Leyes
ambientales y la crisis
«» Wladimiro Rodríguez Brito *
En
estos días ha surgido una polémica sobre la Comisión de Urbanismo y Medio
Ambiente de Canarias (CUMAC), sobre su eficiencia y utilidad. El peso de las
leyes que cargamos sobre el campo canario es difícil de mantener, sobre todo si
tenemos en cuenta que cinco administraciones tienen competencias en la gestión
del territorio.
Esta situación se vio agravada desde el momento en
el que declaramos la mitad de nuestro territorio protegido. La evolución de la
situación social y ambiental en las islas nos obligan a modificar nuestro marco
legal; la legislación tiene que estar adaptada a los nuevos tiempos que nos
toca vivir en estas islas. Gran parte de las retículas establecidas sobre
nuestro territorio deben tener en cuenta los usos tradicionales y no las manchas
de tinta que en los últimos años hemos puesto ignorando la realidad histórica
del campo.
Hemos declarado protegidos amplios espacios de
tabaibas, aulagas, etcétera, pero sin embargo hemos
ignorado nuestras higueras, almendros y otros frutales tradicionales. Hemos
llegado a declarar las
tuneras plantas invasoras, y en algunos casos hemos derrochado dinero público
en eliminarlas, junto
con los castaños, olvidándonos del papel que estos frutales han desempeñado
en la alimentación tradicional de este pueblo.
La CUMAC es un filtro lento y pesado que hace aún más
problemática la gestión de nuestro territorio. Esta comisión interviene
incluso para autorizar repoblaciones forestales en las cumbres, haciendo uso de
los estudios detallados de impacto, que en algunos casos requieren varios años.
La lucha por una sociedad más solidaria, ambiental y socialmente, pasa en gran
medida por la optimización del uso de los recursos de nuestro territorio.
Sociedad y medio ambiente han de confluir de forma ordenada; las leyes
ambientales no pueden dejar huérfanos a los usos tradicionales de nuestro mundo
rural. La conservación ambiental también tiene que ver con la situación
social de los habitantes del territorio.
Aquí
y ahora tenemos que mirar nuestro mundo rural como una salida viable para
generar trabajo y
alimento. Han de coexistir los valores ambientales con los usos tradicionales de
manera ordenada y
justa. Siguiendo lo que nos dice nuestro querido profesor Leoncio Afonso (nacido
en Breña Alta en 1916): "Las crisis son periodos ideales para que unos
pocos hagan fortuna, y en consecuencia, unos muchos lo pasen mal". Estamos
en la obligación de buscar alternativas viables en esta tierra; es
imprescindible una gestión del territorio más sencilla, clara y justa, que
ahora aleja la población rural del suelo que pisa.
El
actual marco legal y el modelo económico imperante han potenciado que hoy
tengamos el mayor tabaibal de los últimos quinientos años.
A
la vez, importamos gran parte de los alimentos que podríamos producir aquí.
Vertimos al mar en Canarias más de doscientos hectómetros de aguas residuales
que estamos obligados a depurar y que podríamos reutilizar en regar cultivos
como frutales, forraje, etcétera. Un olivo o una higuera sobreviven en las
zonas más áridas con menos de un metro cúbico al año.
Las
leyes ambientales ponen numerosas barreras al cambio de uso del antaño suelo rústico.
La CUMAC y otros organismos desarrollados por la legislación, han de bajar al
surco, para proteger lo que valga la pena proteger, permitiendo algunos usos
tradicionales en donde sea posible.
*
DOCTOR
EN GEOGRAFÍA POR LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
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