Antonio Morales Méndez *
Confieso que en estos últimos días he estado tentado de coger
los bártulos, levantar mi casa y trasladarme a vivir definitivamente al paraíso
que, según me han contado, ha propiciado Repsol en los últimos años en la
antigua Tarraco romana. He llegado a la conclusión de
que los problemas de nuestros pescadores, de la escasez y carestía del pescado
en Canarias, se debe a que la falta de un toquito de
crudo en nuestras aguas disuade a los peces a la hora de reproducirse. También
me han convencido de que nuestros camarones soldados de aguas profundas no se
atreven a salir a la superficie, como las gambas de Tarragona, porque necesitan
ese puntito de grasa que la ausencia de perforaciones impide. Por lo que he
leído, visto y oído, probablemente existen muy pocos lugares en el mundo donde
la compatibilidad del turismo con la industria pesada adquieren
una complementación tan extraordinaria. Y, según parece, está todo el
mundo contento. Están contentos los responsables políticos, los representantes
de los pescadores, los trabajadores… Pero ese aire bucólico no me casa con las
noticias que los medios de comunicación más cercanos a la Costa Dorada
mediterránea y otros no tan cercanos nos vienen transmitiendo desde hace
algunos años. Desde 2004 hasta la actualidad se han producido en esa zona 18
vertidos de los que 8, algunos de una considerable dimensión, corresponden a
Repsol. El primer derrame repsoliano -de dos
kilómetros de largo- lo ocasionó en febrero de 2004 la plataforma Casablanca y
luego vendrían otros en ese mismo año, en 2006, 2007 (2), 2009, 2010 (2)…
Durante todos estos años la prensa no ha cesado de informarnos sobre estos
incidentes. En 2007, elEconomista.es anunciaba que
las cofradías de pescadores de Tarragona y Cambrils
estudiaban querellarse contra la petrolera por vertidos de crudo frente a las
costas. El mismo representante de los pescadores que hoy se pasea por los
medios hablando de las bondades del petróleo, Esteve
Ortiz, apuntaba cómo le estaban afectando los derrames a la flota
pesquera y a las especies marinas. En 2008 una fuga tóxica provocó la muerte de
toneladas de peces y el corte de parte del suministro de agua a la ciudad. En
2009 el juzgado número 3 de Tarragona, a instancias de la fiscalía, abrió una
investigación por la vía penal contra la petrolera y la empresa Pride of
North America por un presunto delito contra el medio ambiente al producirse dos
fugas de crudo sin que se informara de ello a las autoridades. En
noviembre del mismo año El País nos participaba que los pescadores habían
conseguido que la compañía les indemnizara (se hablaba de 1,5 millones de
euros) por los daños causados. En diciembre de 2010 el periódico El Mundo daba
cuenta de una investigación abierta por la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona por un vertido de fuel que alcanzó una extensión de
En fin, que no parece que todo sea una balsa de aceite. O sí,
según se mire. Lo cierto es que Ángel Suárez, presidente de la Coordinadora de
Entidades de las Comarcas de Tarragona, ha pedido la creación de un Tribunal
Internacional de Medio Ambiente que «permita perseguir, juzgar, y sancionar a
las multinacionales que están contaminando nuestros mares y océanos con la
máxima tranquilidad y sin ningún control». Visto lo visto, no me mudo. Me quedo
aquí y seguiré escribiendo para poner un granito de arena que permita evitar
que esos mismos daños se produzcan en las aguas de Canarias. Detrás de todo
esto se trasluce, con meridiana claridad, el enorme poder de una multinacional
que mueve ingentes cantidades de dinero y que se juega ingentes cantidades de
dinero también para apurar las pocas gotas de petróleo que van quedando en el
mundo; que utiliza al Estado, al Gobierno español y a los partidos políticos
mayoritarios como títeres y los pone a su servicio cada vez que lo considera
necesario para sus intereses. Con la excusa de la Defensa del Derecho
Internacional (que se esgrime para salvar los grandes intereses económicos o
para invadir países en función de sus necesidades geoestratégicas y nada más)
hemos visto en los últimos días las intervenciones y presiones del Rey, de
Felipe González (Gas Natural-La Caixa), la UE
y hasta de Obama ante la presidenta argentina.
Y también las advertencias de Soria de provocar una irresponsable guerra
diplomática, con el riesgo de causar perjuicio gravísimo a las empresas
españolas que trabajan en ese país: «una reacción hostil contra una empresa
española es por tanto en contra de España». Y todo para torpedear el que un
país ejerza su pleno derecho a nacionalizar una empresa que no cumple con sus
expectativas y obligaciones y haga uso de su soberanía para negociar con
los chinos o los americanos la venta de YPF como parece ser hacía Repsol. Y no
es la primera vez que sucede. Ya Moratinos puso la política exterior española
al servicio de la petrolera acudiendo como intermediario a negociar con el tirano
guineano Obiang, al que recibió con todos los honores en España, o acompañando
a hacer negocio a Brufau a algunas de las nada
democráticas repúblicas de la antigua Unión Soviética o de África. Y todo con
el pretexto de una españolidad absolutamente falsa pues la participación de
empresas españolas en su capital no llega al 50% (Sacyr, Caixabank
y otros inversores) perteneciendo el resto a México (Pemex),
y a fondos de inversiones chinos, americanos y de otros lares.
Repsol fue creada por el Gobierno español en
* Publicado
en el periódico Canarias7, 23-04-2012