El Mamotreto: oligarquía, corrupción e interés general

 

«» Ramón Afonso

Decía mi amigo Enrique, el de los Amigos de Anaga y su Litoral, que la actitud  del alcalde Bermúdez con respecto al “Mamotreto” de Las Teresitas era un misterio que no lograba entender. Afirmaba que la sentencia firme del TSJC, que condena a los responsables de su construcción a penas cárcel y a la demolición de edificio, ofrece una gran oportunidad que escasamente ocurre en la vida de un político porque simplemente cumpliendo la sentencia y derribando el mamotreto cortaría de raíz con la depravada herencia recibida del Zerolismo y recogería réditos políticos entre la mayoría de santacruceros que desean la demolición. Sin embargo, el edil no aprovecha la pintiparada ocasión y nadie nos dice por qué.

Pudiera ser que lo expresado por Enrique no sea ese arcano insoluble que plantea. Quizás si nos detenemos a categorizar y contextualizar a los sujetos que detentan el poder en esta tierra logremos echar un haz de luz sobre esta maraña de intereses. Es de Perogrullo afirmar que el poder político está subordinado al poder económico, es este en definitiva quien determina la vida social y política, y me atrevería a afirmar que también la sexual de más de uno y más de una. Cojamos de ejemplo el Plan General de Ordenación de Santa Cruz, la más clara expresión de que las políticas de planeamiento y, consecuentemente, el control de la actividad económica era cosa de una élite empresarial que no ha dudado en desposeer a la ciudadanía en su propio beneficio. Ochenta mil viviendas fuera de ordenación como contrapartida a los pelotazos que esta flor y nata corporativa había proyectado. El grupo de gobierno de Santa Cruz respondía, y aún responde, a sus estímulos haciendo suyos los deseos de estos lobbies endémicos. Era de suponer que con la llegada de la democracia estos grupos de presión habrían desaparecido, pero no ha sido así. Cualquiera puede comprobar que no son los políticos quienes gobiernan, son otros quienes lo hacen sin haber sido elegidos, un reducido grupo de dinerientos son los detentadores reales del poder. A esta perversa componenda Aristóteles, en su Política,  lo llamó Oligarquía.

En esa misma lógica debemos situar el largo proceso de privatización del litoral santacrucero, que ha significado para la ciudadanía, además de la imposibilidad de un acceso al mar natural, cómodo y gratuito, una suerte de expropiación de espacios comunales. Solo a la burguesía y a los militares se les ha concedido esa gracia permitiéndoles asentar sus cenáculos uno junto al otro, el Club Náutico y Paso Alto. A las clases populares, una vez clausurado y abandonado El Balneario, le construyeron el Parque Marítimo que, aunque es de titularidad municipal, su gestión privada lo ha convertido en un nido de corrupción a juzgar por las numerosas denuncias a las que han tenido que enfrentarse sus gestores.

Así, el resto de nuestra costa hasta Las Teresitas también  ha sufrido los ataques furibundos de ventajistas, tramposos, constructores oportunistas, comisionistas de toda calaña que han pretendido ganar dinero con el mar de todos. En Valleseco, la lucha de su gente para conservar el dominio público de la  playa   impidió que Arlink Canarias sacara adelante su proyecto de marina privada. Sin embargo,  esta logró llevarse 1,5 millones de € de dinero público como compensación por el infame lucro cesante. Es de destacar que  esta empresa era Rodolfo Núñez, el presidente de la Cajacanarias que concedió el famoso crédito de 5.000 millones de pesetas a un testaferro de Inversiones Las Teresitas para la compra de la playa y receptor, según la policía, de 400 millones de pesetas de Antonio Plasencia sin contrapartida alguna, Curiosamente y no por casualidad, la concesión para esta marina en Valleseco la otorgó Luis Suárez Trenor en 2001, cuando era responsable de la Autoridad Portuaria. El mismo Suárez Trenor que está   imputado por un presunto delito de cohecho en la concesión de otro puerto deportivo, este en San Andrés, a una filial de Fórum Filatélico. Otro intento, de momento fallido, de privatizar esa parte de la costa.

La pervivencia del mamotreto, a pesar de sentencias judiciales y reprobaciones populares, pretende ser la expresión de poder de esta oligarquía rampante, de su inmunidad e impunidad, un altar a la connivencia mafiosa entre política y negocios como antes lo fue el Puerto de Granadilla. Sin embargo,  su derribo total, como desea la gran mayoría de la ciudadanía, sería un potente torpedo de dignidad y honradez en el centro neurálgico de la corrupción isleña. Diez millones de euros que deberán devolver a las arcas públicas los políticos corruptos condenados y sus corruptores era motivo más que suficiente para que se urdiera un plan urgente contra ese anhelo de justicia e higiene democrática y, todos a una –Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, Demarcación de Costas, Autoridad Portuaria- se pusieron manos a la obra nada más conocerse la sentencia, hay quienes piensan que incluso antes, y en un insólito embarazo exprés de apenas unos días parieron un rimbombante y vacío Pacto por el Litoral que permitiera, cómo no, la legalización del impopular adefesio. Si nadie lo remedia, este próximo viernes 19 de diciembre se llevará al pleno municipal la propuesta formulada en este sentido desde el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos para su aprobación, a pesar de las denuncias hechas por los concejales Guigou y Fernández Arcila de que el documento presentado no es el inicialmente aprobado, que este ha sido alterado.

Para que no falte de nada en este sainete de perversión, el PP de la Gurtel, de los Bárcenas, Fabras, Matas, el de los recortes en sanidad, educación, servicios sociales,  el PP de los sobres (sueldos) y de las bragas de Cristina Tavío, le echa un cable a sus compañeros de viaje presentando una moción para legalizar el ilegal mamotreto en base a una cuestión de interés general. Cuándo se van a enterar de que ya nadie se traga eso de que los intereses privados, de empresas, de constructores, de quienes hacen negocio con la sanidad, no son nuestros intereses, los intereses de las clases populares, los intereses de la mayoría.

Creo, amigo Enrique, que vamos entendiendo que la herencia Zeroliana, lejos de ser una amenaza para Bermúdez, es más bien su tabla de salvación, es el cordón umbilical que le une a los suyos, a esa Coalición Canaria que, junto al Partido Popular y  Psoe, es garantía de que la corrupción tiene futuro en esta isla.