LA EDUCACIÓN CANARIA

NO PUEDE SOPORTAR MAS RECORTES

 

El STEC-IC considera que, de aplicarse las mediadas presentadas por el ministro Wert, se provocaría un colapso sin precedentes en el sistema educativo canario. Miles de docentes irían al paro y se produciría el hacinamiento del alumnado dentro de las aulas.

 

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias manifiesta su absoluta repulsa hacia los recortes que el ministro Wert ha comunicado ayer a los Consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas. Las medidas anunciadas incluyen el incremento de un 20% en las ratios (alumnado por aula), la no sustitución de las bajas del profesorado inferiores a 10 días, el aumento de hasta dos horas más de la carga lectiva del profesorado y la congelación o reducción de sus salarios. Además, Wert anunció otra batería de recortes como la limitación de la oferta de bachillerato a una sola modalidad por centro y la paralización de los nuevos currículos de FP, que unidas a las ya adelantadas la semana pasada, en materia de becas, programas educativos y formación del profesorado, suponen una “contrarreforma” educativa en toda regla.

 

Se trata del mayor ataque del último medio siglo, que situaría al sistema educativo en unas condiciones similares a la etapa franquista. Para mayor abundamiento, dichos recortes no han sido negociados ni con los representantes del profesorado ni con los agentes sociales ni con las comunidades educativas. En lugar de eso, el PP ha aplicado el rodillo de su mayoría absoluta para saltarse lo previsto por la LOE. Recordemos que se trata de una Ley Orgánica que tuvo que ser aprobada por mayoría en el congreso, después del preceptivo trámite parlamentario y que, ahora, es flagrantemente vulnerada por quienes deberían velar por su estricto cumplimiento.

 

En Canarias, de llevarse a cabo estas medidas, la sociedad no podría soportar sus consecuencias ya que se produciría el hacinamiento del alumnado dentro de las aulas y, al mismo tiempo, miles de docentes irían al paro, mientras los que se quedan tendrán suplir su trabajo, con el consecuente deterioro para su salud. Asimismo, impediría que muchos jóvenes puedan cursar estudios después de la ESO debido a la reducción de las becas y a la restricción de la oferta formativa.

 

Por otra parte, es inaceptable la manera en que nos van dando a conocer todos los recortes, a modo de entrega por fascículos, lo que demuestra la falta de previsión de estas medidas y la tremenda improvisación con la que van actuando. Lamentablemente, mucho nos tememos que, en los próximos días y semanas, irán desvelando nuevas medidas, entre las que, indudablemente, nos descubrirán los recortes en las universidades, así como muchas otras que se les irán ocurriendo.

 

Es evidente, que con el modelo educativo que trata de imponernos el PP, la Educación Pública sufrirá un duro revés en lo que a las tasas de fracaso escolar y abandono temprano se refiere. Resulta paradójico que, mientras diferentes informes y expertos en materia educativa recomiendan invertir en educación e investigación y desarrollo como medida eficaz para combatir la crisis, el gobierno de Rajoy se empeñe en hacer justo lo contrario, a la par que mantienen o incrementan los conciertos con empresas privadas, aplican recortes simbólicos en el gasto militar, la Casa Real o la Iglesia Católica, elevan el número de asesores y cargos de confianza de su gobierno, se resisten a gravar las altas rentas y aprueban una amnistía fiscal que premia a quienes llevan años defraudando a fisco.

 

Por último, el STEC-IC hace un llamamiento al Consejero de Educación y al Gobierno de Canarias para que adopte otras medidas para compensar los recortes presupuestarios que nos imponga el gobierno central sin que ello repercuta negativamente en un servicio tan esencial para el desarrollo de Canarias como la educación. Al tiempo que advierte que no consentirá que se perpetre un atentado de tal calibre contra la Educación Pública Canaria. Llamamos igualmente a la sociedad canaria a estar vigilantes y a actuar, si fuera necesario, para defender los servicios públicos de estas agresiones neoliberales.