EL REF Y
LAS RENTAS DEL TRABAJO (I)
Guillermo Núñez Pérez *
No es aventurado afirmar que todos los que
residimos en Canarias somos perfectamente conscientes de estar viviendo un
período de crisis económica que afecta de forma más grave a Canarias que a
otras regiones españolas, o incluso, que dentro del propio territorio canario
presenta situaciones diferenciadas dignas de mención. Por poner un ejemplo
significativo: el sector turístico de las islas vive en los últimos años un
período de auténtico apogeo, motivado fundamentalmente por causas exógenas como
resultan ser la derivadas de la inestabilidad política
de los países del norte de África.
Como en todo período de crisis económica,
ésta no afecta por igual a toda la población, entre otras razones elementales,
porque no es igual que los beneficios empresariales se estanquen o incluso
bajen en un período determinado, que encontrarse de la noche a la mañana
engrosando las listas del paro, o verse en la calle por haber sido víctima del
desahucio de la vivienda familiar al no poder hacer frente al pago de la
hipoteca en su día solicitada a la correspondiente entidad financiera. En idénticos términos, no es la misma la
situación en la que se encuentra un pequeño y mediano empresario o profesional
que inicia su actividad en una coyuntura de crisis económica, que la de aquel
otro que ya está establecido y proviene de una coyuntura económica anterior más
favorable.
La realidad siempre es compleja y presenta
múltiples aristas que han de ser tomadas en consideración por los que tienen responsabilidades
de gobierno a la hora de adoptar sus decisiones. Esto, que puede ser tomado
como una consideración preliminar de carácter general, adquiere enorme
relevancia cuando de lo que se trata es de emplear los tributos (impuestos,
tasas y contribuciones especiales) como instrumentos de política económica
dirigidos a favorecer, en términos generales, el desarrollo económico.
Desde una perspectiva histórica, Canarias
siempre ha gozado de un trato especial o diferenciado
por parte del Estado en materia tributaria. La razón fundamental de esta
singularidad fiscal no ha sido otra que la de tratar de compensar por esta vía
las desventajas objetivas que desde el punto de vista económico suponen
factores como el de la lejanía del archipiélago del territorio continental
europeo, la propia fragmentación territorial del mercado interinsular o la
escasez de recursos naturales. Precisamente por ello, a lo largo de la
historia, puede decirse que han sido dos las medidas claves que adoptó el
Estado en este sentido: de una parte, declarar a los puertos canarios como
“puertos francos” (Decreto de D. Juan Bravo Murillo de 1852), lo que suponía en
lo esencial dejar a Canarias fuera del territorio aduanero español y permitirle
realizar una actividad comercial libre de impuestos y gravámenes (operaciones
de importación y exportación) en sus relaciones económicas con terceros países;
de otra parte, aplicar un nivel de presión fiscal por impuestos indirectos a
toda la población residente en Canarias, considerablemente inferior al
existente en el resto de España.
Con la Ley de 22 de julio de 1972 del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, se dio un paso más en la articulación
de las especialidades fiscales, en el sentido de que por primera vez se van a
reconocer singularidades en el ámbito de la imposición directa a favor de los
titulares de actividades económicas establecidos en Canarias. En un incentivo
fiscal previsto para toda España como era el Fondo de Previsión para
Inversiones (antecedente de lo que luego será la Reserva para Inversiones en
Canarias, RIC), se estableció que las empresas radicadas en Canarias podían
dotar a dicho Fondo un porcentaje mayor a aquel otro que podían dotar las
empresas peninsulares. Exactamente igual sucederá más tarde con otro incentivo
fiscal previsto por la Ley reguladora del Impuesto de Sociedades, la Deducción
por Inversiones en Canarias (DIC), respecto al cual las empresas canarias
tenían derecho a beneficiarse de porcentajes más altos de deducción que el
resto de las empresas peninsulares.
Este proceso de reconocimiento de
singularidades fiscales en el ámbito de la imposición directa, encontrará su
expresión máxima en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, en virtud de la cual no sólo se reconocerán
nuevos incentivos fiscales a la inversión en el ámbito de los impuestos
indirectos a favor de los titulares de actividades económicas, sino que además,
se recogerán relevantes incentivos fiscales para esos mismos titulares
(empresarios y profesionales) en la imposición directa: bonificación a la
producción de bienes corporales; reserva para inversiones en Canarias (RIC);
deducción por inversiones en Canarias (DIC) y Zona Especial Canaria (ZEC).
Significativamente, el único beneficio fiscal previsto por esta Ley para todos
los consumidores (exención de los servicios de telecomunicaciones en el
Impuesto General Indirecto Canario, será posteriormente suprimido no por el Estado,
sino por la propia Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2012).
Es sabido que fuimos los propios canarios
(Parlamento autonómico) los que decidimos pedir en su día al Gobierno de la
Nación que se renegociara con las Instituciones europeas nuestro inicial modelo
de integración en las entonces Comunidades Europeas (Protocolo II del Acta al
Tratado de Adhesión, 1986). No vamos aquí a referirnos a lo que esto supuso de
manera pormenorizada, pero sí a dos consecuencias que nos parecen fundamentales
destacar. El cambio de modelo de adhesión supuso que Canarias entraba a formar
parte del territorio aduanero comunitario, es decir, Canarias perdía su
tradicional caracterización como puerto franco (libertad comercial) y, por otra
parte, el reconocimiento de incentivos fiscales en el ámbito de la imposición
directa a empresarios y profesionales, precisaría de una negociación periódica
con la Comisión europea, toda vez que los mismos implican, en principio, su
caracterización como ayudas de estado, lo que supone un obstáculo al principio
de la libre competencia en el seno de la Unión Europea.
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Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la ULL