¿No sacamos votos los independentistas canarios

o no quieren considerárnoslos?

 

¿Nos ha dejado España alguna vez votar democráticamente? España es un Estado de escasa, por no decir nula, tradición democrática, reducida a los escasos periodos que abarcaron la I y la II Repúblicas españolas: 1873-4 y 1931-6, habiendo terminado ambas con la restauración de la monarquía borbónica, en el segundo caso precedido de una incivil guerra y una sanguinaria dictadura franquista.

 

Franco nombró heredero a Juan Carlos I que ejerce la jefatura del Estado español desde el 20 de Noviembre de 1975 (sin contar las interinidades 38 años de momento, 36 Franco). Prueba de la calidad de la “democracia a la española” en el último periodo lo constituye el asesinato del joven estudiante Javier Fernández Quesada por la denominada Guardia Civil, del también estudiante Bartolomé García Lorenzo, que fue acribillado a balazos durante la noche del 22 de septiembre de 1976 a manos de la policía nacional española cuando apenas contaba 21 años o del obrero Antonio González Ramos aquel aciago 29 de octubre de 1975. Juan Carlos I asumió interinamente el cargo del 19 de Julio al 2 de Noviembre de 1974 y del 30 de Octubre al 20 de Noviembre de 1975 sustituyendo al anterior Jefe del Estado, Franco, autodenominado generalísimo.

 

El 5 de Abril de 1978 sufrió un atentado en Argel el prócer canario Don Antonio Cubillo, acto juzgado por la propia Audiencia Nacional española como de terrorismo de Estado, falleciendo el 10 de Diciembre de 2012 a consecuencia de las secuelas que le obligaron a permanecer en silla de ruedas el resto de su vida y no por causas naturales como afirma el colonialismo. Regresó a su patria, Canarias, en 1985, al comunicarle las autoridades argelinas, según Don Antonio Cubillo, la imposibilidad de garantizar su seguridad, previa visita a Argel del siniestro personaje Felipe González, antes de convocar, a regañadientes, el Referéndum sobre la OTAN.

 

El referéndum de la OTAN del 12 de Marzo 1986 significó un referéndum de autodeterminación para Canarias, al votar mayoritariamente NO, lo que no significa que reivindiquemos un proceso de autodeterminación que no procede en una colonia, sino la descolonización e independencia acorde con la Resolución de las Naciones Unidas 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados[1]. Ante la sorpresa, la primera reacción del colonialismo, representado en ese momento por el Partido Socialista Obrero Español, el actual partido de la burguesía española junto con el PP, fue encargar un estudio sobre las elecciones en Canarias en la década anterior (Bravo de Laguna, Las Elecciones Políticas en Canarias 1976-1986, Servicio de Publicaciones, Gobierno de Canarias, 1987). Los partidos metropolitanos PSOE y PP incrementaron su política beligerante y de derrocamiento de las organizaciones nacionalistas, apoyando, junto a Coalición Canaria, medidas anticonstitucionales, como los topes electorales que exigen la obtención de un 30 por ciento de los votos en la circunscripción insular y un 6 por ciento en todo el Archipiélago Canario para obtener representación parlamentaria, originando el sistema más antidemocrático del mundo, un ejemplo de lo que no se debe hacer, pues ya está bien de las trampas, manipulaciones y engaños de esta casta política.

 

La descontrolada introducción de población foránea en el censo canario, que se ha duplicado en el corto periodo de treinta (30) años, para diluir a los movimientos nacionalistas  y arrinconar al pueblo canario, es otra de las medidas adoptadas por el colonialismo.

 

El gobierno y el estado españoles han dado una nueva vuelta de tuerca a lo que vulgarmente se conoce como “democracia a la española” modificando la ley electoral con el siguiente tenor literario: “Para presentar candidaturas, las agrupaciones de electores necesitarán, al menos, la firma del 1 % de los inscritos en el censo electoral de la circunscripción. Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1 % de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección. Ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura”, perversión ética y moral a la que el Movimiento UPC se opone rotundamente pues lo que subyace a dicha modificación es conseguir listas de electores, dado que cada persona sólo puede avalar a una organización, infringiendo el secreto del voto, recogido en todos los regímenes democráticos y conculcando los derechos humanos.

 

La modificación fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 22 de Octubre de 2010, [2] aniversario de la fundación de la bandera tricolor de las siete estrellas verdes ¡qué casualidad! [3]

 

¿A qué viene tanta preocupación si no sacamos votos los independentistas canarios?

 

[1] 1514 (XV) de 14 de Diciembre de 1960 sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos colonizados

 

[2] publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 22 de Octubre de 2010

 

[3] congreso.es/public

 

Canarias, 31 de Enero de 2013.

   

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Movimiento UPC