El
Mamotreto: oligarquía, corrupción e interés general
«» Ramón Afonso
Decía mi amigo Enrique, el de los Amigos de Anaga y su Litoral,
que la actitud del alcalde Bermúdez con respecto al “Mamotreto” de
Las Teresitas era un misterio que no lograba entender. Afirmaba que la sentencia
firme del TSJC, que condena a los responsables de su construcción a penas cárcel
y a la demolición de edificio, ofrece una gran oportunidad que escasamente
ocurre en la vida de un político porque simplemente cumpliendo la sentencia y
derribando el mamotreto cortaría de raíz con la depravada herencia recibida
del Zerolismo y recogería réditos políticos entre la mayoría de
santacruceros que desean la demolición. Sin embargo, el edil no aprovecha la
pintiparada ocasión y nadie nos dice por qué.
Pudiera ser que lo expresado por Enrique no sea ese arcano
insoluble que plantea. Quizás si nos detenemos a categorizar y contextualizar a
los sujetos que detentan el poder en esta tierra logremos echar un haz de luz
sobre esta maraña de intereses. Es de Perogrullo afirmar que el poder político
está subordinado al poder económico, es este en definitiva quien determina la
vida social y política, y me atrevería a afirmar que también la sexual de más
de uno y más de una. Cojamos de ejemplo el Plan General de Ordenación de Santa
Cruz, la más clara expresión de que las políticas de planeamiento y,
consecuentemente, el control de la actividad económica era cosa de una élite
empresarial que no ha dudado en desposeer a la ciudadanía en su propio
beneficio. Ochenta mil viviendas fuera de ordenación como contrapartida a los
pelotazos que esta flor y nata corporativa había proyectado. El grupo de
gobierno de Santa Cruz respondía, y aún responde, a sus estímulos haciendo
suyos los deseos de estos lobbies endémicos. Era de suponer que con la llegada
de la democracia estos grupos de presión habrían desaparecido, pero no ha sido
así. Cualquiera puede comprobar que no son los políticos quienes gobiernan,
son otros quienes lo hacen sin haber sido elegidos, un reducido grupo de
dinerientos son los detentadores reales del poder. A esta perversa componenda
Aristóteles, en su Política, lo llamó Oligarquía.
En esa misma lógica debemos situar el largo proceso de privatización
del litoral santacrucero, que ha significado para la ciudadanía, además de la
imposibilidad de un acceso al mar natural, cómodo y gratuito, una suerte de
expropiación de espacios comunales. Solo a la burguesía y a los militares se
les ha concedido esa gracia permitiéndoles asentar sus cenáculos uno junto al
otro, el Club Náutico y Paso Alto. A las clases populares, una vez clausurado y
abandonado El Balneario, le construyeron el Parque Marítimo que, aunque es de
titularidad municipal, su gestión privada lo ha convertido en un nido de
corrupción a juzgar por las numerosas denuncias a las que han tenido que
enfrentarse sus gestores.
Así, el resto de nuestra costa hasta Las Teresitas también ha
sufrido los ataques furibundos de ventajistas, tramposos, constructores
oportunistas, comisionistas de toda calaña que han pretendido ganar dinero con
el mar de todos. En Valleseco, la lucha de su gente para conservar el dominio público
de la playa impidió que Arlink Canarias sacara adelante su
proyecto de marina privada. Sin embargo, esta logró llevarse 1,5 millones
de € de dinero público como compensación por el infame lucro cesante. Es de
destacar que esta empresa era Rodolfo Núñez, el presidente de la
Cajacanarias que concedió el famoso crédito de 5.000 millones de pesetas a un
testaferro de Inversiones Las Teresitas para la compra de la playa y receptor,
según la policía, de 400 millones de pesetas de Antonio Plasencia sin
contrapartida alguna, Curiosamente y no por casualidad, la concesión para esta
marina en Valleseco la otorgó Luis Suárez Trenor en 2001, cuando era
responsable de la Autoridad Portuaria. El mismo Suárez Trenor que está
imputado por un presunto delito de cohecho en la concesión de otro
puerto deportivo, este en San Andrés, a una filial de Fórum Filatélico. Otro
intento, de momento fallido, de privatizar esa parte de la costa.
La pervivencia del mamotreto, a pesar de sentencias judiciales y
reprobaciones populares, pretende ser la expresión de poder de esta oligarquía
rampante, de su inmunidad e impunidad, un altar a la connivencia mafiosa entre
política y negocios como antes lo fue el Puerto de Granadilla. Sin embargo,
su derribo total, como desea la gran mayoría de la ciudadanía, sería un
potente torpedo de dignidad y honradez en el centro neurálgico de la corrupción
isleña. Diez millones de euros que deberán devolver a las arcas públicas los
políticos corruptos condenados y sus corruptores era motivo más que suficiente
para que se urdiera un plan urgente contra ese anhelo de justicia e higiene
democrática y, todos a una –Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias,
Demarcación de Costas, Autoridad Portuaria- se pusieron manos a la obra nada más
conocerse la sentencia, hay quienes piensan que incluso antes, y en un insólito
embarazo exprés de apenas unos días parieron un rimbombante y vacío Pacto
por el Litoral que permitiera, cómo no, la legalización del impopular
adefesio. Si nadie lo remedia, este próximo viernes 19 de diciembre se llevará
al pleno municipal la propuesta formulada en este sentido desde el Servicio de
Gestión y Control de Servicios Públicos para su aprobación, a pesar de las
denuncias hechas por los concejales Guigou y Fernández Arcila de que el
documento presentado no es el inicialmente aprobado, que este ha sido alterado.
Para que no falte de nada en este sainete de perversión, el PP de
la Gurtel, de los Bárcenas, Fabras, Matas, el de los recortes en sanidad,
educación, servicios sociales, el PP de los sobres (sueldos) y de las
bragas de Cristina Tavío, le echa un cable a sus compañeros de viaje
presentando una moción para legalizar el ilegal mamotreto en base a una cuestión
de interés general. Cuándo se van a enterar de que ya nadie se traga eso de
que los intereses privados, de empresas, de constructores, de quienes hacen
negocio con la sanidad, no son nuestros intereses, los intereses de las clases
populares, los intereses de la mayoría.
Creo, amigo Enrique, que vamos entendiendo que la herencia Zeroliana, lejos de ser una amenaza para Bermúdez, es más bien su tabla de salvación, es el cordón umbilical que le une a los suyos, a esa Coalición Canaria que, junto al Partido Popular y Psoe, es garantía de que la corrupción tiene futuro en esta isla.