MÁS ALLÁ DEL “VETO PARENTAL”,
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN AFECTIVA Y SEXUAL
SIGUE SIENDO UNA ASIGNATURA PENDIENTE.
Mary C. Bolaños Espinosa. Colectivo Harimaguada
La
Educación Afectivo Sexual (EAS) es un derecho de la población, recogido por la
OMS junto con otros derechos sexuales, y una tarea imprescindible y compartida.
Quienes hemos estado 40 años en Canarias formando a profesorado y a familias,
para que abordaran la EAS en los hogares y en los centros educativos, con
absoluta armonía y colaboración, no podemos sino indignarnos ante la
destructiva capacidad de los partidos políticos
de la derecha para, una vez más, instrumentalizar la Educación Afectivo
Sexual como excusa para fomentar la discordia y el odio, para socavar la
pluralidad, la diversidad y la libertad de pensamiento en la escuela; reclamando
un supuesto derecho de las familias a censurar la formación de sus hijos e
hijas, impidiéndoles el acceso a las actividades programadas por los centros
educativos que no coincidan con sus planteamientos morales.
Un supuesto derecho, que no es tal, dado que este planteamiento va en contra de
los derechos humanos y de la infancia, de los tratados internacionales, de las
leyes estatales y autonómicas, de las normativas de la Consejería de Educación
e incluso de la propia Constitución. Un supuesto derecho que no es más que un
ataque directo al profesorado, al modelo de educación pública y, sobre todo, a
los derechos de las niñas y los niños.
La
función de la educación es formar ciudadanía libre, personas capaces de
pensar, de hablar, de opinar, de construir su propia vida y de participar y
convivir en una sociedad democrática, y ese objetivo fundamental que el Estado
tiene el deber de garantizar, debe hacerlo en el marco de una ética global,
democrática, de valores universales. Por
eso, tenemos claro que el llamado “pin parental”, que no tiene cabida en
nuestras leyes, ni responde a los planteamientos de las familias, lo que
pretende es atacar este modelo de educación e imponer
la cultura del miedo en los centros educativos, para llevar al profesorado a la
inacción. El alarmismo de
las derechas, transmitiendo mentiras muy peligrosas asociadas a la supuesta
libertad de expresión, educativa y religiosa, persigue combatir las políticas
de igualdad, diversidad e inclusión, aprobando medidas para defender su
adoctrinamiento y recortar la libertad del alumnado.
Celebramos
que la Consejería de Educación de Canarias se haya manifestado contra el
“veto parental”, asegurando que
esa medida "no tiene cabida" en el sistema educativo español pues vulnera
la legislación vigente. Pero nos parece una respuesta insuficiente. Una vez más,
insistimos en que esta Institución, y el gobierno en su conjunto, han de poner
en marcha medidas que aseguren que la legislación se cumple en la práctica
diaria. Nos referimos al desarrollo de
leyes, como la
Ley de Salud Sexual y Reproductiva que indica que “los
poderes públicos, en el desarrollo de sus políticas sanitarias, educativas y
sociales garantizarán la información y la educación afectivo-sexual y
reproductiva en los contenidos formales del sistema educativo”, o al
cumplimiento de la PNL aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias en
octubre de 2018 en la que “se insta al
gobierno de Canarias a
que se implementen políticas integrales en materia de educación afectivo
sexual y de atención a la salud sexual y reproductiva, adecuadamente dotadas de
medios y recursos económicos, materiales y humanos, basadas en un concepto
positivo del hecho sexual humano, de la diversidad sexual y de los vínculos
afectivos, que promuevan y garanticen que las personas se formen para vivir
satisfactoriamente y sin riesgos su sexualidad, y para que sepan resolver sus
necesidades afectivas, relacionales y de vinculación en el marco de una ética
relacional de igualdad, sinceridad, respeto y responsabilidad”.
Es
cierto que ante la dura realidad que estamos viviendo por la inexistencia de
esta Educación Afectivo Sexual (aumento de ITS, violencia sexual, embarazos en
adolescentes, soledad emocional…) mucho se habla últimamente de su necesidad.
Pero las políticas
educativas en Canarias (y en el Estado español) en relación a la EAS se han
caracterizado por su inexistencia y/o ineficacia, dado que la Educación
Afectivo Sexual no se puede restringir a acciones puntuales, a talleres
voluntarios, ni se puede concretar solo en charlas de algún especialista o
activista, como está ocurriendo.
Cada
persona es única e irrepetible, no pertenece a nadie y tiene el derecho a
recibir una Educación Afectiva y Sexual por parte de las familias, de los
centros educativos, de los servicios sanitarios y sociales y de los medios de
comunicación. Una educación que ponga en el centro sus necesidades y que le
posibilite que pueda construir su biografía afectiva y sexual, diversa en
orientaciones (homo, hetero, bisexualidad…), en identidades (hombres, mujeres,
trans*, intersexuales…) y en deseos; construir
su vida con libertad, sin elementos
discriminatorios de género y libre de riesgos. Una educación que le
facilite herramientas para construir relaciones
diversas, guiadas por la ética relacional del placer y el bienestar compartido. Una educación en buenos tratos, en respeto, en cuidados, en
humanidad.
Estos
conocimientos y herramientas deben ofrecerse de forma estructurada y continuada
en el aula, espacio que, al ser obligatoria la escolarización, puede garantizar
que todas las niñas, niños y jóvenes, en su amplia diversidad, puedan acceder
a la misma. Una Educación
Afectiva y Sexual que en los centros educativos puede (y debe) contar con
tiempo, materiales y docentes con competencias para implementar, en colaboración
y coordinación con las familias y los servicios sanitarios y sociales, esta
formación integral. Este desarrollo
requiere una apuesta decidida y comprometida por parte de los poderes públicos.
Urge la inclusión explícita en el currículo, y se necesitan medios y recursos
personales y económicos para la puesta en marcha de planes de educación y
atención a la sexualidad integrales, biográficos, interseccionales, desde una
visión positiva del hecho sexual humano, no heteronormativa, desde la igualdad
y la diversidad, con implicación de sus protagonistas, y como una
responsabilidad compartida por los diferentes agentes sociales.
Pero
lo cierto es que en Canarias, en la práctica, no visualizamos estos
planteamientos integrales, comunitarios, que son necesarios. El actual gobierno
de progreso no ha ofrecido alternativas al desmantelamiento
de los planes, programas, recursos y servicios en materia de sexualidad, que
llevaron a cabo varios
gobiernos de Coalición Canaria,
ni al modelo de Educación Afectivo Sexual que éstos
implementaron, que se sigue
concretando en acciones y medidas voluntarias, puntuales, fragmentadas y
deslavazadas.
Las
posibilidades
para educar son muchas, pero no pueden quedarse en declaraciones de buenas
intenciones, ni concretarse en parches o acciones para fotos, requieren ir a la
raíz del problema. De
ahí la urgencia de atender al reiterado incumplimiento de las leyes, también
por el gobierno de Canarias, que con su negligencia, cerrando los ojos ante la
demostrada insuficiencia que conlleva realizar un par de charlas o talleres al año
en algunos centros educativos, está
lesionando derechos de la población infantil y juvenil. Si no se desarrollan políticas
públicas integrales en educación y atención a la sexualidad se
permitirá que esta función la cumpla la pornografía, como primera vía de
acceso al conocimiento de la erótica para las y los menores, y
unos medios de comunicación y redes sociales que van camino de convertir la
sexualidad en un producto más de consumo.
Hacen
falta otros modelos de vida y de relaciones que no dañen a las personas, que
dignifiquen la vida y al ser humano. Y ello requiere ir más allá de
declaraciones institucionales, implica dedicar recursos y tener la suficiente
voluntad política para colocar las necesidades humanas en el centro de la acción
política. ¿Serán capaces de
hacerlo los gobiernos “de progreso”?