Otra posibilidad (I)
Ramón
Moreno Castilla
Continuando
con la exposición que hemos venido realizando en los diez artículos ya
publicados sobre las relaciones de Canarias con la Unión Europea (ver: "El
gran engaño europeo", cinco entregas; "RUP y PTUM", dos
entregas; "El Informe Blaise", dos entregas y "Las dos cuartas
partes")[1],
hoy queremos resaltar un completo y riguroso informe que obra en nuestro poder,
y que constituye todo un aldabonazo en las conciencias del pueblo canario, que
ha ignorado hasta la fecha que España nos hurtó de forma canallesca e
ignominiosa la Cuarta Parte del Tratado de Roma -al que nos hemos referido en
los artículos citados- y que es infinitamente mejor para los intereses del
Archipiélago canario, que ese denigrante y encorsetado estatus de región
ultraperiférica (RUP), que nos mete en el mismo saco que los Territorios DUM
franceses (Reunión, Martinica, Guyana, y Guadalupe) con Azores y Madeira.
Dicho estudio, de 89 páginas, titulado "Alternativas de
relación Canarias-UE", es un trabajo interdisciplinar elaborado por un
cualificado grupo de patriotas canarios, en el que se explica por primera vez,
de forma didáctica y exhaustiva, la Asociación de los Países y Territorios de
Ultramar, y las posibilidades alternativas de relación del Archipiélago
Canario con la Unión Europea. Veamos los aspectos más relevantes del referido
informe.
Antes de la plena integración de Canarias en la Unión Europea se
suscitó un amplio debate donde intervinieron los diferentes estamentos políticos
y económicos de la sociedad canaria. Para dichos debates se tomaron como punto
de partida una serie de opciones basadas en informes, documentos, opiniones,
etc. que venían limitadas en función de determinados intereses que tal vez no
respondían a los intereses generales de Canarias. Intereses económicos, e
incluso políticos, se entremezclaban para definir un modelo de integración que
a la postre habría que valorar si es el que realmente interesa al Archipiélago
canario en su conjunto.
Todo este proceso culminó en la redacción del llamado Estatuto
Permanente, reflejado en el artículo 299.2 del Tratado de Ámsterdam. Así que,
en este momento de grave crisis económica y paro galopante, hay que poner
seriamente en tela de juicio el modelo de integración de Canarias en la UE; con
un REF que no ha servido para crear empleo ni es el instrumento económico-financiero
que se nos vendió; por ello, es conveniente reflexionar de forma serena y sobre
todo objetiva, sin perjuicios políticos, sobre si el rumbo elegido fue el
adecuado.
El informe comienza con un análisis de la situación actual del
modelo de integración, para posteriormente analizar los contenidos del Tratado
de Ámsterdam, considerando dos casos muy interesantes para Canarias como son el
de las Antillas Holandesas y el de Groenlandia, finalizando con las
repercusiones que para el Archipiélago canario tendría este modelo. En el
apartado "Canarias y su proceso de integración en la UE, ¿motivaciones
económicas o políticas?", se hace especial hincapié en la cronología
con las noticias aparecidas en la prensa y artículos de opinión de todos los
sectores socieconómicos de las Islas.
Así, en el año 1979 y a raíz del inicio de las conversaciones de
España-CEE para su integración en la Comunidad, Joaquín Calvo Sotelo solicitó
una primera posición al respecto a la Junta de Canarias. En 1980, la Junta de
Canarias emite su primer informe el 5 de mayo de 1980, en el cual se aceptaba la
plena integración, pero con excepciones que mantuviesen el hecho diferencial
canario.
En 1983, ya se había aprobado el estatuto autonómico canario y
con fecha 30 de noviembre, es publicada en el Boletín del Parlamento canario
una comunicación del Gobierno sobre el informe a emitir en el trámite de
negociación de la adhesión estatal a las Comunidades Europeas y sus
consecuencias para las Islas. Dicha comunicación planteaba tres alternativas:
1) entrada en la CEE con plena aceptación de todas sus políticas y con
excepciones puntuales; 2) entrada en la CEE rechazando la política fiscal y
aduanera y la política agraria común, suscribiendo un protocolo comercial que
permitiera situar libremente las exportaciones agrarias e industriales, y 3)
permanecer al margen de la CEE pero suscribiendo un protocolo de relaciones
comerciales y técnico-financieras. El 1 de diciembre de 1983, con 50 síes y 6
noes, se aprueba en el Parlamento de Canarias la denominada "Opción
II".
[1]
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