Los antidemocráticos
avales son ilegales
[…, para el
pueblo canario constituye la única solución a sus problemas, nuestra
Descolonización e Independencia, pues lo único que tenemos que perder son
nuestras cadenas, acabando con la crisis crónica colonial que ha esquilmado a
Canarias económicamente, sometido militarmente y esterilizado culturalmente…, sabemos dónde vivimos y sabemos
que Canarias es una posesión colonial española por lo menos desde el año
1402, en el que tuvo lugar el primer asentamiento del colonialismo en el Rubicón,
Titerroygacat (ex Lanzarote) y que como tal posesión colonial tiene que
indemnizar a nuestro pueblo por los años de saqueo económico y esclavitud
humana, incluidos los crímenes de lesa humanidad que no prescriben acorde con
el ordenamiento jurídico internacional…]
El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario se presentó por primera vez
a las elecciones a cortes generales el 9 de marzo de 2008, convocatoria en la
que presentó candidaturas en todas las circunscripciones canarias: congreso por
S/C de Tenerife y Gran Canaria y senado por las siete circunscripciones
insulares después de una lucha titánica contra los manejos del caduco régimen
monárquico y colonial español que intentó por todos los medios a su alcance
impedir que nuestra anticolonialista organización estuviera en la campaña así
como en los medios públicos de difusión masiva y como muestra un sólo botón,
aunque no el único lamentablemente: en una de tantas ocasiones en las que
nuestra megafonía, disponiendo de los correspondientes permisos legales, se
encontraba haciendo campaña en Taco, Anyashw-n-Chinet, una dotación completa
de la policía al servicio del colonialismo rodeó nuestro vehículo en un
repugnante acto antidemocrático y de presión de nuestros candidatos, tratados
como si de delincuentes se tratara y que pusimos en conocimiento hasta de las
Naciones Unidas, específicamente de su Comité Especial de Descolonización.
Las elecciones como decimos se celebraron el 9 de marzo e inmediatamente, el
5 de septiembre de 2008, casi recién constituido el nuevo-viejo congreso y el
gobierno del nefasto zapatero (el mismo que engañó a Paulino Rivero, a la Sra.
Ana Oramas, autoapodada “La Quícara” y a toda la “Colisión” Canaria
con el timo de la jurisdicción sobre las aguas territoriales a cambio del apoyo
a los presupuestos del año 2010), el 5 de septiembre decíamos la Comisión Constitucional del Congreso de los
Diputados acordó, a propuesta de todos los Grupos Parlamentarios, proponer al
Pleno de la Cámara la creación de una Subcomisión para examinar las posibles
modificaciones del régimen electoral general, específicamente el artículo
169, que en su apartado 3 adquirió la siguiente modificación literal: “Para
presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la
firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los
partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en
ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán
la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral
de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá
prestar su firma a más de una candidatura».
El texto fue aprobado con los votos favorables de todos los grupos de
la cámara: PPSOE, CC, PNV, CiU, ERC, BNG y la única abstención de IU.
Claro que la maniobra no es suficiene para acabar con lo que para el
gobierno y el estado colonial españoles está siendo un problema (no para el
hermano pueblo español) y que para el pueblo canario constituye la única
solución a sus problemas, nuestra Descolonización e Independencia, pues lo único
que tenemos que perder son nuestras cadenas, acabando con la crisis crónica
colonial que ha esquilmado a Canarias económicamente, sometido militarmente y
esterilizado culturalmente.
La exigencia de avales a partir de la décima legislatura del régimen de
1978 y no anteriormente es una demostración de la debilidad del caduco régimen
monárquico y etc., así como de nuestra fortaleza, de la que está más que
preocupado como lo demuestran, reiteramos, los hechos y esa preocupación deriva
de que El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario está formado por mujeres
y hombres que sabemos dónde vivimos y sabemos que Canarias es una posesión
colonial española por lo menos desde el año 1402, en el que tuvo lugar el
primer asentamiento del colonialismo en el Rubicón, Titerroygacat (ex
Lanzarote) y que como tal posesión colonial tiene que indemnizar a nuestro
pueblo por los años de saqueo económico y esclavitud humana, incluidos los crímenes
de lesa humanidad que no prescriben acorde con el ordenamiento jurídico
internacional.
La exigencia de avales no sólo es antidemocrática, sino ilegal, dado que,
curiosamente, sólo afecta a los partidos de nueva creación y a los que no han
obtenido representación en la convocatoria anterior y eso es discriminatorio,
pues mientras unos candidatos tienen que presentar avales otros no, lo que
resulta normal para el régimen que nos tiene sometidos, pero no para la
legislación internacional que España, a cuyos gobernantes tanto se les llena
la boca con la ley, sobre todo cuando los tribunales que ellos mismos nombran
fallan, nunca mejor dicho, a su favor, tienen que respetar, al haber suscrito
esos tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales, si no
fuera que estamos ante un Estado
forajido.
El Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario ha recurrido también la última
convocatoria electoral a celebrar el 20 de diciembre de 2015 por los motivos
anteriormente narrados, pues en nuestra opinión no se trata de ponerse a
recoger avales como locos, haciéndole la ola al brazo político del borbonato, recurso
accesible en el link adjunto.
Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario (Movimiento UPC)
