La revancha educativa de Alianza Popular

 

 

Manuel Marrero Morales

 

La LOMCE del denostado Ministro Wert esta construida sobe tres pilares: por una parte, es un acto revanchista de la otrora Alianza Popular hoy transmutada en el Partido Popular, a ello se añade la plasmación de las doctrinas neoliberales en materia educativa y, como tercer pilar, la concreción de los designios de la Iglesia Católica, a cuyos pies, arrodillado, se encuentra el Gobierno de Rajoy.

Esta ley significa un retroceso de, al menos, medio siglo en materia educativa. Han pasado 35 años desde que se debatió y aprobó la Constitución Española, con el artículo 27, regulador del derecho a la educación, como uno de los más controvertidos. Los puntos más discutidos eran el 5, la programación general de la enseñanza, y el 7, la intervención de la comunidad educativa en el control y gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Hasta el debate en el Pleno del Congreso llevó la derecha de Alianza Popular las enmiendas a estos dos puntos, que fueron rechazadas. Alianza Popular planteó la financiación inmediata e indiscriminada de todos los centros privados en los niveles obligatorios y, además, reducir al mínimo la participación (el control democrático) en los centros privados con fondos públicos.

Posteriormente, la UCD aprobó la ley 5/1980 LOECE, no admitiendo enmienda alguna (238 presentadas) y afirmando el Ministro Otero Novas: ”Creo que en materia de educación no es posible el pacto. El pacto en este tema no conviene". Alianza Popular recurrió la Ley 8/1985 LODE, planteada por el PSOE y su Ministro Maravall. Las enmiendas rechazas de entonces son las que ahora el PP introduce en la LOMCE. Seis motivos reclamados ante el Tribunal Constitucional, todos ellos referidos a la libertad de enseñanza” entendida con libertad de creación y derecho de financiación así como libertad de gestión de los centros. Con la LOMCE, la revancha esta servida para abundar en la línea de favorecer que el dinero público se siga destinando a espuertas, sin control alguno, al negocio privado de la educación, superando incluso en medidas retrógradas al gobierno de Aznar, con la Ley 10/2002. LOCE de Pilar del Castillo.

El PP nos quiere hacer retroceder a lo que analizaba el Libro Blanco del 69 que sirvió para la preparación de la ley de 1970, última ley educativa del Franquismo y que elimino las reválidas que ahora resucita el PP: "de cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria en 1951, llegaron a ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental 18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron el Preuniversitario cinco y culminaron estudios universitarios tres alumnos en 1967". Por este motivo de selección de las especies en función de la clase social a la que pertenezcan, quiere el PP implantar nuevamente las reválidas, además de reforzar su concepción centralista del Estado y asumir la función evaluadora del profesorado al que ningunea.

El segundo pilar sobre el que se asienta esta Ley del PP es el mandato de la Unión Europea (Acuerdos de Lisboa) y sus doctrinas neoliberales en las que se plasman los objetivos que desde los centros del poder capitalista se han decidido para la educación de las clases populares: la educación al servicio del mercado, las denominadas "competencias básicas" o aquellas cosas esenciales - según ellos- que el alumnado debe "saber hacer". Todo ello unido a los recortes en materia educativa y al empeoramiento de las condiciónes de trabajo en la enseñanza. Entre 2010 y 2013 se han recortado de los Presupuestos Generales del Estado en educación 6.401 millones de euros. Empeorar el servicio público para favorecer su privatización es una máxima del Gobierno del PP, como lo esta haciendo con la sanidad y los servicios sociales. La educación como servicio público es objeto de mecantilización. Todo lo público se ha convertido en una oportunidad para los negocios. Y cuando hablamos de lo público, estamos hablando de nuestros derechos, que han sido conquistados con luchas durante décadas.

Por ultimo, el tercer pilar sobre el que se asienta esta ley-revancha es la estrecha connivencia entre el Gobierno actual del PP (y también los anteriores del PSOE), y la Conferencia Episcopal Española. Las sugerencias de Rouco son órdenes para Rajoy y sus ministros.

No deja de ser un anacronismo vergonzante que aún siga en vigor el Concordato de 1953, cuyo encabezamiento era "En el nombre de la santísima Trinidad" y que reconocía a la Iglesia el status de "sociedad perfecta". Así como los acuerdos de 1976 y 1979, el último de ellos, negociado en paralelo a la aprobación de la Constitución del 78, pero fuera de ella. Su artífice, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, propagandista católico confeso. El paso del PSOE de Felipe Glez., con mayorías absolutas, no sirvió para que el Concordato y los Acuerdos fueran denunciados, por lo que parece poco creíble la actual posición de algunos dirigentes de dicho partido que hablan de un Estado Laico.

En definitiva, el revanchismo en la educación, y la obediencia debida tanto a los designios de la Iglesia Católica como al neoliberalismo imperante en la Unión Europea, son los pilares fundamentales sobre los que se asienta la LOMCE.

Frente a este retroceso educativo de más de medio siglo, debemos reivindicar leyes democráticas, de un Estado Laico y que respondan a los intereses generales y no a los del mercado y el confesionalismo católico.