Las
vacas y los papeles
Wladimiro
Rodríguez Brito *
El pasado 19 de febrero asistí a un acto
simbólico, lleno de compromiso y justicia con un colectivo maltratado en esta
tierra. Se trataba de la entrega de certificados de legalización urbanística de
cincuenta granjas ganaderas, con la asistencia del presidente del Gobierno de
Canarias y del consejero de Agricultura. Hasta ahora numerosos ganaderos han
tirado la toalla ante un muro legal, cargado de ignorancia y de incomprensión
hacia el campo, por un marco de leyes alejadas de la problemática rural. Los
casos de algunos de los ganaderos afectados han terminado de una manera
dramática.
Según referencias de la Consejería de
Agricultura, tenemos unas siete mil granjas en Canarias, de las que a finales de
este año tendrán la documentación urbanística correspondiente unas mil (el 15%,
aproximadamente), que ya están funcionando cumpliendo con la legislación de la
UE, incluyendo que sus animales son vacunados y registrados. Como bien dice
Pedro Molina y los ganaderos de Agate, hay que
agilizar los trámites de los equipos técnicos de la Consejería de Agricultura y
Ganadería del Gobierno de Canarias para la pronta normalización de esta
situación.
Afortunadamente, parece que las cosas
van tomando camino. Las leyes hechas en los despachos urbanitas comienzan a
tomar en consideración a los agricultores y ganaderos. La dominación urbana
sobre el medio rural incluye una lectura del campo sin campesinos, como un mero
elemento contemplativo. La producción de alimentos y las actividades agrarias
no eran de este planeta; eran cosa de los pobres del tercer mundo. Nada de
gallos ni vacas ni moscas cuando los urbanitas deciden irse a vivir al campo.
Por otra parte, la UE establece un nuevo
marco de granjas, con identificación de los animales, manejo en la cría y
sacrificio, leyes de bienestar animal, etcétera. Esto en un marco legal en el
que los ayuntamientos desarrollan el planeamiento urbanístico, y donde casi
todos optan por ampliar la superficie urbanizable y, en consecuencia, reducir
el suelo para las actividades rurales, situando en una situación marginal las
explotaciones ganaderas. Mientras, los cabildos y la Comunidad Autónoma
planifican pensando en aspectos ambientales y de planeamiento superior, creando
en Canarias una amplia maraña legislativa a la que se unen los espacios
protegidos, con pautas del Estado y de la UE. Todo lo anterior genera una
confusa y compleja maraña en un territorio fracturado como es el caso canario.
En esta situación, los conflictos están servidos.
Apenas tenemos espacio para las
actividades ganaderas en el actual marco legal. A ello se unen las
importaciones de alimentos en sistema dumping (importar alimentos más baratos
de lo que están en sus países de origen) o bien de países no comunitarios sin
pagar los correspondientes aranceles de entrada. La actividad ganadera de las
Islas se está empobreciendo continuamente, mientras que se importan por cada
habitante trescientos litros de leche, cuarenta kilos de carne y diecisiete
kilos de pollo al año. Afortunadamente en Canarias seguimos teniendo miles de
familias que quieren seguir produciendo alimentos frescos, que defienden con
toda la razón del mundo su actividad agroganadera y se niegan a tirar la
toalla.
Aunque sea contradictorio, aquí, que hay
cien habitantes por cada vaca, casi todas estas granjas han estado denunciadas,
mientras que en la rica y urbana Holanda tienen ciento cuarenta cerdos y vacas
por cada cien habitantes y, ante el mismo marco legal comunitario, cumplen con
la ley. Hemos de dar la enhorabuena a nuestros ganaderos por haber peleado
contra viento y marea con el fin de mantener una actividad tan digna. Hemos de
felicitar también a los responsables políticos por el cambio de actitud hacia
el mundo rural. La ley 6/2009, de medidas urgentes encaminadas a la
dinamización sectorial, nació en un foro de alcaldes en San Juan de la Rambla,
en la que Manuel Reyes y un amplio colectivo de alcaldes hilvanaron un
documento con el entonces consejero de Agricultura Domingo Berriel
y su equipo técnico. Esta ley ahora nos da alternativas para flexibilizar las
actividades del sector primario, y en particular las granjas ganaderas en
nuestras Islas. A esto se une un acuerdo plenario del Cabildo tinerfeño con el
fin de priorizar los usos tradicionales dentro del área de bosques potenciales
y de mejorar el marco legal que había maltratado el sector primario. Gracias a
ello, tenemos unas posibilidades en las que no sólo están protegidas las hubaras y las palomas rabiche,
sino que en estos momentos se alumbra el largo túnel del olvido y la
marginación del sector primario, con unas justas alternativas a las demandas de
nuestros agricultores y ganaderos, en una tierra en la que es enormemente
básico encontrar la convivencia entre ciudadanía y naturaleza.
* DOCTOR EN GEOGRAFÍA
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