El PPSOE, brazo
político del borbonato
Las elecciones celebradas al Parlamento Europeo el pasado 25 de mayo de 2014
demostraron que los escasos ciudadanos que participaron le dieron la espalda a
los partidos monárquicos, particularmente el Partido Popular (ese que su
Secretaria General, Dolores de Cospedal, dice que ha tenido que tomar medidas
impopulares, por lo tanto mal llamado popular) y el Partido Socialista Obrero
Español y nada de Canarias.
No obstante quien primero entendió la espantada de los electores no fue el
PPSOE que empezaron con la cantinela de siempre: ganamos las elecciones, casi
las ganamos, hay que hacer algo para mejorar la desafección de los ciudadanos y
una interminable retahila sin credibilidad en la ciudadanía, al no tenido la
dignidad y la decencia democrática para dimitir de todos sus cargos y convocar
a los ciudadanos a las urnas para poder tomar decisiones legítimamente, sino
continuar con la heredabilidad de cargos en hijos, nietas y demás familiares y
amigos, imponiendo sus opiniones personales y partidarias como si fueran dogmas
de fe.
Quien entendió inmediatamente los resultados fue el borbonato, haciendo
realidad el adagio que sostiene que “del dicho al hecho hay un gran trecho”,
o dicho en román paladíno del “los reyes no abdican, se mueren” al
“abdico la corona de España” y de prisa y corriendo, que “París bien
vale una misa”, para lo que era imprescindible la interesada colaboración del
brazo político del borbonato, el PPSOE, que, aunque maltrechos, todavía tienen
absolutísima mayoría en las Cortes Generales (esto del militarismo está muy
arraigado en la España profunda), no saliéndose ni un ápice del guión
previsto: a excepción de un dignísimo Odón Alonso, el resto de los monárquicos
presentes dieron su voto afirmativo a la continuación de la dinastía borbónica,
con la miserable excusa de que si no se aceptaba la abdicación el rey lo seguiría
siendo. A eso lo denominan poder legislativo.
La persona del rey, según sostiene la retrógrada y obsoleta constitución
española (CE) en su artículo 56, apartado 3, “es inviolable y no está
sujeta a responsabilidad”, aunque el mismo haya manifestado públicamente,
demagógica y cínicamente, aquel lacónico “todos somos iguales ante la
ley”. Pero ya no es rey, lo que está produciendo un
verdadero quebradero de cabeza al gobierno metropolitano para que sus
presuntas fechorías no terminen en los tribunales. A eso lo denominan poder
ejecutivo.
El
aforamiento es un privilegio del que gozan algunas personas por razón del cargo
para que, en caso de ser investigadas por la supuesta comisión de un delito, se
encargue del asunto un tribunal superior y distinto al que le correspondería a
un ciudadano normal, dado que todos somos casi iguales ante la ley.
El órgano
de gobierno de los jueces considera que la Ley Orgánica del Poder Judicial debe
contemplar el aforamiento de Juan Carlos I y de Sofía después, como diría el
humorista Col, según acordó el lunes 16 de junio para que el pleno de esta
institución lo vote el próximo lunes 26, dada la prisa que tiene la monarquía
sin que haya trascendido el motivo de esa premura, probablemente por la confusión
a la que se presta la palabreja “aforarse” por “a forrarse”, borbónicamente
hablando.
Para
tomar su decisión, el órgano de gobierno de los jueces tendrá en cuenta
diversos informes elaborados por varias instancias judiciales, como la sala de
gobierno del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.
Según el
artículo 122, apartado 3 de la CE, “El Consejo General del Poder Judicial
estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y
por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”.
El
Presidente del Tribunal Supremo, acorde con al artículo 123, apartado 2 de la
CE, será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial, en la forma que determine la ley.
En el artículo
124 de la CE se recogen las funciones del Ministerio Fiscal, nombrado por
quienes ustedes, que son muy perspicaces, se imaginan, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial. A eso lo denominan poder judicial.
No se trata de la separación sino de la fusión de poderes, la santísima trinidad: tres personas distintas y un solo dios verdadero, el dios del colonialismo.
Movimiento
por la Unidad del Pueblo Canario
Movimiento
UPC