La
LOMCE del denostado Ministro Wert esta construida
sobe tres pilares: por una parte, es un acto revanchista de la otrora Alianza
Popular hoy transmutada en el Partido Popular, a ello se añade la plasmación de las doctrinas neoliberales en
materia educativa y, como tercer pilar, la concreción de los designios de la
Iglesia Católica, a cuyos pies, arrodillado, se encuentra el Gobierno de Rajoy.
Esta
ley significa un retroceso de, al menos, medio siglo en materia educativa. Han
pasado 35 años desde que se debatió y aprobó la Constitución Española, con el
artículo 27, regulador del derecho a la educación, como uno de los más
controvertidos. Los puntos más discutidos eran el 5, la programación general de
la enseñanza, y el 7, la intervención de la comunidad educativa en el control y
gestión de todos los centros sostenidos con fondos públicos. Hasta el debate en
el Pleno del Congreso llevó la derecha de Alianza Popular las enmiendas a estos
dos puntos, que fueron rechazadas. Alianza Popular planteó la financiación
inmediata e indiscriminada de todos los centros privados en los niveles
obligatorios y, además, reducir al mínimo la participación (el control
democrático) en los centros privados con fondos públicos.
Posteriormente, la UCD aprobó
la ley 5/1980 LOECE,
no admitiendo enmienda alguna (238
presentadas) y afirmando el Ministro
Otero Novas: ”Creo que en materia de
educación no es posible el pacto. El pacto en este tema no conviene". Alianza Popular recurrió la Ley
8/1985 LODE,
planteada por el PSOE y su
Ministro Maravall. Las enmiendas rechazas de entonces
son las que ahora el PP introduce en la LOMCE. Seis motivos reclamados ante el
Tribunal Constitucional, todos ellos referidos a la libertad
de enseñanza” entendida con libertad de creación y derecho de financiación así
como libertad de gestión de los centros. Con
la LOMCE, la revancha esta servida para abundar en la línea de favorecer que el
dinero público se siga destinando a espuertas, sin control alguno, al negocio
privado de la educación, superando incluso en medidas retrógradas al gobierno
de Aznar, con la Ley 10/2002. LOCE de Pilar del Castillo.
El
PP nos quiere
hacer retroceder a lo que analizaba el Libro Blanco del 69 que sirvió para la
preparación de la ley de 1970, última ley educativa del Franquismo y que
elimino las reválidas que ahora resucita el PP: "de
cada 100 alumnos que iniciaron la Enseñanza Primaria en 1951, llegaron a
ingresar 27 en Enseñanza Media; aprobaron la reválida de Bachillerato Elemental
18 y 10 el Bachillerato Superior; aprobaron el Preuniversitario cinco y
culminaron estudios universitarios tres alumnos en 1967". Por
este motivo de selección de las especies en función de la clase social a la que
pertenezcan, quiere el PP implantar nuevamente las reválidas, además de
reforzar su concepción centralista del Estado y asumir la función evaluadora
del profesorado al que ningunea.
El segundo pilar sobre el que se asienta esta
Ley del PP es el mandato de la Unión Europea (Acuerdos de Lisboa) y sus
doctrinas neoliberales en las que se plasman los objetivos que desde los
centros del poder capitalista se han decidido para la educación de las clases
populares: la educación al servicio del mercado, las denominadas
"competencias básicas" o aquellas cosas esenciales - según ellos- que
el alumnado debe "saber hacer". Todo ello unido a los recortes en
materia educativa y al empeoramiento de las condiciónes de trabajo en la
enseñanza. Entre 2010 y 2013 se han recortado de los Presupuestos Generales del
Estado en educación 6.401 millones de euros. Empeorar el servicio público para
favorecer su privatización es una máxima del Gobierno del PP, como lo esta
haciendo con la sanidad y los servicios sociales. La educación como servicio
público es objeto de mecantilización. Todo lo público
se ha convertido en una oportunidad para los negocios. Y cuando hablamos de lo
público, estamos hablando de nuestros derechos, que han sido conquistados con
luchas durante décadas.
Por
ultimo, el tercer pilar sobre el que se asienta esta ley-revancha es la
estrecha connivencia entre el Gobierno actual del PP (y también los anteriores
del PSOE), y la Conferencia Episcopal Española. Las sugerencias de Rouco son
órdenes para Rajoy y sus ministros.
No deja de ser un anacronismo vergonzante
que aún siga en vigor el Concordato de 1953, cuyo encabezamiento era "En
el nombre de la santísima Trinidad" y que reconocía a la Iglesia el status
de "sociedad perfecta". Así como los acuerdos de 1976 y 1979, el
último de ellos, negociado en paralelo a la aprobación de la Constitución del
78, pero fuera de ella. Su artífice, el entonces Ministro de Asuntos
Exteriores, Marcelino Oreja, propagandista católico confeso. El paso del PSOE
de Felipe Glez., con mayorías absolutas, no sirvió
para que el Concordato y los Acuerdos fueran denunciados, por lo que parece poco
creíble la actual posición de algunos dirigentes de dicho partido que hablan de
un Estado Laico.
En definitiva, el revanchismo en la
educación, y la obediencia debida tanto a los designios de la Iglesia Católica como
al neoliberalismo imperante en la Unión Europea, son los pilares fundamentales
sobre los que se asienta la LOMCE.
Frente a este retroceso educativo de más
de medio siglo, debemos reivindicar leyes democráticas, de un Estado Laico y
que respondan a los intereses generales y no a los del mercado y el confesionalismo católico.