queda reducida a poco más del 2%. Con
uno de los índices de paro más alto de todo territorio, estamos al final en
inversión por habitante, de tal manera que Castilla León y Galicia se sitúan
en algo más de 500 € por habitante, mientras que Canarias queda a la cola
junto con Cataluña y Baleares con 127€.[2]
Una vez más se nos olvida en
importantes partidas comprometidas en años anteriores en Obras Públicas, como
desaladoras; ni tan siquiera se han tenido en cuenta obras básicas en las
comunicaciones de las islas, como es en el caso de la vía del Noroeste de
Tenerife o la carretera de La Aldea, así como otros compromisos adquiridos
sobre depuración de aguas.
Es
de destacar que las partidas que se priorizan en estos presupuestos están
relacionadas con el AVE y otra serie de infraestructuras que han acaparado los
recursos del Estado en los últimos años. Castilla León y Galicia aparecen
como las comunidades con más recursos que con toda seguridad se destinan al
macro proyecto del AVE en el noroeste peninsular. En otros casos, como Aragón o
La Rioja y Cantabria, las inversiones comprometidas son más puntuales, pero se
trata de regiones con índices de paro en torno al 19% y con una situación
socio-económica que no alcanza la dura problemática que tenemos en las islas.
El
gasto público ha de tener en cuenta prioridades sociales y económicas a
cubrir, que no parece ser el caso. Mejor no pensar en que las partidas
destinadas hacia el Norte de la Península Ibérica puedan tener una lectura
electoral como feudos de ciertos responsables políticos del gobierno central.
Homologar territorio es también hablar de presupuesto, de los problemas de sus
vecinos, de sus carencias y en consecuencia de sus demandas más urgentes.
No
se entiende que Canarias en los últimos años vea reducidas las partidas
destinadas a mejora de infraestructuras básicas. Lo convenido en carreteras lo
han ido podando año a año tras el gobierno del Partido Popular: en un 67% en
2012, en un 73% en 2013 y en un 76% en 2014; para este 2015 lo rebajan en un
75%. En estos 4 años han reducido la inversión en la red viaria de Canarias en
algo más de 600 millones de euros comprometidos. Ahora, tal y como ha ocurrido
en la Aldea de San Nicolás en Gran Canaria, tenemos que endeudar a la comunidad
canaria con partidas presupuestarias de los cabildos y recursos que no tenemos.
Incluso en la desalación de aguas, elemento básico, no se cumplen los
compromisos adquiridos. La crisis no justifica que se olviden aspectos básicos
en las demandas de los ciudadanos, tampoco la crisis entiende del color político
de las administraciones que estén gobernando en una u otra comunidad.
Lamentablemente,
los datos objetivos de los presupuestos tienen una lectura que entendemos
escorada si exceptuamos las partidas destinadas a la Comunidad Autónoma de
Baleares: quedan en una situación similar a Canarias, con la gran diferencia
que el número de parados allí no llega al 16% y nosotros superamos el 33%.
Estos presupuestos no están solo escorados hacia los raíles del AVE, sino que
también, por desgracia, tienen una fuerte componente electoral.
Este
país necesita una política solidaria para salir de la crisis, que apoye
aquellas zonas que tienen más problemas para reactivarse económica y
socialmente. Seguir pensando en la construcción del AVE como solución de
futuro es una postura equivocada: España es el segundo país en kilómetros de
vías de alta velocidad tras China, con instalaciones de muy discutible
rentabilidad social y económica, mientras aquí la población demanda
infraestructuras e inversiones que generen posibilidades de trabajo y
estabilidad social. Estos presupuestos, aunque estén constreñidos por la
situación general del déficit público, son muy significativos para impulsar
la recuperación y para el futuro de este país.