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Ivan Suoni
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[…Que
Canarias sea vista y tratada como una posesión española no es algo que dependa
del color político del gobierno español de turno. Es algo imbricado en las
propias estructuras del Estado, y así lo refrenda el Constitucional, el poder
judicial, que se escuda en la legalidad para apuntalar la ilegitimidad del
Gobierno de España, el mismo que nunca ha cumplido el REF, el mismo que nos
pone a los pies de los caballos vendiendo Aena, el mismo que usa las Islas como
plataforma de asalto militar a pesar del rechazo mayoritario, el mismo que nos
margina en el reparto de los recursos
pesqueros canario-saharianos…]
Pasó
sin pena ni gloria la noticia de que el Tribunal Constitucional anulaba
el reglamento de consultas ciudadanas[1],
aquel que iba a servir para que el Gobierno preguntara a la ciudadanía su
posición sobre las prospecciones. Seguramente la renuncia y la marcha de Repsol
han terminado por relajar buena parte de la resistencia al abuso petrolero, y el
personal está a otras cosas. Aunque los permisos sigan en vigor. Aunque no
afloje el tráfico de buques cargados de combustible por nuestras aguas, sobre
las que no tenemos ningún control.
Sin embargo, y a pesar de haber pasado de puntillas, la decisión
del alto tribunal tiene implicaciones que superan con mucho el caso específico
de las prospecciones. Aunque el Gobierno en funciones dice ver resquicios para
volver a la carga, la sentencia expone que la consulta es anticonstitucional
porque invade competencias exclusivas del Estado. He ahí la madre de la baifa.
En asuntos de lo que llaman competencia autonómica, es decir, en
todo aquello que no moleste a España, el Gobierno puede preguntar a sus
ciudadanos; pero en lo que afecte a competencias exclusivas del Estado, o sea,
en todo lo que tenga trascendencia y genere sustancia, ahí es el Gobierno de
España quien ostenta la exclusiva del preguntar, o más bien del no preguntar e
impedir que pregunte nadie.
Habrá quien se crea que así se salvaguarda el bien común, el
interés general encarnado en el Estado, que somos todos, frente al bien
particular de unos pocos, encarnados en la Comunidad Autónoma, o sea la aldea.
Como cuento maniqueo e interesado quizá podría tener la sombra de una
justificación para el territorio ibérico, si no fuera por el centralismo
castellanomadrileñista marca España. Para un país como Canarias, con unos parámetros
fundamentalmente distintos, prácticamente opuestos a los españoles, la
imposición de posturas conformadas a miles de kilómetros equivale a
sustraernos nuestros derechos, a cállate tú porque lo mando yo.
Esa imposición es lo que caracteriza las relaciones
Canarias-España. El ejemplo de las prospecciones fue especialmente claro: España
pretende decidir sobre una cuestión que no le afecta si sale mal (a miles de
kilómetros no corren ningún riesgo), pero que le beneficia si sale bien. A
Canarias, que lo pierde todo si sale mal y no gana prácticamente nada si sale
bien, España le impide no ya decidir, sino incluso consultar sobre lo que
ocurre en su territorio. Estado de derecho, lo llaman. Y así con los recursos
pesqueros, las energías renovables, las relaciones exteriores, etc etc.
Que Canarias sea vista y tratada como una posesión española no
es algo que dependa del color político del gobierno español de turno. Es algo
imbricado en las propias estructuras del Estado, y así lo refrenda el
Constitucional, el poder judicial, que se escuda en la legalidad para apuntalar
la ilegitimidad del Gobierno de España, el mismo que nunca ha cumplido el REF,
el mismo que nos pone a los pies de los caballos vendiendo Aena, el mismo que
usa las Islas como plataforma de asalto militar a pesar del rechazo mayoritario,
el mismo que nos margina en el reparto de los recursos pesqueros
canario-saharianos.
La retórica españolera da a entender que si Canarias es España
y los canarios son españoles, entonces lo que es bueno para Canarias será
bueno para España. Y al revés, lo que es malo para Canarias, lo será también
para España. El Estado sin embargo ya se encarga él solo de desmentirlo con su
modo de proceder. Ellos tienen claro lo que somos. ¿Y nosotros?
[1] petroleo/Constitucional-reglamento-consultas-ciudadanas-Canarias