El PPSOE, brazo político del borbonato

 

 

Las elecciones celebradas al Parlamento Europeo el pasado 25 de mayo de 2014 demostraron que los escasos ciudadanos que participaron le dieron la espalda a los partidos monárquicos, particularmente el Partido Popular (ese que su Secretaria General, Dolores de Cospedal, dice que ha tenido que tomar medidas impopulares, por lo tanto mal llamado popular) y el Partido Socialista Obrero Español y nada de Canarias.

 

No obstante quien primero entendió la espantada de los electores no fue el PPSOE que empezaron con la cantinela de siempre: ganamos las elecciones, casi las ganamos, hay que hacer algo para mejorar la desafección de los ciudadanos y una interminable retahila sin credibilidad en la ciudadanía, al no tenido la dignidad y la decencia democrática para dimitir de todos sus cargos y convocar a los ciudadanos a las urnas para poder tomar decisiones legítimamente, sino continuar con la heredabilidad de cargos en hijos, nietas y demás familiares y amigos, imponiendo sus opiniones personales y partidarias como si fueran dogmas de fe.

 

Quien entendió inmediatamente los resultados fue el borbonato, haciendo realidad el adagio que sostiene que “del dicho al hecho hay un gran trecho”, o dicho en román paladíno del “los reyes no abdican, se mueren” al “abdico la corona de España” y de prisa y corriendo, que “París bien vale una misa”, para lo que era imprescindible la interesada colaboración del brazo político del borbonato, el PPSOE, que, aunque maltrechos, todavía tienen absolutísima mayoría en las Cortes Generales (esto del militarismo está muy arraigado en la España profunda), no saliéndose ni un ápice del guión previsto: a excepción de un dignísimo Odón Alonso, el resto de los monárquicos presentes dieron su voto afirmativo a la continuación de la dinastía borbónica, con la miserable excusa de que si no se aceptaba la abdicación el rey lo seguiría siendo. A eso lo denominan poder legislativo.

 

La persona del rey, según sostiene la retrógrada y obsoleta constitución española (CE) en su artículo 56, apartado 3, “es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, aunque el mismo haya manifestado públicamente, demagógica y cínicamente, aquel lacónico “todos somos iguales ante la ley”. Pero ya no es rey, lo que está produciendo un  verdadero quebradero de cabeza al gobierno metropolitano para que sus presuntas fechorías no terminen en los tribunales. A eso lo denominan poder ejecutivo.

 

El aforamiento es un privilegio del que gozan algunas personas por razón del cargo para que, en caso de ser investigadas por la supuesta comisión de un delito, se encargue del asunto un tribunal superior y distinto al que le correspondería a un ciudadano normal, dado que todos somos casi iguales ante la ley.

 

El órgano de gobierno de los jueces considera que la Ley Orgánica del Poder Judicial debe contemplar el aforamiento de Juan Carlos I y de Sofía después, como diría el humorista Col, según acordó el lunes 16 de junio para que el pleno de esta institución lo vote el próximo lunes 26, dada la prisa que tiene la monarquía sin que haya trascendido el motivo de esa premura, probablemente por la confusión a la que se presta la palabreja “aforarse” por “a forrarse”, borbónicamente hablando.

 

Para tomar su decisión, el órgano de gobierno de los jueces tendrá en cuenta diversos informes elaborados por varias instancias judiciales, como la sala de gobierno del Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional.

 

Según el artículo 122, apartado 3 de la CE, “El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años”.

 

El Presidente del Tribunal Supremo, acorde con al artículo 123, apartado 2 de la CE, será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.

 

En el artículo 124 de la CE se recogen las funciones del Ministerio Fiscal, nombrado por quienes ustedes, que son muy perspicaces, se imaginan, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. A eso lo denominan poder judicial.

 

No se trata de la separación sino de la fusión de poderes, la santísima trinidad: tres personas distintas y un solo dios verdadero, el dios del colonialismo.

 

 

Movimiento por la Unidad del Pueblo Canario

Movimiento UPC