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urgente un marco legal que permita los usos tradicionales de antaño; los usos
del lugar no pueden tener las barreras que aplicamos ahora; aspectos teórico-burocráticos
como la unidad ganadera mayor (UGM) deben ser homologados en la mayoría del
medio; el estiércol y los purines deben ser tratados como fertilizantes para
nuestros campos para producir alimentos sanos y frescos, y no como ahora, que
son tratados como residuos contaminantes… Volvamos a una situación legal
similar a la de antaño y difundamos la producción local; dignifiquemos a
nuestros agricultores y ganaderos, en lo social y ec
Cada
poco nos planteamos la problemática situación del medio rural, que tiene mucho
que ver con la desgana de nuestros jóvenes hacia el sacho. Si tratamos de ser
justos, debemos valorar el contexto no sólo social y cultural en el que hemos
malcriado a nuestros jóvenes en relación con el campo, sino sobre todo un
modelo político ambiental con el listón muy alto, en el que un joven lo tiene
casi imposible para conseguir un puesto de trabajo en el medio rural.
Echemos
un vistazo al recorrido que ha de realizar un joven para incorporarse a la
actividad ganadera en Canarias. En el mejor de los casos, si dispone de un suelo
rústico y recursos económicos para poner en marcha una explotación ganadera,
en un plano legal tendrá que saltar los obstáculos burocráticos iniciales;
antes de poner la primera piedra, necesita de dos a cuatro años, sólo en
papeles. En primer lugar, tendrá que presentar un anteproyecto de las
instalaciones e intención de la obra que ha de realizar en el Ayuntamiento
correspondiente. En el caso de que el suelo tenga una calificación adecuada
para la ganadería (cosa que no suele ocurrir), con el correspondiente informe
municipal positivo, si el tamaño de la explotación supera la UGM equivalente a
una vaca, seis cabras o una cerda madre. Esto requiere una calificación
territorial por el Cabildo que suele necesitar de cuatro a seis meses. Resueltos
los problemas con el Ayuntamiento y el Cabildo, cabe presentar el proyecto según
categoría para el visado por el Gobierno de Canarias; allí podría necesitar
un informe ambiental por dicha administración. Algunas de las exigencias para
los proyectos ganaderos incluyen: impermeabilización del suelo y del
estercolero, cubrimiento de éste, depuración de los purines, planta para la
eliminación de cadáveres, adaptación a la Ley de Bienestar Animal en cuanto
al tamaño de la granja y cabezas de ganado, y toda una amplia normativa, como,
por ejemplo, el carné de manipulación con registro sanitario.
Valga
como referencia del papeleo que tiene que sufrir el ganadero que debe llevar en
la explotación cinco libros, en los que se registra los nacimientos y todos lo
movimientos de ventas y sacrificios, ventas a terceros, póliza de seguro para
asistir a ferias o romerías y todo tipo de movimientos de animales. Se dan
otras contradicciones entre administraciones del propio Gobierno de Canarias.
Por un lado, existen serias dificultades para construir un cuarto de aperos en
suelo rústico. Es muy difícil conseguir que aprueben un aseo en el proyecto;
sin embargo, seguridad e higiene en el trabajo exige instalaciones con aseo e
incluso ducha ante la necesidad de ducharse tras la utilización de productos
fitosanitarios. Las leyes que se aplican en Canarias son caras, lentas y burocráticas,
alejando a los campesinos del campo. Iniciarse en las actividades agrarias y
ganaderas es complicado y costoso. ¿Se aplican estas leyes en Azores, Holanda y
Asturias? Mientras, los ingresos de los agricultores y ganaderos están
limitados con el alegato de los costes de la cesta de la compra.
Los
importadores de alimentos imponen su ley en los mercados. En este contexto, no
es posible que un joven compre un becerro o unas cabras y comience una actividad
ganadera como antaño. Con las leyes actuales, ni tan siquiera podemos criar un
cochino como hacíamos hace unos años. El papeleo y las inversiones exigidas
para dichas instalaciones, tanto en tiempo como en recursos económicos, no sólo
no están al alcance de nuestros ganaderos, sino que no lo hacen rentable. Lo
que pagan por los productos no permite cubrir costes; se añaden las
importaciones de terceros países, en muchos casos sin pagar aranceles de
entrada (más de 50.000 toneladas sólo de carne), mientras que aquí nos
quedamos con leyes europeas, compitiendo con producciones del tercer mundo.
Queremos ganaderos de aquí, con leyes europeas para los animales, pero los
costes de terceros países para los ganaderos. Es urgente un marco legal que
permita los usos tradicionales de antaño; los usos del lugar no pueden tener
las barreras que aplicamos ahora; aspectos teórico-burocráticos como la unidad
ganadera mayor (UGM) deben ser homologados en la mayoría del medio; el estiércol
y los purines deben ser tratados como fertilizantes para nuestros campos para
producir alimentos sanos y frescos, y no como ahora, que son tratados como
residuos contaminantes.
Es
necesario que unas instalaciones familiares convivan como siempre lo han hecho
en el ámbito rural, distinguiendo de las instalaciones industriales de granjas.
La ganadería y la agricultura son complementarias en el medio rural,
contribuyen a la limpieza de nuestros campos, como cama del ganado que retira
combustible de los montes, y evitan la importación de fertilizantes,
potenciando el pastoreo y la retirada de pastos, que ahora llamamos combustible
para incendios. Otra lectura de nuestros campos es posible. Volvamos a una
situación legal similar a la de antaño y difundamos la producción local;
dignifiquemos a nuestros agricultores y ganaderos, en lo social y económico. Es
posible.
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DOCTOR EN GEOGRAFÍA
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en El Canario
Foto: René Acosta (Jóvenes agricultores en Puntallana, La Palma)