La lucha por el derecho al
voto, un derecho humano fundamental
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Cnarias.., el
derecho al voto se queda en una mera declaración de intenciones y sus
convocatorias electorales no son ni libres ni democráticas y si injustas, pues
no se realizan en igualdad de condiciones para todos los candidatos y fuerzas
políticas, deveniéndose por lo tanto ilegítimas…]
En
todo el mundo existen organizaciones, tanto gubernamentales como
no-gubernamentales, dedicadas a la supervisión de elecciones con la finalidad
de conseguir elecciones libres y justas, elecciones, en resumen, democráticas,
que contemplen desde la educación de los votantes hasta el escrutinio de los
votos.
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por unanimidad por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, incluye en su artículo 21 como
un derecho fundamental el derecho a votar: “La voluntad del pueblo es la base
de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto”.
La
importancia del voto viene igualmente recogida en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en
la Carta Africana sobre Derechos Humanos de las Personas (Banjul), etc.
El
Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos incluye en su artículo
25 ambos derechos, el de voto y el de elecciones libres, que deben ir
indisolublemente unidos, garantizados por el también derecho fundamental de
libertad de expresión, recogido en el artículo 19, siendo este el eslabón por
el que se rompe la cadena de las convocatorias electorales del colonialismo español
en Canarias lo que, conjuntamente con las antidemocráticas barreras
electorales, nos lleva a la irreversible conclusión de que el derecho al voto
se queda en una mera declaración de intenciones y sus convocatorias electorales
no son ni libres ni democráticas y si injustas, pues no se realizan en igualdad
de condiciones para todos los candidatos y fuerzas políticas, deveniéndose por
lo tanto ilegítimas, lo que ha llevado a algunos compatriotas honesta y
sinceramente anticolonialistas a apoyar la abstención ante las convocatorias
electorales del colonialismo, para el que las consignas abstencionistas suponen
un verdadero chollo, dado que no
solamente no amenazan la opresión colonial sino que contribuyen a su perpetuación,
resultando más radical la confrontación electoral, incluso en inferiores
condiciones materiales pero con superioridad ética y moral, prolongando dicha
pugna más allá de la contienda,
pues al ser ilegítimas permite continuar la misma tanto en los tribunales
estatales (con escasas por no decir nulas posibilidades, al formar parte dichos
tribunales del entramado colonial, nombrados por los partidos metropolitanos que
ejercen de brazo político del borbonato), como en los tribunales y
organizaciones internacionales, entre las que destacan las Naciones Unidas con
su Declaración Universal de los Derechos Humanos y su citado artículo 21 y su
Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos de 1976, concretamente el
artículo 25; El Consejo de Europa, específicamente la Convención para la
Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, de 1953 (artículos
3, 9, 10 y 11) y la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa
de 1990; La Unión Africana y su Carta Africana de Derechos Humanos (Banjul) de
1981 (artículo 31.1), destacando como instituciones privadas El Centro Carter,
asociado a la Universidad de Emory, comprometido con los derechos humanos; El
Centro para la Votación y la Democracia; El Instituto Internacional para la
Democracia y la Ayuda Electoral, una organización intergubernamental; La Liga
de Mujeres Votantes y un largo etc.
Como
ha quedado suficientemente documentado el derecho al voto es ampliamente
reconocido como un derecho humano fundamental que, no obstante, no pueden
ejercer, interesadamente, millones de personas en todo el mundo a pesar de la
encarnizada lucha que los demócratas han
librado y siguen librando para conseguir su reconocimiento, hasta tal punto que
en el siglo XIX los sufragistas reivindicaban con la misma vehemencia el derecho
al voto que el derecho a la educación. Nueva Zelanda fue el primer país en
otorgar el sufragio universal en 1893, hace apenas un siglo, habiendo sido
reconocido en USA en 1965.
El
voto constituye una si no la más crítica forma de influir en la toma de
decisiones de los gobiernos que, sin embargo, en determinadas ocasiones terminan
haciendo lo que les da la gana, imagínense lo que ocurriría si no fuésemos a
votar.
En
conclusión, las consignas abstencionistas, sin recurrir, consecuentemente, la
ilegitimidad de las elecciones ante los organismos estatales e internacionales,
afianzan el régimen monárquico y colonial que, fervientemente, aplaude dichas
consignas e incluso directa y antidemocráticamente, las diseña y financia en
su propio beneficio. El ejemplo más reciente lo tenemos en las última
convocatoria electoral celebrada el 24 de mayo de 2015, en la que periódicos
como La Provincia, de amplia difusión en Canarias o el monárquico
ABC,
de difusión estatal, han publicado consignas por la abstención, lo que no deja
de ser paradójico toda vez que dichos medios cuando hablan de independencia sea
para pedir precisamente la abstención de los independentistas, pero no de
algunos, sino de todos. Un comentario aparte merece el artículo del ABC toda
vez que bajo el llamativo título “El Mpaiac rompe su silencio y llama a la
abstención en las elecciones del domingo”, que acompaña con fotografía a
todo color del funeral del Sr. Cubillo, aunque el comunicado enlazado en el artículo
venga firmado por “militantes históricos del MPAIAC” ¡Tergiversa, que algo
queda! En la misma página no tiene desperdicio el enlace a otro manipulado artículo
cuyo titular no puede ser más patético: “Los independentistas llaman a la
abstención el 24M”, como si fuera esta una consigna unánime de todos los
independentistas, en este caso reivindicada por
CDTN, cuyo comisionado, José María Hernández, fuera director general del
libro de “Colisión” Canaria.
Eso
sí, sólo pide abstención al parlamento de Canarias y deja libertad de voto a
municipios y cabildos que consideran “una opción personal”, según reza el
comunicado.
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
