Venezuela, del proceso
democrático a la desestabilización
Marcos Roitman
El autor desmonta los pasos de la estrategia diseñada en
Venezuela por una oposición incapaz de aceptar los resultados electorales con
el objetivo de ganar a través de la desestabilización lo que perdió
democráticamente en las urnas.
En 1998, Venezuela –un país petrolero por
excelencia, aliado natural de Estados Unidos, cuyos gobernantes respondían a un
acuerdo bipartidista entre la democracia cristiana y la socialdemocracia,
liderados por figuras carismáticas desde 1958– sufría un terremoto político.
Entraba en escena un militar cuya popularidad devenía del frustrado golpe
militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992.
Se
trataba del comandante Hugo Chávez Frías, detenido, juzgado, encarcelado y
amnistiado el 26 de marzo de 1994. Desde su puesta en libertad, fue gestando
una alternativa popular en los extramuros del sistema: el Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200. Aunó voluntades y luchó –hasta conseguirlo– por cambiar la imagen de ser un
"golpista-gorila".
Sus
actos venían precedidos de un gran apoyo popular y, sobre todo, de un liderazgo
carismático. El 2 de febrero de 1999 prestó por primera vez juramento como
presidente ante el Congreso Pleno, y sus palabras fueron contundentes:
"Juro ante Dios, ante la patria y ante mi pueblo, sobre
esta moribunda Constitución, que haré cumplir e impulsaré las reformas democráticas
necesarias para que la república nueva haga una Carta Magna adecuada a los
tiempos".
Y así
fue hasta su muerte. Sin embargo, desde ese mismo instante el Gobierno sufrirá
los embates de una oposición que no acepta la derrota ni las reglas del juego
democrático cuando pierde en unas elecciones limpias, trasparentes y sin
pucherazo. Desde 1999, la oposición pierde todas las presidenciales, más un
referéndum revocatorio, y tan sólo obtiene triunfos parciales, sin quebrar la
voluntad popular de hacer de la República Bolivariana de Venezuela un proyecto
de nación incluyente, democrática, participativa, generadora de justicia e
igualdad social.
Durante
14 años, la derecha, los viejos partidos hegemónicos y sus aliados
internacionales han centrado sus esfuerzos políticos en una dirección: acabar con
la experiencia bolivariana, sea al precio que sea, sin importar las vidas
humanas ni el coste económico de la operación.
Derrocar
Gobiernos democráticos, al menos en América latina, requiere un elaborado plan
en el que se busca deslegitimar las políticas populares bajo el argumento de
ser portadoras de odio social e ideologías ajenas a la idiosincrasia nacional,
identificándolas con el marxismo, el comunismo o el socialismo.
Dichas
ideologías atentarían contra la propiedad privada, la paz, la familia cristiana,
la religión católica o la libertad individual, poniendo el peligro la unidad de
la patria. Los responsables serían los partidos de izquierda al querer
instaurar un orden totalitario cuyo propósito sería aniquilar la oposición y
amordazar a la prensa. Así, se desarrolla el lenguaje de la desestabilización y
urde la trama del golpe de Estado.
El
postulado es maniqueo. La patria está secuestrada en manos de revolucionarios,
sin principios ni moral. Es necesario su rescate. Por consiguiente, se llama a
movilizarse, tomar la calle, protestar y rebelarse contra el Gobierno legítimo.
Invirtiendo las tornas, los conspiradores se apropian del discurso democrático
y comienzan a practicar la violencia callejera, la descalificación política y
la provocación.
No se
trata de defender derechos que han sido recortados, eliminados o censurados y
ejercer la legítima protesta. Se trata de tensar la cuerda y obligar al
Gobierno a tomar decisiones antidemocráticas que puedan presentarse ante la
opinión pública como parte de la intolerancia y la negativa al diálogo. Buscan
cabezas de turco caídas en defensa de la libertad, víctimas de las hordas
"chavistas". Hay que provocar y para ello
nada mejor que convocar manifestaciones no autorizadas, desconocer el poder
legítimo, practicar el sabotaje, asaltar locales públicos, bloquear calles,
paralizar el transporte, poner bombas en centros neurálgicos, etc. Es una
técnica cuyo efecto es proyectar una imagen de país violento, ingobernable y a
las puertas de una guerra civil.
En este
contexto, la oposición proclama salvaguardar los valores nacionales, ser
defensora de la paz, la familia, la libertad individual, la propiedad privada,
la libre empresa y la economía de mercado; y sus dirigentes, la avanzadilla de
una cruzada contra el "chavismo" y el
comunismo marxista, que derrocará al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Se
presentan como héroes vilipendiados y mártires redentores. Es el precio a pagar
para recuperar la ansiada libertad.
Revertir
el proceso democrático bolivariano conlleva una hoja de ruta en el frente
interno e internacional. En el plano exterior, se organizan simposios,
conferencias y debates proyectando una imagen de Venezuela sumida en el caos
económico, el odio de clases y la ingobernabilidad. Asimismo, se recaudan
fondos para la desestabilización. Los opositores realizan visitas a sus
aliados, presidentes de Gobierno, congresistas, líderes conservadores o
representantes de las internacionales.
Se
busca complicidad, restar apoyos al Gobierno constitucional, frenar
inversiones, romper acuerdos o torpedear las relaciones institucionales. Nada
se deja al azar. Por ejemplo, el presidente saliente de Chile, Sebastián
Piñera, recibió a Henrique Capriles, y la entrante,
Michelle Bachelet, se fotografía con Leopoldo López. Mientras tanto, el expresidente colombiano Uribe se muestra solidario con la
oposición.
La
prensa y los medios de comunicación también juegan su papel. Desvirtuar al
máximo la realidad con el fin de crear una opinión internacional favorable al
golpe de Estado, haciéndose eco del discurso desestabilizador. En esta ocasión,
como en otras, no importa manipular la información, mostrando material
fotográfico o vídeos de archivo correspondientes a la represión en Chile,
Grecia o Egipto y ponerlos como aconteciendo en Venezuela. Ya se hizo en 2002,
y con las fotos de "un moribundo presidente Chávez que no era".
En
esta coyuntura, no falta la intervención de los Estados Unidos, gendarme de la
zona. Su vicepresidente, Joe Biden, señala su
preocupación por los acontecimientos en Venezuela y el secretario de Estado,
John Kerry, asiente al concretar que "hacemos un llamado al Gobierno de
Venezuela para que proporciones espacio político necesario para un diálogo y
para que libere a los manifestantes detenidos".
Como
en los años ochenta del siglo XX, a quienes desestabilizan los adjetivan de
"luchadores por la libertad", término acuñado por la administración
Reagan para nombrar a los mercenarios y a la contra nicaragüense. Asimismo, su
embajada alienta y promueve la intervención en asuntos internos, para lo que se
vale de sus agregados culturales, militares, etc.
En el
plano interno, políticos, académicos, periodistas, empresarios, comunicadores,
instituciones, organizaciones no gubernamentales y movimientos gremialistas
constituyen la avanzada. Ellos se convierten en la mano que mece la cuna. Son
portavoces y sujetos de la conspiración. Su función es paralizar las
actividades productivas, desgastar al Gobierno y boicotear las políticas
sociales. Deben crear una imagen sobrecargada de violencia e inseguridad
ciudadana.
En
esta labor, fabrican rumores que favorecen el acaparamiento de bienes de
primera necesidad, fomentando el mercado negro, la desinversión y la
especulación. Todo suma en esta campaña destinada a desacreditar al Gobierno
del presidente Maduro y provocar la repulsa de la comunidad internacional.
Profesionales
de la comunicación, políticos e intelectuales son la guinda del pastel. Se
consideran "disidentes", víctimas del socialismo del siglo XXI.
Hablan de totalitarismo, corrupción y nepotismo. Bien retribuidos, se les da
voz y se les pasea por las cadenas de televisión privadas, las radios y los
periódicos de todo el mundo. Sus palabras consiguen caricaturizar la realidad y
ridiculizar a sus dirigentes, calificándolos de megalómanos, locos o
iluminados.
El
siguiente paso de esta estrategia es pedir el retorno al pasado, al capitalismo
de usura, y recuperar sus privilegios. Para ello llamarán a la unidad nacional
en pro de un golpe de Estado que los legitime y se
cubrirán su cuerpo con la bandera bolivariana.