Piratas
del Atlántico
Ramón Moreno Castilla *
Como
el sagaz y amable lector habrá intuido, este título no tiene nada que ver con
la taquillera película "Piratas del Caribe"; ni significa que el
capitán Jack Sparrow,
interpretado por el actor Johnny Deep,
haya abandonado sus correrías caribeñas para trasladarse al Atlántico. ¡En
absoluto!
Se
trata del disfraz de Carnaval de José Manuel Soria y sus acólitos, que están
decididos a propiciar el mayor y más grande expolio de recursos ajenos que se
haya dado por estas latitudes.
Por
consiguiente, la pregunta es obligada: ¿tiene España algún título que le
acredite legalmente la "propiedad" de Canarias y de sus recursos que
no sea la flagrante ocupación por la fuerza de las armas de este Archipiélago
hace ya nada menos que seis siglos? Porque las famosas "Alegaciones"
de Alonso de Cartagena, en el Concilio de Basilea de 1431, de que "el
Archipiélago Canario pertenece a Castilla ya que está más cerca de África (Tingitania Mauritania)
que de Europa (litoral portugués)" son argumentos totalmente obsoletos y
ya periclitados; salvo, claro está, la indiscutible e incuestionable
africanidad de Canarias, factor geográfico absolutamente determinante en el
Derecho Internacional.
Además,
el propio Derecho Internacional contemporáneo rechaza cualquier título basado
en la "contigüidad per se"
(D.W. Bowet,
"The legal
regime of Islands in international law",
1979); noción de contigüidad que, por otra parte, cobró carta de naturaleza
en la Reunión de Expertos sobre el Derecho del Mar, Addis Abeba, 19-22 de
diciembre de 1978, auspiciada por la entonces OUA, al reconocer "la
pertenencia de todas las islas africanas a África". Conexión
Islas-Continente que ponen de relieve en sus obras los eminentes juristas
marroquíes Ben Allal,
"Le Maroc et
leprobléme del îles,
en Revue juridique, politique et économique du Maroc",
1979), y Moulay Abdallah,
"Les nouvelles Régles du Droit de
la Mer etleur Aplication au Maroc",
1981.
En
consecuencia, España, que como un Estado forajido sigue actuando al margen de
la Ley, tiene la carga de la prueba y tendrá que demostrar fehacientemente que
Canarias forma parte integrante de su territorio, ¡lo que es metafisicamente imposible!,
y que los yacimientos de hidrocarburos (petróleo y gas) se encuentran en la
exigua plataforma continental española (prolongación submarina de su costa),
como se dice falsamente, y no en el subsuelo marino de las aguas adyacentes
entre Canarias y Marruecos, que, como es sabido, corresponden a la Zona Económica
Exclusiva y Plataforma Continental marroquíes. ¿Qué supuestos derechos tiene
España sobre el "mar canario" si sus propios espacios marítimos solo
corresponden a sus costas de la península Ibérica y Baleares?
Por
todo ello, y aunque ya me he ocupado en su momento de estos asuntos [1](ver
"Petróleo: Canarias lo tiene crudo", I al V, colgados en la red en el
periódico digital "elcanario.net", con la firma de...; "Canarias
tiene crudo", EL DÍA, 5 de agosto de 2010, y "El petróleo es
nuestro", EL DÍA, 15 de agosto de 2010), debo hacer algunas
puntualizaciones al respecto, habida cuenta de la proliferación de opinadores y
demás ignorantes que no tienen ni puñetera idea de lo que dicen. Empezando por
el inepto e indocumentado presidente de Canarias y terminando por el conspicuo
ministro español de Industria, Energía y Turismo, un criollo mal avenido que
milita en un partido nacionalista español, cuando sería el político ideal
para, liderando a la sumisa burguesía canaria, ser el artífice del proceso
descolonizador del Archipiélago y ocupar la presidencia de la futura República
Federal Canaria.
Repito
por enésima vez que cuando España incorpora a su cuerpo legal (BOE nº 19,
de 14 de febrero de 1997) la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
de Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982, que el
Plenipotenciario de España, como Estado parte, firmara en Nueva York el 4 de
diciembre de 1984, toda la anterior legislación española sobre la materia
quedaba tácitamente derogada al tratarse de disposiciones de Derecho interno
supeditadas a una ley de rango superior emanada del Derecho Marítimo, rama del
Derecho Internacional Público, que tiene primacía y preponderancia sobre
aquella. Tal es el caso de la Ley 10/1977, de 4 de enero, sobre Mar Territorial
(BOE nº 7,
de 8 de enero de 1977) y la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre Zona Económica
Exclusiva (BOE nº 46
de 23 de febrero de 1978), que, aparte de ser opuestas y contradictorias entre sí,
no están desarrolladas. Insisto, España no ha hecho públicas todavía, ni ha
enviado copias al secretario general de la ONU, que se sepa, las cartas marinas
con las coordenadas geográficas y el "datum"
geodésico de su supuesta ZEE. Por tanto, en obligada ortodoxia legislativa y en
pura praxis jurídica, dicha ley no existe jurídicamente al no haberse
desarrollado, con el agravante de la imposibilidad legal de su aplicación,
quedando reducida en la práctica a una mera y simple declaración de
intenciones sin efecto alguno.
Lo
mismo ocurre con la tan cacareada Ley 44/2010, de 30 de diciembre, sobre
"aguas canarias" (BOE nº 318,
de 31 de diciembre de 2010), que tampoco está desarrollada y que constituye un españolísimo "brindis
al sol", ya que Canarias no tiene aguas propias, pues las doce millas
alrededor de cada Isla se consideran "mar territorial español", en
virtud de la "soberanía política" que sigue ejerciendo España sobre
Canarias, desoyendo el mandato descolonizador de Naciones Unidas. Es, pues,
rotundamente falso que, como se dice en el artículo único de esa fantasmagórica
ley, el Archipiélago canario tenga "perímetro archipelágico",
exclusivo y potestativo de los Archipiélagos ya constituidos en Estados libres
y soberanos. Así, los espacios marítimos entre Islas, sobrepasadas las
consabidas doce millas, no son "aguas interiores", sino aguas
interinsulares sin más, y las aguas circundantes son "aguas
internacionales" a los efectos de libertar de navegación, por el derecho
de "paso inocente" aplicable a los estrechos, y que en realidad
pertenecen, dicho ya hasta la saciedad, a la Zona Económica Exclusiva de
Marruecos, instituida mediante el Dahir de
8 de abril de 1981.
Por
otra parte, ¿cómo pretende España, una entidad europea, establecer desde
Canarias una mediana con Marruecos, ¡ilegal a todas luces!, si nuestro Archipiélago
está situado en otro continente, más cerca de un Estado africano, con el que
tiene aguas adyacentes, y a una distancia de la metrópoli superior a las
doscientas millas? De producirse ese hecho insólito y sin precedentes en los
anales del Derecho Marítimo Internacional, sería un acto unilateral por parte
de España que no será aceptado de ninguna manera por el Estado ribereño,
Marruecos, cuyo trazado de la mediana con Canarias solo se podrá efectuar desde
el futuro Estado Archipelágico Canario,
libre y soberano. ¿Acaso cree España (acostumbrada a retrotraerse a tratados
que le son beneficiosos) que está en 1493 cuando se repartía con Portugal la
"mar océana"
más allá del estrecho de Gibraltar?
Dando
por sentado que las prospecciones podrían ser aceptadas para verificar y
confirmar el emplazamiento exacto de los yacimientos, ¡¡tiene que quedar
meridianamente claro que si España, pese a todas las advertencias y la
normativa en contra, extrae un solo barril de crudo de estas aguas, cuya
delimitación corresponde y compete exclusivamente a Canarias y Marruecos, estará
cometiendo un execrable acto de piratería de imprevisibles consecuencias!!
Lo
que resulta verdaderamente patético es la actitud del Gobierno autonómico,
que, en lugar de reclamar la propiedad absoluta de esos yacimientos, se pierde
en diatribas y estupideces. Perdidos en discusiones bizantinas están también
los presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, preocupados en
supuestos vertidos (¡como si pudiéramos poner un muro de contención para
evitar posibles vertidos en las explotaciones marroquíes!), en lugar de
plantearse seriamente que el negocio del petróleo y todo lo que conlleva
diversificaría la economía canaria, limitada al monocultivo del turismo, y
denunciar públicamente el saqueo que se dispone a perpetrar España, en la
creencia de que goza de total impunidad como cuando el imperio. ¡¡Ojito con
Marruecos!!, que,
salvo que se escenifique un conflicto, artificial, y luego haya arreglos debajo
de la mesa en aras de los recurrentes "intereses de Estado", sabe
perfectamente que esos yacimientos de hidrocarburos están en sus aguas y ese
petróleo y/o gas le pertenecen, y con quien tendría que repartirlos, en todo
caso, sería con Canarias, copropietaria de los mismos.
Por
cierto, y a propósito de nuestros vecinos (¿está o no está Canarias en medio
de España y Marruecos?), hay que denunciar no el Acuerdo de Asociación
UE-Marruecos ratificado el pasado jueves en el Parlamento europeo de
Estrasburgo, sino a quienes nos metieron de cabeza en el Mercado Común de la época,
abandonando el Protocolo II que contemplaba las especificidades canarias; asegurándonos
el "lobby" agrícola de entonces, que con la PAC no tendríamos más
problemas de cupos, contingentes, precios de referencia, etcétera. ¿Cómo
tienen el cinismo de seguir quejándose de las ventajas de Marruecos los mismos
que aconsejaban la plena integración de Canarias en la Europa Comunitaria? Lo
que no es de recibo es que un país ACP, como es Marruecos, tenga más ventajas
a la hora de colocar sus producciones agrícolas en los mercados comunitarios
que un supuesto territorio europeo. ¿No será porque en realidad en Europa no
hay ninguna RUP?
A
la vista de todo lo que está pasando y los difíciles retos que tiene Canarias
por delante, me ratifico en la idea que tantas expectativas ha despertado en la
opinión pública de las Islas: que una gran solución para nuestro futuro es
ser un Estado Libre Asociado a Marruecos, que para nada iría en detrimento de
nuestra propia soberanía. Sería, como apuntaba en mi anterior artículo,
"Canarias-Marruecos, el Eje Atlántico", una especie de tratado de
asociación en el que todo serían ventajas:
No
tendríamos problemas a la hora de delimitar nuestras aguas, pues serían aguas
compartidas; nos beneficiaríamos conjuntamente de los yacimientos de
hidrocarburos y de la explotación del banco de pesca
"canario-sahariano"; en la agricultura se podría cultivar en régimen
departenariado, extensible a las relaciones
comerciales de toda índole; en turismo podríamos ofertar un paquete
Isla-Continente; lograríamos una continuidad territorial, dada la progresiva
falta de nuestro espacio vital, y un sinfín de plusvalías de difícil
cuantificación. ¿Hay quien dé más?
[1]
· Petróleo:
Canarias lo tiene 'crudo' (y V)
· Petróleo:
Canarias lo tiene 'crudo' (IV)
· Petróleo:
Canarias lo tiene 'crudo' (III)
· Petróleo:
Canarias lo tiene 'crudo' (II)
· Petróleo:
Canarias lo tiene 'crudo' (I)