Una
nueva hipocresía del PP sobre el aborto
Mary
C. Bolaños Espinosa*
Hemos
de reconocer que las mujeres hemos avanzado en la conquista de muchos derechos y
que son el ámbito corporal, la sexualidad y la reproducción los terrenos donde
perduran los controles patriarcales más duros, donde cuesta más desatar los
nudos de la discriminación.
Tras
un intento de imponer una reaccionaria ley de aborto que detuvo una gran
respuesta social, abanderada por el movimiento feminista, el gobierno del
PP vuelve a atentar contra los derechos humanos de las mujeres, cebándose
sobre el sector de la población femenina más joven, a la que le impide optar a
la IVE sin el consentimiento maternal/paternal, modificando la Ley Orgánica
2/2010.
Las
razones que da el Ejecutivo para estas modificaciones pretenden confundir a la
opinión pública, enmascarando este ataque como una protección a las “niñas”
de 16 y 17 años.
La
Ley actual reconoce claramente a estas jóvenes el derecho a tomar la decisión
de interrumpir su embarazo, pero con la obligatoriedad de informar a los
progenitores o tutores legales. La excepción se da solamente en los casos que pudieran
suponer riesgo para la menor. Según un estudio de ACAI
(Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo), solo
una de cada diez menores que interrumpieron su embarazo en alguna de sus clínicas
lo hizo sola, por motivos relacionados con el
desamparo
familiar, provenir de
familias desestructuradas, estar solas en el país, tener
progenitores
con enfermedad invalidante, en la cárcel, que por voluntad propia
renuncian a conocer y a acompañar a la menor o abiertamente contrarios a la interrupción del embarazo.
La
hipocresía del PP queda evidente en estos temas. Nos están usando como moneda
de cambio para intentar mantener los votos de los sectores más integristas de
su propio partido y para contentar a la iglesia a la que tantos favores le
deben.
Con
16, 17 o 22 años,
quién va a ser madre es la mujer que está embarazada. Es lógico pensar que
ella es quién debe decidir.
Si
la relación familiar es la deseable y en el núcleo
familiar se dan los elementos de confianza, diálogo, respeto y cariño
necesarios, la joven, ante una decisión relacionada con su capacidad
reproductiva - como en otras
importantes decisiones de su vida -, lo hablará, lo consultará y buscará
consejo y apoyo en su familia.
Pero
si estas condiciones no se dan, esta misma joven, aun sintiéndose incapaz de
ser madre, callará y esperará cargada de angustia,
buscará una solución peligrosa al margen de su familia, o será madre
por obligación, solo por no
disponer de una firma.
Y
esto no es “protección”, es atentar contra el derecho a la vida. Si no es
justo obligar a una mujer a proseguir con un embarazo contra su voluntad, menos
lo es obligar a las más jóvenes o avocarlas a un
aborto clandestino.
El
derecho de las mujeres a decidir sobre nuestras sexualidades, nuestros cuerpos y
nuestras vidas tiene su fundamento en ser consideradas personas
con capacidad moral para formular nuestros propios juicios y tomar decisiones
sobre los dilemas que se nos pueden presentar en la vida, entre los que la
maternidad es uno de ellos particularmente relevante. Entronca con nuestro
derecho a la autonomía, a la intimidad, a la seguridad e integridad. Implica
que el Estado tiene la obligación de garantizar que cualquier mujer que decida
abortar pueda hacerlo en condiciones adecuadas.
Requiere que la sociedad respete nuestras decisiones y que las religiones no se
entrometan.
Privarnos
de nuestra libertad de decisión o limitar nuestra autonomía, considerándonos
mujeres necesitadas de permanente tutelaje,
como mantienen quienes se niegan a la despenalización del
aborto, es violencia estructural. El hecho de que otra persona decida
sobre nuestro cuerpo es una violación
de los derechos humanos, que nos enmudece y elimina como sujetos de derechos.
Hacer
de la salud, del cuerpo, de los derechos sexuales y reproductivos, un tema de
democracia y ciudadanía; y hacer de la dignidad, la autonomía y la libertad,
aspectos centrales de los derechos humanos, deben ser elementos inherentes
a cualquier proyecto transformador.
Corresponde,
ahora, volver a parar la contrarreforma del PP, sin olvidar que seguimos
reclamando que se produzca un cambio legislativo en el que el aborto deje de
estar tipificado como delito y que se desarrollen y amplíen los derechos
reconocidos en el texto vigente (Ley Orgánica 2/2010) para que se garantice el
derecho a la autonomía reproductiva de TODAS, TODAS las mujeres.
*
Colectivo Harimaguada