La salud mental,
sin rumbo
Francisco Rodríguez
Pulido *
Lo que está
ocurriendo en la sanidad pública y en nuestros derechos es de un profundo
calado, que marcará el futuro próximo. El gobierno de la nación, a través de un
real decreto sobre la eficiencia del sistema sanitario, ha buscado su
legitimidad para cambiar de modelo y ofrecer la salud como una mercancía más.
Esta imposición ha movilizado a los sectores profesionales, trabajadores
sanitarios y ciudadanos. Nadie entiende cómo un sistema sanitario que es
reconocido como uno de los mejores del mundo y con una inversión de las más
bajas de Europa, que incluso Obama se fija en él, y
con asesores españoles, de la noche a la mañana presenta ineficiencias por
todos los lados. Y su modelo alternativo, desarrollando en Valencia, y conocido
como "modelo Alzira", ha sido más caro, con inyección de dinero
público a posteriori y de peor calidad de las prestaciones. Pero lo mismo
ocurre con otro bien común, como es el agua. Su gestión en manos privadas, obedece
a la misma política y los resultados son similares.
Si este es el panorama del Estado, en nuestra tierra
canaria las organizaciones de profesionales y familiares del campo de la salud
mental recientemente hemos presentando un documento cuyo título habla por sí
mismo: "La salud mental sin rumbo: necesitamos un cambio"[1]. Y esto lo
hemos realizado desde una enorme responsabilidad social. Ante la actual crisis
económica, que esta colocando a amplios sectores de la población en riesgo de
exclusión, más sabiendo que los determinantes sociales de la salud, como la
pobreza (el 33,8 %, 12 puntos por encima de la media nacional), una infancia en
riesgo (3 de cada 10 niños en riesgo de exclusión social), el desempleo (50% de
los jóvenes y un 34,63 de la población general), el hacinamiento en el hogar
(17% de las familias pobres), la peor alimentación (obesidad y diabetes),
aumentan el riesgo de morbilidad y la mortalidad por problemas psiquiátricos en
las Islas. Sin olvidar que la OMS ya anunció que en 2020 la depresión sería
igual de prevalente que las cardiopatías isquémicas, y que los enfermos
psiquiátricos que padecen trastorno bipolar mueren 10-15 años antes que la
población general. Y no digamos del índice de suicidios. Todos en estos
momentos sabemos de suicidios relacionados con una situación económica.
Ante
los determinantes sociales que multiplican el riesgo de morbilidad y mortalidad
los profesionales y las familias, escuchamos con entusiasmo el discurso de
investidura del presidente del Gobierno de Canarias, donde proclamó la voluntad
de que su gobierno fuera el gobierno de las personas y de la participación cuidada.
La ACN, Salud Mental y Feafes Canarias, en ese
instante, tomaron la iniciativa de presentar a la consejera de Sanidad y a la
de Servicios Sociales un documento técnico titulado "Agenda estratégica
para una acción global consensuada y participativa en salud mental durante un
periodo crítico". Su contenido incluía 10 líneas de acción y sus
prioridades en materia de salud mental. Su finalidad era hacer factible la gobernanza en el sector de la salud mental, promoviendo de
forma consensuada una hoja de ruta que significara un cambio en las políticas
sanitarias en salud mental. Después de más de un año y de varias entrevistas
con la consejera de Sanidad, no hemos tenido ninguna respuesta efectiva a
nuestras propuestas. Son estas irresponsabilidades lo que motivan la
desmovilización de la ciudadanía y la desconfianza en los políticos. Y otra
iniciativa que tomamos fue promover una iniciativa legislativa popular a través
del Foro Social en Defensa de la Sanidad y Salud Pública, actualmente pendiente
debate parlamentario.
Entre
otras muchas causas, la ausencia de un Plan de Salud, como instrumento para la
ordenación, desarrollo y planificación de los recursos públicos de atención a las
personas con enfermedad mental en Canarias esta teniendo enorme repercusión en
la asistencia sanitaria, y esto esta significando un incumplimiento de la Ley
de Ordenación Sanitaria. Las Gerencias hospitalarias conforman sus agendas de
prioridades en función de la presión asistencial o de los lobby asistenciales
de los servicios hospitalarios, no en base a las necesidades de la población.
No se están tomado decisiones y acciones en base a cubrir el interés general de
la agenda de política sanitaria.
Afirmamos
que las políticas en materia de salud mental siguen sin rumbo, sin unas
prioridades consensuadas, sin un diseño estratégico y sin acciones planificadas
que vayan a lo sustantivo de esta problemática, con unos órganos de gestión con
nula influencia en la toma de decisiones; con una organización no participativa
de la red asistencial, con una sobreburocratización
de las tareas asistenciales y una evitación de las sociedades científicas y de
las organizaciones de familiares.
* Presidente de la
Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. Profesor titular de
Psiquiatría de la ULL