La salud, como mercancía
Joaquín
Rábago *
Ha anunciado el Gobierno de Madrid, ese
laboratorio de todas las Españas (del PP), que
seguirá adelante con su proceso privatizador de la Sanidad pública. El argumento
siempre es el mismo: ayudará a racionalizar el gasto, eliminará burocracia y,
lo que siempre le gusta oír a la gente, nadie lo notará, pues la sanidad
seguirá siendo universal y gratuita.
Son razonamientos ideológicos que no
tienen base alguna en las experiencias de otros países. Llamemos a las cosas
por su nombre: privatización es comercialización, hacer de la sanidad un
mercado, de la salud y la enfermedad, mercancías, y de los enfermos, clientes
de unos determinados servicios.
Se convence al público mediante campañas
catastrofistas de que el modelo de sanidad tal como lo conocíamos hasta ahora
en Europa es insostenible debido a nuestra esperanza de vida y se van
erosionando poco a poco su carácter público y la gratuidad de sus prestaciones.
Se da así entrada al capital privado,
sociedades que a veces cotizan en Bolsa y que, como ocurre por ejemplo en
Inglaterra con algunas de las que gestionan hospitales, están registradas en
paraísos fiscales del canal de la Mancha o del Caribe. Los accionistas de esas
empresas, como es lógico, buscan siempre el mayor beneficio, lo que puede
lograrse por diversas vías, por ejemplo, reduciendo las plantillas, el catálogo
de prestaciones gratuitas -por ejemplo, mamografías, pruebas de embarazo o
cualquier otra- o eligiendo las más rentables y dejando que el sector público
se ocupe del resto. Las consecuencias de la fragmentación del sector derivado
de la competencia entre empresas son varias y así se acaba con las ventajas que
proporciona la economía de escala, por ejemplo a la hora de negociar con la
poderosa industria farmacéutica, aumentan los gastos administrativos, y se
hacen necesarios más controles para ver que se cumplen los estándares fijados.
Un metaestudio
realizado en 324 hospitales de Estados Unidos a lo largo de un periodo de 20
años demuestra que en ese país, que muchos aquí toman siempre como modelo, los
costos de los centros privados son un 19 por ciento superiores a los que no
tienen fines lucrativos. Con la privatización y el fin de la gratuidad, tal
como la estamos viendo ya en Madrid, la experiencia demuestra que aumentan los
costos totales para la sociedad ya que disminuye la calidad de algunos
servicios y sobre todo la accesibilidad para los sectores más vulnerables, y
muchas enfermedades no tratadas a tiempo corren peligro de degenerar en
crónicas.
La privatización no significa
necesariamente mayor eficacia y sí con frecuencia mayor gasto al final para el
Estado y peor servicio para los ciudadanos, como demuestra lo ocurrido con los
ferrocarriles británicos.
Con su privatización crecieron
exponencialmente los subsidios públicos para su funcionamiento. Por otro lado,
el descuido de las infraestructuras hizo que aumentaran de modo alarmante los
accidentes hasta el punto de que el Gobierno no tuvo más remedio que
renacionalizar Railtrack, la compañía cotizada en
Bolsa a la que se encargó de su mantenimiento.
Operados por un total de 2.000 empresas,
que se ocupan de distintas líneas y servicios, los ferrocarriles británicos
tienen ahora algunas de las tarifas más caras del mundo, como han denunciado
reiteradamente los medios de ese país. Y para colmo, muchos trenes, sobre todo
los de cercanías, van siempre atestados. ¡Eso sí que es eficacia!
* Fuente: laprovincia/2012/11/04