ULTRANACIONALISMO XENÓFOBO

Pedro González Cánovas

En el informe de 2008 de Amnistía Internacional, se habla del “uso desproporcionado de la fuerza y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad contra las personas que intentaban saltar las vallas en Ceuta y Melilla, además de falta de acceso al asilo y expulsiones ilegales”, un tipo de intervención que ya casi se aprueba entre el ciudadano de a pié, que cree ver una invasión en las continuas cifras que la prensa emite, acompañando cada noticia al respecto. Eso si, omitiendo de forma no casual, una comparativa con la inmigración que entra por aeropuertos o de países europeos.

Al respecto, la oficina del Defensor del Pueblo Español inició una investigación independiente en septiembre de 2007, impulsada por el informe de Human Rights Watch. De sus conclusiones podemos entresacar cuestiones que reafirman las descalificaciones que se emplean, con tanta frecuencia, para definir la actual política española y que tanto cuesta asumir, y tan poco achacarlos al pasado, a ciertos sectores pro-españolistas. Valga como seña la siguiente cita: “Existen informes fiables sobre maltrato a menores en el centro de emergencia de La Esperanza” o “Los menores son alojados por un año o más en instalaciones masificadas, inseguras y deficientes, que están pensadas como residencia temporal”. O la “flexibilidad” de la aplicación de la legalidad a la que antes también hicimos referencia, cuando se declara que “Los menores no reciben la documentación a la que tienen derecho bajo la legislación española. Como consecuencia se convierten en inmigrantes sin papeles cuando cumplen 18 años”.

Aquellos informes se han quedado atrás, sin embargo la actual situación, lejos de diferenciarse positivamente de la de entonces, podemos afirmar que ha empeorado. Las personas inmigrantes que llegan por vía marítima siguen incrementando su número. Mientras, una serie de incidencias y accidentes en los centros de acogida u otros, bajo tutoría institucional, como el incendio del Centro de menores de Tegueste, que supuso el traslado inmediato de 200 personas a otros centros ya previamente saturados, e incluso algún caso de fallecimiento lejos de poder calificarse como “incidencia o accidente”, dejan entrever la pésima situación de un sistema de acogida que no funciona, ni parece pretender hacerlo.

Para más inri, una nueva Ley de extranjería acota las reagrupaciones familiares de los extranjeros y eleva de 40 a 60 días la estancia máxima en un centro de internamiento, antes de tomar medidas como la puesta en libertad, en caso de que no se hubiera llevado acabo la extradición. Dicha Ley ya ha sido denunciada como injusta por fuerzas vivas como las centrales sindicales. Por otro lado, sigue habiendo un vacío en el tema de menores no acompañados, cuyo acogimiento e integración continua siendo ignorado por esta nueva ley que, sin duda, sigue alentando las diferencias entre inmigrantes según su origen y discriminando a la minoría que suponen los extracomunitarios: seguramente los más necesitados y con los que se adquirió mayor deuda histórica.

¿Qué podemos pensar de esa España, de izquierda socialista, que atenta continuamente contra los DDHH? Que es siempre antes España que de izquierda, siempre España antes que cualquier otra cosa. Y es que ser España, aún en el siglo XXI, significa exaltar abiertamente ansias imperialistas que se extienden desde Europa hasta América del sur, pasando por África; ser España significa mantener una monarquía que casi parece haber parido el Estado; vivir el día a día bajo el influjo eclesiástico; denominar el miedo del ciudadano “respeto a las fuerzas del orden”; ejercer ultranacionalismo xenófobo y patear los nacionalismos de izquierda y derecha que puedan perjudicar al ultra de Madrid y los colonos enviados desde la metrópoli… ser España se podría, si no se ejerciera fuera de España. Si pudiéramos arrancarla de cuajo de Canarias o si, mejor, ella misma arrancara y dejara de explotar a otras personas que no fueran sus propios y desgraciados obreros.

Islas Canarias, Diciembre 2008