Xavier Caño Tamayo *
Rodrigo
Rato, quien fue poderoso vicepresidente económico de José María Aznar, fue
arrestado durante horas, registrados su despacho y domicilio exhaustivamente por
la Agencia Tributaria y acusado de fraude fiscal, blanqueo de capitales y
alzamiento de bienes. El encontronazo de Rato con la justicia no es nuevo en su
familia. Su padre, Ramón Rato, fue condenado en
Más
allá de la significación del personaje o de que el espectáculo mediático de
su detención responda a una guerra interna del Partido Popular, el hecho es
grave porque ratifica que la corrupción es ilimitada. Presunta, por supuesto.
No son casos extraordinarios ni aislados: es que el sistema está podrido.
"La naturaleza institucional de la corrupción tiene sus raíces en el
capitalismo oligopólico de amiguetes en que se transformó el poder empresarial
heredado del franquismo con las privatizaciones de la transición",
explican Doménech, Raventós y Búster. Las políticas económicas de la
transición y corrupciones derivadas generaron un bloque formado por grandes
empresas del Índice Bursátil Español (Ibex 35) y parte de las cúpulas del
Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), convertido en cártel
favorecedor de la corrupción. Por eso cabe buscar el origen de la corrupción
en las descomunales privatizaciones de un potente sector público, perpetradas
en la pretendidamente modélica transición con la consiguiente formación de
poderosos oligopolios. Iniciadas sin dudarlo por Felipe González al frente de
gobiernos del PSOE y continuadas con entusiasmo por los gobiernos de Aznar.
Un nada modélico
sistema de concesión de contratos públicos multimillonarios, esa estructura de
multinacionales montadas a partir de sólidas empresas públicas privatizadas, más
una política económica y fiscal que han dado y dan posición dominante y
privilegiada a grandes empresas del Ibex 35 son base de la corrupción. En ese
escenario de privatizaciones desatadas cuajó el capitalismo oligopólico de
amiguetes que hizo nacer una nueva minoría rica y privilegiada que controla
buena parte de la economía del Reino de España. Minoría que copó el Ibex 35
y se sumó como clase dominante a los restos de la aristocracia terrateniente
(que esquilma Extremadura y Andalucía desde siglos), a grandes accionistas
bancarios, altos cargos financieros y grandes propietarios de la industria.
Ese
capitalismo corruptor y corrompido ha hecho nacer y crecer una economía
sumergida de la cuarta parte del producto interno bruto (PIB) y también que más
de un tercio de billetes de 500 euros que se mueven por Europa lo hagan en España.
Maletines con cientos de miles o millones de euros para enjuagues y sobornos. O
apuntes contables y movimientos financieros ocultos de cuentas opacas. Lo que
coloca a este Reino en el nada admirable puesto 37 en la lista de Transparencia
Internacional, tras Taiwán, Chipre o Botsuana, más corrompidos que este Reino,
y con 60 de índice de percepción de corrupción, a mucha distancia de 100 que
es cuando no hay corrupción. Porque esa poca transparencia significa que hay
mucha corrupción. Corrupción rentable, por cierto, porque la minoría que
controla la economía ha visto crecer últimamente sus beneficios un 67 por
ciento.
Y
mientras la minoría rica privilegiada se enriquece aún más (tanto legalmente
con políticas austeras de saqueo y recortes sociales, como delictivamente con
la corrupción), crecen de forma escandalosa el empleo precario y los
trabajadores con empleo pero que siguen siendo pobres. Crecen desigualdad y
pobreza, porque, por ejemplo, de enero a marzo de este año se destruyeron 114
mil puestos de trabajo y hoy aún hay 5 millones 444 mil 600 desempleados, 71
mil más que en diciembre de 2011, cuando el Partido Popular ocupó el gobierno.
Así lo asegura la última Encuesta de población activa (EPA) que envía al
traste la fábula de la recuperación.
La
corrupción no son sólo unos pocos casos, tampoco es cuestión privada de los
corruptos, como repiten hasta el tedio portavoces del Partido Popular y del
gobierno. Ni es sólo cuestión penal. La corrupción es un letal problema económico,
social y político, institucional por ser parte del sistema. Y, para acabar con
la corrupción, hay que cambiar el sistema político y económico. De raíz.
Fuente:
globedia.com/espana-capitalismo-amiguetes-corrupcion-institucionalizada