Proa al marisco
Mateo
López Rivero *
La nave de Canarias
sigue proa al marisco, completamente a la deriva, sin timoneles que corrijan el
rumbo, unos porque bastante tienen con evitar el hundimiento del
"Titanic" español y han abandonado Canarias a su suerte, otros porque
se limitan a amarrarse al timón en medio de la tormenta, cual fieles grumetes,
incapaces de enfrentarse -más allá de la retórica hueca- al poder central y
obedeciendo rutinariamente las erráticas y suicidas órdenes emanadas desde un
puente de mando totalmente desbordado por la inminencia del naufragio.
Nuestra tierra, que
antaño disfrutó de un régimen especial que la mantenía al margen de la crisis y
vicisitudes en que se veía envuelta la metrópoli, como hemos señalado desde
Identidad Canaria en varios trabajos publicados en este mismo medio, no tiene
hoy liderazgo político para mantenerse a salvo de la pavorosa crisis
financiera, económica y social que padece el Estado, junto a otros del Sur de
Europa. Como en 1936, nos están arrastrando a una guerra que no es nuestra,
forzándonos a soportar sus consecuencias sociales más devastadoras.
El Gobierno
autonómico, por mucho que patalee, no se atreve a dar un golpe de timón ante
las políticas de ajuste impuestas por Madrid y se limita a ser su correa de
transmisión en las Islas. El Presupuesto autonómico volverá a recortarse en
casi 600 millones para 2013 y sus efectos sobre los servicios y empleo públicos
serán demoledores. ¿Cómo pretenden que la ciudadanía los distinga de la
antisocial política centralista y no los considere parte del problema?
Solo desde las filas
partidarias, en el caso de CC, parecen atisbarse signos de confrontación real
con las salvajes políticas estatales hacia Canarias y sirva de ejemplo la
enérgica reivindicación de una Hacienda canaria por parte de sus nuevos
responsables políticos insulares. Una Hacienda canaria que hubiera impedido
pasar por las horcas caudinas del rescate de 750 millones de € solicitado por
el Gobierno autonómico al Fondo de Liquidez Autonómica, cuando aportamos al
Estado como saldo neto esa misma cantidad multiplicada por cinco, cada año.
Otros gobiernos
autonómicos, como el catalán, se ha opuesto al actual sistema de financiación y
han conseguido, mediante presión política, que el Gobierno central se plantee
su modificación. Sin embargo, el canario se está oponiendo desde que comenzó su
aplicación en 2010 sin que le hagan el menor caso. Parece que no tiene interés
en contagiarse de las prácticas negociadoras más combativas que plantean otras
representaciones autonómicas, en las comisiones de transferencias con el
Estado. Y así nos va.
Tampoco hubiera sido
necesario dicho rescate si el Estado no incurriera cada año en un fraude fiscal
a Canarias, al no transferir la media estatal de financiación establecida en el
artículo 96 del REF, que desde 1991 supera los 10.000 millones de euros de
defraudación estatal por dicho precepto legal.
Por otra parte, el
déficit presupuestario y la deuda pública españoles no contienen otras
aportaciones desde Canarias que no sean para ayudar a su reducción, al ser como
señalamos nuestra economía contribuyente neta a las arcas del Estado. Decimos
bien, a despecho del mito del supuesto carácter subvencionado de nuestra
economía, pues son varios los miles de millones de euros -en torno al 10% de
nuestro PIB- que España obtiene cada año como beneficios fiscales de todo tipo
en Canarias.
Beneficios fiscales,
tributarios y no tributarios, amasados por Hacienda -en cotizaciones visibles e
invisibles-, Seguridad Social y empresas públicas con finalidad inversora
(AENA, Puertos del Estado, ONLAE, etc.) e incrementados con las rentas
empresariales, laborales y fiscales generadas en España por nuestras forzadas
importaciones desde su territorio, al convertirnos en su mercado cautivo,
mientras nos mantienen en el furgón de cola de los principales indicadores de
bienestar y desarrollo social.
Respecto a la
gigantesca deuda privada española, sobre todo bancaria, tampoco Canarias es
tributaria significativa de la misma, ya que desde
Y no se puede
calificar a Identidad Canaria de insolidaria por decir que las metástasis de la
crisis española no se ha extendido a nuestra economía.
Ser solidarios con el enfermo no implica que tengamos que aplicarnos la misma
terapia, ni contagiarnos de su enfermedad, más bien al contrario, la
responsabilidad nos obliga a tomar precauciones para evitar el contagio.
Bastante solidarios
somos ya contribuyendo cada año a reducir el déficit y la deuda española,
mediante el drenaje de recursos antes señalado, mientras se nos reducen
drásticamente inversiones vitales como las destinadas a desalación de agua para
consumo humano, con el argumento -atención- de que la UE obliga a reducir
gradualmente dichas subvenciones: de los 16.000 millones de euros necesarios,
nos transfieren la cuarta parte, pero Ceuta y Melilla, con sólo un 7% de
nuestra población, reciben el doble que nosotros. O mientras cada uno de cada
tres niñøs canariøs está
afectado de desnutrición, capítulos sangrantes de una larga lista de agravios
comparativos con el Estado. Y conste que nuestra Asociación nunca ha pretendido
que Canarias le cueste dinero a España, aunque se diga que "los lujos hay
que pagarlos", pero tampoco que debamos pagar por ser españoles. ¿Y qué
otra cosa es nuestra contribución neta al Estado sino precisamente eso, el
coste de la españolidad?
Podríamos ser
solidarios, en la medida de nuestras posibilidades, si España no bloqueara la
implementación de un régimen especial canario, basado en políticas propias
económicas, fiscales, financieras y administrativas que propicien economías de
plataforma derivadas de nuestra envidiable renta de situación, sin las
limitaciones impuestas por políticas comunes estatales e integraciones forzadas
y artificiales en un mercado único, donde no caben -entre otras- las
subvenciones a la desalación de agua o al transporte de mercancías,
consideradas ayudas de Estado.
Una de esas políticas
específicas, que los lectores de EL DÍA conocen como una de nuestras
reivindicaciones más demandadas y que consideramos vital para Canarias, es la
regulación de la población que puede soportar nuestro escaso y frágil
territorio, mediante una Ley de Residencia específica canaria, similar a la ya
vigente en otros territorios, europeos o no, cuya capacidad de carga ha ya sido
ampliamente superada.
Y debemos volver sobre
este asunto tras la publicación de los últimos datos que atribuyen a Canarias
el mayor incremento poblacional del Estado durante 2012. Mientras la población
española desciende en 137.628 habitantes, la canaria aumenta en 7.444 en lo que
va de año, con la llegada de 16.521 inmigrantes más, mientras que 9.077
residentes canarios salieron de las Islas. Nuevas incorporaciones para engrosar
la economía sumergida y las segundas residencias de pensionistas comunitarios.
Recordarán los
lectores cómo hemos valorado positivamente la tímida e insuficiente normativa
de las RUP, destinada a favorecer la contratación de residentes canarios,
desempleados de larga duración, en obras públicas, sobre todo por su
contribución a la eliminación de prejuicios ideológicos a la hora de
discriminar positivamente a nuestra población. Pero la reducción drástica de
inversiones públicas la convierte en papel mojado, mientras continúa
incrementándose la demanda de empleo a través de la llegada de miles de nuevos
foráneos, a pesar de aproximarnos ya a los 400.000 parados. Y a pesar, también,
de tener un salario por hora inferior a la media estatal (16,29 ?/hora frente a
19,47 de media y 23,09 en Euskadi), según la última encuesta de costes laboras
del INE.
La Ley de Residencia
canaria es una cuestión urgente de supervivencia para estas Islas que afecta a
su propia sostenibilidad medioambiental, pero también a la cohesión social,
pues no debe olvidarse que el actual sistema de financiación no contempla el
incremento del número de habitantes, entre los que deben repartirse los cada
vez más escasos recursos, una de las causas de ser la comunidad peor
financiada. Independientemente de que no es posible ningún modelo de
planificación racional a medio plazo de continuar el crecimiento compulsivo e
imprevisible de nuestra población.
¿Seremos capaces de
reaccionar y protagonizar la catarsis que necesitamos como pueblo, para
enfrentar los retos que la historia nos ha deparado en estos momentos
cruciales, o nos juzgarán nuestros hijos y las futuras generaciones como
culpables de la desaparición de nuestras identidad
como pueblo diferenciado?
*
De Identidad Canaria