Unidad de mercado e islas alejadas

 

José Antonio Infante

Hay que reconocer que todo lo que sea hablar de unidad de mercado es positivo. Lo ideal sería aplicarlo en el planeta entero, en el universo. A priori, el anteproyecto de Ley de Garantía aprobado por el Consejo de Ministros va a tratar de incidir en la simplificación de la actual maraña de normas y leyes que han ido desarrollando las diecisiete comunidades autónomas en los últimos treinta años, que entorpecen y encarecen la producción y la venta de productos y servicios en el conjunto del Estado.

Se pretende, pues, sortear o reducir las trabas administrativas, cuestión por sí sola muy loable, y se instaura el principio para que una única sola licencia -sea cual sea la comunidad autónoma que la haya concedido- permita operar en todo el Estado, sobre la base de la confianza mutua entre administraciones. Que un fontanero de aquí pueda trabajar allí, sin más trámites y viceversa

¡Qué bonito! Y ya digo que, en principio hasta ahí, bien. Habrá que esperar a conocer la letra pequeña del anteproyecto para poder valorarlo y comprobar lo que ha anticipado Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno: que no es una ley recentralizadora, que beneficia a todos y no perjudica a nadie. Aunque, dada la complejidad y extensión de las problemáticas que afectan al meollo del asunto, quizás sea mucho decir.

El argumento es que el desbarajuste legal que regula actualmente la actividad empresarial en España es tal que hay empresas que están obligadas a fabricar hasta diecisiete versiones distintas de un mismo producto, o pedir hasta diecisiete licencias para ofrecer un mismo servicio. Desde la constitución de las comunidades hasta hoy se han acumulado un total de "cien mil leyes estatales y autonómicas" para regular los múltiples aspectos que afectan a las empresas, ya sean grandes, pequeñas o medianas. Este hecho encarece la actividad, perjudica la competitividad, frena el desarrollo económico y choca con los principios del mercado único europeo. A nadie se le oculta que una simplificación drástica de las trabas administrativas como la que pretende la citada ley puede tener efectos muy beneficiosos para la economía. Si el Gobierno tuviera éxito en su aplicación, según sus cálculos, el producto interior bruto español podría crecer 1,5 puntos adicionales en el próximo decenio, a razón de 0,15 puntos cada año. La patronal es mucho más optimista y piensa que el impacto puede ser de hasta cuatro puntos, ya que la supresión de la sobrerregulación permitirá mejorar sustancialmente la competitividad y aumentar la productividad.

Pero, claro, siendo el concepto y las cifras discutibles, es tan voluntarista como si calculamos el ahorro que se daría en el planeta si todos habláramos una misma lengua o viajáramos en un solo vehículo en los trayectos compartidos. ¿Se acuerdan aquello de las bombillas eficientes para reducir el consumo de electricidad? ¿O lo de los neumáticos que ahorraban combustible? Si todos los que fuman dejaran de fumar, reduciríamos el déficit.

Es evidente que a las grandes empresas y multinacionales les viene estupendamente, lo que sucede es que desde el punto de vista canario el Estado español se compone de una serie de territorios pegaditos en una península, más unas islas y ciudades autónomas situadas en sus cercanías, que por la distancia (1.070 km, Lanzarote-Cádiz; 1.800 km, Madrid-El Hierro) y la configuración de ósmosis económica, pueden no entrar en una planificación de este tipo sin hacerlo antes en los modelos productivos.

Yo me atrevería a mantener que seriamos los primeros que querrían una economía con unidad de mercado integral y completa, también por ejemplo en el ámbito laboral, y aplico el siguiente razonamiento: si somos de los que más parados contabilizamos y los que cobramos peores sueldos, lo que debería pasar es que a cualquiera que fuera a montar una empresa, para competir en Europa, le interesara hacerlo desde aquí.

Pero de antemano eso no sucede y es lógico. El director general de Comercio del Gobierno de Canarias, Gustavo Matos, se opone: "Es un traje a medida para las grandes superficies"; pronostica un nuevo "conflicto" con el Estado porque "el PP quiere eliminar competencias y tiene declarada la guerra a las Comunidades y al pequeño y mediano comercio".

Bajo mi punto de vista, una cosa es suprimir barreras y procesos burocráticos e incluso remar a favor de la unidad de mercado y otra muy distinta coger a dieciséis perros y a un gato y pedirles que ladren en horario continuado.

infburg@yahoo.es

Publicado en el periódico El Día, /2013-01-30