Piratas del Atlántico
Ramón
Moreno Castilla
Como
el sagaz y amable lector habrá intuido, este título no tiene nada que ver con
la taquillera película "Piratas del Caribe"; ni significa que el
capitán Jack Sparrow, interpretado por el actor
Johnny Deep, haya abandonado sus correrías caribeñas
para trasladarse al Atlántico. ¡En absoluto!
Se
trata del disfraz de Carnaval de José Manuel Soria y sus acólitos, que están
decididos a propiciar el mayor y más grande expolio de recursos ajenos que se
haya dado por estas latitudes.
Por
consiguiente, la pregunta es obligada: ¿tiene España algún título que le
acredite legalmente la "propiedad" de Canarias y de sus recursos que
no sea la flagrante ocupación por la fuerza de las armas de este Archipiélago
hace ya nada menos que seis siglos? Porque las famosas "Alegaciones"
de Alonso de Cartagena, en el Concilio de Basilea de 1431, de que "el
Archipiélago Canario pertenece a Castilla ya que está más cerca de África (Tingitania Mauritania) que de Europa (litoral
portugués)" son argumentos totalmente obsoletos y ya periclitados; salvo,
claro está, la indiscutible e incuestionable africanidad de Canarias, factor
geográfico absolutamente determinante en el Derecho Internacional.
Además,
el propio Derecho Internacional contemporáneo rechaza cualquier título basado
en la "contigüidad per se" (D.W. Bowet, "The legal regime of Islands in international law", 1979); noción de contigüidad que, por otra
parte, cobró carta de naturaleza en la Reunión de Expertos sobre el Derecho del
Mar, Addis Abeba, 19-22 de diciembre de 1978, auspiciada por la entonces OUA,
al reconocer "la pertenencia de todas las islas africanas a África".
Conexión Islas-Continente que ponen de relieve en sus obras los eminentes
juristas marroquíes Ben Allal, "Le Maroc et le probléme del îles, en Revue juridique, politique et économique du Maroc",
1979), y Moulay Abdallah, "Les nouvelles Régles du Droit de la Mer et leur Aplication
au Maroc", 1981.
En
consecuencia, España, que como un Estado forajido sigue actuando al margen de
la Ley, tiene la carga de la prueba y tendrá que demostrar fehacientemente que
Canarias forma parte integrante de su territorio, ¡lo que es metafisicamente imposible!, y que los yacimientos de
hidrocarburos (petróleo y gas) se encuentran en la exigua plataforma continental
española (prolongación submarina de su costa), como se dice falsamente, y no en
el subsuelo marino de las aguas adyacentes entre Canarias y Marruecos, que,
como es sabido, corresponden a la Zona Económica Exclusiva y Plataforma
Continental marroquíes. ¿Qué supuestos derechos tiene España sobre el "mar
canario" si sus propios espacios marítimos solo corresponden a sus costas
de la península Ibérica y Baleares?
Por
todo ello, y aunque ya me he ocupado en su momento de estos asuntos [1](ver
"Petróleo: Canarias lo tiene crudo", I al V, colgados en la red en el
periódico digital "elcanario.net", con la firma de...; "Canarias
tiene crudo", EL DÍA, 5 de agosto de 2010, y "El petróleo es
nuestro", EL DÍA, 15 de agosto de 2010), debo hacer algunas
puntualizaciones al respecto, habida cuenta de la proliferación de opinadores y demás ignorantes que no tienen ni puñetera
idea de lo que dicen. Empezando por el inepto e indocumentado presidente de
Canarias y terminando por el conspicuo ministro español de Industria, Energía y
Turismo, un criollo mal avenido que milita en un partido nacionalista español,
cuando sería el político ideal para, liderando a la sumisa burguesía canaria,
ser el artífice del proceso descolonizador del Archipiélago y ocupar la
presidencia de la futura República Federal Canaria.
Repito
por enésima vez que cuando España incorpora a su cuerpo legal (BOE nº 19, de 14 de febrero de 1997) la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10
de diciembre de 1982, que el Plenipotenciario de España, como Estado parte,
firmara en Nueva York el 4 de diciembre de 1984, toda la anterior legislación
española sobre la materia quedaba tácitamente derogada al tratarse de
disposiciones de Derecho interno supeditadas a una ley de rango superior
emanada del Derecho Marítimo, rama del Derecho Internacional Público, que tiene
primacía y preponderancia sobre aquella. Tal es el caso de la Ley 10/1977, de 4
de enero, sobre Mar Territorial (BOE nº 7, de 8 de
enero de 1977) y la Ley 15/1978, de 20 de febrero, sobre Zona Económica
Exclusiva (BOE nº 46 de 23 de febrero de 1978), que,
aparte de ser opuestas y contradictorias entre sí, no están desarrolladas.
Insisto, España no ha hecho públicas todavía, ni ha enviado copias al secretario
general de la ONU, que se sepa, las cartas marinas con las coordenadas
geográficas y el "datum" geodésico de su
supuesta ZEE. Por tanto, en obligada ortodoxia legislativa y en pura praxis
jurídica, dicha ley no existe jurídicamente al no haberse desarrollado, con el
agravante de la imposibilidad legal de su aplicación, quedando reducida en la
práctica a una mera y simple declaración de intenciones sin efecto alguno.
Lo
mismo ocurre con la tan cacareada Ley 44/2010, de 30 de diciembre, sobre
"aguas canarias" (BOE nº 318, de 31 de
diciembre de 2010), que tampoco está desarrollada y que constituye un españolísimo "brindis al sol", ya que Canarias no
tiene aguas propias, pues las doce millas alrededor de cada Isla se consideran
"mar territorial español", en virtud de la "soberanía
política" que sigue ejerciendo España sobre Canarias, desoyendo el mandato
descolonizador de Naciones Unidas. Es, pues, rotundamente falso que, como se
dice en el artículo único de esa fantasmagórica ley, el Archipiélago canario
tenga "perímetro archipelágico", exclusivo
y potestativo de los Archipiélagos ya constituidos en Estados libres y
soberanos. Así, los espacios marítimos entre Islas, sobrepasadas las consabidas
doce millas, no son "aguas interiores", sino aguas interinsulares sin
más, y las aguas circundantes son "aguas internacionales" a los
efectos de libertar de navegación, por el derecho de "paso inocente"
aplicable a los estrechos, y que en realidad pertenecen, dicho ya hasta la
saciedad, a la Zona Económica Exclusiva de Marruecos, instituida mediante el Dahir de 8 de abril de 1981.
Por
otra parte, ¿cómo pretende España, una entidad europea, establecer desde
Canarias una mediana con Marruecos, ¡ilegal a todas luces!, si nuestro
Archipiélago está situado en otro continente, más cerca de un Estado africano,
con el que tiene aguas adyacentes, y a una distancia de la metrópoli superior a
las doscientas millas? De producirse ese hecho insólito y sin precedentes en
los anales del Derecho Marítimo Internacional, sería un acto unilateral por
parte de España que no será aceptado de ninguna manera por el Estado ribereño,
Marruecos, cuyo trazado de la mediana con Canarias solo se podrá efectuar desde
el futuro Estado Archipelágico Canario, libre y
soberano. ¿Acaso cree España (acostumbrada a retrotraerse a tratados que le son
beneficiosos) que está en 1493 cuando se repartía con Portugal la "mar océana" más allá del estrecho de Gibraltar?
Dando
por sentado que las prospecciones podrían ser aceptadas para verificar y
confirmar el emplazamiento exacto de los yacimientos, ¡¡tiene que quedar
meridianamente claro que si España, pese a todas las advertencias y la
normativa en contra, extrae un solo barril de crudo de estas aguas, cuya
delimitación corresponde y compete exclusivamente a Canarias y Marruecos,
estará cometiendo un execrable acto de piratería de imprevisibles
consecuencias!!
Lo
que resulta verdaderamente patético es la actitud del Gobierno autonómico, que,
en lugar de reclamar la propiedad absoluta de esos yacimientos, se pierde en
diatribas y estupideces. Perdidos en discusiones bizantinas están también los
presidentes de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, preocupados en
supuestos vertidos (¡como si pudiéramos poner un muro de contención para evitar
posibles vertidos en las explotaciones marroquíes!), en lugar de plantearse
seriamente que el negocio del petróleo y todo lo que conlleva diversificaría la
economía canaria, limitada al monocultivo del turismo, y denunciar públicamente
el saqueo que se dispone a perpetrar España, en la creencia de que goza de
total impunidad como cuando el imperio. ¡¡Ojito con Marruecos!!,
que, salvo que se escenifique un conflicto, artificial, y luego haya arreglos
debajo de la mesa en aras de los recurrentes "intereses de Estado",
sabe perfectamente que esos yacimientos de hidrocarburos están en sus aguas y
ese petróleo y/o gas le pertenecen, y con quien tendría que repartirlos, en
todo caso, sería con Canarias, copropietaria de los mismos.
Por
cierto, y a propósito de nuestros vecinos (¿está o no está Canarias en medio de
España y Marruecos?), hay que denunciar no el Acuerdo de Asociación
UE-Marruecos ratificado el pasado jueves en el Parlamento europeo de
Estrasburgo, sino a quienes nos metieron de cabeza en el Mercado Común de la
época, abandonando el Protocolo II que contemplaba las especificidades
canarias; asegurándonos el "lobby" agrícola de entonces, que con la
PAC no tendríamos más problemas de cupos, contingentes, precios de referencia,
etcétera. ¿Cómo tienen el cinismo de seguir quejándose de las ventajas de
Marruecos los mismos que aconsejaban la plena integración de Canarias en la
Europa Comunitaria? Lo que no es de recibo es que un país ACP, como es
Marruecos, tenga más ventajas a la hora de colocar sus producciones agrícolas
en los mercados comunitarios que un supuesto territorio europeo. ¿No será
porque en realidad en Europa no hay ninguna RUP?
A la
vista de todo lo que está pasando y los difíciles retos que tiene Canarias por
delante, me ratifico en la idea que tantas expectativas ha despertado en la
opinión pública de las Islas: que una gran solución para nuestro futuro es ser
un Estado Libre Asociado a Marruecos, que para nada iría en detrimento de
nuestra propia soberanía. Sería, como apuntaba en mi anterior artículo,
"Canarias-Marruecos, el Eje Atlántico", una especie de tratado de
asociación en el que todo serían ventajas:
No
tendríamos problemas a la hora de delimitar nuestras aguas, pues serían aguas
compartidas; nos beneficiaríamos conjuntamente de los yacimientos de hidrocarburos
y de la explotación del banco de pesca "canario-sahariano"; en la
agricultura se podría cultivar en régimen de partenariado,
extensible a las relaciones comerciales de toda índole; en turismo podríamos
ofertar un paquete Isla-Continente; lograríamos una continuidad territorial,
dada la progresiva falta de nuestro espacio vital, y un sinfín de plusvalías de
difícil cuantificación. ¿Hay quien dé más?
[1]
·
Petróleo: Canarias lo
tiene 'crudo' (y V)
·
Petróleo: Canarias lo
tiene 'crudo' (IV)
·
Petróleo: Canarias lo tiene 'crudo' (III)
·
Petróleo: Canarias lo tiene 'crudo' (II)
·
Petróleo: Canarias lo tiene 'crudo' (I)