Pucherazo
electoral del Partido Popular
Alberto Garzón
Espinosa
Todo parece indicar, según revela la prensa, que el Partido Popular
está dispuesto a modificar en solitario la ley electoral municipal. El objetivo
inmediato parece obvio: tratar de garantizar el mantenimiento de los gobiernos
municipales. Probablemente hayan hecho números,
a partir de las encuestas públicas o de otras de su propia cosecha, y hayan
llegado a la conclusión de que dado el actual panorama
electoral es probable que aunque el PP no obtenga mayoría
absoluta sí pueda lograr ser la lista más votada. Fácil concluir que un
pucherazo electoral, cambiando las reglas a mitad de partido, puede
proporcionarles esa garantía.
En primer lugar, hay un
asunto económico de fondo: el mantenimiento del poder municipal como medio de
garantizar la aplicación de los planes de ajuste, esto es, del desmantelamiento
del Estado del Bienestar o Estado Social.
El Fondo Monetario Internacional ya advirtió
en 2013
que el programa de reformas estructurales en España enfrenta una serie de
riesgos. El primero, los disturbios sociales derivados de la frustración
ciudadana. El segundo, la pérdida de popularidad del bipartidismo. De ahí se
deduce la necesidad -su necesidad- de leyes de represión ciudadana,
como la Ley de Seguridad Ciudadana, y la necesidad de leyes que compensen esa
pérdida de popularidad, como la anunciada Ley de Reforma Electoral Municipal. Así
las cosas, el mantenimiento en el poder municipal no es un fin en sí mismo
sino un medio para mantener el programa de reformas estructurales en todos
los ámbitos posibles de la administración pública.
Hay un antecedente
interesante para la reflexión: el recurso al Tribunal Constitucional por parte
del Defensor del Pueblo y a instancias de Izquierda Unida. El 29 de noviembre
de 2013 el Gobierno aprobó una reforma del sistema financiero que
incluía una disposición adicional para permitir a los gobiernos
municipales en minoría aprobar planes de ajuste incluso a pesar de que el
pleno municipal estuviera en contra. La filosofía es clara: la minoría se
impone a la mayoría en aras de aplicar planes de ajuste. El propio Gobierno lo justificó en su memoria como una “medida
extraordinaria para eliminar obstáculos que afectaran a la estabilidad”. Donde
obstáculo quiere decir democracia procedimental. En contra de aquella
barbaridad sólo votó el Grupo Mixto e Izquierda Unida. Luego nosotros pedimos amparo al Defensor del
Pueblo y éste aceptó. El recurso sigue pendiente, pero está
claro que el Gobierno quiere adelantarse legalizando, en cierta manera, que las
minorías puedan imponerse a las mayorías.
En segundo lugar, el
problema procedimental. La democracia entendida como procedimiento está
basada en la idea de que la voluntad popular asciende por una pirámide de
representación en cuyo vértice se sitúa el poder ejecutivo. Si la democracia
representativa fuera de tipo ideal, entonces los representantes serían un mero
espejo de los representados -como pretendía Rousseau- y el parlamento sería a
su vez el reflejo en miniatura de la sociedad misma. Sin embargo, en la
práctica hay un enorme conjunto de elementos mediadores que hacen que eso
no funcione así. Uno de ellos es la ley electoral.
La ley electoral siempre
media entre la voluntad ciudadana y su traducción en representantes que la
pongan en marcha. Pero hecha la ley, hecha la trampa. Pues hay innumerables
formas de diseñar las leyes electorales, y sin duda el diseño condiciona el
resultado.
El tipo ideal
democrático es sin duda alguna el sistema electoral proporcional, donde cada
persona es un voto y donde la pluralidad del conjunto de los representantes
será idéntica a la pluralidad del conjunto de los representados. Es decir, el
parlamento estará constituido por representantes que reflejan adecuadamente a
los representados -al menos teóricamente. Cualquier desviación de este diseño
es un intento de desvirtuar el principio democrático. Y eso es lo que hace la
ley electoral inscrita en la Constitución del 78 -que permite que el 44% de los
votos se conviertan en mayoría absoluta, penalizando además a los partidos
pequeños de ámbito estatal- y también la anunciada ley electoral municipal, que
se convertiría en un sistema mayoritario de facto, donde el 40% podría tener
mayoría absoluta.
En definitiva, estamos
ante una vuelta de tuerca que el Gobierno del PP pone en marcha con objeto de
intentar asegurarse el poder municipal que le permita mantener su programa
de reformas regresivas. Es obvio que temen los posibles resultados electorales.
Pero no sólo el PP, sino también la troika y las élites económicas. Su problema
es que está en juego el desmontaje de las redes clientelares que se han
instalado en el régimen político-económico desde hace décadas. Esa
alineación de intereses entre la élite política y la élite económica, y a la que denunciamos desde hace años, está en riesgo precisamente
porque se espera -a golpe de encuesta- que la voluntad popular la desmonte. De
ahí que el enemigo del PP sea, precisamente, la desnuda
voluntad popular. Sin embargo, encontrará el PP muchos
obstáculos, puesto que ni tiene garantizado el éxito ni en un escenario de
descomposición electoral será fácil que fructifiquen sus ideas. Más bien
puede acelerar la propia descomposición electoral.
Un alternativo escenario
de candidaturas alternativas y rupturistas con el bipartidismo puede desbordar
al propio régimen político-económico, convirtiendo de ese modo las
elecciones en un momento constituyente. Y en eso estamos
trabajando quienes creemos que hay alternativa económico-política al drama
actual.