Los socialistas y Aznar
Por Juan Hernández Bravo de
Laguna
La
corrupción política -y social- española se está revelando como una corrupción
de proporciones gigantescas, una corrupción generalizada y crónica que se ha
instalado en la vida política española, y que, al parecer, ha venido para
quedarse.
Se trata de una corrupción ligada
a la financiación ilegal que practican todos los partidos y a las relaciones
inconfesables de los partidos con la banca y con el mundo empresarial. Una
financiación ilegal y unas relaciones inconfesables en las que también
participan los sindicatos hegemónicos y corporativos que sufrimos en este país,
unos sindicatos que no tienen nada que ver con el movimiento obrero y que
actúan en la vida política española como grupos de presión salvaje. Y sin la
molestia de tener que presentarse a las elecciones y pasar por las urnas.
Transparencia Internacional es
una organización con sede en Berlín, fundada en 1993 con el objeto de combatir
la corrupción política. Su instrumento principal es la divulgación de
información, y, en esa línea, publica desde 1995 el índice de percepción de la
corrupción, un índice que mide, en una escala de cero (percepción de una
corrupción muy elevada y generalizada) a diez (percepción de ausencia de
corrupción), los niveles de percepción de corrupción en el sector público de
cada país. Es un índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos
y empresas. La organización define la corrupción como “el abuso del poder
encomendado por los ciudadanos en beneficio personal”. Y ese beneficio personal
hemos de entenderlo asimismo en el sentido de beneficio para el propio partido,
porque, como estamos diciendo, la financiación de los partidos políticos es una
de las mayores fuentes de corrupción, también en España.
La baja calidad de la democracia
española se pone de manifiesto en nuestro puesto 30 entre 180 países y nuestro
índice de percepción de la corrupción de 6.1 sobre 10, al nivel de un país como
Botsuana. Los principales países desarrollados nos
superan en honestidad pública, y otros menos desarrollados, como Chile y
Uruguay. Por si fuera poco, en los últimos diez años hemos retrocedido desde un
índice 7.0. Entre los países desarrollados, solo son más corruptos que nosotros
Italia, en el puesto 67 con un índice 3.9, y Grecia, en el puesto 78 con un
índice 3.5, lo que esclarece mucho de lo que está sucediendo en esos países. El
puesto 105 de Argentina, con un índice 2.9, y el puesto 164 de Venezuela, con
un índice 2.0, explica también lo que ocurre en la política y la economía de
esos países. Por lo que respecta a España, está muy claro. Todos los partidos
políticos españoles son culpables de esta situación, y si los partidos
españoles quisieran, la corrupción política española se acabaría de un día para
otro. Pero, por supuesto que no quieren. Porque, aprovechando la deficiente
legislación española, todos los partidos utilizan la corrupción para
financiarse de manera ilegal. Y todos saben que los responsables de esa
financiación ilegal del partido desvían parte de los fondos en su beneficio,
además de dejarse comprar de muy variadas y sutiles formas. Si se monta una
trama de financiación ilegal de un partido, parece inevitable que un porcentaje
de esa financiación se derive a las manos privadas de quienes crean y gestionan
la trama. Es una situación generalizada y consentida, que no suele trascender.
El problema surge -la corrupción se hace pública- cuando un partido se confía y
deja demasiadas pistas, o cuando el partido rival se siente a cubierto,
encuentra un resquicio y lanza a su gente a la caza del contrario. Es lo que
ahora mismo, a pesar de los ERE andaluces, están haciendo Rubalcaba y el PSOE
con el Partido Popular. Con el asunto Bárcenas los
han pillado en un renuncio importante, un renuncio que incluye al presidente
Rajoy, y no están dispuestos a soltar la presa.
La financiación corrupta de los
partidos se basa en algunas reglas no escritas, aunque absolutamente
imperativas. Y una de ellas es que los responsables de la financiación ilegal
del partido desvían parte de los fondos en su beneficio, además de dejarse
comprar de muy variadas y sutiles formas, y de repartir entre dirigentes del
partido y familiares. Pero si son descubiertos deben cumplir un pacto de
silencio que los obliga a sacrificarse como precio de su enriquecimiento. La
diferencia del caso Bárcenas estriba en que el
antiguo tesorero popular, presunto responsable de la trama financiera de su
partido, no parece dispuesto a inmolarse y parece decidido a llevarse por
delante a los dirigentes a los que supuestamente enriqueció, incluyendo al
presidente Rajoy. Es lo mismo que están intentando hacer presuntamente Diego
Torres y su esposa en el caso Urdangarin, su antiguo
socio.
Rubalcaba anuncia una moción de
censura si Rajoy no da explicaciones en el Congreso, una moción condenada al
fracaso ante la mayoría absoluta del presidente. Descartada la convocatoria
anticipada de elecciones, con encuestas que pronostican la pérdida de, al
menos, ochenta escaños, y con datos económicos y de empleo que no mejoran, la
segunda parte de la legislatura se puede convertir en el principio del fin de
la aventura popular en el Gobierno. Los socialistas lo celebrarán. Y Aznar también.
Fuente: Publicado en
el periódico Diario de Avisos, 21-07-2013